por Ángel Bahamonde.
Es curioso cómo, en la actualidad, republicanismo se entiende (en el foro público) de la forma más llana, como modelo de “República”, sin entrar en en lo que significa republicanismo, y algunos partidos o personajes conocidos identifican república inmediatamente con un color concreto del pensamiento
político, cuando en la misma caben las distintas identidades y visiones del mundo y sus posibles respuestas al mismo. En una breve exposición de las distintas culturas republicanas nos permitirán tener una visión global tanto del pensamiento republicano como de la historia del mismo en España.
Idea de Libertad, confrontación entre Liberalismo y Republicanismo. Donde más diferencias podemos encontrar, no cabe duda, es en la idea de Libertad que ambas corrientes del pensamiento defienden. En el liberalismo, sin entrar en demasiados detalles, tienen una concepción de libertad negativo, basado en el “no hacer” del Estado, esto es, mientras que el Estado Liberal está encargado de una serie de labores mínimas (muchas de ellas giran en torno a labores de guardar el orden), no debe interferir en la vida privada de los individuos, donde la misma se representa como un ámbito de actuación libre y cerrado.
Mientras tanto, la idea de Libertad en el republicanismo gira en torno a la No-Dominación, la fraternidad y la virtud cívica.
El republicanismo se define frente a la monarquía y al liberalismo, con claros aspectos populares donde la economía social se construye como la adecuada, en vez de la utilización de la economía de mercado. Es un
movimiento democrático, secular, y con el pueblo (en dicotomía con la oligarquía) como sujeto social.
Concepto de Pueblo:
- Pueblo como nación
- Pueblo como clase trabajadora.
- Pueblo como Humanidad
- Pueblo como Raza
- Secularización del Estado
- Secularización de la Sociedad
- Libre Pensamiento
- Catolicismo Liberal o Democristianismo.
Educación
Consideran que la alfabetización es importante tanto para el individuo como para la sociedad, conciben la educación como un Derecho Humano, siendo la misma una obligación del Estado, la escuela debe ser nacional (durante el S XIX, la escuela dependía de los municipios), universal y gratuita. Ahora bien, a su vez defienden la libertad de crear centros escolares, el Estado es un garante de la educación, mas no tiene por qué poseer un monopolio de la misma. Defienden la Libertad de cátedra.
La concepción sobre la educación está impregnada con ideas como la solidaridad, dicen que quien tiene conocimientos debe enseñar, lo cual se refuerza con las ideas interclasistas, siendo la educación la única forma para cambiar de clase en una sociedad que, deseaban, se rigiera por la meritocracia.
No existió una propuesta de reforma única, sino tres grandes bloques de la misma (vinculados con lo ya visto de la Secularización), por un lado, los Krauso-institucionalistas hablaban de Escuela Neutra, así pues, en la misma no debía hablarse de religión, ni a favor ni en contra; por otro, desde la masonería y los librepsensadores se hablaba de la Escuela Laica, en que la religión debe estar totalmente al margen de la escuela, y por último, con un claro nexo con los anarquistas, existió la propuesta de la Escuela Moderna,
racionalista (rechazando cualquier cuestión mística o religiosoa), la educación debe ser integral (desde el conocimiento hasta la formación del carácter y los valores) y adaptada, lo más posible, a la psicología de cada niño.
1. ORÍGENES DEL PENSAMIENTO REPUBLICANO.
Los primeros publicistas republicanos aparecieron en España hacia 1840. Se trataba por lo general de periodistas y profesionales liberales provenientes de los grupos radicales que, durante la década de 1830, habían defendido toda una serie de principios doceañistas y exaltados como la soberanía nacional, el unicameralismo, el control parlamentario del gobierno y la idea de que la monarquía debía estar sometida a la voluntad de la nación y gozar de atribuciones limitadas.
Los radicales abogaban también por una ciudadanía extensa basada en la participación y la vigilancia políticas a través de un amplio derecho al sufragio, la imprenta, las reuniones
políticas y la Milicia Nacional.
A.M. Garcia Rovira ha situado la deriva experimentada por algunos de estos liberales radicales hacia el republicanismo en el período que se extiende a partir de 1835, cuando empezó a hacerse evidente el apoyo de la corona al proyecto político moderado de una monarquía constitucional de base social muy restringida. Un sector del radicalismo empezó entonces a considerar al trono como representante de los antiguos privilegios y se persuadió de que se había entablado con él una lucha «sin posibilidad de retorno». Paralelamente, dejó de confiar en su capacidad para liberalizar el sistema político y para actuar como un verdadero poder moderador.
El mariscal de campo Pedro Méndez Vigo señaló, por ejemplo, que el gobierno monárquico era incompatible con un régimen constitucional y manifestó su deseo de que «la monarquía se abnegase a sí misma y se resignase a esa transición forzosa al régimen popular y republicano».
«Trono y libertad», se afirmaba, eran dos conceptos excluyentes sin que se pudiera llegar a ningún tipo de conciliación, porque los gobiernos constitucionales no eran más que «un paso o al
despotismo o a la república».
Junto a estos sectores aparecieron también individuos que comenzaron a denominarse demócratas y que también se declaraban herederos del liberalismo previo.
Mariano Muñoz López y que se proclamaba demócrata «con toda la fuerza de las más profundas convicciones», afirmaban que hacía «veinte años con las armas en la mano» habían tenido «la fortuna de disputar palmo a palmo su terreno a la tiranía», mientras que José Ordax Avecilla, director del también demócrata El Regenerador, aseguraba que era un liberal «de raza» que había luchado siempre «por los fueros del pueblo» y «por su patria, la mitad de su vida en campaña, y la otra mitad en la Milicia y en la Prensa, en la Tribuna y en el Foro».
Los demócratas consideraban que tanto la república como la monarquía constitucional, correctamente practicada y convenientemente limitada, eran susceptibles de garantizar la libertad.
Todos defendían una notable extensión del derecho al sufragio con el fin de establecer una sociedad igualitaria fuertemente politizada, una comunidad de ciudadanos participativos.
El pueblo debíaser «el único soberano que dictara leyes para todos», ya mediante un sistema de sanción popular de la legislación, ya a través de la práctica del mandato imperativo.
La mayoría de los demócratas, además, concebía el poder ejecutivo como delegado del pueblo, sometido a la voluntad de éste y con la única función de garantizar la ejecución de las leyes.
Los redactores de La Libertad, que se definían como «liberales demócratas», afirmaban en 1846 que «los reyes y los gobiernos no significan ni se distinguen al lado del pueblo, y encargados nada más que de dirigir la acción social a la prosperidad, las funciones políticas que se les encomiendan solo representan la voluntad nacional, que los eleva y los sostiene para que promuevan el bienestar general».
Así pues, la línea que separó a demócratas de republicanos siempre fue frágil y difusa, y los contactos y colaboración entre estos sectores fueron en todo momento muy estrechos. En ocasiones, además, la dinámica política podía producir desplazamientos en un u otra dirección,
generalmente desde la democracia hacia el republicanismo.
La formación del Partido demócrata español se caracterizó, como es bien sabido, por la promulgación de la Constitución de 1845 que reforzó enormemente los poderes de la corona; por
una práctica parlamentaria caracterizada por privilegiar enormemente el poder ejecutivo en detrimento del legislativo y por el abuso que el primero realizó de disoluciones y reales decretos; y por la incapacidad de la
corona de situarse por encima de los partidos políticos debido a su identificación progresiva con el partido moderado.
Resulta particularmente interesante, a este respecto, la visión que el periódico El Republicano de Barcelona tenía en 1842 de la historia reciente con la que pretendía justificar su defensa de la república:
Cuarenta años hace que está batallando España para ser libre e independiente, sin que hasta ahora haya podido conseguirlo. Y no lo ha conseguido, por creer que los tronos eran compatibles con la libertad.
Ha contemporizado con sus reyes, les ha guardado deferencias y el resultado ha sido no salir nunca de la esclavitud. Seis años (1808-1814) combatió España calmando a su rey, y éste pagó tanto amor con la más pérfida ingratitud, con el más insultante despotismo. En 1820 quiso también el país ser libre con trono, tuvo repetidas ocasiones de desengañarse; pero no supo hacer justicia al tirano, y en 1823 pagó la pena de
su torpeza.
Lo que existió, durante un largo espacio de tiempo, fue un magma democrático-republicano en el
que existía un amplio espectro de sensibilidades políticas con un diferente grado de radicalismo. El republicanismo de unos no los constituía necesariamente en adversarios de los que transigían con la monarquía, ya que estos últimos abogaban invariablemente por un trono de funciones limitadas
susceptible en caso preciso de revocación.
Es verdad que sectores como los que escribían en La Tribuna del Pueblo, dirigido por Sixto Cámara, defendían la república afirmando que sólo se podía optar entre la soberanía nacional o «el poder absoluto de la monarquía », sin que fuera posible un término medio. Y que otros grupos, como los redactores de El Pueblo, señalaban que la democracia quería el trono, pero sin facultades para «suspender o alterar las leyes» y susceptible de ser, en todo momento, modificado o suprimido.
En cualquier caso, a partir de 1856, tras el fracaso del Bienio, se generalizó entre la gran mayoría de los demócratas la idea de que la monarquía isabelina no podía constituir un régimen de libertad y la defensa de
la república como forma de gobierno ideal. En 1858 un Manifiesto publicado por la Junta Nacional del Partido Democrático Español proclamaba «como forma política del Estado la república democrática» y 1868 como es bien sabido, el Partido Democrático se transformó, con muy pocos disidentes, en Partido Demócrata Republicano Federal.
2. LA REVOLUCIÓN DE 1868 Y LA CREACIÓN DEL PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL.
Las prácticas dictatoriales de Narváez y González Bravo en los últimos gobiernos moderados extendieron la impopularidad del régimen moderado y de la reina Isabel II, que siempre les había apoyado. La crisis económica iniciada en 1866 acrecentó el descontento de la población. Finalmente, la muerte de Narváez en la primavera de 1868 descabezó al partido que había detentando durante tantos años el poder en España.
La muerte de O'Donnell en 1867 propició el acercamiento de la Unión Liberal, ahora encabezada por el general Serrano
, a los progresistas con el propósito cada vez más definido de poner fin al reinado de Isabel de Borbón. Los progresistas, dirigidos por elgeneral Prim
, y los demócratas, partidarios del sufragio universal, habían firmado en 1866 el llamado Pacto de Ostende por el que se comprometían en el objetivo de derrocar a Isabel II.
, a los progresistas con el propósito cada vez más definido de poner fin al reinado de Isabel de Borbón. Los progresistas, dirigidos por elgeneral Prim, y los demócratas, partidarios del sufragio universal, habían firmado en 1866 el llamado Pacto de Ostende por el que se comprometían en el objetivo de derrocar a Isabel II.
Finalmente la sublevación estalló en septiembre de 1868. Iniciada por el unionista almirante Topete en Cádiz, al pronunciamiento militar se le unieron rápidamente sublevaciones populares en diversas zonas del país. Isabel II huyó a Francia. La que los progresistas vinieron a denominar "Revolución Gloriosa" había triunfado con gran facilidad en el país.
El Gobierno provisional (1868-1871)
Inmediatamente se estableció un gobierno presidido por Serrano, con el general Prim en el ministerio de Guerra. Unionistas, progresistas y demócratas conformaban el gabinete. El nuevo gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal. Los progresistas vencieron en unos comicios bastante limpios para lo normal en la época y marcaron con su ideología la nueva constitución que se aprobó alaño siguiente.
La Constitución de 1869
La más radicalmente liberal de las constituciones del siglo XIX, así, se habla deconstitución“ democrática” de 1869.
Estas son sus principales características:
- Soberanía nacional
- Sufragio universal directo para los varones mayores de veinticinco años.
- Monarquía democrática, con una serie limitación de los poderes del rey
- Poder ejecutivo en manos del Consejo de Ministros
- Poder legislativo en unas Cortes bicamerales. Ambas cámaras, Congreso y Senado, son elegidas por el cuerpo electoral
- Poder judicial reservado a los Tribunales.
- Amplia declaración de derechos, reconociéndose por primera vez los derechos de reunión y asociación.
- Libertad de cultos religiosos.
La Monarquía democrática: Amadeo I (1871-1873)
Tras aprobarse la constitución en la que se establecía la monarquía como forma de gobierno, el general Serrano fue nombrado Regente y Prim pasó a presidir un nuevo gobierno. Desechada la opción de los Borbones, se inició la búsqueda de una candidato adecuado a la Corona entre las familias reales europeas. Finalmente las Cortes eligieron como nuevo rey a Amadeo de Saboya, hijo del Víctor Manuel II, rey de la recién unificada Italia, y perteneciente a una dinastía con fama de liberal.
El mismo día de la llegada de Amadeo a España fue asesinado el general Prim. El general progresista era el principal apoyo del nuevo rey. Su ausencia debilitó grandemente la posición del nuevo monarca.
Amadeo se encontró inmediatamente con un amplio frente de rechazo. Aquí estaban grupos variopintos y enfrentados: los carlistas, todavía activos en el País Vasco y Navarra; los "alfonsinos", partidarios de la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso, hijo de Isabel II; y, finalmente, los republicanos, grupo procedente del Partido Demócrata que reclamaba reformas más radicales en lo político, económico y social y se destacaba por un fuerte anticlericalismo.
Mientras la alianza formada por unionistas, progresistas y demócratas, que había aprobado la constitución y llevado a Amadeo al trono, comenzó rápidamente a resquebrajarse. Los dos años que duró su reinado se caracterizaron por una enormeinestabilidad política, con disensiones cada vez más acusadas entre los partidos que habían apoyado la revolución.
Impotente y harto ante la situación, Amadeo I abdicó a principios de 1873 y regresó a Italia.
Sin otra alternativa, era impensable iniciar una nueva búsqueda de un rey entre las dinastías europeas, las Cortes proclamaron la República el 11 de febrero de 1873
La Primera República
En septiembre de 1868 se inicia un agitado período en la historia del siglo XIX español, con el Sexenio revolucionario (1868-1874), a raíz de un pronunciamiento militar que destrona a Isabel II, establece un régimen provisional, la constitución del 69, la regencia del general Serrano, la monarquía democrática de Amadeo de Saboya y tras su abdicación, la I República.
En septiembre de 1868 se inicia un agitado período en la historia del siglo XIX español, con el Sexenio revolucionario (1868-1874), a raíz de un pronunciamiento militar que destrona a Isabel II, establece un régimen provisional, la constitución del 69, la regencia del general Serrano, la monarquía democrática de Amadeo de Saboya y tras su abdicación, la I República.
El 11 de febrero de 1873, las Cortes proclaman la República como forma de gobierno mediante una votación -258 votos a favor y 32 en contra- ante la descomposición de la monarquía de Isabel II (1833-1868) y el inoperante intento de la monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya (1870-1873). En este contexto, la República surge como una fórmula inédita para aplicar los postulados de la Revolución de 1868. El Partido Radical y el Partido Republicano Federal eran los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes, con intereses contrapuestos: los radicales, que anteriormente habían sido monárquicos, defendían una república unitaria mientras que los republicanos eran partidarios de un modelo territorial federal.
El 11 de junio, las Cortes proclaman la República federal y de forma inmediata los grupos federalistas provinciales, junto a los anarquistas, forman minúsculas repúblicas autónomas, los «cantones», principalmente en Andalucía y la costa mediterránea. El movimiento cantonalista alcanza una gran violencia en algunas zonas como Alcoy y Cartagena.
La heterogeneidad de las fuerzas republicanas se concreta en distintos modelos republicanos: indefinido, federal, social, cantonal y la república del orden. En once meses, la República tuvo cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. La República de febrero de 1873 responde a un modelo indefinido, resultado de un pacto entre republicanos y radicales. En junio, surge la república federal y reformista y al mismo tiempo, desde unas posturas extremistas, la república cantonal; frente a esto, la conflictividad social en las ciudades y el campo da lugar a la república social. Como respuesta a esta diversidad, la llegada de Salmerón a la presidencia, en julio, establece la república del orden. Los dos últimos presidentes, Salmerón y Castelar, representan una reacción conservadora que, con el apoyo del Ejército, pretende restablecer el orden, la autoridad y el gobierno frente al movimiento cantonalista.
La breve experiencia de la I República concluía en la madrugada del 4 de enero de 1874 cuando el general Pavía disuelve las Cortes, con la fuerza de las armas, ante el «desorden» general.
La efímera y agitada república, que tras la abdicación de Amadeo de Saboya, había pretendido cubrir un vacío de poder, no tuvo las necesarias bases políticas, sociales y económicas que la sustentaran. El carácter reformista y el proyecto de estructura federal del Estado no pudieron consolidar un nuevo régimen político que fue engullido por sus propias tensiones internas entre centralistas y federales, los problemas económicos, la sublevación cantonalista y las guerras carlista y cubana.
El Golpe de Pavía elimina la República federal y da lugar al régimen del general Serrano, una etapa de transición hacia la restauración monárquica cuando, el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclama al hijo de Isabel II, Alfonso XII, como rey.
11.2.1873
Presidència: Estanislao Figueras y de Moragas (1819-1882).
24.2.1873
11.6.1873
18.7.1873
7.9.1873
La República fue proclamada por unas Cortes en las que no había una mayoría de republicanos. Las ideas republicanas tenían escaso apoyo social y contaban con la oposición de los grupos sociales e instituciones más poderosos del país. La alta burguesía y los terratenientes, los altos mandos del ejército, la jerarquía eclesiástica eran contrarios al nuevo régimen.
Los escasos republicanos pertenecían a las clases medias urbanas, mientras las clases trabajadores optaron por dar su apoyo al incipiente movimiento obrero anarquista. La debilidad del régimen republicano provocó una enorme inestabilidad política.
- Supresión impuesto de consumos. La abolición de este impuesto indirecto, reclamada por las clases más populares, agravó el déficit de Hacienda.
- Eliminación de las quintas. De nuevo una medida popular propició el debilitamiento del estado republicano frente a la insurrección carlista.
- Reducción edad de voto a los 21 años
- Separación de la Iglesia y el Estado. Este dejó de subvencionar a la Iglesia.
- Reglamentación del trabajo infantil. Prohibición de emplear a niños de menos de diez años en fábricas y minas.
- Abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.
- Proyecto constitucional para instaurar una República federal.
Este programa reformista se intentó llevar a cabo en un contexto totalmente adverso. Los gobiernos republicanos tuvieron que hacer frente a un triple desafío bélico:
- La nueva guerra civil carlista.
Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, encabezó una nueva insurrección carlista en el País Vasco y Navarra. Aprovechando el caos general, los carlistas llegaron a establecer un gobierno en Estella, Navarra.
- Las sublevaciones cantonales.
Los republicanos federales más extremistas se lanzaron a proclamar cantones, pequeños estados regionales cuasi independientes en Valencia, Murcia y Andalucía, sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid. El ejército consiguió reprimir la insurrección. La resistencia del cantón de Cartagena le convirtió en el símbolo de este movimiento en el que las ideas republicano-federales y anarquistas se entremezclaron.
- La guerra de Cuba
En 1868 se inició en isla caribeña una insurrección anticolonial que derivó en lo que los cubanos denominan la “Guerra Larga”. Tuvieron que pasar diez años hasta que las autoridades españolas consiguieron pacificar la isla con la firma de la Paz de Zanjón en 1878.
- Las conspiraciones militares alfonsinas.
Entre los mandos del ejército se fue imponiendo la idea de la vuelta de los Borbones en la figura del hijo de Isabel II, Alfonso. Pronto empezaron las conspiraciones para un pronunciamiento militar.
La república del año 1874: el golpe del general Pavía y el camino a la Restauración.
El 4 de enero de 1874, el general Pavía encabezó un golpe militar. Las Cortes republicanas fueron disueltas y se estableció un gobierno presidido por el general Serrano que suspendió la Constitución y los derechos y libertades.
El régimen republicano se mantuvo nominalmente un año más, aunque la dictadura de Serrano fue un simple paso previa a la restauración de los Borbones que planeaban los alfonsinos con su líder Cánovas del Castillo. La restauración se vio finalmente precipitada por un golpe militar del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. El hijo de Isabel II fue proclamado rey de España con el título de Alfonso XII. Se iniciaba en España el período de la Restauración
el golpe del general Pavía
En la madrugada del 3 de enero de 1874, una vez derrotado el Gobierno Castelar, el general Pavía disolvió por la fuerza la Asamblea. Apenas hubo resistencia al golpe, salvo en contadas localidades. El régimen republicano se mantuvo nominalmente un año más, aunque la dictadura de Serrano fue un simple paso previa a la restauración de los Borbones que planeaban los alfonsinos con su líder Cánovas del Castillo. La restauración se vio finalmente precipitada por un golpe militar del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. El hijo de Isabel II fue proclamado rey de España con el título de Alfonso XII. Se iniciaba en España el período de la Restauración
el golpe del general Pavía
La trascendencia del golpe merece una descripción más detallada del ambiente en que se desarrolló. La sesión parlamentaria del 2 de enero se inició con un discurso de Castelar sobre, su gestión al frente del ejecutivo. El lado positivo que destacó se centró en el restablecimiento del orden público; el lado negativo lo concretó en las dificultades de la guerra carlista: "Nuestra situación, grave bajo varios aspectos, ha mejorado bajo otros. La fuerza pública ha recobrado su disciplina y subordinación. Los motines diarios han cesado por completo... Es necesario cerrar para siempre, definitivamente, así la era de los motines populares, como la era de los pronunciamientos militares... La guerra carlista se ha agravado de una manera terrible. Las provincias Vascongadas y Navarra se hallan poseídas casi por los carlistas... Por la provincia de Burgos amenazan constantemente al corazón de Castilla y por la Rioja pasan el Ebro como acariciando nuestras más feraces comarcas".
Suspendida la sesión a las siete de la tarde, se reemprendió a las once con el discurso respuesta deSalmerón, contrario a Castelar. A las cinco de la madrugada del día 3 comenzó a votarse la moción de confianza: por 110 votos contra 101 salió derrotado el Gobierno Castelar. Fue el momento elegido por el general Pavía para iniciar el movimiento de tropas hacia el palacio de las Cortes en la carrera de San Jerónimo: dos compañías de la guardia civil, dos de infantería y una batería de montaña.
A las siete de la mañana las Cortes principiaron la elección del nuevo poder ejecutivo de la República, entre los dos candidatos: Emilio Castelar o el republicano intransigente Eduardo Palanca. El escrutinio quedó interrumpido cuando el presidente de la Cámara, Salmerón, anunció: "Señores diputados, hace pocos minutos que he recibido un recado u orden del capitán general (creo que debe ser el ex-capitán general de Madrid), por medio de dos ayudantes, para decir que se desalojase el salón en un término perentorio". Como primera respuesta algunos diputados plantearon conceder un voto de confianza al derrotado GobiernoCastelar, intento rechazado por éste. Otros diputados propusieron un decreto con la inmediata destitución del general Pavía. Propuesta irrealizable porque los guardias civiles ya entraban en el hemiciclo. A partir de ahí la confusión y los gritos testimoniales, recogidos puntual y escrupulosamente, en el Diario de Sesiones: "Un señor diputado: ¡Ha entrado la fuerza armada en el salón! (Penetra en el salón la fuerza armada.) Varios señores diputados: ¡Soldados, viva la República Federal! ¡Viva la Asamblea soberana! (Otros señores diputados apostrofan a los soldados, que se repliegan a la galería y allí se oyen algunos disparos, quedando la sesión terminada en el acto)". Eran las siete y media de la mañana. La ocupación militar de los puntos neurálgicos de la ciudad de Madrid completó el golpe.
En palabras del protagonista de La Primera República, de Pérez Galdós: "Cansado de correr en tonto por las calles, donde no veía más que tropas fríamente alineadas e inactivas, sin ver asomar por ninguna parte la cara iracunda del pueblo; asqueado del indigno suceso histórico que llegó al brutal consummatum sin dignidad por la parte ofendida ni arrogancia por parte de los asesinos de la República, me fui a mi casa con la esperanza de que un sueño profundo ahogara mi desaliento tristísimo y dulcificase mi amargura ...Pero mis nervios se opusieron fieramente a que yo durmiera...En las calles no advertí el menor síntoma de inquietud ni emoción y todo el mundo en las ocupaciones habituales de cada día".
Mientras tanto, se reunían para decidir el futuro los notables de los partidos políticos: el general Serrano, el almirante Topete, los generales José y Manuel Gutiérrez de la Concha, Manuel Becerra, Cánovas del Castillo, Beranger, Elduayen, Cristino Martos, Rivero y Montero Ríos.
el prólogo de la Restauración borbónica; una
situación entendida como puente e inscrita en el viraje conservador ya
puesto en marcha en los últimos
meses de 1873 por Castelar. 1874
es otro de los tiempos sin historia del siglo XIX. La historiografía no se ha
ocupado de la dinámica interna de ésta solución interina, sino para buscar las
claves inmediatas de la Restauración, lo que prejuzga la imposible
consolidación de una República unitaria bajo la Constitución de 1879 o de una
República autoritaria de nuevo cuño tutelada por el general Serrano. Se
analiza, pues, el régimen de 1874 con la lógica de la inevitabilidad de un
próximo retorno de los Borbones y la forma monárquica en la persona del
príncipe Alfonso.
En efecto, el golpe de Pavía abría un horizonte
político en el que teóricamente eran posibles tres salidas. En primer lugar, la
recuperación de la Constitución
de 1869, convenientemente reformada en el tema de la
forma de gobierno, que establecería en España una República unitaria. En
segundo lugar, una nueva solución republicana personificada en el general
Serrano, tomando como semejanza la república presidencialista de hecho de McMahon en
Francia. En tercer lugar, el restablecimiento de una monarquía. En la práctica,
1874 se aupó en un régimen indefinido y sin fundamentos sólidos, cuya indeterminación
precipitó el relevo alfonsino. Y es que las dos primeras salidas se mostraron
inviables al no conseguir un consenso mínimo de las elites políticas.
Formalmente continuaba un híbrido sistema
republicano sin Constitución, no promulgada la de 1873 y dejada en suspenso la
de 1869. Serrano era
el presidente del poder ejecutivo. Título indefinido en un contexto de
indeterminaciones, como ya se puso de relieve en el Manifiesto a la Nación de 8
de enero de 1874 disolviendo las Cortes Constituyentes, en el que se reclamaba
la necesidad de un poder robusto cuyas deliberaciones sean rápidas y sigilosas,
donde el discutir no retarde el obrar, al tiempo que se reconocía en vigor la
Constitución de 1869, pero suspendida por tiempo indefinido, hasta que
retornase la normalidad a la vida pública.
Las invocaciones institucionales y sociales del
Manifiesto buscaban afanosamente un contexto de apoyo. Para empezar, se
reconocía el papel arbitral del ejército como dueño de la situación; es decir,
como la única institución vertebrada y asentada en la opinión pública unánime y
en la voluntad de una nación dividida. La realidad es que el golpe de Pavía había
acentuado la capacidad de los generales en la toma de decisiones, en un clima
de triple conflictividad bélica: la guerra
carlista en el Norte, la guerra
de independencia cubana y los rescoldos del cantonalismo.
Aunque Pavía era un general asociado a los radicales y gustoso de la
trayectoria más conservadora y de orden de Castelar había imprimido a
la República, no realizó el golpe en nombre del partido radical ni de una
opción política, como había sido habitual en los pronunciamientos. Lo había
hecho con el concurso del ejército, y ello representaba un cambio cualitativo
con respecto a la situación anterior.
Desde estos momentos, y sobre todo desde la
Restauración, en el papel del ejército primará una actitud de cuerpo y de
arbitraje, argumentada como misión por encima de partidismos y que, como
consecuencia, le llevará a aplicar, en el siglo XX, una cirugía militar de
intervención. Pero en 1873 el ejército estaba todavía diversificado en sus
opciones políticas, y tampoco tenía una alternativa unívoca, y mucho menos
autónoma de la sociedad política. En enero de dicho año, una mayoría de los
generales ya se inclinaba, con más o menos decisión, por la solución alfonsina,
que era considerada como la única opción a largo plazo capaz de garantizar
estabilidad y orden. De todas formas no existía unanimidad al respecto; todavía
pesaba mucho el prestigio de Serrano y
el infatigable Cánovas vislumbraba
una Restauración monárquica sin pronunciamiento y por aclamación de la sociedad
civil.
Es significativo que el Manifiesto no utilice el
término republicano, aunque sí apela al apoyo de los partidos liberales
-constitucionalistas y radicales- distanciándose de las familias republicanas
federales. Si a ello se añaden las invocaciones a los grupos sociales (nobleza,
clases acomodadas, buenos católicos...) se concluye que el Manifiesto presenta
el golpe de Pavía como
la disidencia de un sector importante de la sociedad civil y política, que ha
utilizado como brazo ejecutor al general y que utiliza como recambio temporal
de Gobierno a otro general.
El tono del Manifiesto indica una naturaleza
híbrida, interina y casi simbólica del papel de Serrano como nuevo presidente
del ejecutivo, lo cual desvela sus limitaciones posteriores. Si Serrano hubiera
contado con una clientela social, militar y política bien definida, dispuesta a
apoyar la opción personal del general como aglutinante de un proyecto político,
se habría articulado y consolidado una sociedad distinta. Pero Serrano, más
allá de su mayor o menor vocación a ensayar una fórmula de macmahonismo como
expresión de la República, no contaba con un consenso político, social y militar,
ni con unas clientelas naturales similares a las de Cánovas, y tampoco fue
capaz de conseguirlas, dado que su propia trayectoria política y la vinculación
de su suerte a la guerra
del Norte lo impidieron. Serrano, en 1874, era de
nuevo el hombre de la situación al que las circunstancias colocaban como
referente, pero muy distinto era vertebrar una alternativa y liderarla con
apoyos clientelares de convicción, y no de emergencia.
En el Manifiesto se elude cualquier exaltación
personalista, y en su lenguaje se transmite dicha falta de consenso en torno al
general.
El golpe de Pavía, sin embargo, sí había contado
con el favor de buena parte de las elites políticas y sociales del ejército. De
ahí a la existencia de una convergencia de actitudes respecto a un proyecto
político y la propia definición distaba la realidad de la situación. Sí suponía
la negación del rumbo que había tomado la República en su versión
federal. El Manifiesto, de hecho, evita cualquier
concurso del pueblo federal y de los republicanos federales en sus reclamos
políticos y sociales, pero no articula un proyecto político -al igual que se
había derivado de todo proyecto anterior- como fruto de la mutación formal del
poder. Contra la República federal, pero con las soluciones de poder abiertas y
sin estrategia concreta, dejaba enunciadas todas las piezas de un rompecabezas
y con varias posibles alternativas, pero sin formularse ninguna. Ello
dependería de la forma, habilidad y circunstancias para soldarlas, como lo
acabaría logrando Cánovas
del Castillo.
En el Manifiesto, por tanto, no existe ningún
programa político, sino una serie de indeterminaciones que desvelan, eso sí,
los sectores de la trama: partidos liberales, ejército, Serrano,
elites. En suma, quien ensamblara todos los elementos en un proyecto político
de régimen estable se convertiría en la única alternativa viable a largo plazo.
El Manifiesto sólo abría un horizonte de alternativas, pero la única que
cuajaría, no por inevitable, sería la Restauración alfonsina.
Cánovas supo percibir, desde el primer momento,
esa ausencia de una alternativa política bien diseñada, como consecuencia
del golpe de Pavía. Pero
también atisbaba la necesidad de no contribuir en absoluto a incrementar las
posibles apoyaturas personales que consiguiera el general Serrano. En su carta
del 9 de enero, dirigida a Isabel
II, pone de relieve este estado de opinión: "El propósito
del duque de la Torre es consolidar la República unitaria con su presidencia
vitalicia... ahora aplaza su propósito hasta la reunión de las Cortes, que
serán elegidas a viva fuerza... por eso no he querido ayudar a su
encumbramiento actual, a pesar de que no faltaban alfonsistas que esperaban que
su triunfo sería el de nuestra causa... de aquí en adelante el ejército es
dueño de toda la situación en España. La república, la democracia, los
principios democráticos están heridos de muerte. El pueblo está desengañado ,y
aborreciendo más que a nadie a sus actuales dominadores... De todos modos, y
por todas las sendas posibles, se llegará, un poco antes un poco después, al
patriótico triunfo que VM. apetece. Para eso necesita, hoy más que nunca,
opinión, mucha opinión en favor de don Alfonso; se
necesita alma, serenidad, paciencia, tanto como perseverancia y energía. Se
necesita no abrir abismos innecesarios, no hacer imposible ninguna inteligencia
que pueda ser conveniente, incluso, por supuesto, la del duque de la Torre,
para el día del desengaño..."
Consumado el golpe del 3 de enero, el general
Pavía propició una reunión política con significados elementos militares y
representantes de los partidos políticos opuestos a la República
federal. De esa reunión salió un Gobierno de
circunstancias, más que de coalición, sin la presencia de Cánovas ni
deCastelar quienes,
por razones diferentes, rehusaron su participación. La presidencia del poder
ejecutivo, que asumía las funciones de la jefatura del Estado y del Gobierno,
quedó encomendada al general Serrano. El
resto del gabinete estaba compuesto por: Sagasta (Estado);
García Ruiz (Gobernación); general Zabala (Guerra); almirante Topete (Marina); Martos (Gracia
y Justicia); Balaguer (Ultramar); Echegaray (Hacienda)
y Mosquera (Fomento). Todos ellos personajes de entidad política durante las
diferentes andaduras del Sexenio, en un
arco político que incluía, sobre todo, a radicales, algún constitucionalista,
además de un republicano unitario y algún militar proclive a Cánovas.
Como práctica inmediata de gobierno, la veta
autoritaria caracterizó a un ejecutivo que se entendía fuerte y que quería
proyectar esta imagen, en una línea que apenas se desmarcaba de la que había
emprendido Castelar durante su gestión en el otoño de 1873. El fin era adquirir
un capital político que atrajera a las "gentes de orden temerosas del
verano federal anterior". A este respecto su disposición al
restablecimiento del orden se concretó en el decreto de 10 de enero,
disolviendo la Internacional y
sus órganos de prensa por atentar "contra la propiedad, contra la familia
y demás bases sociales".
En realidad, el decreto no se dirigía sólo
contra la AIT sino también contra las sociedades políticas que conspiraran
"contra la seguridad pública, contra los altos y sagrados intereses de la
Patria, contra la integridad del territorio español y contra el poder
constituido". Por tanto, los republicanos federales quedaban en la
ilegalidad, lo mismo que sus clubes y suspendida su prensa. La llamada a la
integridad del territorio español debe relacionarse con la cuestión
cubana, de tal manera que el cuestionamiento de
cualquier elemento alterador del statu
quo colonial podía ser objeto de delito.
Muy pronto cualquier capacidad de autonomía del
ejecutivo quedó mermada. Cánovas tenía
razón cuando asignaba al ejército el papel de árbitro, en un contexto de
acentuación de las operaciones militares carlistas en el mes de febrero. Además
de los costes políticos derivados de la guerra
en el Norte, también de Cuba, el ejecutivo se vio abocado
a enfrentarse con unos agobios financieros que se multiplicaban. Agotado el
crédito internacional, la falta de recursos para los conflictos militares
hacían del Gobierno un rehén en manos de los prestamistas.
La solución ensayada en diciembre de 1872 se
había bloqueado por el desorden financiero de 1873. En efecto, se había pensado
que la creación del Banco Hipotecario de España resolvería y pondría orden en
los asuntos hacendísticos. Aunque la función primordial de este banco, según
sus estatutos, fuera la de extender y abaratar el crédito territorial, en unos
momentos en que la carestía de dinero dificultaba la consecución de proyectos
de todo tipo, de hecho el hipotecario se convirtió en agente del Gobierno para
todo lo relacionado con la deuda pública. En la primavera de 1874 la penuria de
recursos imponía nuevas soluciones. En la transformación del Banco de España en
banco nacional, por decreto de 19 de marzo de 1874 del ministro Echegaray,
subyace el agravamiento de los problemas hacendísticos de un Estado en virtual
quiebra y que precisaba de los préstamos del Banco de España para hacer frente
a las obligaciones contraídas. Como contrapartida, se concedía al Banco el
privilegio de emisión de billetes por un monto equivalente a cinco veces su
capital efectivo. El Banco se obligaba a garantizar los billetes en circulación
con un depósito de oro y plata igual en valor, como mínimo, al 25 por ciento
del total de billetes emitidos. Con esta medida, además de asegurarse un
prestamista sólido, el Estado conseguía regular la circulación fiduciaria y
poner dosis de racionalización en el mercado del dinero.
Necesidades hacendísticas en un momento de
especial dificultad por la marcha de la guerra civil. Desde principios de año
los carlistas, que
ya controlaban buena parte del territorio vasconavarro, orientaron su
estrategia hacia los principales núcleos urbanos, y entre ellos la ciudad
símbolo de Bilbao. El 22 de enero tomaron Portugalete, y al mes siguiente iniciaron
el sitio de Bilbao. El mismo día en que los carlistas entraban en Tolosa, 8 de
marzo, el general Serrano se
ponía al frente del ejército del norte para levantar el cerco de Bilbao. Esta
decisión desvelaba la posible rentabilidad política de la campaña del Norte.
Para Serrano, resolver el sitio de Bilbao podría acarrear un aumento de su
prestigio político y social, de su capital político. Lo contrario provocaría un
aumento de la influencia de los generales más proclives a la causa alfonsina.
El fracaso de un pronto levantamiento del cerco se saldó con el envío, en el
mes de abril, de una división al mando del general de la Concha, marqués del
Duero y con el general Martínez
Campos como jefe de su Estado Mayor. Dos
significativos mandos próximos al alfonsismo, que iban a compartir la entrada
en Bilbao con Serrano el 2 de mayo.
A pesar de la iniciativa, las tropas gubernamentales
no culminaron con éxito la acción programada de la toma de Estella, el 27 de
junio, capital del carlismo, donde cayó el marqués del Duero. Fracaso
gubernamental y nueva reactivación de los ejércitos carlistas, que en el mes de
julio acentuaron la presión militar. El día 20 del mismo mes la parada militar
de Montejurra, con 20.000 hombres, demostraba la consolidación de sus
posiciones como preludio de la expansión desde Cataluña hacia el Ebro, Teruel,
Cuenca y Albacete y otras zonas del interior.
El recambio gubernamental del 13 de mayo puso de
relieve la importancia política de la guerra carlista. Fernández
Almagro ha señalado que el origen de la crisis
parcial de Gobierno estaba en la contrariedad de los radicales por los
nombramientos habidos en el ejército del norte que fortalecían a los
monárquicos. La cuestión es que los radicales perdieron peso específico en el
Gobierno, lo que implicaba cuestionar definitivamente cualquier alternativa de
futuro protagonizada por ellos. Augusto Ulloa entró en Estado, Alonso
Martínez en Gracia y Justicia, Juan Francisco
Camacho en Hacienda, el contraalmirante Rodríguez Arias en Marina, Alonso
Colmenares en Fomento, Romero Ortiz en Ultramar, mientras que el general
Zabala, que había sido nombrado para la jefatura del Gobierno el 26 de febrero
con ocasión de la marcha deSerrano a
la campaña del Norte, continuaba a la cabecera del gabinete. Por último, Sagasta conservaba
la cartera de Gobernación.
Un cambio gubernamental que parecía, aunque no
lo fuera, diseñado por Cánovas. La
desaparición del republicano unitario García Ruiz y de los destacados
prohombres radicales facilitaba la estrategia restauracionista. Además, Serrano
volvía a Madrid sin poder capitalizar el éxito parcial del sitio de Bilbao,
mientras que los mandos más próximos a la causa alfonsina ocupaban puestos
clave en los ejércitos de maniobra. La situación política y militar jugaba,
pues, a favor de los planes de Cánovas, hecho confirmado por una nueva crisis
gubernamental en septiembre que despejó aún más el camino. El general Zabala,
ocupado sin éxito desde julio en la cabecera del ejército del Norte, fue
sustituido como jefe de Gobierno por Sagasta, que conservaba Gobernación;
entraban como nuevos ministros el general Serrano Bedoya, en Guerra, y Carlos
Navarro Rodrigo en Fomento.
En síntesis, en el último trimestre del año
resultaba evidente el agotamiento de cualquier opción política que no fuera la
Restauración borbónica en la persona del príncipe Alfonso.
Independientemente de la hábil estrategia canovista, sustentada en una política
de captación que estaba dando sus frutos, la trayectoria política y militar
estaba colaborando de forma autónoma a la consecución de su proyecto. Serrano no
había conseguido aglutinar unas sólidas clientelas políticas en torno a su
persona.
Cualquier alternativa republicana, por tímida
que fuese, seguía demostrando su inviabilidad a corto plazo. La inclinación del
ejército hacia la Restauración era manifiesta, al compás de unos conflictos
bélicos no resueltos ni en la Península ni en Cuba. Cánovas supo
percibir perfectamente la coyuntura, y el Manifiesto de Sandhurst, de 1 de
diciembre de 1874, dejó explícitos los puntos básicos de la Restauración. Todo
este conjunto de elementos, que actuaban de forma autónoma con respecto a
Cánovas explica el pronunciamiento de 31 de diciembre de 1874 en Sagunto por el
general Martínez
Campos.
El triunfo político de Cánovas dependió, por
tanto, de una situación a principios de 1874 en la que unos partían con
objetivos indeterminados y sin estrategias bien definidas, mientras que él sí
supo situar las piezas claves del tablero político. Confluyen, pues, en la
explicación de la Restauración, de un lado la estrategia de Cánovas, y de otro
la trayectoria política y militar de 1874 como variable independiente que el
primero supo aprovechar. Esa estrategia canovista se sustentaba en un conjunto
de intereses en cuya cúspide se emplazaban las elites políticas, económicas y
militares.
A lo largo de 1874 las elites políticas
del Sexenio, salvo
el republicanismo federal, se fueron adaptando más o menos estrechamente al
proyecto canovista, más que articulando un proyecto distinto. El caso de Sagasta es
paradigmático. Vislumbraron acertadamente el futuro, aunque su incorporación al
sistema político de la Restauración no se hiciera de forma inmediata y
mostraran alguna leve resistencia. Pero a la larga el grueso del conglomerado
político que había girado en torno a los dos partidos de la época
amadeísta, el constitucionalista y el radical, acabó por
integrarse, salvo excepciones como la de Ruiz
Zorrilla. El propio Serrano,
después de un breve exilio, optó por la colaboración.
Más rotunda todavía resultó la actitud de las
elites económicas de ambos lados del Atlántico, fenómeno comprendido en la
búsqueda de una estabilidad política definitiva, pero que en el caso cubano
ofrece una dimensión complementaria. Resulta indudable la influencia de los
poderosos comerciantes
peninsulares de Cuba en el retorno de los Borbones. Una activa
colaboración que tenía un vital componente en la ayuda financiera, ya puesta en
marcha al menos desde 1872. El tema de la abolición de la esclavitud y la
posible alteración del statu quo colonial fueron los acicates de esta actuación
básica y de su integración en el proyecto de Cánovas. El
comportamiento de un Juan Manuel de Manzanedo, o de la familia Zulueta así lo
ejemplifican, marcando la norma seguida masivamente por el conjunto de las
elites económicas hispanoantillanas.
Con respecto a la nobleza de sangre, sus
actitudes quedaron puestas de relieve claramente desde el mismo día de la revolución
de septiembre. Conformaron las bases de sustentación del
exilio isabelino y alfonsino, y sus dineros y salones fueron una apoyatura de
primer orden para la difusión de la causa.
En cuanto al ejército, el fracaso de una posible
alternativa por parte del general Serrano provocó
su confluencia política con el alfonsismo. Jover
Zamora ha señalado las claves de dicha confluencia
en su escala de valores ideológicos y mentales: "Cánovas
del Castillo venía a presentar, convenientemente
explícitos y anudados, aquellos elementos de la ideología política de los militares
más decantados y consolidados a lo largo del siglo XIX: su monarquismo y su
liberalismo. Un monarquismo no absolutista, como el de Carlos
VII; no extranjero, como el de Amadeo; no
éticamente sospechoso, como había sido el de Isabel
II. Y un liberalismo compatible con la disciplina, con el mantenimiento
del orden social, con los elementos de la ideología nobiliaria y estamental,
muy presentes también, como sabemos, en la mentalidad de los generales que
hicieron su carrera durante la era isabelina". Los escasos militares de
mando todavía renuentes se sumaron en el último semestre de 1874, y
precisamente la acción del ejército a través del pronunciamiento de 31 de
diciembre fue lo que precipitó, de forma no deseada por Cánovas, la
Restauración.
Cánovas había aglutinado y dado razón política a
todo el entramado, atrayendo a las clientelas políticas y a las clientelas
naturales a su proyecto. Desde los inicios del Sexenio, en
las Cortes del 69, había defendido la alternativa personificada en el príncipe
Alfonso de acuerdo a la legitimidad histórica. El trayecto más difícil del
camino fue poner orden en las filas del exilio borbónico y entre sus
partidarios del interior. Su proyecto empezó, pues, independientemente del
exilio. Isabel
II, aconsejada por sus colaboradores más próximos, no era
partidaria de la abdicación. Cuando ésta se produjo en junio de 1870 se
abrieron las perspectivas, aunque sin encomendar el liderazgo a Cánovas.
Cuando fracasaron otras personas como posibles conductores hacia la
Restauración, Cánovas quedó como jefe indiscutible del alfonsismo. A partir de
aquí la evolución política de 1873 y 1874 creó el contexto apropiado.
Aunque la Restauración no fue inevitable en sí
misma, desde la perspectiva de 1875 el proceso, con su situación puente del año
anterior, fue entendido y se presentó como tal inevitabilidad en un discurso
político que Cánovas vertebró y difundió como la continuación de la historia de
España.
El pronunciamiento militar de Sagunto no hizo
más que precipitar los acontecimientos. El general Martínez
Campos se reunía en Sagunto con el general de
brigada Luis Dabán, que había salido de Segorbe el 28 de diciembre con tropas
escogidas. Se les unió el general Jovellar, jefe del ejército del centro. Los
pronunciados proclamaron rey de España a Alfonso
XII. El Gobierno apenas respondió: estaba superado por los
acontecimientos. El intento de Serrano de
oponerse a los sublevados ya no podía cuajar en el seno del ejército. En la
tarde del 30 de diciembre el general Primo de Rivera indicó al Gobierno que se
adhería al pronunciamiento. El general Serrano tomó el camino del exilio. El 31
de diciembre quedó constituido el Ministerio-Regencia: Presidencia, Cánovas
del Castillo; Estado, Castro; Guerra, general Jovellar;
Marina, marqués de Molins; Hacienda, Salaverría; Fomento, marqués de Orovio;
Justicia, Cárdenas; Gobernación, Romero Robledo y Ultramar, López de
Ayala. En La Gaceta de Madrid del mismo 31 de diciembre
podía leerse: "Habiendo sido proclamado por la Nación y por el Ejército,
el Rey D. Alfonso de Borbón y Borbón, ha llegado el momento de hacer uso de los
poderes que me fueron conferidos por Real decreto de 22 de agosto de
1873". El texto era de Antonio Cánovas
del Castillo.
Apodado el general Bonito por sus relaciones
amorosas con la reina Isabel
II a la altura de 1846-1848, Serrano responde a las mismas
características de los generales con protagonismo político en los años
cincuenta y sesenta. Tras una rápida carrera en la guerra
carlista, inició su participación en la política bajo
el manto protector de Espartero, con
el que acabaría rompiendo. Dotado de un desarrollado sentido del oportunismo
político, supo ubicarse en las diferentes situaciones políticas que se
sucedieron.
Capitán general de Cuba en 1859, ministro de
Estado en el Gobierno O'Donnell de
1863, sucedió a éste al frente de la Unión Liberal en 1867. Dos
años después de haber reprimido las barricadas
de San Gil en junio de 1866, Serrano formó parte del
triunvirato militar, junto al general Prim y
al almirante Topete, que
dirigió el pronunciamiento
de 1868. Una vez sancionada por la Constitución la
forma monárquica de gobierno, fue nombrado Regente.
No cuajó, en 1872, el intento de que Serrano
encabezara la causa alfonsina. Principal beneficiario del golpe
de Pavía en
enero de 1874, ensayó la posible consolidación de una república unitaria, pero la
continuación de la guerra
carlista y la falta de apoyos frustraron el
proyecto. Apartado de la política tras el pronunciamiento de diciembre
de 1874, acabó por reconocer a Alfonso
XII, procurando jugar un papel activo en la reorganización de
las líneas liberales, pero fue Sagasta quien,
finalmente, se encargaría de esta labor.
la restauración
La nueva monarquía fue capaz de derrotar, en poco más de un año, al ejército carlista que, al comienzo de 1875, todavía controlaba gran parte de las
provincias vascas, Navarra y Cataluña -aunque ninguna de sus grandes ciudades-
y extensas zonas de Aragón y Levante. La guerra colonial en Cuba también fue liquidada con éxito en 1878. Aun siendo esto muy importante,
el hecho de mayor trascendencia ocurrido en los primeros años de la
Restauración fue la formación de un nuevo sistema político. Gracias a él, se
resolvió con éxito el que era -como ha señalado José Varela Ortega- el principal problema desde la formación de un
Estado liberal centralizado, con absoluto predominio del poder ejecutivo: el
problema de la gobernabilidad. El análisis del proceso de formación y de los
principales elementos del nuevo sistema político, puede servirnos de hilo
conductor en la historia de los inicios de la monarquía restaurada.
Es habitual
atribuir a un solo hombre, Antonio Cánovas del Castillo, la inspiración
del sistema político de la Restauración. Y ello es correcto, siempre que se
tenga en cuenta que el proyecto no era completamente original ni exclusivamente de Cánovas. En efecto,
las ideas de Cánovas procedían de una tradición que hundía sus raíces en las
dos grandes corrientes del conservadurismo europeo: las que arrancan de Edmund Burke y los doctrinarios franceses, respectivamente; dicha tradición era
favorable a la continuidad histórica, los términos medios y las soluciones de
compromiso -lo que hoy llamaríamos una posición de centro- y propugnaba el
acuerdo y la alternancia en el poder de los partidos liberales. En España, esta línea de pensamiento se remontaba al grupo
puritano del partido moderado -en el que Cánovas había iniciado su vida
política en 1847-, y había tenido su principal manifestación en el partido de
la Unión Liberal. No obstante, era una corriente minoritaria entre los
liberales españoles, prácticamente marginada durante largos períodos. A fines
del reinado de Isabel II, un representante extranjero confirmaba las palabras
escritas por un colega suyo en 1852: "La palabra moderado está en boca de
todos, pero no existe en ninguna parte: los que son prudentes y conservadores
viven en los límites del absolutismo, mientras que aquellos que son ardientes y
liberales, están al borde de la revolución".
Por otra parte,
muchas de las ideas que Cánovas defendía a la altura de 1874 estaban en el ambiente; el político
malagueño no hizo sino concretar lo que amplios sectores de la sociedad española -desde luego las clases propietarias- estaban demandando en aquellas
circunstancias: particularmente el fin de la guerra y la estabilidad política,
el ansia del vivir, como ha escrito Raymond Carr.
Lo que sí cabe
apuntar en el haber exclusivo de Cánovas es el diseño concreto del sistema y la dirección de su proceso de construcción. Una vez proclamado Alfonso XII, 
Cánovas tuvo no sólo el poder sino también la
autoridad que le daba el reconocimiento social de su talento. Era el hombre
adecuado en el momento preciso. Y su actuación fue determinante en la configuración legal y práctica del sistema.
Por ello es lógico
que comencemos considerando cuál era el proyecto político de Cánovas, para
seguir tratando de la forma en que este proyecto se plasmó en una Constitución
-la de 1876- y en la vida política, mediante la formación de dos nuevos
partidos -el liberal conservador y el fusionista-, y la práctica electoral,
todo ello bajo el arbitraje de la Corona.
no era un teórico, o un filósofo de la política. Pero sobre las cuestiones fundamentales relativas a la nación y el Estado llegó a tener una serie de ideas fundamentales, fruto de la reflexión, el estudio y de su propia experiencia, a las que, no obstante su capacidad de adaptación y de compromiso, se atuvo a lo largo de toda su vida política. Era un hombre pragmático, no un oportunista. Cánovas conocía bien la historia española de los siglos XVI y XVII, pero había vivido una parte importante de la del siglo XIX, y esta experiencia histórica influyó decisivamente en los planteamientos políticos que enunció y tuvo ocasión de poner en práctica en su madurez, a partir de los cuarenta años, que cumplió en 1868. El régimen liberal, implantado a la muerte de Fernando VII, había llevado a cabo dos grandes empresas tras la victoria sobre el carlismo: la creación de un Estado unitario y centralista que había fomentado la conciencia nacional española, y el establecimiento de las bases de una economía capitalista y una sociedad clasista. Pero había fracasado rotundamente en dos cuestiones: el logro de una convivencia pacífica entre las distintas corrientes liberales, y el hallazgo de una fórmula eficaz de gobernabilidad.
En efecto, el monopolio del poder por parte del partido moderado, durante el reinado de Isabel II, había llevado a los excluidos al recurso al pronunciamiento como única vía posible de acceso al poder. Las consecuencias habían sido la militarización de la vida política y la politización del Ejército. A juicio de Cánovas, esto era, en gran medida, responsabilidad de los liberales que no habían tenido "claro concepto de lo que verdaderamente importaba" y, movidos por intereses partidistas y mezquinos, habían descuidado el interés supremo de la nación. Cánovas hubiera suscrito, de conocerlas, las palabras confidenciales escritas por un diplomático extranjero: "El problema era acostumbrar al soberano, a los ministros, a la aristocracia, a las clases medias, y al pueblo, a algo semejante a la autoridad sin despotismo y a la libertad sin licencia, a las ventajas y a los inconvenientes del sistema constitucional".
Tras el fracaso de los distintos sistemas políticos adoptados después de la revolución de 1868, era preciso continuar la historia de España y salvar las instituciones liberales -la libertad, en definitiva- de la amenaza que suponía el carlismoy, sobre todo, el cesarismo, la dictadura militar, que podría surgir en cualquier momento para salvar el orden social amenazado. Para ello, lo fundamental era llegar a un consenso entre los partidos liberales y establecer unos principios básicos sobre los que asentar la convivencia pacífica.
La respuesta estaba en la constitución interna de la nación española. Para Cánovas, las naciones eran seres dotados de unas características propias; las naciones, fruto y protagonistas de la historia eran los "instrumentos queridos por Dios para crear y difundir la civilización" -pensaba de acuerdo con los principios cristianos y la creencia en el progreso tan propios de la época-. En el caso de España, las dos características básicas de la nación eran la monarquía y las Cortes, y en torno a estas instituciones, y sólo a ellas, debía constituirse el orden político.
Pero monarquía y Cortes ya habían existido durante el reinado de Isabel II, sin ningún resultado práctico. Era necesario añadir algo más, y esto -de acuerdo con la experiencia negativa de aquel reinado- consistía en dos cuestiones estrechamente relacionadas: la existencia de un texto constitucional en el que estuvieran de acuerdo todos los partidos que aceptaran la monarquía, y la alternancia de dichos partidos en el poder.
Lo que Cánovas pretendía, por tanto, era civilizar la política, excluyendo de ella a los militares, mediante la sustitución del pronunciamiento por el acuerdo entre los partidos para la alternancia en el poder. Ello era congruente con el concepto, realista, que Cánovas tenía de los partidos políticos de su época: instituciones necesarias para la gobernación del Estado como vehículos de la representación política, con un indudable contenido ideológico, pero cuyo principal factor de cohesión no eran las ideas -demasiado inestables-, ni por los intereses económicos -demasiado limitados-, sino el control de la influencia oficial y del presupuesto. Disfrutar de ambos de vez en cuando, al menos, era imprescindible para que los partidos, tal como eran, pudieran subsistir. Y ello por dos razones principales: porque los partidos, aprovechando la escasa profesionalización de la burocracia estatal, alimentaban su escasa militancia con empleos públicos (una de las formas más importantes de promoción social) y porque satisfacían a sus votantes, también escasos, con los beneficios que se derivaban de la distribución del presupuesto.
La alternancia, por otra parte, no se podía basar en la voluntad del cuerpo electoral, que en España no tenía independencia ni voz propia -en contraste con lo que ocurría en aquellos momentos en Gran Bretaña, por ejemplo, afirmaba Cánovas- sino en la decisión del monarca, convertido en árbitro supremo de la vida política. La Corona quedaba así constituida no sólo en la representación máxima de la soberanía sino como la pieza clave de su ejercicio. Ello suponía un riesgo evidente para la institución monárquica, pero un riesgo necesario dado el escaso peso de la opinión pública. Cánovas lamentaba la carencia de electores independientes en España pero, en el fondo, no concedía a este hecho demasiada importancia ya que pensaba que la pasividad perezosa de la mayoría era una fuente respetable y antiquísima del poder político; la legitimidad de un gobernante dependía más de su dedicación al bien común que del medio por el que hubiera alcanzado el poder.
La necesidad de una Constitución integradora, que permitiera a los diferentes partidos gobernar de acuerdo con sus propios principios, nos indica, en primer lugar, la existencia de partidos con principios. Frente a la extendida creencia de que las ideas estaban completamente ausentes de la vida política, porque ésta consistía básicamente en el reparto de los beneficios del poder, y de que los partidos liberal y conservador no se distinguían uno de otro porque ambos eran meras redes de influencias políticas, o de caciques, hay que afirmar que, aunque efectivamente existía una componente clientelar muy fuerte y los partidos no eran fundamentalmente partidos de opinión, las ideas sí estaban presentes y desempeñaban un papel importante, en parte como informadoras de todo el sistema y en parte como legitimadoras del lugar que cada partido ocupaba en el mismo.
Tanto el partido conservador como el liberal compartían un intenso sentimiento nacionalista, junto con lo esencial del liberalismo y el capitalismo de la época: sus objetivos comunes eran hacer compatibles la libertad política y el orden social, y sacar a España del atraso en que se encontraba. Pero conservadores y liberales fueron continuadores de dos diferentes tradiciones del liberalismo español: las que provenían de la Unión Liberal y del partido demócrata, respectivamente. En los debates constitucionales y en los relativos al ordenamiento jurídico de los principales aspectos político-sociales, especialmente numerosos en los momentos iniciales del régimen, ambos partidos expusieron doctrinas diferentes que plasmaron en distintos textos legales.
Frente a la pretensión de los moderados -aliados del grupo de Cánovas en la restauración alfonsina- de restablecer laConstitución de 1845, Cánovas impuso su criterio favorable a la elaboración de una nueva Constitución con el carácter integrador ya indicado. Para conseguirlo, el político malagueño actuó con gran habilidad política, promoviendo la escisión del partido constitucional, el partido que se vislumbraba como posible alternativa de izquierda, pero que durante 1875 todavía defendía la vigencia de la Constitución de 1869. Un grupo de dicho partido, dirigido por Manuel Alonso Martínez, se apartó de las tesis defendidas por Sagasta y la dirección del mismo, formando un nuevo partido llamado Centro Parlamentario, dispuesto a colaborar con Cánovas. En la Comisión de Notables encargada de la elaboración del proyecto constitucional, canovistas y centralistas se impusieron a los moderados. La operación le salió redonda a Cánovas: logró la Constitución que quería, marginó a los moderados en la derecha del sistema, y forzó a los constitucionales a aceptar las reglas del juego establecidas por él.
El sistema canovista.
La Constitución de 1876 y el turno de partidos.
La oposición al sistema.
Regionalismo y nacionalismo.
El sistema canovista. La Constitución de 1876 y el turno de partidosEl sistema político de la Restauración está absolutamente ligado a la figura de Antonio Cánovas del Castillo. Antiguo ministro de la Unión Liberal, su pensamiento político fue reaccionario y antidemocrático, siempre fue contrario al sufragio universal. Sin embargo, fue un político pragmático y realista que buscó el consenso entre las fuerzas liberales en las que se cimentó el régimen de la Restauración. Tras ser el artícife de la vuelta al trono de los Borbones y configurarse como la gran figura política del nuevo régimen, fue asesinado en 1897 por el anarquista Angiolillo.
Cánovas era partidario de mantener a los Borbones y el viejo sistema liberal antidemocrático basado en el sufragio censitario. Defendía la idea moderada de lasoberanía compartida de Rey y Cortes, en un punto intermedio entre el Antiguo Régimen y monarquía democrática de 1869.Sin embargo, era consciente de que era necesario renovar el agotado programa de los moderados. Estas eran las novedades que propuso:
Fortalecimiento del poder de la Corona que se constituyó como eje del Estado:
La prematura muerte de Alfonso XII en 1885 abrió el período de la Regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902) hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII. Tras la muerte del rey, Cánovas y Sagasta reafirmaron en el denominado Pacto del Pardo (1885) el funcionamiento del sistema de turno.
En el denominado "gobierno largo" de Sagasta (1885-1890) se aprobaron diversas medidas de reforma política:
Sin embargo, el sistema de turno siguió basándose en la adulteración sistemática de las elecciones, aunque el sufragio universal permitió que los republicanos obtuvieran un puñado de diputados en las ciudades, donde no funcionaba el caciquismo.
La oposición al sistema
Varios grupos políticos, sociales e ideológicos se opusieron con escaso éxito hasta 1923 al régimen de la Restauración:
- Los carlistas. Fuerza cada vez más residual que, finalmente, había decidido renunciar a las armas. Con fuerza en el País Vasco y Navarra, nunca consiguieron más del 3% en las elecciones en que se presentaron.
- Los partidos republicanos. Con su base social en las clases medias urbanas, estos grupos defendieron la democratización del régimen y diversas reformas
sociales. Estuvieron bastante desorganizados, destacando los republicanos moderados de Melquiades Álvarez y el Partido Radical Republicano, fundado en 1908 por Alejandro Lerroux, un político populista y demagogo que en sus primeros años en la carrera política destacó por su anticlericalismo. - El movimiento obrero: anarquistas y socialistas. Tras el nacimiento de la sección española de la AIT durante el sexenio gracias a la labor del anarquista Fanelli y el marxista Lafargue, tras el golpe de Pavía en 1874 los "internacionalistas", el movimiento obrero, fue reprimido. Al igual que en toda Europa, la ruptura entre Marx y Bakunin en el Congreso de La Haya en 1872 propició la escisión de las fuerzas obreras:
Anarquistas: grupo mayoritario en España. Tras la ley de Asociaciones de 1881, aprobada por el gobierno liberal de Sagasta, se lanzaron a una intensa actividad organizativa y de luchas sociales. En 1881 nació la Federacion de Trabajadores de la Región Española. En la que destacó Anselmo Lorenzo, uno de los principales líderes de los inicios del movimiento anarquista.
A partir de 1901 diversos grupos se organizaron en torno a la publicación “Solidaridad Obrera”. Finalmente en el Congreso en Barcelona (1910), nació la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, el mayor sindicato español con gran fuerza entre los obreros agrícolas andaluces y los obreros industriales catalanes.
Los anarquistas defendieron una ideología colectivista, libertaria, apolítica, anticlerical y revolucionaria.
Socialistas: minoritarios en nuestro país. Todavía de forma clandestina, en 1879 nació en Madrid el Partido Socialista Obrero España, PSOE, con Pablo Iglesias como principal figura. En 1888, el PSOE celebró su primer congreso y se fundó la Unión General de Trabajadores, la UGT, sindicato socialista.
Opuestos a los anarquistas, los socialistas mantuvieron una ideología colectivista, anticlerical y antiburguesa, pero más moderada que la de la otra gran corriente del movimiento obrero español. Partidarios de la lucha política, Pablo Iglesias fue elegido diputado en 1910.
- La oposición intelectual. Pensadores, profesores universitarios, novelistas contrarios a un sistema que impedía la modernización del país y la aproximación a la Europa avanzada.
- El regionalismo y nacionalismo en Cataluña y el País Vasco.
A lo largo del siglo XIX, las sucesivas Guerras Carlistas no supusieron sino derrotas para el Pueblo Vasco, tras las cuales se fueron eliminando paulatinamente los Fueros, en un complicado proceso que, iniciado por la Ley de 25 de octubre de 1839 de Reforma de los Fueros Vascos, culminó con la Ley de 21 de julio de 1876, que supuso la definitiva liquidación del ordenamiento foral.
El Partido Nacionalista Vasco, PNV, (Euzko Alderdi Jeltzalea, EAJ) fue fundado por Sabino Arana Goiri en 1895. Este hombre, nacido en el seno de una familia carlista y ultracatólica, formuló los fundamentos ideológicos del nacionalismo vasco:
La defensa de los fueros vascos quedó ligada a la causa carlista durante el siglo XIX. Las sucesivas derrotas de los absolutistas llevaron a la abolición de los fueros en 1876. Laburguesía vizcaína, enriquecida por la naciente revolución industrial, fue el terreno social en el que nació el nacionalismo vasco.
El Partido Nacionalista Vasco, PNV, (Euzko Alderdi Jeltzalea, EAJ) fue fundado por Sabino Arana Goiri en 1895. Este hombre, nacido en el seno de una familia carlista y ultracatólica, formuló los fundamentos ideológicos del nacionalismo vasco:
Independencia de Euskadi y creación de un estado vasco independiente en el que se incluirían siete territorios, cuatro españoles (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra) y tres franceses (Lapurdi, Benafarroa y Zuberoa)- Radicalismo antiespañol
Exaltación de la etnia vasca y búsqueda del mantenimiento de lapureza racial. Esta actitud racista implicaba la oposición matrimonio vascos y maketos (habitantes del País Vasco procedentes de otras zonas de España), rechazo y desprecio ante estos inmigrantes, en su mayoría obreros industriales.
Integrismo religioso católico: Arana afirmó “Euskadi se establecerá sobre una completa e incondicional subordinación de lo político a lo religioso, del Estado a la Iglesia”. El lema del PNV será “Dios y Leyes Viejas”Este aspecto es un claro elemento de continuidad con el carlismo.- Promoción del idioma y de las tradiciones culturales vascas. Euskaldunizaciónde la sociedad vasca y rechazo de la influencia cultural española, calificada de extranjera y perniciosa.
- Idealización y apología de un mítico mundo rural vasco, contrapuesto a la sociedad industrial "españolizada".
- Conservadurismo ideológico, tanto en el terreno social como en el político, que lleva al enfrentamiento con el PSOE, principal organización obrera en Vizcaya.
- Denuncia del carácter españolista del carlismo.
La influencia social y geográfica del nacionalismo vasco fue desigual:
- Se extendió sobre todo entre la pequeña y media burguesía, y en el mundo rural. La gran burguesía industrial y financiera se distanció del nacionalismo, y el proletariado, procedente en su mayor parte de otras regiones españolas, abrazó mayoritariamente el socialismo.
- Se extendió en Vizcaya y Guipúzcoa. Su influencia en Álava y Navarra fue mucho menor.
El nacionalismo o regionalismo gallego y valenciano, finalmente, fueron fenómenos muy minoritarios
Regionalismo y nacionalismo.
Regionalismo y nacionalismo.A fines del siglo XIX, nacen en Cataluña y el País Vasco movimientos que cuestionan la existencia de una única nación española en España. El punto de partida de losargumentos nacionalistas consiste en afirmar que Cataluña y el País Vasco son naciones y que, por consecuencia, tienen derecho al autogobierno. Esta afirmación la basan en la existencia de unas realidades diferenciales: lengua, derechos históricos (fueros), cultura y costumbres propias. Estos movimientos tendrán planteamientos más o menos radicales: desde el autonomismo al independentismo o separatismo.El nacionalismo catalánCataluña y los demás reinos de la Corona de Aragón habían perdido sus leyes y fueros particulares con los Decretos de Nueva Planta, tras la guerra de Sucesión.Durante el siglo XIX, el siglo del nacionalismo en toda Europa, el sentimiento nacionalista se reavivó entre una burguesía que estaba protagonizando la revolución industrial. El regionalismo y el nacionalismo catalán se fue construyendo en varias etapas:
movimiento intelectual, literario y apolítico, basado en la recuperación de la lengua catalana.
Enric Prat de la Riba fundó la Unió Catalanista (1891) de ideología conservadora y católica. Al año siguiente, esta organización aprueba las
denominadas Bases de Manresa, programa en el que se reclama el
autogobierno y una división de competencias entre el estado español y la autonomía catalana. Fuertemente nacionalista, la Unió Catalanista no tuvo planteamientos separatistas.
de cualquier independentismo. Cambó llegó a participar en el gobierno de Madrid, pese a no conseguir ninguna reforma ante el cerrado centralismo de los gobiernos de la Restauración.
A lo largo del siglo XIX, las sucesivas Guerras Carlistas no supusieron sino derrotas para el Pueblo Vasco, tras las cuales se fueron eliminando paulatinamente los Fueros, en un complicado proceso que, iniciado por la Ley de 25 de octubre de 1839 de Reforma de los Fueros Vascos, culminó con la Ley de 21 de julio de 1876, que supuso la definitiva liquidación del ordenamiento foral.
La defensa de los fueros vascos quedó ligada a la causa carlista durante el siglo XIX. Las sucesivas derrotas de los absolutistas llevaron a la abolición de los fueros en 1876. Laburguesía vizcaína, enriquecida por la naciente revolución industrial, fue el terreno social en el que nació el nacionalismo vasco.
Objeto de reflexión:
Ideología y Sociedad en las Novelas
Contemporáneas de Galdós
(Ensayo de aproximación historiográfica)
Manuel Tuñón de Lara
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
En nuestro universo cultural ha llegado a ser casi una categoría de base la apreciación de la vasta interacción que se da entre la obra de Galdós y lo que llamaríamos su "tiempo histórico", cuyos contornos coinciden aproximadamente con los de la sociedad española del siglo XIX. Esta idea básica adquiere todo su alcance cuando se reflexiona en que el territorio de la Historia es, a finales del siglo XX, mucho más extenso y variado que lo era hace poco más de medio siglo. De ahí que sean no sólo lícito sino indispensable, como objetos de conocimiento y estudio como el carácter de fuente de la historia ideológica que tiene toda la obra de Galdós y, así como la lectura de la misma. Porque al abordarse la historia de las ideas y de las mentalidades en estrecha interdependencia con las estructuras sociales de que emanan, la aportación testimonial de Galdós, su expresión condensada del vivir histórico y cotidiano de los españoles durante un siglo, hace posible que abordemos temas como el que hoy nos ocupa.
Decimos "ideología y sociedad" porque partimos de la idea de Karl Mannheim, de que la concepción total de la ideología de un período histórico o de una sociedad, su Weltanschauung o concepción del mundo está íntimamente relacionada con las condiciones de existencia de esa sociedad.
«El arte mayor del sociólogo -ha escrito Mannheim- consiste en tratar siempre de relacionar los cambios de las actitudes mentales con cambios de las situaciones sociales. La mente humana no opera in vacuo; el cambio más sutil en el espíritu humano corresponde a cambios de igual manera y recíprocamente,
aún los cambios internos en las situaciones indican que también los hombres han sufrido algún cambio»l.
Esa interacción entre la sociedad, sus clases y grupos, y la emanación ideológica de los mismos, justifica nuestro enunciado. Sin embargo, hay que referirse al concepto actual de lo que llamamos historia para comprender esta dedicacción. En efecto, la historia superó hace tiempo la simple descripción, así como el culto exclusivo al acontecimiento político, y también la mera alineación de hechos culturales, políticos o socioeconómicos sin conexión entre
ellos.
Galdós y el nuevo concepto de historia
Además, la importancia adquirida en los últimos quince o veinte años por lo que se ha convenido en llamar "nueva historia", que comprende tanto la historia social, como la historia de la vida cotidiana y la de las actitudes mentales ensanchan de modo notorio los horizontes de nuestra disciplina. Ciertamente, los enfoques metodológicos pueden ser diversos; hay quienes nos inclinamos por una historia total con todas sus instancias articuladas, lo mismo que sus tempos; y hay quienes optan por una metodología plurisectorial; pero en todos los casos coincide en la ampliación del objeto de conocimiento histórico. Sabemos que gran parte de la historia consiste en hacer un corte vertical en las sociedades de otros tiempos, conocer las condiciones fundamentales de vida de sus hombres y sus mecanismos fundamentales; pero también, y de manera muy importante, la imagen que aquellos mismos hombres tuvieron de su propia sociedad, la manera como intentaron explicársela y cómo reaccionaron para intentar influir en esos mismos mecanismos.
El enfoque del contenido de la historia que hacen eminentes historiadores de nuestros días, ya sean un Le Goff o un Duby, o un Thompson con óptica diferente nos lleva ineludiblemente al problema de las nuevas fuentes que hoy se necesitan.
Ahí aparece la importancia de la obra de Galdós como fuente testimonial y fuente ideológica de esta "nueva historia" del siglo XIX. Quede, pues, bien claro, que no se trata aquí de la "novela histórica" de Galdós.
Contemporáneas de don Benito; porque él es, para decirlo con palabras de Jover Zamora, «un testigo apasionado de la historia de su tiempo... cuya complejidad pone, irreversiblemente, de manifiesto»2. Yo diría también que, de alguna suerte, es Galdós una especie de "mediador" de clases y sectores sociales básicos para comprendes la sociedad española de la segunda mitad del XIX. Su ilusión por aquella burguesía liberal con la que se identifica el joven de 1870 y su desencanto, un cuarto de siglo después, al comprender el pacto que hizo con la nobleza agraria durante el reinado de Isabel n, para llegar -tras el Sexenio- a la formación del bloque de poder de la Restauración, encontraron en Galdós su interlocutor crítico, un entusiasta de la "otra burguesía", la que todavía según él y otros muchos, podía cumplir una función de progreso.
Fue un Galdós que capta el nacimiento del Cuarto Estado, y que cree que la ruta histórica del Tercer Estado se prosigue aliándose ambos, frente a una oligarquía que conduce a la caquexia de la historia de España.
Como nadie ignora, las Novelas Contemporáneas empiezan en 1881 con La desheredada y aunque van hasta 1909 en que don Benito escribe El caballero encantado hay un relativo corte metodológico a partir de lo que Casalduero ha llamado la época espiritualista, es decir, de 1895. Luego, desde Misericordia en 1897 hasta El caballero pasan diez años en los que Galdós escribe la tercera y la cuarta serie de los Episodios Nacionales. La mayoría de las Novelas están escritas dentro de un período de quince años. La perspectiva temporal con que se escriben es distinta: el retroceso va desde los últimos años del reinado de Isabel II (como en Fortunata y Jacinta, La desheredada, La de Bringas, Angel Guerra). Otras, en cambio, están casi al filo de la actualidad, como Lo prohibido, o como Miau, situada seis años antes de haberse escrito.
Es fácil observar el campo histórico concreto de las Novelas comprende
los últimos años del reinado de Isabel n, todo el conflictivo Sexenio Revolucionario
que desemboca en la Restauración. Esta conocerá la consolidación del
bloque de poder, su hegemonía ideológica y sus mecanismos específicos
como el caciquismo. Más que nunca, el peso muerto del continuismo de las
estructuras agrarias y de los aparatos de Estado frenará el desarrollo del país
durante largos decenios. Precisando algo más podemos situar los tres períodos
entre 1866 y 1885.
Manuel Tuñón de Lara que publica en la Revista de España, que dirige Albareda, sus "Observaciones sobre la novela contemporánea". Y 1897, año de su discurso de entrada en la
Real Academia de la Lengua (aunque elegido un decenio antes) que versa sobre "La sociedad presente como materia novelable". Como se colige, ambos textos son fundamentales para una lectura histórica de las Novelas.
En el primer caso, cuando sin duda obra sobre él la influencia de Balzac, Galdós propone una novela de costumbres en la que la burguesía sería, su eje central, o para decirlo con sus palabras, «la clase media»; para Galdós, como para muchos de sus contemporáneos, el término "clase media" es sinónimo del de burguesía urbana, es el "Tiers Etat" de la revolución francesa.
«La novela de costumbres -dice en su mencionado artículo- ha de ser la expresión de cuanto bueno y malo hay en el fondo de esa clase, la incesante agitación que la elabora, de ese empeño que manifiesta por encontrar ciertos ideales y resolver ciertos problemas que preocupan a todos, y conocer el origen y remedio de muchos males que turban las familias».
Fiel a ese principio Galdós novelará, tras su período inicial, buscando una tipología humana dentro del entorno de la sociedad burguesa. Pero esa sociedad, en plena Restauración, va experimentando cambios. El modelo de burguesía ascendente soñado por Galdós joven; luego, la alta burguesía agraria intensifica, hasta la fusión, su alianza con la burguesía de negocios iniciada a mediados de siglo y va integrando en este bloque a las capas superiores de la burguesía industrial de gran inversión (10 que por razones tecnológicas constituye un hecho nuevo). Todo ello está cubierto por un "techo" ideológico que procede de la sociedad del Antiguo Régimen, en el que encajan muy bien las instituciones, los partidos de tumo del sistema canovista y el caciquismo basado en el atraso rural; este sistema de concepciones y valores da su sentido al bloque dominante, pero reduce al mínimo el factor de progreso que podría haber representado aquella burguesía que ilusionaba a Galdós tras la revolución setembrina del 68.
Galdós novela observando y reflexionando y el sueño de la novela burgués de costumbres se le va deshaciendo entre las manos, para dejar paso a la crítica de la clase que había fallado protagonismo, o mejor dicho, aquel que le asignaba el modelo de revolución burguesa tomado de Inglaterra y Francia. La inteligencia de nuestro autor y sus dotes de captar la realidad social hacen que, a la mitad del camino, con diez años de experiencia de la Restauración y el simple propósito de aplicar un naturalismo algo "zoliano", salga de su pluma una crítica tan dura de la clase dominante.
«Examinando las condiciones del medio social en que vivimos como generador de la obra literaria, lo primero que se advierte en la muchedumbre a que pertenecemos es la relajación de todo principio de unidad. Las grandes y potentes energías de cohesión social no son ya lo que fueron; ni es fácil prever que fuerzas sustituirían a las pérdidas en la dirección y gobierno de la familia humana».
En realidad es Galdós mismo quien reflexionando sobre la sociedad burguesa española y madrileña, tan contradictoria y distorsionada desde 1868 hasta finales de siglo, ha tomado conciencia de la falta de cohesión de la burguesía en sí misma, del sometimiento ideológico de su capa superior a los valores y mentalidades de la nobleza del Antiguo Régimen, cambalache de títulos de valor por títulos de nobleza (que don Benito expresará lúcidamente en la serie de los Torquemada y en otros muchos escritos).
Ciudad de Barcelona (datos debidos a la cortesía del profesor José Carlos Mainer).
Manuel Tuñón de Lara
zonte, y capta ya una visión premonitoria de crisis ideológica (falta de "cohesión
social", desaparición d) una tipología prefabricada por la clase dirigente).
Son los primeros síntomas de un desfase entre la escala de valores del bloque
de poder y la de las clases marginadas del mismo o subordinadas, que será más
claro tras el desastre colonial del 98. Un año antes de producirse, cuando Galdós
habla en la Academia -el año de la Misericordia y de comienzo de la Tercera
Serie los Episodios Nacionales- ha pasado ya de su idea de pueblo, nación
vertebrada por la clase media o burguesía, a la de pueblo, trabajo, la alianza
del estado llano, que tiene (según don Benito en su proclama electoral de
1907) «lazos de parentesco con el pueblo trabajador y desvalido». Esto es -diría
yo- con un Cuarto Estado muy particular en el que la idea del trabajo, de
ganarse el pan, es dominante, así como la marginación del poder, o de los poderosos
y sus instituciones; un pueblo muy "roussoniano", el de Fortunata a
quien la "santa" Guillermina increpa diciéndole: «usted no puede tener principios,
porque es anterior a la civilización... Tiene usted las pasiones del pueblo,
brutales y como un canto sin labrar». Y Galdós comenta:
«Así era la verdad, porque el pueblo de nuestras sociedades conserva las
ideas y los sentimientos fundamentales en su tosca plenitud... El pueblo posee
las grandes verdades en bloque, y a él acude la civilización según se le van
gastando las menudas de que vive».
Ya en Fortunata y Jacinta, clave para comprender la ideología galdosiana,
la bondad del hombre o la mujer del "pecado original" que marca al ser humano
desde su origen con el estigma del mal.
Pero sigamos con el discurso de 1897; si Galdós se desencantaba de cierta
burguesía no se desanima de la sociedad como materia novelable: «Imagen de
la vida es la novela -sigue diciendo- y el arte de componerla estriba en producir
los caracteres humanos, las pasiones, etc... sin olvidar todo lo espiritual y
lo físico que nos rodea, el lenguaje... las viviendas... las vestiduras».
Es evidente que la ideología galdosiana que ha evolucionado condicionada
por la sociedad afirma cada vez más su interdependencia con ésta.
Del Sexenio a la Restauración
Desde la perspectiva del penúltimo decenio del siglo Galdós es capaz de
comprender y expresar las actitudes mentales de las clases sociales en los tres
períodos representados en las Novelas; primero, la alianza de la antigua aristocracia
con la burguesía comercial y de negocios, caracterizada porque la acumulación
de origen agrario o colonial preferentemente es invertida en títulos
de la Deuda y de Ferrocarriles, en fincas urbanas o bien se destina a especulaciones
en Bolsa. En esta sociedad está ya, aunque sin coherencia ideológica inIdeología
y sociedad en las novelas contemporáneas de Galdós
tema, el bloque de poder de la Restauración; y las consecuencias de esa alianza
(hecha tras las desvinculaciones sobre los hombros de una mayoría de españoles
formada por trabajadores del campo) las expresa Galdós como una unidad
dialéctica, cuando escribe Lo prohibido, Fortunata y Jacinta, los Torquemada...
Para llegar a esa época la sociedad española había pasado por las diferencias
entre diversas fracciones de la burguesía que habían conducido al cambio
político de 1868 y, tras él, a la aparición de otros protagonistas sociales
(obreros, artesanos, pequeño-burgueses, profesores krausistas, etc.); durante
seis años el cambio en centro del poder político, fue frenado, como ya hemos
apuntado, por la inmovilidad de las estructuras agrarias, por el desvío de las
inversiones hacia títulos de la Deuda y otros ajenos a la producción, por el
continuismo de los aparatos del Estado y de una ideología conservadora donde
el orden social y moral, es el valor primario.
De la Revolución y la República se fue a la Restauración; a partir de
1875 el Estado constitucional burgués actuó como aglutinante de un bloque
de poder de la gran burguesía agraria y financiera a la que se integrará fragmentariamente
la mayor parte de la gran burguesía de industrias de cabecera y de la
periferia. Este bloque dominante de la Restauración responderá a un sistema de
conceptos, valores y, en general, de representaciones mentales que emana, en
lo esencial, de la nobleza de tiempo atrás (pensemos que la nueva gran burguesía
fue ennoblecida a un ritmo vertiginoso, unas veces por alianza matrimonial
y otras por designación de la Corona, como Galdós observa en tantas
ocasiones).
Este sector social situado en la cabeza de la sociedad será incapaz de desarrollar
las fuerzas de producción y las posibilidades que le ofrece el progreso
técnico-científico; es una clase que sólo exportará minerales y productos agrarios,
que tendrá que proteger con altas barreras arancelarias su raquítico mercado
interno y que será incapaz de mantener las colonias que le quedaron de su
antiguo Imperio, tras explotarlas de manera tan despiadada como anacrónica a
lo largo de todo el siglo XIX. La ralentización de la revolución industrial
(tema explicado ampliamente por historiadores de la economía como Nadal)
impide la absorción del crecimiento demográfico. El capital se orienta más a
las operaciones de especulación o a las inversiones de renta fija que a la producción
industrial; este mecanismo conduce a que se gaste más de lo que se
produce; todo el mundo está endeudado y más que nadie el Estado, cuya deuda
viene de lejos. En fin, la idea y la práctica del orden en general, del Orden público,
del social, del moral, etc., -que todos son uno- para garantizar el inmovilismo,
se convierten en el valor supremo de esta sociedad, cuyas clases dominantes
consiguen transmitir dicha estimativa a las clases subordinadas durante
un largo cuarto de siglo.
Manuel Tuñ6n de Lara
La gran temática ideológica y social del último tercio del
siglo XIX
Pienso que Galdós que ha traspasado la cuarentena, ha comprendido ya las
claves del proceso histórico decimonónico y que, mejor que en cualquier otro
de sus textos lo expresa en Fortunata y Jacinta. Galdós había creído en Amadeo,
como creyeron Santa Cruz y Arnáiz. Estos, como la burguesía comercial
enriquecida a mediados de siglo, optaron por la "tranquilidad" que ofrecían Cánovas
y la Restauración. En el capítulo II de la novela Galdós describió como
nadie el ascenso de la burguesía comercial matritense, y aquello de que «la
clase media... entraba de lleno en el ejercicio de sus funciones ... constituyéndose
en propietaria del suelo y usufructuaria del Presupuesto, absorbiendo en
fin los despojos del absolutismo y del clero, y fundando el imperio de la levita
»4.
Al revés que "sus" burgueses, comprendió que la Restauración vencedora
y la revolución vencida, era la derrota del pueblo, en este caso de Fortunata.
Frente al pueblo, que institucionalmente o ideológicamente, rompe las normas
del orden establecido, los restantes sectores se unen.
«D. Baldomero, perfecto prototipo del burgués decimonónico de Madrid,
estaba con la Restauración como chiquillo con zapatos nuevos», y su esposa
«reventaba de gozo», nos cuenta Galdós:
«Veremos a ver si ahora, ¡qué diantre! hacemos algo; si esta nación entra
por el aro...»5.
¿Pensaba, quizás, el viejo comerciante de la calle Postas en esa nación =
pueblo, la de la soberanía popular, que debía ser domesticada y entrar por el
aro y en el juego de quienes tanto se alarmaron el 73 porque se desplomaban
las cotizaciones en Bolsa? Quien no entró por el aro fue Galdós, aunque no
siempre pudiera sustraerse al peso de la ideología dominante; pero vio claro 10
esencial del proceso, así como todos los frenos al desarrollo de 10 que hubiera
sido una burguesía moderna:
«Hablando en puridad -escribía Galdós en uno de sus trabajos sueltos publicado
en el tomo III tan desigualmente recogidos por Alberto Ghiraldo- no
hay más aristocracia que la del dinero. Todos los días estamos viendo que talo
4 PEREZ GALDOS, B.: Forll/nata y Jacinta, edición de Francisco Caudet, Madrid, 1983, p. 153.
5 Don Baldomero Santa Cruz de Fortl/nata y Jacinla no era un personaje de pura ficción. Corpus Barga ha
dejado escrito en el tomo II de sus memorias Los pasos contados (Madrid, 1979, p. 201) que el don Baldomero
galdosiano no es otro que tío Ruiz de Velasco, que hizo célebre su comercio de tejidos de la calle de Postas y
que, al igual que don Baldomcro. se retiró del negocio hacia 1868. En la novela don Baldomero traspasa el
negocio a un sobrino suyo y otros de su mujer a quienes familiarmente llamaban "Los Chicos" y el comercio
pasa a denominarse "Sobrinos de Santa Cruz". En efecto, la tienda a la que va de niño Corpus Barga con su
madre -en el último decenio del siglo- se llama "Sobrinos de Ruiz de Velasco".
188
Ideología y sociedad en las novelas contemporáneas de Galdós
cual joven cuyo apellido es de los que retumban en nuestra historia con ecos
gloriosos, toma por esposa a tal o cual señorita, cuyos millones tienen por
cuna una honrada carnicería o comercio de vinos... vemos constantemente
marqueses y condes cuya riqueza es producto de los adoquinados de Madrid, del
monopolio del petróleo o de las acémilas del ejército del norte en la primera y
segunda guerra civil. Los individuos de la antigua nobleza se han convencido
de que para nada les valen sus pergaminos sin dinero y sólo piensan en
procurarse éste, ya por medio de negocios, ya por medio de alianzas».
La dialéctica del Orden y la Moral
"Entrar por el aro" es poner las cosas en orden, y esto quiere decir mantener
no solamente las relaciones de producción (cosa que se había hecho durante
el Sexenio y por métodos, a veces, muy expeditivos), sino justificar ese
orden político y social en la cumbre de la escala de valores, es decir, en un
orden moral igualmente inmovilista, a su vez legitimado por la Iglesia; por
eso la Restauración es la derrota de Fortunata, encamación de valores del pueblo
que tiene "que pasar por el aro",
La defensa del "orden social" pone de acuerdo a los contertulios de Santa
Cruz en el 73, como los de "los jueves de Eloísa" en Lo prohibido en 1882,
con Sagasta estrenándose como gobernante de la Restauración.
La otra cara la del "orden moral", está representada por las Micaelas, que
pretenden regenerar a Fortunata e incluso por doña Guillermina; la misma
moral es la que obliga a Amparo Sánchez Emperador de Tormento a pagar el
precio del exilio para vivir su amor, y la que frustra la aspiraciones de Tristana.
Ese "orden moral" que incide sobre el orden social, para el que resulta imprescindible,
ofrece flanco a la incesante crítica galdosiana. Así cuando Juanito
Santa Cruz dice a Fortunata que ha hecho bien en casarse con Maxi, «porque
así eres más libre y tienes un nombre. Puedes hacer lo que quieras, siempre
que lo hagas con discreción».
También Rosalía Pipaón de Bringas representa el "orden moral" (que los
funcionarios de clase media reciben de "los de arriba" como su amiga, la marquesa
de Tellería; para no romper ese "orden" piensa entregarse a Pez a cambio
del dinero que sirva para ocultar a su marido el vacío que ha causado en sus
ahorros para gastárselos en trapos. El enfrentamiento de las dos morales se
produce cuando, fracasando el cambalache con Pez, Rosalía recurre a una
"tirada", como Refugio Sánchez, para pedirle ese dinero, y tiene que soportar
que esta le diga: «yo no engaño a nadie; yo vivo de mi trabajo. Pero vosotras
engáñais a medio mundo y queréis haceros vestidos de seda con el pan del pobre
». La Moral y el Orden son las que dan en la cárcel con los huesos de NalQO
Manuel Tuñón de Lara
zarín, el sacerdote iluminado. Pero téngase en cuenta que para justificar el
máximo respeto al orden social, a esa legitimidad básica a que se había referido
Cánovas hablando de la propiedad, es preciso que todo el mundo se dé
cuenta de que así se está defendiendo un orden moral.
«En la defensa del "orden social" -ha escrito José María Jover- todos están
de acuerdo. Y este orden social apunta, en todo caso, al logro de una sociedad
burguesa en la que al pueblo, como tal, le corresponde un papel de subordinación,
sin más salvación posible que el ascenso individual a la "sociedad" por
antonomasia; una sociedad burguesa que sirve valores unitarios, que proclama
valores aristocráticos»6.
Las clases sociales
La ideología vertebrada en torno al Orden social y a la moral
"estabilizadora" que con él se concierta, emana de unas clases sociales situadas
en los entresijos de las Novelas Contemporáneas, y captadas no de manera
inmóvil como hace la fotografía sino en su movimiento, a la manera del cinematógrafo;
estas clases son, ante todo, la burguesía y la pequeña burguesía;
pero no olvidemos que esa burguesía puede desempeñar una función muy distinta
en la historia económica e intelectual de un país según se trate de burguesía
agraria, comercial, de negocios o especuladora, bancario-financiera o
pura y simplemente industrial (esta última es la que menos conoce Galdós
cuyo observatorio sociológico está enclavado en Madrid). Que esa burguesía concepto
socioeconómico- sea de origen noble (concepto estamental de tipo
residual) o sea ennoblecida, lo que no es sino una táctica ideológica, puede ser
muy importante en su protagonismo histórico, así como las relaciones que se
mantenga con el Estado, su personal político, sus instituciones, etc.
Hay un entrelazamiento entre lo ideológico (tanto ideas como creencias,
digamos, para usar la terminología orteguiana) y el comportamiento socioeconómico
cuyo resultado da el tono y los matices de una época; así la diferencia
entre el dinero como medio de tesaurización, como medio de obtener una
renta fija o un beneficio coyuntural o para una inversión capital. Desde el
funcionario pequeño-burgués, Bringas que «piensa que el dinero debe crear telarañas
», y hace que «el capital no circule, porque todo el dinero está en arcas
», «sin beneficio para nadie, ni para el que lo posee», le dice a su señora
marquesa de Tellería; caso contrario es el de Bueno Guzmán en Lo prohibido;
aquí se da el caso de trasferencia de un capital agrario vitivinícola a la especulación
con títulos de valor, de la mano de los aparatos del Estado y su personal
político. Recordemos el comienzo de la novela:
6 JOVER ZAMORA, J.M.: Historia de España, Tuñón de Lara dir., Barcelona, 1982, t. VIII.
190
Ideología y sociedad en las novelas contemporáneas de Galdós
«En septiembre del 80, pocos meses después del fallecimiento de mi
padre, resolví apartarme de los negocios, cediéndolos a otra casa extractora de
Jerez tan acreditada como la mía; realicé los créditos que pude, arrendé los
predios, traspasé las bodegas y sus existencias, y me fui a vivir a Madrid».
Una vez allí, de la mano de su tío «agente de negocios muy conocido»
que había pasado por la diplomacia y «algún tiempo en Hacienda, protegido y
alentado por Bravo Murillo» invierte en títulos mobiliarios (todos del Estado,
ninguno de empresa privada, lo que es muy significativo) y obtiene pingües
ganancias cuando la conversión de la Deuda pública que realiza Camacho en
1882, operación que explica don Benito con la soltura que lo haría un
monetarista de nuestro tiempo. Y sólo el amor, que lo distrae del negocio, le
hace perder dinero, por no vender a tiempo los valores dependientes de la casa
de Osuna, cuando ésta se hunde.
Esta burguesía se movía entonces (pensemos que es la época de la crisis
finisecular agraria en Europa, y de la exportación privilegiada de vinos españoles
a Francia a causa de la filoxera) en negocios de comercio exterior. Y
nuestro Bueno de Guzmán se ve interesado en «traer trigo de Estados Unidos y
establecer un depósito; instalar máquinas para el descascarado de arroz de la India,
obteniendo previamente del Gobierno la admisión temporal; llevar los vinos
de La Rioja directamente a París por la vía de Rouen y a Bélgica por la de
Amberes...». Aunque no lo precisa se perfila detrás la sombra de las Navieras.
Juan Gualberto Serrano en Torquemada en el purgatorio representa un
tipo distinto de escala burguesa. De él se decía que «en los cinco años famosos
de la Unión Liberal se enriqueció bastante, y luego, la pícara revolución y
la guerra carlista acabaron de cubrirle el riñón por completo. A creer lo que la
maledicencia decía verbalmente y en letras de molde. Serrano se había tragado
pinares enteros... se había entretenido en calzar a los soldados con zapatos de
suela de cartón y en darles de comer alubias picadas o bacalao podrido».
Añade Galdós que don Juan Gualberto no temía a la justicia porque «era
primo hermano de directores generales, cuñado de jueces, sobrino de magistrados,
pariente más o menos próximo de generales, senadores, consejeros y archipámpanos
».
Con ello se completa bien la estampa de la coyuntura entre una oligarquía
tan parasitaria como voraz y el personal político y de la Administración.
El capítulo II de Lo prohibido es una exposición modélica del estado contable
de los bienes del protagonista que, según la trayectoria de la época va
transformando el producto de sus ventas de Jerez en "valores públicos o en inmuebles
urbanos" dos tipos de inversión característicos de una época en que
fue si no la misma burguesía, una fracción importante de ella, quien frenó la
revolución industrial.
191
Manuel Tuñón de Lara
Si el Estado de Sagasta y Cánovas tenía fuerte déficit estructural, también
estaba endeudado el mundo que vivía en torno al Poder «Esta gente no ha podido
apartarse de la corriente general y gasta el doble o el triple de lo que tiene.
Es el eterno «quiero y no puedo...» le dice el marqués de Fúcar a Bueno de
Guzmán a propósito de las cenas que todos los jueves ofrecía su prima Eloísa.
El Estado gastaba más que lo que recaudaba; la mayor parte de una burguesía
agraria frenada por una cosmovisión de Antiguo Régimen, se endeudaba
a su vez sin que sus gastos suntuarios pudieran ser cubiertos por los ingresos
procedentes de «cortar el cupón de obligaciones, ferrocarriles o intereses
de la Amortizable o de la Perpetua».
Sobre el mismo tema, no me parece desatinado hacer una referencia aquí a
El Caballero encantado, porque su desfase cronológico con otras de las Novelas
(doce años de Misericordia, catorce de los Torquemada) no impide que esté
en el mismo tiempo histórico que las restantes, es decir de la Restauración, la
vigencia de la Constitución de 1876 y su adulteración por el binomio oligarquía-
caciquismo, la primacía del sector agrario y el atraso estructural. Pues
bien, Tarsis trata, y seguramente pertenece él mismo a esa «burguesía enriquecida
en negocios de los que no exigen grandes quebraderos de cabeza... Muchos
de estos plebeyos enriquecidos ostentaban ya el título de marqueses o
condes, y a otros les tomaban las medidas para cortarles la investidura aristocrática
»? Tarsis, que por cierto es, como Bueno de Guzmán, Villalonga y sus
amigos, un cuarto de siglo antes, diputado por un distrito que apenas conoce,
no tiene mejor solución para pagar los automóviles que compra en París, que
subirle las rentas a los colonos de sus tierras. Y Bálsamo, su administrador le
da un día la mala noticia: «Señor, los colonos de Macotera se han visto
abrumados por la renta... Reunidos todos, me han notificado en esta carta que
no pagan, que abandonan las tierras, y reunidos en caravana con sus mujeres y
criaturas, salen hacia Salamanca, camino de Lisboa, donde se embarcaran para
Buenos Aires. En el pueblo no quedan mas que algunas viejas, fantasmas que
rezando se pasean por las eran vacías».Estampa de innegable verismo, que por
un lado parece arrancada de una página de Julio Senador pero que relata lo que
fue un hecho cierto y además no es sino premonición del destino de los
pueblos de la alta Meseta durante todo el siglo.
El Estado, sus aparatos y sus mecanismos
Ese Estado que gasta más que ingresa, como esa burguesía que compra y
vende como en el siglo XIX, pero se desvive por lucir blasones de nobleza,
? La Restauración genera nobleza a base de hombres de negocios, terratenientes, alto personal político y algún
que otro militar de fortuna; entre 1830 y 1930 se crearon 1.400 títulos, más del doble de los ya existentes; y tan
sólo entre 1900 y 1931 se otorgan 228 títulos de nueva creación y se rehabilitan 322.
192
Ideología y sociedad en las norelas contemporáneas de Galdós
que tiene sueños de siglos XVI, pero automóviles del XX (aunque sea incapaz
de producirlos) es la que ha protagonizado el mecanismo político de la
Restauración, de donde ha salido alto personal del estado, que ha sobrevivido
largo tiempo gracias al caciquismo, fenómeno sólo posible en una sociedad
preponderantemente rural. Es la burguesía de la que Galdós se desengaña a
través de sus Novelas Contemporáneas. Cada referencia al órgano legislativo
es una confirmación más de la falsificación de la representación parlamentaria
y del sufragio (que es universal desde 1890) que hace el Poder, mediante la acción
combinada de sus aparatos ("encasillado" de Gobernación), partidos de
turno y la conexión de ambos con el sistema paralelo que es el caciquismo.
En un Estado todavía muy primario donde un Ramón Villamil (Miau) es
un caso más de funcionario que cesaba en su empleo cada vez que cambiaba el
gobierno. Un Estado que todavía no había sido capaz de racionalizar sus
aparatos administrativos, que apenas poseía otra identidad que la de sus aparatos
coactivos legitimados "desde fuera" por el aparato eclesial. Corpus Barga,
al que también hay que leer si se quiere construir una historia social de España
decimonónica, escribe que «la primera obligación política de todo gobierno
era colocar a sus partidarios, tenía por tanto que empezar "dejando cesantes" a
los que ocupaban los puestos, hasta los más modestos. Media España burocrática
pasaba a la miseria para que la otra mitad saliera de ella... El cesante
era el tipo social más caracterizado»8.
(¡Qué lejos estaba la España de Cánovas del fenómeno de "racionalización
burocrática" de la vida social, tan caro a Max Weber!).
Estado todavía rudimentario sobre el que es difícil dirimir la polémica de
si la oligarquía instrumentalizaba al caciquismo o eran dos fuerzas que pactaban
entre ellas.
El imperativo del espacio nos obliga a limitarnos a simples muestras en
algo en que tan rica es la obra de Galdós. Para mostrar una visión de conjunto
de la degeneración de Parlamentarismo, optamos por una cita larga del capítulo
III de Lo prohibido:
«A Severiano Rodríguez le trataba yo desde la niñez; a Villalonga le conocí
en Madrid. El primero era diputado ministerial, y el segundo de oposición,
lo cual no impedía que viviesen en armonía perfecta, y que en la confianza
de los coloquios privados se riesen de las batallas del Congreso y de los
antagonismos de partido. Representantes ambos de una misma provincia, habían
celebrado un pacto muy ingenioso; cuando el uno estaba en la oposición
el otro estaba en el poder, y alternando de este modo aseguraban y perpetuaban
de mancomún su influencia en los distritos. Su rivalidad política era sólo aparente,
una fácil comedia para esclavizar y tener por suya la provincia... A mí
8 CORPUS BARGA: Los pasos contados, t. n. p. 165.
Manuel Tuñón de Lara
me metieron más tarde, y sin saber cómo hiciéronme también padre de la patria
por otro distrito de la misma dichosa región... Mis amigos lo arreglaron
todo en Gobernación y yo con decir sí o no en el congreso, según lo que ellos
me indicaban, cumplía».
La visión de Galdós es menos tosca de lo que una lectura superficial pudiera
hacer creer; en la misma novela, hay un momento en que el ministro de
Fomento reprende a nuestro protagonista porque no se ocupa de atender las
quejas de sus electores, es decir, las demandas localistas rurales base de ostentación
del eje caciques-diputados-gobierno.
Una variante de ese aspecto la vemos en Torquemada en el Purgatorio
cuando nuestro hombre es nombrado senador; lo mismo le piden que libre de
quintas a un mozo, que condene un pago de contribución, dé permiso para
carbonear, haga que se despache un expediente y mil gestiones más netamente
opuestas a aquello de que «la leyes norma general y obligatoria para
todos». Las peticiones son más importantes cuando los peticionarios lo son
también -«aldeanos en esencia, traían presencia de señores», dice nuestro
autor-; estos son los que querían destinos en Hacienda de la provincia, trazados
de carreteras a su gusto y, desde luego, algo clave del sistema y de lo que
dan fe centenares de telegramas cruzados entre gobernadores y ministros que
hoy están en el A.H.N.; se trata de la destitución de Ayuntamientos, para
poder tener las "manos libres" en unas próximas elecciones o quitarse de en
medio a un personaje inoportuno. En La incógnita encontramos a un "notable"
palentino, propietario de tierras y dueño virtual de votos, que ofrece éstos
a un ex-ministro para a cambio destituir al Ayuntamiento de Tordehumos,
arreglar un expediente para obtener legalmente una finca que había sido de
Propios, destituir y nombrar a su antojo los cargos burocráticos de la provincia.
Así marchaban los mecanismos del Estado de tipo doctrinario en que las
Cortes y la Corona representaban conjuntamente la soberanía y hacían las leyes.
Años más tarde Galdós nos describe en El caballero encantado a otro
cacique, don Cayetano (o Gaytán) de Sepúlveda «... un ricachón de quien se
decía que traspalaba las onzas, debía decirse que apilaba los fajos de billetes de
banco... Era terrateniente, fuerte ganadero y monopolizador de lanas, banquero
rural, y de añadidura cacique o compinche de los cacicones del distrito; hombre,
en fin, que a todo el mundo, a Dios inclusive, llamaba de tú...».
De esos nuevos tiranos «que aquí se llamaban Gaitines, en otra tierra de
España Gaitanes o Gaitones -dice a Tarsis Gil, el buhonero de Taravilla, Bartolomé
Cívico-, que su capricho hace la ley. «Los alcaldes son suyos, suyos
son los secretarios de Ayuntamiento, suyos el cura y el pindonguero juez...
Porque aquí decimos que hay leyes y mentamos la Constitución cuando nos
194
Ideología y sociedad en las novelas contemporáneas de Galdós
vemos pisoteados por la autoridad». Pero «no puedes ni respirar si no estas
bien con el alcalde, con el Juez, con la Guardia Civil, con el cura».
Esta especie de organigrama de aparatos de Estado y caciquismo -al alborear
nuestro siglo- se completa en el capítulo XXIV de la misma novela, por
una imagen de las relaciones entre propiedad agraria y aparatos de Estado que
la defienden, dentro de la concepción del "Orden" que ya conocemos:
«El delito por que le llevan preso -a Becerro- es la más tremenda ironía de
los infelices tiempos que corren. Cogió dos cebollas en el predio perteneciente
a uno de los más desaforados Gaitones que oprimen la comarca. El que le
apaleó era un bárbaro jayán. El dueño de aquella tierra y de otras colindantes
for-mando un inmenso estado agrícola que llaman latifundio, apenas paga por
contribución una décima de lo que le corresponde. Es burlador del Fisco y por
esto y por otros delitos de falsificación de actas, de encubrimiento de criminales,
atropello de ciudadanos y arbitrariedad den el reparto de consumos debiera
estar en presidio. jY el pobre Becerro, por sólo apropiarse dos cebollas, es
conducido al Juzgado entre los fusiles de la Benemérita!».
Estado, terratenientes y caciques; tres eslabones de una misma cadena. Un
estado que no ha sido capaz ni de medir la extensión de las propiedades privadas
agrarias, para evitar que con los amillaramientos se oculte más de la mitad
de ellas, para poder cobrar contribución suficiente al menos para sufragar los
gastos de sus propios órganos encargados de velar por el Orden encamado en
esa propiedad. El Estado liberal de la burguesía agraria (noble o plebeya, que
no hace al caso) creó en 1845 para defender su orden y la seguridad de los
caminos, un organismo coercitivo, cuya idoneidad y eficacia para el cumplimiento
de sus fines en una España rural fueron ejemplares. Al mismo tiempo,
como ha demostrado Diego López Garrido9, ha sido uno de los raros instrumentos
de centralización que ha tenido ese Estado. El cual, así como su
Constitución, sus aparatos, todo... va poniéndose vetusto, disfuncional, cuando
Galdós está terminando sus Novelas Contemporáneas. Por eso en El caballero
encantado los guardias «no podían eludir el cumplimiento de su deber...
Los mortíferos fusiles subieron a la altura de los ojos. ¡Brrrum!. Dos, tres
disparos rasgaron el aire con formidable estampido».
En el parte que minutos después redacta el guardia civil se explica todo:
«los detenidos... intentaron la fuga, de que les sobrevino la muerte natural».
«Habían intentado huir. ..» Ya en 1870, denunció Pi y Margall muchos casos
semejantes acaecidos entonces. Trágica estampa de una sociedad cuya razón de
ser es la defensa de un principio básico de la ideología que tiene esa sociedad,
o al menos, su sector dirigente.
9 LOPEZ GARRIDO, D.: La creación de la Guardia Ch'il y los orígenes del Estado centralista. Barcelona,
1982.
JO"
Manuel Tuñón de Lara
El "pedagogismo"
Si Galdós hace un análisis crítico de la congelación del desarrollo histórico
que la Restauración significa, no por eso se sustrae él mismo, a otra ideología;
la de "la otra burguesía", la liberal, europeísta, más o menos krausista
e institucionista; la que va más allá del «Escuela y Despensa» de Joaquín
Costa y opta por que «la Escuela debe ser la llave de la despensa» (como dice
Adolfo Posada) que, a fin de cuentas, será también la política de la segunda
república en 1931.
Amigo de Giner y de Albareda desde los días del Sexenio, de Vicenti después,
compañero de los Azcárate (tío y sobrino, don Gumersindo y don Pablo)
en el partido republicano reformista, contertulio reverenciado en las
tertulias de los miércoles con Giner y Cossío, donde también llegaron los entonces
jóvenes Antonio Machado, Alberto Jiménez Frau, Pascual Carrión,
Bemaldo de Quirós, etc... todo concurre a señalar los lazos que unían a Galdós
con los krausistas-institucionalistas, que alimentaron ideológicamente a la
burguesía liberal y aperturista.
Para Galdós, pues, como para todo ese abanico de corrientes democráticas
y republicanas, la educación merecía lugar prioritario como factor de progreso.
No ignora don Benito las contradicciones inherentes a la tipología idealizada
del krausismo; su novela El amigo Manso, revela los desgarros vitales de ese
"tipo ideal". Más allá de ese tema, la preocupación por la enseñanza, la
idealización del maestro no cesan en toda la obra de Galdós, tanto Novelas
como Episodios.
Desde La desheredada dedicada "A los maestros de la Escuela" que según
Galdós deben curar «algunas dolencias sociales», hasta las veinte mil escuelas
que sueñan en construir Cintia y Tarsis, cuyo hijo lo presientes "maestros de
maestros", hay una treintena de años en que esa idealización se manifiesta a
través del magisterio femenino; es la maestra, Cintia-Pascuala de El caballero
encantado,o la Floriana en La primera República. Modélico en la desgracia es
también don Quiboro que al morir, conducido en cuerda de presos entre tricornios,
exclama: «Maestro fui; ya no soy nada... Rezadme algo... Mejor será
que digais muerta es la abeja que daba la miel y la cera». Era el que así moría
«maestro de párvulos de Boñices, agraciado por la España oficial con el generoso
estipendio de quinientas pesetas al año».
Este maestro defendía la propiedad común de la tierra, con conocidas citas
de Santos Padres. Más importante era el consejo que después daba: «¿Os vais
enterando que no debéis pedir lo vuestro, sino tomarlo?». No sabemos si estamos
ante un paralelo del cura radical Basilio Alvarez cuando decía por aquel
entonces a los campesinos gallegos que contra el cacique era lícita la violencia
«porque era más dañino para ellos que el jabalí», o bien de un presentimiento
lC)()
Ideología y sociedad en las novelas contemporáneas de Galdós
de otros maestros, los de la FETE que un cuarto de siglo después apoyarán a
los trabajadores en su lucha porque (como dice otro personaje de Galdós, Becerro)
«propietario de la tierra y cultivador de la misma no deber ser dos
términos distintos».
Esto encaja con la ideología galdosiana, en los albores del siglo XX,
cuando convencido de la gran frustración nacional que representa la Restauración,
y sus pactos de terratenientes y financieros, siderúrgicos y cerealistas,
con sus anacronismos de calzón corto, "tedeum", y bicornio, ministerial opta
por la alianza renovada del Tercero y el Cuarto Estado. Lo que la coyuntura
histórica exige es el fin de la oligarquía, de las minorías que, dicho a la manera
de Ortega, «desertaron de su función de mando». Que haya más escuelas
y menos caciques es el lema común. En 1910 la mayoría del pueblo de Madrid
elige diputado a Galdós por la Conjunción Republicano-Socialista. Este
Galdós que durante tantos años ha sido, paso a paso, exponente premonitorio
de la crisis ideológica que irrumpe hacia 1900; ha dejado, para nuestro patrimonio
histórico y cultural, una tipología en la que no faltan el burgués
negociante, y el ennoblecido, el oligarca de la economía o de la política, el
rentista, ni tampoco el burócrata, el cesante, la mujer que rompe el "orden"
establecido, sobresale, por encima de todo, aquella que ofreció la alternativa de
una nueva escala de valores, de sentimientos y conducta; los del pueblo. Claro
que me estoy refiriendo a Fortunata, gracias a la cual también es válida para
España la frase de Luis de Aragón: «La mujer es el porvenir del hombre».
Cinco puntos constitucionales que marcan la diferencia entre la República y el régimen del 78
Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho, publica 'Modelos de democracia en España 1931 y 1978', una obra que nace con la "pretensión de proporcionar al lector claves e instrumentos" para comparar las dos constituciones españoles del siglo XX y recuperar parte de la herencia republicana
La izquierda está en plena ebullición. Desde diferentes frentes de la izquierda alternativa y social se llama a procesos de convergencia, regeneración e incluso se hacen referencias explícitas a un nuevo proceso constituyente que dote a la democracia española de nuevos sistemas de participación ciudadana, de un sistema garantista de derechos eficaz e incluso a una lista de derechos económicos y sociales más amplio. Los debates están en las calles, en los procesos como el de Alternativas desde Abajo, que se reúne este fin de semana en Madrid o en Convocatoria, que el jueves celebró su tercera reunión con la presencia de más de treinta organizaciones sociales y políticas, entre las que se encuentra como fuerza impulsora Izquierda Unida.
En este escenario cobra especial importancia la obra Modelos de democracia en España 1931 y 1978 de Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Un ensayo de derecho comparado que pretende proporcionar al lector las claves e instrumentos para valorar las dos constituciones españolas del siglo XX y, además, tratar de recuperar parte de la herencia constitucional republicana. "No para recordar de forma nostálgica un pasado que ya no volverá -asegura el autor- sino para contar con un sólido referente en el camino de construcción de una sociedad y un país más avanzados en términos políticos y sociales".
El presente artículo señala cinco puntos que diferencian a una Constitución de otra y que están recogidos a lo largo de la obra. No son los únicos. El establecimiento de las diferencias y similitudes ha llevado a Escudero a escribir más de 300 páginas. Sin embargo, sí son un buen inicio para comprender algunos de los problemas fundamentales que arrastra la democracia española y rescatar de la herencia republicana, al menos para ser discutidas y valoradas, las soluciones que durante la redacción constitucional creyeron que resolverían los grandes males que azotaban a España.
1. Una democracia participativa y una democracia de baja intensiva
La participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la colectividad denota la calidad de todo sistema democrático y afecta al grado de compromiso que las personas adquieren con él. "De la mayor o menos distancia entre la ciudadanía y los núcleos de poder, del fomento o no de herramientas democráticas que vayan más allá de elegir a sus representantes políticos cada cierto tiempo, dependerá una mayor implicación e identificación de las personas con el sistema; una mayor cultura democrática, en definitiva", escribe Escudero.
Es en este punto, señala Escudero, donde más se puede apreciar el modelo diferente de sociedad política hacia el que conduce cada una de las constituciones. Mientras que la constitución de 1931 parecía buscar una ciudadanía participativa y comprometida con la gestión de la res pública, el texto de 1978 prefiere limitar la participación ciudadana a la elección de los gobernantes, los parlamentarios y los representantes políticos.
El texto constitucional republicano buscó consolidar los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía pudiera ejercer la soberanía directamente. Escudero señala dos mecanismos. Ambos contemplados en su artículo 66. "El referéndum sobre leyes votadas en las Cortes y la iniciativa legislativa popular" sin olvidar la extensión de la participación ciudadanía a otros ámbitos como la constitucionalización de la libertad sindical o el jurado popular.
La Constitución del 78, por su parte, no establece la figura del referéndum legislativo que sí contemplaba el texto de 1931. "Así pues, la diferencia es notable desde un prinicpio. El texto actual sólo establece la obligatoriedad de consultar a la ciudadanía mediante referéndum vinculante en los casos de reforma del núcleo duro de la Constitución y para la aprobación y reforma de algunos estatutos de autonomía", escribe.
Entre las razones por las que la Constitución del 78 ofrece tan poco espacio a la democracia directa, Escudero establece el "dominio que en la Transición continuaban ejerciendo las fueras conservadoras", un contexto internacional donde el viejo Estado de bienestar "se batía en retirada" y el paso del "paradigma de la legitimidad democrática al de la gobernabilidad como parámetro para ponderar la calidad de un sistema constitucional".
2. El subdesarrollo en derechos de la Constitución de 1978
La República trajo consigo la incorporación de los llamados derechos económicos y sociales, incluyendo específicas referencias a los grupos y colectivos más desfavorecidos de la sociedad de la época, las mujeres, los trabajadores o la tercera edad, entre otros. El resultado es la constitucionalización del elenco de derechos más amplio de la historia española.
La constitución de 1978, por su parte, introduce un extenso catálogo de derechos económicos, sociales y culturales ordenados según el nivel de protección que el Estado les otorga. En el tercer y último escalón de derechos, la Constitución del 78 hace referencia a los 'Principios rectores de la política social y económica'. Dentro de estos principios el, el texto constitucional incluye el "progreso social y económico y para una distribución de la renta regional", la garantía de "la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo", el derecho a la "protección de la salud" o "el acceso a la cultura" y la promoción de "la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general", entre otros.
A pesar de esta inclusión en el texto constitucional, estos supuestos derechos de la ciudadanía española no gozan de amparo judicial, dado que solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen (art.53.3). Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. La legislación que desarrolla estos supuestos derechos no es requisito necesario para su regulación.
Por tanto, estos derechos económicos y sociales quedan reducidos a principios o valores que inspirarán, o no, las políticas del poder ejecutivo, pero sin que algún precepto constitucional le obligue a implementarlos. "Quiere decir esto que la Constitución no prevé mecanismos de control de la inacción del Gobierno, salvo los propios de la responsabilidad política que se manifiesten en las urnas (...). En conclusión, sólo de forma retórica puede hablarse de derechos si no generan obligaciones que puedan ser exigidas ante un tribunal", escribe Escudero.
Por contra, la Constitución republicana abrigó una "visión integral de los derechos, sin establecer diferentes grados de protección en función de una mayor o menor relevancia, otorgando a todos ellos el mismo estatuto jurídico. Fue la legislación de desarrollo la que circunscribió el recurso de amparo a ciertos derechos. "La plasmación real de los derechos pone de relieve la distinta filosofía que inspiran ambos textos. De la obsesión republicana por la máxima integración de materias y sujetos en el espacio público (...) se pasó a la contemporización del texto del 78, más reformista que transformador", opina Escudero.
3. El Estado laico frente al supuesto Estado aconfesional
La actual regulación constitucional en materia religiosa está presidida por el principio de aconfesionalidad del Estado español. Se consagra en el artículo 16.3 de la Constitución que, si bien afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal, señala también que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.
Para Escudero, este último inciso es el que "impide avanzar" actualmente "hacia un Estado laico" y es clave para "entender la posición que la Iglesia católica ocupa en el escenario político y social diseñado a partir de la Transición". "Cuando argumentan en defensa de sus privilegios, sus dirigentes recurren precisamente a las palabras del artículo 16.3. Y en parte no les falta razón, dado que fue la voluntad del constituyente garantizar la presencia activa de la Iglesia católica en los foros públicos y contribuir decididamente a su financiación".
Pero la normativa favorable a la religión católica en el actual texto constitucional no cesa en este punto. La incorporación en el texto de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones se ha convertido, opina Escudero, en "la mejor garantía de un sistema de colegios religiosos, subvencionados con fondos públicos mediante la figura de los conciertos y basados en el ideario del centro que en no pocas ocasiones vulnera los principios constitucionales".
La llegada de la República, sin embargo, se celebró como la ocasión con la que terminar con la excesiva influencia de la Iglesia tanto en la vida pública como en la educación. Trató de cambiar "radicalmente el statu quo y situar a la Iglesia en los márgenes propios de su misión espiritual". "Esto sólo podía hacerse a través de la configuración de un Estado laico", escribe.
Por ello, durante la redacción del texto constitucional de 1931 y durante todo el periodo republicano, la cuestión religioso fue "otro de los grandes caballos de batalla". "Las medidas que los dirigentes republicanos adoptaron al respecto condicionaron toda su vida política. Desde su inicio, ya en los propios debates constituyentes, hasta su final, causado por un golpe de Estado bendecido por la jerarquía católica".
Prueba de esta especial importancia concedida por el legislador republicano a la cuestión secular, el artículo 3 de la Constitución recoge que: "El estado español no tiene religión oficial". Artículo que fue acompañado de otros dos, el 26 y el 27, que regulaba la libertad de conciencia, religiosa y de culto. Como colofón, la República disolvió la Compañía de Jesús en enero de 1932 y en junio de 1933 aprobó la ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas mediante la cual la Iglesia debía rendir cuentas por su actividad económica y se le impedía ejercer la enseñanza.
4. La soberanía popular (pueblo) frente a la soberanía nacional (nación)
Las dos constituciones recogen en su articulado el principio de la soberanía popular. La Constitución de 1931 establece en su primer artículo que todos los poderes de la República emanan del pueblo y, consecuentemente con ello, en el pueblo reside la potestad de crear leyes y en el presidente de la República la personificación de la nación. Establece, por tanto, el principio fundamental de la soberanía popular.
Por su parte, la actual Constitución señala que la "soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". Aunque ambos textos aluden con diferentes términos al principio de soberanía popular, los términos utilizados, opina el autor, marcan la diferencia entre el espíritu de los dos textos constitucionales.
La Constitución de 1978 se queda con la expresión de "soberanía nacional", propia de la "retórica liberal decimonónica", antes que con el término "soberanía popular", de mucha mayor "raigambre democrática. Esta diferencia, explica Escudero, sirve para que desde la Constitución del 78 se insista, ya desde el inicio, en la idea de la unidad de España como fundamental del orden constitucional, poniendo por tanto un límite sustantivo a la soberanía popular. La declaración parece rotunda y tiene dos interpretaciones: la voluntad popular nunca podrá romper la unidad de España o si no se respeta la unidad nacional, no habrá democracia.
A su vez, la Constitución de 1978 sustrae o elimina también a la jefatura del Estado de todo principio democrático. "Es una auténtica declaración de intenciones sobre el alcance real de las decisiones que se van a someter al teórico principio de la soberanía popular". En este sentido, la constituyentes de 1931 tenían bien clara la relación entre el principio democrático y la fórmula republicana.
Prueba de ello es que señalaron en su primer artículo que "España se constituye de en una República democrática de trabajadores de toda clase". Escudero analiza la frase destacando dos claves. Aparecía por primera vez el concepto de "democrática" en un texto constitucional español y lo hacía acompañando al concepto de "República", una forma de Gobierno contrapuesta a la Monarquía, que tantas veces ha estado unido en la historia española a la "ausencia de democracia".
5. Una constitución transformadora, frente a una Constitución continuista.
La Constitución de la República, escribe Escudero, lejos de configurar un programa utópico o irreal, contenía lo máximo a lo que se podía llegar por la vía del reformismo en la España de la época en términos de políticas sociales y avances democráticos. El espíritu de aquel texto constitucional de 1931 trató de romper las ataduras que habían llevado a España al desastre en que se encontraba a comienzos del siglo XX, para así construir una sociedad más libre, igualitaria, solidaria, participativa y responsable.
La Constitución de 1978, sin embargo, no pretendió transformar de raíz la sociedad española. El texto constitucional del 78 tenía por objetivo salir del franquismo de la manera más airosa posible. Trató de configurar un régimen democrático, basado en el principio de la soberanía nacional, y se recogió un catálogo de derechos humanos. Sin embargo, relata el autor, la brutal represión, la continua propaganda antirrepublicana, la violencia política ejercida durante toda la dictadura y la presión constante de los sectores reacios a cualquier cambio político agrupados en lo que se ha venido a denominar el búnker o el "partido militar" determinaron en gran medida el devenir del proceso constituyente caracterizado por la aprobación de la Constitución de 1978.
Prueba de ello, escribe Escudero, es la "clara y rotunda" defensa de la Constitución de instituciones como la monarquía o "cuando reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, mientras que su redacción se torna confusa y atropellada cuando se trata de diseñar la organización territorial del Estado o a la hora de regular los derechos económicos y sociales, es decir, los relacionados con las condiciones reales de igualdad entre las personas".
La Constitución de 1978 no emprende ese viaje transformador que sí emprendió la República, no porque no fuera necesario ni porque las recetas republicanas no fueran validas, sino porque "no se tuvo (o no se pudo generar) el suficiente coraje político para plantear ese cambio radical de modelo de sociedad y de país".
Así se desangró España
El final de la Guerra Civil provocó la huida de cientos de miles de republicanos que trataban de escapar de la represión franquista. El grueso se asentó en México y Francia y, en menor medida, en la URSS y Argelia
Vencidos, cansados y sin nada en sus manos. Cientos de miles de republicanos abandonaron España entre 1936 y 1939 tratando de escapar de la represión del ejército y la dictadura franquista. Casi 500.000 lo hicieron a pie atravesando los Pirineos en febrero de 1939 para llegar a Francia. Otros huyeron en barcos fletados por la República o en pequeñas embarcaciones con destino al norte de África, a la propia Unión Soviética o a alguna República iberoamericana. Habían perdido la Guerra Civil y también su libertad. En España ya no había sitio para ellos.
"La RAE eliminó en 1950 la palabra exilio. No existía el exilio y no existían los exiliados en la política de la dictadura", explica aPúblico la experta enEstudios Hispánicos de la Universidad William & Mary en Virginia (Estados Unidos) Francie Cate-Arries. El falangista José Esteban Vilaró explicó a la perfección cuáles eran las intenciones del régimen de Franco respecto a los exiliados: "Los rojos republicanos vivirán solamente en la infamia. Después, desaparecerán para siempre".
Cuenta Virgilio Botella, exiliado español en México, que Eduardo Santos, expresidente de Colombia, le dijo que el exilio de 1939 era el más trágico de la historia de España. "Su exilio es el destierro de todo un pueblo, desde el analfabeto hasta los hombres de mayor ciencia y cultura, desde el pobre de solemnidad hasta banqueros y ricos notorios, desde el simple ciudadano hasta el jefe de Estado, pasando por militares, nobles y sacerdotes", afirmó Santos.
El destierro del pueblo republicano ha sido documentado y analizado por la catedrática Alicia Alted en la obra La voz de los vencidos (Aguilar). La historiadora da buena cuenta en su obra del destino de los exiliados señalando que "se puede rastrear la presencia" de españoles republicanos en países tan alejados geográficamente como China, Indonesia, Indochina o Australia. "El grueso se asentó en México y Francia, en menor medida en la Unión Soviética y Argelia", señala Alted, que afirma la República Dominicana también acogió a cerca de 4.000 refugiados.
Durante la Guerra Civil también fueron evacuados alrededor de 33.000 niños, calcula Alted. El país que acogió un mayor número de menores fue Francia, cerca de 20.000. A Inglaterra fueron unos 4.000 niños. Bélgica recibió en torno a 5.000. A la URSS llegaron 2.900 en cuatro expediciones. México albergó 463; Suiza, a unos 430, y Dinamarca, un pequeño grupo de 100.
Campos de concentración en Francia
En febrero de 1939 casi 500.000 personas atravesaron la frontera francesa a través del Departamento de Pirineos Orientales. "Muchos eran mujeres, niños, ancianos, inválidos... sin responsabilidades políticas, ni militares, que se habían visto impelidos a marchar empujados por le miedo físico o psicológico de los últimos momentos de una guerra perdida", describe Alted.
Los republicanos, sin embargo, no fueron acogidos en Francia como esperaban en un país que consideraba 'el derecho de asilo' como seña de identidad. Una vez atravesada la frontera, describe la catedrática, los exiliados eran agrupados en campos de triage, donde se procedía a su distribución. Los niños, mujeres, ancianos y enfermos eran conducidos en trenes hacia localidades del centro o el oeste de Francia. A los hombres civiles y a los antiguos combatientes del ejército republicano se los llevaba a los campos de concentración o internamiento donde, además, hubo mujeres y niños.
A mediados de febrero estaban internados 257.000 españoles; de ellos, 180.000 en los campos de Argelès y Saint-Cyprien, 65.000 en los campos del Vallespir y 30.000 en los de la Cerdaña. Alted recoge el testimonio de Juan Martínez, quien estuvo en los campos de Argelès y Saint-Cyprien: "Cuando llegué al dichoso campo quedé como atontado de asombro, aquello era un hormiguero de hombres detrás de las alambradas tirados en la arena y muchos guardias, moros y negros senegaleses con el dedo en la ametralladora en posición frente al campo. Increíble pero verdad".
Además, 55.000 españoles estuvieron adscritos además a las Compañías de Trabajadores Extranjeros, unidades militarizadas mandadas por oficiales del ejército francés. En torno a 12.000 fueron enviados a la línea Maginot y al "Primer Frente", y unos 30.000 a la zona comprendida entre la línea Maginot y el río Loire. Los integrantes de estas Compañías trabajaban en obras públicas, construcción o reparación de instalaciones militares, la industria bélica... Por último, otros 6.000 españoles se enrolaron en los Batallones de Marcha de Voluntarios Extranjeros.
Republicanos en los campos nazis
La catedrática Alted calcula que fueron a Alemania de manera forzada unos 40.000 republicanos españoles. Aunque no todos corrieron la misma suerte, hubo muchos de ellos que terminaron en campos de concentración nazis. En el complejo de Mauthasen, que incluía otros campos como Gusen, fueron internados algo más de 7.000 republicanos de los que morirían 5.000. En otros campos como Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Auschwitz, Ravensbrück, Flossenburg, Nevengamme u Oranienburg, estuvieron internados unos 1.000.
En este último, el de Oranienburg, un campo situado cerca de Berlín y destinado a albergar a personajes de algún relieve político o intelectual de los países ocupados, estuvieron algo menos de un centenar de españoles, entre ellos, el que fuera presidente del Gobierno de la República durante la Guerra, Francisco Largo Caballero.
La periodista Montserrat Llor recogió en Vivos en el averno nazi las experiencias de decenas de españoles que sobrevivieron a los campos de concentración nazis. Uno de ellos es Marcelino Bilbao, fallecido recientemente, que vivió en primera persona los experimentos científicos nazis.
"Terrible, allí ya estaba. Había llegado al campo un terror de doctor. Entra en una barraca, coge la maleta y se sienta. Prepara las inyecciones. Allí llegabas tú, para que te inyectara, como castigo o como experimento a ver cuánto tiempo resistías. Y aquel hombre, allí sentado, sin mirar a nadie, pinchaba. A algunos les daban convulsiones; a otros se los llevaban a rastras. Ese día no fui yo, pero sí algunos de mis compañeros de barraca. Los que vivían estaban rotos en la cama, no podían moverse. Luego me tocó a mí, seis sábados consecutivos me inyectaron [benceno] al lado del corazón. Nos cogieron a 30, sólo 7 logramos sobrevivir a los pinchazos", relató Bilbao a Llor en su domicilio de Châtellerault (Francia).
México. El exilio intelectual
Entre 1939 y 1950 fueron a México entre 20.000 y 24.000 españoles, en función de las fuentes. Los primeros fueron un grupo de 464 niños que desembarcaron en Veracruz el 7 de junio de 1939, la mayoría de clase obrera y en menor medida de una burguesía baja. La mayoría provenían de Barcelona y Madrid. "La mayoría de los refugiados que llegaron a México eran casados e iban en compañía de sus familias y provenían del sector terciario", explica Alted.
Durante los meses de febrero a mayo de 1939 estuvieron yendo a México una serie de responsabilidades que habían tenido un papel relevante en la Guerra, como Indalecio Prieto, Juan Prieto o el general Miaja. En junio y julio llegaron a México varias expediciones formadas por los barcos Sinaia, Mexique e Ipanema.
Claudi Esteva Fabregat, que iba en el Sinaia, recuerda: "Cuando llegamos, para nosotros fue un día de felicidad suprema. Me acuerdo que había una gran cantidad de jarochos [nombre con el que se conocía a los naturales de Veracruz] esperándonos en el puerto, que había unas autoridades, pero especialmente para nosotros fue importante el recibimiento sindical, fue un recibimiento popular (...) Y nosotros no sabíamos prácticamente nada de México".
Chile. El último poema de Neruda
Entre abril y julio de 1939, Neruda estuvo trabajando en el exilio de españoles a Chile. A instancias de Neruda, el Gobierno de la República contrató el Winnipeg para el traslado de unos 2.365 exiliados. La mañana del 4 de agosto de 1939 partió el barco y todo el pasaje portaba en su mano un folleto que les había entregado Neruda: "Chileos acoge". Llegaron a Valparaíso la noche del 3 de septiembre.
El desembarco se inició en la mañana del día 4 y, como recuerda Ovidio Oltra, "los muelles (...) se encontraban repletos de multitud expectante, amiga, formada por antiguos emigrantes españoles, algunos refugiados que acababan de llegar y muchos chilenos (...), hombres y mujeres de toda condición, autoridades municipales, nacionales, miembros del Senado y de la Cámara de los Diputados (...) Valparaíso nos recibió de manera entusiasta y en un día de primavera, lo que casi siempre es un augurio al llegar a un nuevo país.
Entre el pasaje se encontraba Isidro Martín, viudo de 41 años,. Atrás dejaba una vida entera dedicada a los zapatos y a sus tres hijos que quedaban en Portillo (Toledo). "Mi padre marchó con la pena de que sus hijos pudieran acusarlo de abandonarlos. Desde que llegó no hizo otra cosa que trabajar para traer a sus hijos", recuerda Matilde Martín, hija del nuevo matrimonio que Isidro mantendría en Chile, en conversación telefónica con Público.
URSS. Los niños de la guerra
El exilio en la URSS, describe Alted, presenta básicamente cuatro características que lo singularizan frente al exilio republicano en otros países de Europa y América. El rasgo más diferenciador es que el colectivo de españoles numéricamente más importante que se encontraba en ese país al finalizar la Guerra Civil era el de los casi 3.000 niños que fueron evacuados en varias expediciones entre 1937 y 1938. Junto a ellos había otros colectivos que también fueron durante la Guerra: el de los maestros y el personal auxiliar que había acompañado a los niños; el de los alumnos pilotos que iban a estudiar a las escuelas soviéticas de aviación; y el de los tripulantes de los barcos españoles que se encontraban en ese país o navegando hacia él cuando terminó la contienda.
La primera expedición oficial de niños partió de Valencia rumbo a Yalta el 17 de marzo de 1937. Había 72 niños, la mayoría de Madrid. La segunda expedición se empezó a organizar en mayo de 1937 ante la implacable ofensiva de las fuerzas de Franco en Vizcaya. En la madrugada del 13 de junio, cinco días antes de que cayera Bilbao, salieron del puerto de Santurce alrededor de 4.500 niños en el barco Habana, rumbo a Burdeos. Aquí, 1.495 niños, en gran parte vascos, fueron embarcados en el buque Sontay con dirección a Leningrado, donde tuvieron una entusiasta recogida. La tercera expedición partió el 24 de septiembre de 1937 desde el puerto de El Musel (Gijón). En un carguero francés iban 1.100 niños casi todos asturianos, santanderinos y vascos.
El carguero iba hacia Burdeos, pero fue interceptado por el buque Cervera, a las órdenes de Franco, y tuvo que desviar su rumbo hacia Saint Nazaire. Aquí algunos niños fueron desembarcados y los restantes trasladados al buque soviético Kooperatsia que zarpó con dirección a Londres, donde una parte de los pequeños embarcaron en el Félix Dzerzhinki hacia la URSS. La última expedición fue a finales de 1938 y estuvo integrada 300 niños de Catalunya, Aragón y la costa mediterránea.
Uno de los niños a bordo de esos barcos fue Francisco Mansilla, quien actualmente es el presidente delCentro Español de Moscú. "Me trasladaron a Gandia cuando el asedio de Madrid en el otoño del 36. Allí, un señor ruso preguntó quién quería ir a la Unión Soviética y yo levanté la mano. Mi padre me dice que me iba al paraíso del del proletariado. Lo que él no sabía era que me iba al infierno del proletariado", explica Francisco a Público.
Norte de África. Los últimos expatriados
El número total de exiliados que desembarcaron en las costas norteafricanas fue de unos 12.000, la mayor parte, unos 7.000, lo hicieron en el puerto de Orán, según informes del Gobierno de Argelia. Casi todos ellos permanecieron aquí hasta la liberación de esta zona por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, a excepción de algo más de la mitad de los que desembarcaron en Túnez (protectorado francés desde 1881) y del cerca de un centenar de militantes y dirigentes comunistas que, en mayo de 1939, marcharon desde Argelia a la URSS.
Al igual que sucedió en Francia, tampoco en los territorios franceses del norte de África se había previsto nada para acoger a la posible oleada de los últimos momentos de la Guerra. Por ello, hubo que improvisar centros deinternamiento, algunos en la ciudad, pero otros en los muelles donde desembarcaban. "Entre los refugiados que llegaron a Argelia, la proporción de población civil era elevada, muchos de ellos constituían familias enteras", escribe Alted.
El campo de concentración más importante fue el de Morand, que llegó a tener algo más de 3.000 internados. Se encontraba en una zona muy inhóspita, donde soplaba con fuerza el siroco y se alcanzaban temperaturas superiores a los cincuenta grados en verano.
Conrado Lizcano, que ha escrito sobre su experiencia en estos campos, coincidió en él con el poeta Pedro Salinas. Lo describe así: "Era un hombre delgado, tímido y afable que no sustentaba ninguna ideología concreta, pero que se sentía identificado de corazón con la causa del pueblo español y las mejores inquietudes culturales y artísticas del mundo moderno (...) Un buen día lo vi llegar jubiloso con el petate en la mano. Había logrado la ¡liberación! A través de una embajada iberoamericana que lo había reclamado".
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