Días: Viernes. Del 26 de septiembre de 2014 al 23 de enero de 2015
Horario 10:30 - 13:30 horas
Horas Lectivas: 45 horas Sesiones: 15
Horas/Semana: 3 horas
PROGRAMA:
1. Una constante en la historia de España: el intervencionismo militar
La ausencia de la Corona durante la ocupación napoleónica de España y la Guerra de Independencia habían creado, a principios del siglo XIX, un ejército altamente independiente e influido por las ideas liberales y nacionalistas, que poco tenía que ver con las fuerzas profesionales que los reyes Borbones habían tenido a su disposición durante el siglo XVIII.
El general Arsenio Martínez Campos.
El caos político en el que España y Europa se vieron sumidas durante la primera mitad del siglo XIX afectó al papel del ejército, y a la imagen que éste tenía de sí mismo como garante de la libertad y la integridad de España. Esta imagen se traduciría en la constante intervención de los militares en la vida política a través de pronunciamientos, el primero de ellos, el del General Riego en 1820que daría comienzo al Trienio Liberal.
A lo largo del siglo se sucederían otros siete pronunciamientosexitosos, incluyendo la Vicalvarada del general O'Donnell en 1854 y la Gloriosa Revolución de 1868, que mandaría al exilio a Isabel II. Los pronunciamientos seguían un mecanismo común mediante el cual un general al cargo de tropas publicaba un manifiesto, y marchaba directamente sobre la capital para hacerse con el control de las instituciones del estado. Una vez con el control del gobierno central, los generales se afanaban en poner en práctica su proyecto político, y en muchas ocasiones esto incluía la redacción de una nueva constitución.
La frecuencia con la que los pronunciamientos se sucedieron impidieron que ninguna de las constituciones del siglo XIX estuviesen en vigor el tiempo suficiente como para arraigarse y crear un sistema constitucionalista estable. En este sentido, la inestabilidad y la ligerezacon la que cartas constitucionales eran derogadas alimentaron el poder mediador del ejército, cuyos líderes, como el generalNarváez, O'Donnell o Prim, ostentarían la presidencia durante el siglo. El pronunciamiento de Martínez Campos, no obstante, sería diferente a todos los anteriores.
La Restauración: el fin de los pronunciamientos
El pronunciamiento del 30 de Diciembre de 1874 no sólo acabó con seis años de ausencia borbónica y la primera experiencia republicana en España. También puso fin a una larga tradición de intervencionismo militar.
Para empezar, el pronunciamiento tenía el apoyo de un amplio sector de los políticos profesionales, desde la izquierda dinástica a los moderados históricos, y había sido planificado en las Conferencias de Bayona de 1873. Una vez Martínez Campos desposeyó al general Serrano, el poder, a diferencia de las ocasiones anteriores, se transfirió al Congreso de los Diputados, donde Cánovas del Castillo, líder del Partido Liberal-Conservador, encargó la redacción de una constitución a un grupo de políticos de diferentes ideologías.
General Francisco Serrano.
Se les llamó 'espadones' como simboliza la caricatura con la palabra 'ley' en la espada
En otras palabras, el pronunciamiento de 1874 no fue seguido por una imposición partidista. Los líderes de la restauración, incluyendo al propio Martínez Campos, entendieron que no podría haber estabilidad ni continuidad alguna en su proyecto si no se evitaban las situaciones exclusivistas que habían alimentado las insurrecciones militares a lo largo del siglo.
El proyecto restaurador de Cánovas, que comenzó con el pronunciamiento de 1874, se modeló en el sistema parlamentario británico de la época victoriana. Para evitar una nueva expulsión de los monarcas, Cánovas impuso el principio de neutralidad y no intervención de la Corona. También se crearon dos partidos nacionales modernos, el Partido Liberal-Conservador de Cánovas, y el Partido Liberal-Dinástico de Mateo Práxedes Sagasta. Entre ambos partidos debía aglutinarse la mayor parte de la opinión pública, con el fin de evitar un movimiento de desafecto que pusiese en peligro al sistema.
Hasta 1874, los pronunciamientos habían sido métodos empleados por generales afines a un partido o ideología para forzar el cambio político. El liberalismo isabelino era todavía un liberalismo primitivo y dependiente del favor de la Corona.La Restauración de Cánovas se fundamentó en el cambio de turno político entre Liberales y Conservadores, impidiendo la situación que se había vivido bajo el general Narváez de exclusivismo Moderado y ostracismo de los Progresistas. Como tal, el sistema al que dio paso el pronunciamiento del 74 creó un bipartidismo moderno, basado en partidos renovados y organizados, e introdujo un concepto innovador sobre el papel de la corona. Todos estos cambios tenían un único objetivo común: evitar que los pronunciamientos se convirtieran en una necesidad para forzar el cambio político.
La preferencia de Isabel II por los Moderados habían convertido a los alzamientos en, prácticamente, la única manera de imponer un cambio de gobierno. Las innovaciones que introdujo la Restauración Borbónica tuvieron un éxito inesperado, que hicieron del pronunciamiento del 30 de Diciembre de 1874 el último del siglo XIX, y de la constitución de 1875 la más longeva hasta la fecha.
Alía Miranda, Francisco, Duelo de Sables. El general Aguilera, de ministro a conspirador contra Primo de Rivera (1917-1931),Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2006, 287 páginas.
Marcela I. Lucci
Este trabajo de Alía Miranda está dedicado al estudio de la actuación del general Francisco Aguilera a lo largo de su carrera militar y su participación en la política española. Duelo de sables resulta interesante no sólo porque aporta datos valiosos respecto de la personalidad política del biografiado, sino por sus cualidades formales y de contenido. Por un lado, el tratamiento de la documentación que sustenta su investigación está organizado de modo tal que coadyuva a la comprensión de las evidencias encontradas. Por el otro, la claridad de los objetivos del análisis efectuado consigue que la publicación trascienda el ámbito biográfico y faculte consideraciones y cuestionamientos ulteriores acerca de la historia política y social española contemporánea. De esta manera, el autor logra una reconstrucción precisa de un período específico, dejando en claro la densidad del juego de continuidades y rupturas que lo caracterizaron, de modo tal de establecer la lógica de los acontecimientos estudiados e incorporar la visión que lo ha originado. La publicación está dividida en una introducción y cinco partes articuladas en doce capítulos perfectamente imbricados por su temática y objetivos primordiales, complementada con un prólogo a cargo de Juan Sinisio Pérez Garzón. La forma en que se emprende el estudio del general Aguilera queda perfectamente establecida desde el prefacio. El libro está pensado como una biografía que se convierte en un elemento de cohesión que conforma e integra la realidad de Aguilera con la española, de modo tal que se aleja de los convencionalismos del género para integrarse a las publicaciones más cuidadas de esa naturaleza. El prólogo de Pérez Garzón puntualiza las tesis principales que conformaron la génesis del trabajo. El breve análisis es pertinente y de lectura obligada ya que establece los parámetros utilizados por el autor para realizar la biografía, cuyo acierto radica, específicamente, en centrarse en el estudio del individuo con el fin último de ahondar en los fenómenos sociales, culturales y políticos en los que participó. Este legado, que tal cual indica el prologuista se remonta al individualismo metodológico marxista o a las aportaciones de Adam Smith y Karl Popper, puede encontrarse en la actualidad en la línea de trabajo de Ian Kershaw, para quien el estudio biográfico fundado en una indagación crítica que reduzca el papel del individuo permite emprender el examen de procesos históricos complejos. Para Kershaw, la biografía puede convertirse así en "instrumento"1 de análisis de la ciencia histórica. Duelo de sables es entonces una biografía, pero no se circunscribe al general Aguilera, y en ese hecho radica la cabal riqueza del texto. El género biográfico, lejos de convertirse en una restricción que acota la perspectiva científica a la caracterización de una persona determinada, se convierte en la herramienta con la cual estudiar la historia española de finales del siglo XIX y principios del XX. Desde el prisma de un individuo, inmerso en una cultura concreta que lo determina y lo integra a una comunidad específica, se hace posible el análisis político y social. Tal cual puntualiza Pérez Garzón, el texto evidencia el papel del individuo en los procesos sociales y deja sentado que "la capacidad de actuación de Aguilera sólo es comprensible dentro de los cauces condicionados por la sociedad en la que vive."2 Sin embargo, la solidez metodológica y teórica del autor evita asimismo el peligro de considerar al individuo indisolublemente condicionado por su entorno; su enfoque permite que el estudio integre a la persona y a su espacio de libre determinación con los valores dominantes y las relaciones de poder en los que se desenvolvió. En lo que hace a su concepción formal, el trabajo es consistente. El texto es ordenado: a partir de la exposición de la vida de un individuo centra su interés en el contexto político y social españoles de fines del siglo XIX y principios del XX para acabar con un preciso análisis de los procesos históricos correspondientes. Las cinco partes en las que ha sido estructurado organizan la publicación en lo que hace a los ejes temático y temporal y ordenan la reflexión. El trabajo de Alía Miranda es científicamente riguroso: la categorización es precisa, las afirmaciones escrupulosas, las aserciones teóricas articuladas con fuentes que confirman la exposición. Este rigor está basado en un concienzudo uso de las fuentes, que permite proponer cuestionamientos y realizar aportaciones teóricas sólidas a asuntos ya planteados. El punto de vista del autor, asimismo, aparece en las cuestiones esenciales justificado por el corpus documental y expresado palmariamente, de modo tal de coadyuvar a la comprensión del lector. La prosa es directa y logra constituir una revisión de la historia peninsular cuyo desarrollo, tensiones y coincidencias están sostenidos por una justificación científica comprensible. En lo que hace al aspecto biográfico, si bien es notoria la empatía con el personaje, el libro logra poner de manifiesto el papel del general Aguilera en el devenir histórico, pero relacionándolo siempre con el marco social y político que lo contuvo, con lo cual ha evitado el riesgo de personalizar procesos históricos. En la exposición escrupulosa de este proceso, la historia de España aparece totalmente consustanciada con la europea, lo que acentúa la lógica de sus características distintivas. Lo medular de la importancia de Duelo de Sables estriba en que la puntualización de estas singularidades promueve una perspectiva más totalizadora, a partir de la cual es posible comprender los procesos culturales, políticos y sociales que llevaron al nacimiento del fascismo en España y establecer su verdadera y particular dimensión histórica. La riqueza del texto consiste en una exposición directa, un rigor científico contundente y un examen preciso. El elemento central del análisis es el general Aguilera, pero su protagonismo nunca se convierte en un elemento aislado, confiriéndole a la biografía una dimensión que se aleja definitivamente de lecturas convencionales y aporta sus características más útiles a la ciencia histórica. Una primera aproximación al trabajo de Alía Miranda permite acceder al repaso de la carrera militar y política del general Aguilera, desde su extensa actuación castrense al servicio de la monarquía española hasta su inmersión en la realidad política de las décadas de 1920 y principios de 1930. Su alejamiento de la monarquía y su oposición a la dictadura de Primo de Rivera, que lo llevaron a convertirse en uno de los referentes y protagonistas de los cambios que la sociedad peninsular reclamaba, son la piedra de toque para integrar sus acciones en el devenir político y social que determinaron su actuación. La pericia metodológica del autor conduce el análisis siguiendo una línea temporal. El orden cronológico no constriñe el devenir del general Aguilera ni el social español sino que lo contiene y lo enmarca para evitar disrupciones que lo aparten de sus objetivos iniciales. De la misma manera, su organización formal ayuda a que la profusa información de los primeros capítulos se asimile claramente y se integre al discurso. El objetivo del autor no es repasar la historia fáctica española. En el libro de Alía Miranda los hechos, ligados por la persona del general Aguilera, se convierten en el elemento central desde el cual analizar el fin de la monarquía y el advenimiento del sistema republicano en España. Asimismo, es destacable la incorporación al análisis de un encomiable trabajo con fuentes, en el que se destaca un pertinente uso de la información vertida en la documentación personal, institucional y la prensa periódica. Esta característica de la investigación es central ya que permite demostrar las afirmaciones formuladas y acreditar los conceptos vertidos, a la vez que otorga solidez al marco teórico utilizado. Pero, sobre todo, tal cual afirma Ian Kershaw3, la posibilidad de acceder a fuentes primarias inéditas o poco estudiadas es asimismo un estímulo para emprender una biografía que no aísla al individuo sino que es capaz de permitir un análisis minucioso del contexto en el cual desarrolló su actividad. Si bien formalmente el trabajo de Alía Miranda está estructurado en cinco partes con sus respectivos capítulos, el texto en sí evidencia otra división, dada por las características del análisis efectuado. Hasta la segunda parte, el estudio está volcado más hacia la historia fáctica. En esos capítulos se destaca la minuciosidad con que se ha seguido la carrera militar del general Aguilera, con lo cual el estudio logra relacionar la acción individual con el derrotero político del gobierno de Alfonso XIII y, especialmente, abre la posibilidad a un repaso de los avatares del desmembramiento final del Imperio español a través de la pérdida de Cuba y de la guerra de Marruecos. El minucioso relato de la historia militar puede resultar el fragmento más arduo del libro, pero es una pieza fundamental para el objetivo del estudio. A medida que pasan las páginas se pone de manifiesto la importancia de la historia militar de Aguilera, demostrada a partir de un sólido corpus documental. El repaso de su participación en las campañas de América y África está dado no por la reconstrucción de su vida castrense, sino que viene del hecho de que el autor considera la historia insurreccional del ejército como la historia del insurreccionalismo español: "Más interesante resulta seguir su gran protagonismo en la vida pública, el importante grado de intervencionismo en la política. El pulso del poder militar al poder civil fue constante, sobre todo a partir de 1917, con la excusa de la necesidad de mantener el orden."4 La descripción de la carrera profesional de Aguilera y la profusión de datos castrenses y de estrategia militar no se agotan en la mera relación fáctica, sino que se convierten en la demostración de la importancia del colectivo militar en la historia contemporánea peninsular. Por lo tanto, el general Aguilera es, en el libro analizado, el hilo conductor de la historia de los siglos XIX y XX, y de la evolución del intervencionismo militar en la historia política española. Desde la tercera parte el libro cobra un nuevo interés. La dictadura de Primo de Rivera faculta a Alía Miranda para desarrollar su capacidad de razonamiento y análisis. La reflexión se convierte en el procedimiento por excelencia utilizado por el autor para desarrollar su punto de vista, conferirle consistencia formal y profundidad conceptual, ya que le permite penetrar en las tensiones de la sociedad española de la década de 1920, exaltando su deseo de acceso a la modernidad por un lado y la innegable adscripción a pautas culturales y políticas tradicionales y conservadoras, por el otro. Mientras que la vida militar de Aguilera estuvo en un primer plano, el autor acometió su análisis desde un aparente segundo plano, detrás de su objeto de estudio. Sin embargo, la actuación política del general durante la década de 1920, que se caracterizó por realizarse habitualmente con mucha más discreción, permite a Alía Miranda privilegiar su esfuerzo como historiador hacia un análisis más profundo. Así, disminuye al mínimo la historia fáctica para dejar paso a un racional examen político y social del acontecer español que le confiere al texto su verdadero peso historiográfico. Esta variación, sin embargo, no dificulta la lectura, sino que aparece como una evolución pertinente del trabajo; ello facilita la comprensión del contenido y de los objetivos del autor al permitir la reflexión sobre problemáticas que alejan a la historia contemporánea peninsular de su caracterización de "caso particular" que limitó su estudio durante el franquismo. Esta visión reflexiva y ordenada de la importancia del insurreccionalismo militar español a través de la vida del general Aguilera permite acceder a una realidad más compleja que la enlaza con la historia peninsular y que, además, permite examinar procesos sociales y culturales menos estudiados por la ciencia histórica y revisar los vínculos existentes entre el devenir europeo y la dictadura franquista a partir de la segunda posguerra. El texto converge así en la reflexión final, quinta y última parte en la cual confluyen todos los vectores del estudio de Alía Miranda. A partir de un conciso repaso analítico logra dar cohesión a todos los elementos que ha utilizado, y a través de un lenguaje preciso y despojado, ponderar las premisas más destacadas del libro. Así, los párrafos de historia fáctica se enlazan definitivamente con los biográficos y convergen en una conclusión científica que confiere unidad al libro. Duelo de Sables acomete, por lo tanto, un estudio biográfico del general Francisco Aguilera, de su vida militar y política y de la coyuntura histórica que la determinó. No obstante, anotar así la presente reseña tendría como consecuencia soslayar la validez esencial de este trabajo. El análisis de la relevancia del biografiado organiza la exposición del estudio de Alía Miranda y le confiere consistencia a su análisis científico y a su trabajo metodológico. Desde la historia española de principios del siglo XX, cristalizada en el devenir individual del general Aguilera, el autor abre una vía de acceso al conocimiento de una época de enorme significación en sí misma, que debe ser puesta en perspectiva, de modo tal que permita la comprensión de los antecedentes de la entrada del fascismo en España como fruto de un devenir histórico en consonancia con la problemática europea de la época.
2. Ejército y Nación. La crisis del Ejército del Antiguo Régimen. La Guerra de la Independencia: de guerrilleros a militares profesionales.
Entre 1808 y 1814 la península ibérica se produjo un enfrentamiento militar entre las tropas francesas y un conjunto heterogéneo de fuerzas que luchaban por evitar su dominio: el ejército regular español, las diversas tropas irregulares surgidas al calor del levantamiento inicial y de la dispersión que siguió a las primeras derrotas, los contingentes portugueses y los efectivos británicos que con éxito diferente fueron enviados a luchar contra Napoleón en el frente ibérico. Lo que se presumía iba a ser una rápida guerra de conquista, una más de las que el emperador francés estaba librando en Europa, se convirtió en un largo conflicto que compartió rasgos de las modernas guerras de liberación popular con los de las guerras convencionales de la época entre ejércitos regulares. Un conflicto que iba a desgastar la potencia militar francesa, contribuyendo con ello al debilitamiento del Imperio napoleónico, al tiempo que produciría considerables pérdidas, humanas y económicas, entre la población afectada por la contienda. Precisamente esta longitud y dureza de una guerra que no tenía unos frentes delimitados y una clara separación entre combatientes y civiles, facilitaría la aparición de tensiones entre los diversos sectores implicados en la resistencia armada y la población civil. Tales relaciones conflictivas van a ser el objeto principal de este texto. Junto a la fractura entre liberales y absolutistas y la pugna entre las autoridades civiles y militares por la asunción de competencias y por la conducción de la guerra, son una de las diversas grietas que atraviesan las filas de la resistencia y a su vez engloban las tensiones entre tropas regulares e irregulares, entre éstas y los civiles y entre el ejército regular y la población no combatiente. Estas últimas, las más evidentes, constituyen el núcleo del análisis desarrollado en estas páginas y por ello mismo figuran destacadas en su encabezamiento.
La amplitud del levantamiento antifrancés que se propagó a lo largo de los meses de mayo y junio de 1808 y algunos éxitos iniciales espectaculares en la guerra contra el invasor, tales como Bailén o el Bruc, ocultaron durante algún tiempo la esencial debilidad militar del partido resistente, obligado a descansar en un precario ejército regular en tanto se fraguaba la movilización general que había de abastecer a aquél de soldados improvisados y complementarlo con todo tipo de milicias irregulares. Pero la ilusión de las primeras victorias pronto dio paso a una cadena de derrotas que pusieron de manifiesto las deficiencias del ejército español, que lo incapacitaban para enfrentarse con ciertas garantías de triunfo a la más eficiente máquina de guerra de la época. Se trataba de un ejército escaso en efectivos, hinchado en sus mandos, con soldados carentes de entrenamiento y disciplina y oficiales sin la formación adecuada, apenas sin caballería y falto de una organización logística que asegurase la coordinación de las operaciones. Un ejército que parecía vivir de espaldas a las transformaciones en las que basaba sus éxitos militares la Francia revolucionaria y napoleónica y que otros países intentaban contrarrestar. Las medidas esbozadas en la época de Godoy quedaron en simples propósitos, como la comisión de reforma establecida en 1796, o fueron revocadas casi inmediatamente, como sucedió en 1802 con el Estado Mayor creado en 1801. La urgencia con que en 1808 hubo que hacer frente a los franceses no mejoró esta situación, pues el incremento de efectivos conseguido a través de la movilización general se acompañó de mayores deficiencias en el entrenamiento, equipamiento y coordinación de la nuevas tropas y en dificultades para su inserción en las unidades del ejército regular, comprometiendo la misma efectividad del esfuerzo de reclutamiento, como ocurrió en Asturias, donde meses después de que la Junta acordase, en mayo de 1808, el levantamiento de un ejército en el Principado, se habían producido deserciones e incluso dispersiones completas, motivadas por enfermedad, indisciplina o insubordinación, pero también por "dificultades en el socorro y alimentación de la tropa. No ha de extrañar que Castaños, el vencedor de Bailén, describiese unos meses más tarde con trazos sombríos la situación del ejército del Centro a su mando: "experimentaba mucha escasez de víveres: como no había almacenes, ni depósitos, estaba tenido a lo que podían suministrar los pueblos; muchos de éstos los hallábamos cuasi desiertos y no había quien amasase el pan ni aprontase lo necesario, y las tropas comían el rancho que podía hacerse pero sin pan; los muleteros de los trenes que no cobraban salario alguno ni podían recibir raciones maldecían su fortuna y dejaban su ganado o se lo llevaban abandonando las cargas". Los informes de los oficiales del cuerpo expedicionario británico desplazado en 1808 a la Península para repeler la invasión francesa confirman la realidad de unos ejércitos españoles indisciplinados, deficientemente equipados y faltos de coordinación. Incluso las tropas del marqués de la Romana, con fama de constituir la parte más selecta y experimentada de las fuerzas españolas, eran consideradas de poca ayuda, pues "estaban mal vestidas y muchas de ellas carecían de calzado y armas" y les faltaba el adiestramiento militar necesario para soportar el ataque de una línea de infantería francesa, por lo que -concluía uno de estos oficiales- "nos engañaríamos mucho si hiciéramos depender nuestro éxito en el campo de batalla de la ayuda española".
Esta penosa situación del ejército regular persiste durante toda la guerra. Cuando ésta ya tocaba a su fin, las tropas españolas participantes en la ofensiva aliada por tierras vasconavarras todavía seguían careciendo de vestido y alimentación apropiados y no disponían de una dirección conveniente, por lo que, según el relato de un suboficial británico, "la mayor sorpresa era que estuviesen en condiciones de luchar". No todas debían de estarlo, pues otras fuentes cifran en menos de la cuarta parte de los efectivos contabilizados en los "estados oficiales" los soldados aptos para el combate y en la misma campaña fueron gran número los desertores hambrientos que atravesaron la frontera durante el invierno de 1813-14. Tales circunstancias incapacitaban al ejército regular para enfrentarse en combate abierto con los franceses y minaban la moral de la tropa, haciendo explicables episodios como el pánico que el domingo de Pascua de 1809 se apoderó de varios miles de hombres del duque de Alburquerque acampados en La Carolina, cuando al oír "el regocijado tiroteo de los habitantes haciendo salvas al aire para celebrar la Resurrección del Señor y creyendo que eran los franceses emprendieron todos una vergonzosa fuga".
En las filas militares españolas y entre sus oficiales y mandos mejor preparados existió conciencia de la inferioridad del ejército propio, una inferioridad que hacía necesaria la adopción de planteamientos defensivos, a fin de ganar tiempo para mejorar la capacidad militar de las tropas resistentes, desgastar a los franceses y conseguir ayuda de las potencias antinapoleónicas. Porque, en palabras de uno de estos oficiales, "con generales sin talento, con oficialidad sin entusiasmo, con paisanos insubordinados, con tropas indisciplinadas, hambrientas y desnudas, es locura pensar que se puede resistir por algún tiempo a las falanges aguerridas del tirano". Quien así opinaba era Francisco Javier Cabanes, un militar natural de Cataluña presente en los campos de batalla del Principado en varios momentos de la guerra e historiador de la misma. De esta proposición se seguía la necesidad de evitar los choques abiertos con el enemigo. Pero no todos sus colegas de armas estaban de acuerdo con este planteamiento. José de Palafox, el general que se cubrirá de gloria defendiendo la Zaragoza sitiada, era uno de los convencidos de presentar batalla en campo abierto, y sólo la imposibilidad material de verificarla con los medios a su disposición le llevó a aceptar replegarse. Además, tras el éxito de Bailén muchos generales menospreciaron la valía del ejército francés y, en parte por deseos de labrarse su propia gloria y en parte por las presiones de unas Juntas y una población civil confiadas en poder librarse fácilmente de la presencia del enemigo, comprometieron prestigio y tropas en un "furor de dar batallas" que condujo a repetidas derrotas.
En los duros años que mediaron entre la pérdida de Andalucía y el inicio del repliegue francés, el convencimiento de la inferioridad militar se fue abriendo paso en las filas del ejército y con él la necesidad de métodos más acordes para sostener la lucha, que incluían la adopción de la guerra de partidas, siempre que ésta se realizase supeditada a los mandos militares, y una cierta centralización y armonización de la actuación de los diversos ejércitos. La aceptación de la guerra de guerrillas fue una consecuencia de la admisión de la superioridad francesa en campo abierto, pues las partidas evitaban los enfrentamientos generales con el enemigo y sometían a éste a una guerra de desgaste. Diversos militares describirán las ventajas de las guerrillas y recomendarán su uso, siempre que estén dirigidas y coordinadas por hombres de la profesión y no supongan una sangría para el ejército. Porque, como indicará uno de ellos, "las partidas de patriotas ... fomentadas como conviene y apoyadas con ejércitos bien organizados" no deben confundirse "con algunas cuadrillas que han aparecido en esta época, compuestas de desertores, contrabandistas y otras gentes forajidas". Guerrillas con las características recomendadas operarán en puntos de la geografía bélica tan dispares como Extremadura, Andalucía y Cataluña. La coordinación de las operaciones militares se impuso como una necesidad a la vista de la triste experiencia de la guerra y de la observación de los ejércitos franceses. En este camino primero se creó el Estado Mayor (1810), un organismo encargado de planificar la actuación de los diversos ejércitos en cuya conveniencia coincidieron el sector del ejército con mayor preparación e inquietud profesional y la cúpula de la autoridad civil, y finalmente se estableció una jefatura militar única que recayó en la persona de Wellington (1812), decisión en la que, junto al reconocido prestigio del general inglés, intervinieron razones de oportunidad política, pues no en vano el duque era jefe de las tropas aliadas, hombre de convicciones conservadoras e, igualmente importante, un extranjero que evitaba a la Regencia tener que conceder demasiado poder a uno de los generales españoles. La protesta de uno de éstos, Ballesteros, no sirvió más que para arruinar su carrera, pues no encontró apoyos entre sus compañeros de armas, poco propensos a actuar colectivamente en favor de uno de sus iguales.
Pero las condiciones en las que tenían que desenvolverse eran ahora más adversas si cabe que en los inicios de la guerra, pues las repetidas derrotas habían arruinado la credibilidad de los militares y debilitado su posición frente a las autoridades civiles, al tiempo que las dispersiones y deserciones habían reducido los efectivos de sus ejércitos en beneficio de unas formas de guerra irregular de difícil control. Por ello iban a provocar tensiones los intentos de estos militares de exigir, en nombre de las necesidades de la guerra, supeditación a las autoridades provinciales y locales y nuevos sacrificios a una población a la que hasta entonces no habían sido capaces de proteger.
El levantamiento antifrancés que se difundió a lo largo de los meses de mayo y junio de 1808 fue lo suficientemente extenso y popular como para no dudar del entusiasmo bélico existente entre la población española de la época, aunque hay que hacer notar dos aspectos que han tendido a ser menospreciados por una historiografía demasiado apegada a la práctica del unanimismo y de la exaltación patriótica: 1) el esfuerzo movilizador se acompañó de esfuerzos simultáneos en favor de la creación de cuerpos de vigilancia interna (Milicias Honradas o Milicias Urbanas) para asegurar el mantenimiento del control sobre unos sectores cuyo protagonismo podía hacer peligrar el orden social existente; 2) esta movilización no estuvo exenta de resistencias, que tendieron a hacerse más notables cuando la oleada de entusiasmo fue cediendo ante la continuidad del esfuerzo requerido y la necesaria participación en las labores agrícolas de los meses del verano, obligando a las primeras exhortaciones en favor de la defensa de la patria y a las primeras medidas contra la deserción. Pero fueron las derrotas las que produjeron el desánimo y la crispación de la población, visibles tanto en la aparición de actitudes conformistas y renuentes a colaborar en las tareas de la resistencia como en la difusión de acusaciones de cobardía y traición contra el ejército regular y sus mandos, en quienes había recaído el grueso de la responsabilidad en la defensa del territorio.
La situación a la que se debían enfrentar los militares a partir de 1809, bajo la sospecha permanente de una población que les responsabilizaba de las derrotas, la supo resumir muy bien Castaños, a su vez víctima de estas acusaciones: "La voz de traición ya no significa lo que hasta ahora hemos entendido: traidor es un General que no ataca cuando se le antoja a un soldado o a un cualquiera que está a 200 leguas del enemigo; traidor si retira el ejército que va a ser envuelto y sacrificado sin recurso y sin utilidad para la patria (...) traición, se dice, si alguna vez falta el socorro o el pan al soldado; traición si el enemigo ataca, porque se supone ha sido avisado por el general para entregarle el ejército, y traidores todos los jefes si por desgracia se pierde una acción". Abundan, en efecto, las acusaciones de traición, o cuando menos de inacción o cobardía, contra los militares. En Cataluña la relación de estas denuncias es extensa y de ellas apenas si escapa alguno de los capitanes generales que dispusieron del mando en el Principado. La mayoría de los diarios escritos durante los años de la guerra por testimonios locales de la misma muestran la existencia de un amplio descontento para con quienes no supieron preservarles de la ocupación francesa y, en ocasiones, cuando mencionan a estos hombres suelen hacerlo en términos tan críticos y denunciatorios como lo hace el rector de Vallvidrera, para quien Vives "sens dupte seria factura de Godoy, y persó traidor a la Patria"; Blake "se deu entendrer ab lo enemich, perquè noy ha millor medi per fer perdre una plasa ... com lo no socorrerla a son temps"; O'Donnell "era molt valent [i] se portava molt bé al principi, pero ab lo temps feu com los altres, omplí bé la seua bosa"; Campoverde "ni se sap ahont para ... cobart e inexpert". Las voces de traición forzaron la dimisión del capitán general Vives (diciembre 1808), desacreditado tras los reveses de Llinars y Molins de Rei, y constituyeron el caldo de cultivo de la conmoción que se produjo en Lérida en enero de 1809, donde una multitud amotinada dio muerte a varios sospechosos de infidencia ante el temor de la entrega del castillo de la ciudad a los franceses. La persistencia de comentarios negativos sobre el ejército fuerza al capitán general Coupigny, casi año y medio después, a dictar un bando imponiendo sanciones a quienes propaguen "que las tropas de nuestro augusto soberano Fernando VII no cumplen con los sagrados deberes de soldados y que los paisanos son suficientes para aniquilar y exterminar del Principado a los franceses que hay en él". Pero la situación se reprodujo ante la aparente inacción del capitán general Blake en la defensa de la sitiada Gerona, ante la derrota de Vic (febrero 1810), con acusaciones de traición al general García Conde, a quien también se hizo responsable de la rendición de Lérida a los franceses (mayo 1810), ante la caída de Tortosa (enero 1811), defendida por el general conde de Alacha y ante la pérdida de Tarragona (junio 1811), imputada al capitán general marqués de Campoverde. La Junta Superior se sumó al coro de protestas. Pidió la sustitución de los militares implicados, como ocurrió con el mariscal de campo Wimpfen y el brigadier Porta, por creerles "autores del sistema de inacción que hace tiempo que [se] observa en nuestro ejército y por haber visto de uno y otro ciertas retiradas que todos tienen por voluntarias e indebidas"; reclamó a la Junta Central "un general que a la pericia militar una un celo patriótico y activo", porque "el pueblo hallándose abandonado por el ejército sospecha de éste, o a lo menos de sus jefes, viendo que no se opone a un enemigo débil y reducido"; exigió a los mandos militares responsabilidad por conductas sospechosas, como la supuesta pasividad de las tropas que en junio de 1810 permitieron la entrada de un convoy francés en Barcelona sin ofrecerle resistencia, y vio con agrado las condenas por traición a los generales García Conde y Alacha.
La amplitud y el carácter general de estas acusaciones recuerda la situación que se produjo en los primeros momentos del alzamiento antifrancés, cuando la actitud contemporizadora de muchas de las autoridades, entre ellas los capitanes generales y gobernadores, exasperó a una población amotinada que vio en tal comportamiento la prueba de la traición. La memoria de esta circunstancia reciente obraba ahora en contra de unos militares cuya conducta patriótica era examinada con escrupulosidad. Pero también lo hacía el escaso prestigio de que gozaba la milicia desde épocas pasadas, producto de una mezcla del espíritu elitista de una oficialidad de extracción nobiliaria, la rudeza de las condiciones de vida de una tropa desarraigada de su lugar de origen, la imposición de unas quintas que solamente recaían en los sectores más deprimidos de la población y que eran especialmente resistidas en las áreas que tradicionalmente habían gozado del privilegio de exención y los fracasos militares contra la Francia republicana en la reciente guerra de la Convención. Junto a estas raíces en el pasado, las pocas simpatías hacia la institución militar se alimentaban de las rivalidades internas, de la impericia y de la incapacidad de que daba muestra un ejército que hacía del abuso y la prepotencia una práctica cotidiana en su trato con los civiles.
Los enfrentamientos entre los mandos del ejército por cuestiones de rivalidad personal, pugnas entre facciones o formas de concebir la guerra estuvieron a la orden del día y a menudo fueron aireadas por sus protagonistas en gran número de folletos, contribuyendo con ello al descrédito de la causa común. Una nómina muy incompleta de estos episodios ha de incluir el conflicto del general Castaños con Palafox y Montijo, el de Venegas con Cuesta, el del marqués del Palacio con Blake y, en Cataluña, los que opusieron a Clarós y Milans con Campoverde, a éste con Sarsfield y Contreras y a Copons con Eroles. Castaños fue acusado por Francisco de Palafox y el conde de Montijo de ser responsable de la retirada ante los franceses en Tudela (noviembre 1808), lo que le costó la separación de la dirección del ejército del Centro y un año de arresto[24]. Francisco Venegas, situado en la dirección del ejército de la Mancha por la Junta Central, fue acusado por Gregorio de la Cuesta de impedir, con su inmovilidad, coronar la victoria de Talavera con la toma de Madrid a los franceses (julio 1809)[25]. El marqués del Palacio no aceptó de buen grado ser sustituido al frente del segundo ejército por Joaquín Blake (agosto 1811), cuando el entonces Regente decidió asumir la dirección de las operaciones en el levante peninsular en una campaña que acabaría con su derrota y apresamiento en Valencia. Ambos militares mantuvieron unas relaciones frías y el primero aprovechó la exposición de los hechos acaecidos durante su mandato en Valencia para insertar un duro comentario sobre la situación en Cataluña tras la caída de Tarragona: "no aparece otro remedio que el que el general Suchet haga concluir cuanto antes las esposas que hace forjar para enviarle a su Emperador, como ha dicho, 60.000 catalanes, que le sirvan de tropas ligeras en sus ejércitos al norte, ya que no han querido servir de lo mismo en su patria"[26]. Aunque con posterioridad rectificaría esta desafortunada frase, por la que recibió críticas del diputado catalán Dou[27], resulta evidente el despecho que el marqués, antiguo capitán general del Principado, sentía hacia quienes en el inicio de la guerra fueron sus gobernados y las pocas simpatías que le despertaba la actuación del nuevo capitán general, Lacy, a quien implícitamente responsabilizaba de aquella situación.
En Cataluña el general marqués de Campoverde, máxima autoridad del territorio entre febrero y julio de 1811 y aupado al poder de forma poco ortodoxa, aprovechando la campaña de desprestigio contra O'Donnell, estuvo en el centro de varias polémicas. Una de ellas le enfrentó con el brigadier Milans y el coronel Clarós, militares de carrera de origen catalán que habían conseguido éxitos y popularidad como jefes de tropas irregulares. Campoverde persiguió al primero y criticó a ambos aparentemente por haber albergado en sus partidas a desertores, lo que provocó las protestas de los dos en un cruce de folletos que en poco debió contribuir a fortalecer la mermada reputación del ejército regular y de Campoverde en particular. Lo más interesante de este episodio es la escasa consideración que se percibe en la máxima autoridad militar por quienes participan en la guerra de partidas, una situación de la que también fue víctima, por aquel tiempo, otro destacado jefe de las mismas, el barón de Eroles, satirizado por los subalternos del general Sarsfield como "general de somatenes", y que refleja las tensiones existentes entre ejército regular y guerrillas. Otra de las polémicas entre militares en las que participó Campoverde fue la que giró en torno a las responsabilidades por la pérdida de Tarragona (junio 1811), plaza que el marqués abandonó en pleno sitio, autorizando también a hacerlo a Sarsfield, uno de sus generales, y dejando a otro de ellos, Contreras, la defensa de la ciudad sitiada. En este caso fue también Campoverde quien, al intentar descargar las culpas sobre los demás, desató la ola de recriminaciones mutuas. Copons y Eroles, aunque no dejaron durante la guerra muestras impresas de su rivalidad, tampoco simpatizaron entre sí, como reflejan las Memorias escritas por el primero. El capitán general Francisco Copons vio en quien fue su segundo en los meses finales de la guerra a un joven ambicioso ascendido meteóricamente a general gracias a las conexiones con los civiles de la Junta Superior, con el que le era forzoso convivir.
Lo que la población tomaba como pruebas de cobardía y traición no fueron en muchos casos sino demostraciones de ineptitud o impotencia de los mandos militares y falta de preparación del ejército. A veces las derrotas se produjeron por intentar vencer a los franceses en batallas a campo abierto, impulsados los generales por sus propios deseos de gloria o, como decía Cabanes, forzados a presentar combate en condiciones desventajosas por la presión del pueblo y de las autoridades civiles. En algunas ocasiones, el intento de evitar los encuentros con un enemigo al que se tenía por superior condujo a una inactividad juzgada cómplice y ciertamente resultan de difícil justificación casos como el nulo balance de bajas presentado en tierras orensanas por el ejército regular del marqués de la Romana, en unos momentos (junio 1809) en los que la insurrección armada se cobraba cerca de cien víctimas entre el paisanaje gallego de la misma zona[32]. En otras ocasiones fue la falta de coordinación la que precipitó la derrota, como en Tudela, o impidió sacar partido de una victoria, lo que ocurrió en el también comentado ejemplo de Talavera. Y, cuando una plaza fue sitiada, fue difícil igualar las exigencias de heroicidad que reclamaba una España antifrancesa acostumbrada a resistencias tan desesperadas como las de Zaragoza o Gerona.
3. Las exigencias y abusos de los militares
El desprestigio del ejército y el desarrollo de tensiones con la población también se alimentaron con episodios de pillaje y saqueo en los que las tropas españolas y aliadas fueron tristes protagonistas, con las exigencias en recursos materiales y humanos de las autoridades y mandos militares, con los abusos de que estas exigencias se acompañaron y con el carácter arrogante y prepotente del trato de aquéllos con los civiles.
Si bien el ejército español no tuvo participación directa en tres de los más conocidos sucesos de la guerra -los desórdenes cometidos durante la retirada de Moore por tierras leonesas y gallegas hacia la Coruña, el saqueo de Badajoz y la destrucción de San Sebastián, todos protagonizados por las tropas aliadas británicas o angloportuguesas- sí intervino en otros incidentes de menor nombre de que fue víctima la población civil. Uno de ellos corrió a cargo de los restos del ejército que al mando del general San Juan se había opuesto al avance de Napoleón en el puerto de Somosierra, cuyos componentes, en desbandaba por tierras de Extremadura, entre Trujillo y Zalamea "sin reconocer freno ni deber alguno, arrojaban los fusiles o los vendían, atropellaban las casas de los infelices labradores, robaban sus ganados, menajes y ropas, lo saqueaban todo"[33]. En otras ocasiones el pillaje no precisa para producirse de este marco propicio que es la dispersión que sigue a la derrota de un ejército: en marzo de 1811 las tropas de Sarsfield presencian sin intervenir la toma y destrucción de Manresa por los franceses y, una vez retirados éstos, entran en la ciudad para "dar un segundo saqueo de los destrozos"; dos años más tarde, esta vez en Reus, las tropas españolas y británicas que han ocupado la ciudad tras la retirada de los franceses cometen tantas rapiñas y tropelías que es necesario alejarlas de la población. Pero quizás acciones de esta naturaleza no fueron tan lesivas para la confianza de la gente en su ejército como el goteo de extorsiones, robos o violencias ejercidas en nombre de las necesidades de la guerra por unas tropas faltas de recursos.
Las demandas de dinero, suministros, alojamientos y bagajes por y para el ejército son una constante a lo largo de la guerra. Para comprender su significado se ha de tener en cuenta el doble efecto acumulativo de su persistencia durante los casi seis años de guerra y de los múltiples niveles de fiscalidad a que estuvo sujeta la población durante aquel tiempo. Junto a la fiscalidad regular constituida por los impuestos de carácter ordinario o extraordinario que las autoridades resistentes, de acuerdo con la legislación tributaria aprobada por los organismos centrales y provinciales, imponían a la población bajo su control, ésta tenía que hacer frente a los impuestos exigidos sobre el terreno por el ejército y por la guerrilla y soportar además la paralela tributación, regular e irregular, a la que le sometían las autoridades civiles y militares francesas, todo ello en un contexto de destrucciones y desarticulación de la actividad económica habitual que hacía mayormente gravoso el conjunto de la carga tributaria. La existencia de estos diversos niveles impositivos, algunos de los cuales escapaban de los registros contables, hace muy difícil precisar la cuantía de la carga soportada por la población, aunque con seguridad fue varias veces más elevada que la existente en los años previos a la guerra y la sufrieron en mayor cuantía quienes, habitantes rurales en especial pero también urbanos, no estuvieron en condiciones de proteger sus bienes y poner a recaudo sus personas de la voracidad de unos y otros contendientes, algo solamente en parte al alcance de los sectores más acomodados. El grueso de los ingresos que a través de los mecanismos fiscales regulares obtuvieron el poder central y las Juntas provinciales se destinó a financiar las necesidades militares. Pero éstas eran tan altas que no bastaban a ser satisfechas mediante los aportes provinentes de la tesorería general o de las administraciones regionales, ni siquiera con el complemento de las ayudas inglesas en dinero y suministros, nunca generosas y más bien irregulares y poco abundantes excepto en el caso de Asturias. Sabemos que, durante el conjunto de la guerra, la Hacienda central recaudó como promedio unos 300 millones de reales anuales, una cifra similar a la que obtenía antes de la contienda la tesorería de Madrid, pero cuatro o cinco veces menor si se contabilizan los aportes de las diversas tesorerías provinciales. Con esta cantidad el gobierno central no pudo financiar adecuadamente la guerra: en tan sólo medio año, la primera mitad de 1811, la caja de la tesorería mayor acumuló un desnivel entre las obligaciones a atender y los recursos disponibles de 123 millones de reales. En enero de aquel mismo año la Junta Superior de Cataluña protestaba por haber recibido únicamente, en todo el curso de la guerra, 43 ó 44 millones de reales, cuando las necesidades mensuales del ejército eran de 11 millones de reales. Tal situación obligó a las Juntas provinciales a depender de sí mismas, y de la magra ayuda inglesa, para financiar la guerra, pero el incremento de los impuestos con tal fin tenía un límite, inferior a los requerimientos bélicos.
Juntas provinciales, intendentes, diputados, comisionados y capitanes generales elevaron informes y peticiones a la Junta Central y a la Regencia en los que coincidieron en describir con tintes dramáticos las circunstancias en las que se encontraban sus respectivas provincias y ejércitos, faltos de fondos con los que hacer frente al suministro y paga de la tropa. Abundan textos como el de la Junta Superior de Cataluña, quejándose de que la falta de recursos "llega a tal extremo que el soldado ni puede ser vestido, ni alimentado, ni asistido como corresponde para que se pueda exigir de él subordinación y esfuerzo"[41]; el del intendente de Extremadura, indicando no haberse "principiado aún a recibir la ... cuenta del presente mes, estando el ejército muy cerca de hacer movimiento, lo cual puede traer unas consecuencias desagradables"[42], o el del gobernador de Cartagena, en cuya guarnición los soldados "están desnudos y descalzos", razón por la que se han producido varias deserciones, y "no hay dinero y se ha perdido el crédito, por lo que no se dispone de suministros", todo lo cual aconseja dejar que los "individuos se vayan a sus casas para evitar mayores desórdenes"[43]. Pero, como ya sabemos, poco se podía esperar de las instancias superiores de gobierno. La Tesorería General se confesará "absolutamente exhausta" para hacer frente a las múltiples demandas[44] y se quejará reiteradamente al Ministro de Hacienda de la falta de recursos[45], hasta el punto de comprometer, con su insolvencia, el descargo de harina y provisiones llegadas al puerto de Cádiz, por "ser mayor cada vez la resistencia de los patrones a ... hacer los transportes ... sin estar seguro[s] de percibir su flete luego que lo devenguen"[46].
Esta situación obligó a la búsqueda de recursos extraordinarios. En Cataluña y fuera de ella se efectuaron convocatorias especiales para intentar conseguir los fondos necesarios para el mantenimiento del ejército[47]. Sin éxito en sus objetivos, pues ni la Junta de Subsistencias que en los primeros meses de 1809 celebró sus sesiones en tierras catalanas, ni los esfuerzos de varios congresos provinciales del Principado en los que se afrontó la falta de fondos consiguieron, a pesar de los aumentos de contribuciones decretados, asegurar el abastecimiento y paga del ejército, como tampoco debieron conseguirlo los intentos realizados en otros lugares de la península, a juzgar por la persistencia del problema. En la mayoría de las áreas en las que opera el ejército de línea o las milicias irregulares levantadas por los diversos organismos resistentes nos encontramos con las exacciones y requisas de unas tropas forzadas a vivir sobre el terreno a expensas de la población que debían defender, lo que a efectos prácticos las equiparaba con las francesas. Suministros forzados, bagajes, alojamientos, contribuciones impuestas manu militari constituyeron la tónica habitual de aquellos años.
Las monografías locales y regionales han ido exhumando múltiples testimonios de esta situación. Dos rasgos destacan del conjunto de estos casos: el carácter apremiante de unas exigencias que se amparan para su ejecución en la fuerza de las armas y la ausencia de una normativa que asegure una compensación por las sumas, suministros y servicios prestados por la población. El comportamiento de las tropas es a veces prepotente, como en Navarra durante la ofensiva contra los franceses en 1813, cuando "como si operaran en país enemigo, los soldados españoles y las tropas aliadas invadían los campos cubiertos de mieses, derribaban las estacas y cercas que los defendían, segaban en verde los cereales y los calificaban de forraje, utilizándolos para alimentar con ellos la caballería"[48]; en otras ocasiones adopta prácticas propias de los franceses, como el apremio a los morosos en Jaén, "dejando en sus casas un soldado que exigiría 4 reales diarios además de la manutención hasta que se pusiese[n] al día en el pago de impuestos"[49], la toma como rehenes de autoridades y vecinos pudientes para asegurarse el abono de la cantidad pedida, un procedimiento repetido en Barbastro, en Vilafranca del Penedès y en varios pueblos del Empordà[50], o el castigo ejemplar a autoridades locales para que sirva de escarmiento a otras poblaciones, como ocurre en Santa Coloma de Queralt[51]; a menudo el temor que suscitan tales métodos se utiliza como medio para ablandar bolsillos, como en Olot, donde Copons impuso una contribución de guerra en abril de 1813, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, el pueblo sería saqueado durante un día entero[52].
Quienes sufrieron los perjuicios económicos ocasionados por estas exigencias no obtuvieron indemnización alguna o la consiguieron por importe insuficiente. Podía ocurrir que los ejércitos no diesen bonos o recibos acreditativos de los desembolsos efectuados, o que los recibos no cumpliesen las formalidades adecuadas y que quienes los recibían no se atreviesen a protestar para evitar represalias, algo que un informe de 1811 confesaba estar sucediendo en pueblos andaluces[53]. Si se tenía el recibo, había que cobrarlo o descontarlo de las contribuciones pendientes de pago, una operación que casi siempre se encalló en la falta de normativa para evaluar el importe de las prestaciones efectuadas y, sobre todo, en la carencia de recursos de la administración. En 1809 el contador del ejército afirmaba no serle posible realizar las liquidaciones de los suministros "por no haber orden ni reglamento que fij[as]e la cantidad de cada especie de que se compone la ración", una situación que parecía haberse resuelto un año más tarde con la aprobación de una normativa sobre suministro de raciones[54]. El decreto de 3 de febrero de 1811 estableció los requisitos por los cuales los suministros hechos por los pueblos a las tropas serían admitidos en pago de contribuciones, pero aplicar este decreto iba a suponer, según hacía observar el intendente del ejército de Galicia pocos meses más tarde, dejar desatendidas las obligaciones del estado habida cuenta del elevado importe de los suministros adeudados a los pueblos, planteamiento que compartía la Dirección del Tesoro en Cádiz[55]. Durante el resto de la guerra se emitieron nuevas disposiciones generales, pero también otras de ámbito provincial, como el reglamento aprobado por la Junta Superior de Cataluña en agosto de 1811 admitiendo el importe de los suministros en pago de toda clase de contribuciones. Más allá del carácter liberal o restrictivo de tales disposiciones, privó el hecho de la falta de dinero del erario público para satisfacer tantas demandas. De ello se quejaban en julio de 1813 los representantes del partido de Camprodón, en el corregimiento de Vic, que eran apremiados al pago de contribuciones, "siendo mucho mayor el crédito que cada uno de sus respectivos pueblos tiene contra la nación, procedente de suministros hechos a las tropas del ejército, que el que tiene ella contra éstos de todas [las] contribuciones vencidas"[56]. El texto más importante de estos últimos años, el decreto de las Cortes de agosto de 1813, era un reconocimiento de la imposibilidad de la nación para afrontar estas reclamaciones, pues revocaba la utilización de los recibos de suministros para el pago de contribuciones. Todo parece indicar que los poseedores de dichos recibos o nunca fueron indemnizados o, en el mejor de los casos, lo fueron muy tardíamente, pese a las buenas intenciones que parecía albergar una circular de noviembre de 1814 ordenando a los municipios españoles el envío de información detallada sobre los suministros hechos a las tropas durante la recién acabada contienda[57].
El protagonismo recaudatorio del ejército, los abusos y coacciones que acompañaron a esta actuación y la falta de reconocimiento de los débitos correspondientes fueron un foco de tensión permanente entre los militares y una población civil exasperada por las exigencias y procedimientos de quienes en teoría debían defender sus bienes. El rastreo de estos conflictos en Cataluña a través de archivos, folletos de la época y trabajos de estudiosos del período permite precisar algunas de sus características. Una de ellas es la naturaleza endémica del problema, pues una vez pasado el primer año de la guerra los conflictos menudean. Es una situación de la que se hace eco el anónimo autor de los diálogos entre dos supuestos payeses catalanes, que hace decir a uno de sus protagonistas: "en punt de socorre los pobles ab raccions a la tropa (...) si pasa alguna partida de tropa y les demana han de ser entregades, i sino se exposa lo poble a ser saquejat y la justicia gaviotada com ja a succehit"[58]. La Junta Superior, ya avanzada la contienda, reconoce "la arbitraria y despótica exacción de raciones de que todos los pueblos se quejan", "las continuas requisiciones, contribuciones y multas que se exigen ilegalmente a los pueblos y a particulares por autoridades incompetentes" y "las violencias con que se ve a cada paso ajado y atropellado el infeliz paisano, y hasta las mismas justicias"[59]. Pero nada efectivo debió de hacerse, pues durante el último año de la guerra, cuando ya se está produciendo el definitivo avance aliado sobre el Principado, a la recién creada Diputación provincial de Cataluña llegan testimonios que reiteran tales hechos[60]. En muchos de estos conflictos son las autoridades de la localidad quienes encabezan la protesta en nombre del conjunto de sus vecinos, dando a entender la dimensión colectiva del agravio y el carácter solidario de la iniciativa. A veces dicha actuación engloba a varios pueblos de una comarca, como ocurre con varias localidades del área de Olot que piden a la Junta Superior que se les dispense de obedecer "orden alguna de jefes militares que no sean de mayor graduación" y se les acepte que todas las aportaciones que efectúen les sean abonadas "a cuenta ... de ... [las] contribuciones ordinarias y extraordinarias"[61]. Otras veces la protesta de las autoridades locales se refuerza con la amenaza de su dimisión o se acompaña de la presentación de la misma, cosa que sucede con las comisiones populares de Vilanova i la Geltrú y Sant Feliu de Codines [62]. Ocasionalmente las quejas conducen a la promesa del castigo de jefes u oficiales[63] aunque lo más frecuente es que la autoridad militar ratifique las actuaciones de sus subordinados, como hace O'Donnell con el recurso del ayuntamiento de Terrassa por la multa que se les impuso por supuesta denegación de auxilio a la tropa[64], o amoneste al poder civil por dar crédito a acusaciones de exacciones fraudulentas de la tropa[65]. Este comportamiento conduce a una pérdida de confianza de los afectados en la equidad de la justicia militar, por lo que a menudo buscan el apoyo de los elementos civiles de la Junta Superior, a la que, por ejemplo, le llegan cuatro recursos de diversas localidades en tan sólo quince días del mes de agosto de 1812[66]. Si bien el antagonista con el que se enfrenta la población en todos estos casos es el ejército, también guerrilleros y otras tropas irregulares acostumbran a vivir sobre el terreno y a imponer a los habitantes del área en la que actúan importantes cargas económicas, más difíciles de reembolsar si cabe. Sobre estos efectos indeseados de la guerra de partidas y sobre su impacto en las relaciones entre población y partidas armadas volveremos más adelante.
Además de recursos materiales, el ejército exigió hombres con los que alimentar la máquina de guerra. La demanda de soldados fue tan persistente a lo largo de la contienda como la de contribuciones, suministros o bagajes y produjo similares efectos acumulativos sobre una población que siempre había visto con mucho recelo la imposición de la quinta. Pasada la inicial euforia movilizadora, los sucesivos llamamientos a las armas y la inserción, voluntaria o forzada, de los nuevos combatientes en las filas del ejército regular, condujeron a una militarización de la población de proporciones nunca vistas desde la implantación del sistema de quintas en el siglo anterior. Una estimación efectuada para Cataluña indica que tras dos años de guerra los cupos requeridos para el servicio activo y el reemplazo sumaban una cifra equivalente al total de los varones solteros y casados sin hijos censados en 1787[67]. Pese a que las cifras reales de mozos enrolados fueron menores que las asignadas en los repartos a cada corregimiento (en el de Vic solamente alcanzaron el 65% entre 1808 y 1811[68]), la amenaza del servicio militar se cernió sobre el conjunto de la población masculina en edad de portar las armas que no pudiese acreditar motivo legítimo de exención. Y combatir a los franceses encuadrado en el ejército español suponía tener que vivir durante un tiempo indefinido muy lejos del hogar, bajo la disciplina de una institución poco apreciada y a las órdenes de unos superiores casi siempre extraños al país de origen de los soldados e incapaces de derrotar al ocupante francés. Por ello no ha de extrañar que la resistencia al servicio en el ejército, existente ya en décadas previas a la guerra, alcanzase durante la misma cotas elevadas, puestas de manifiesto en la proliferación de las demandas de exención, los rescates a cambio de dinero o suministros, la no presentación con ocasión del llamamiento a filas y las deserciones.
El más significativo de estos comportamientos es la deserción. Su análisis arroja luz sobre algunas de las características de la guerra y nos introduce en uno de los focos de tensión más importantes entre los militares y la población civil. La deserción es un fenómeno habitual en los ejércitos de la época, presente en la España de los Borbones, con una tasa de deserción en 1797 próxima al 5%[69], y en la Europa napoleónica, tanto en los países recién incorporados al Imperio como en la misma Francia[70]. En el escenario bélico peninsular afecta no sólo al ejército regular español, sino también al contingente aliado lusobritánico y a las tropas irregulares que combaten contra el francés[71]. Lo destacado es el elevado porcentaje de deserciones, que en Cataluña se sitúa en algunos casos entre el 20% y el 30%[72], en una guerra cuyo carácter, la defensa frente al invasor francés, podía hacer pensar en mayores dosis de compromiso con el ejército. Parte de la explicación de esta aparente paradoja reside en la ya comentada oposición al servicio militar y al propio ejército, reforzada durante la guerra por la ineficacia de las tropas regulares, por los enfrentamientos entre civiles y militares y por el cansancio provocado por la continuidad de la lucha. Pero la negativa a empuñar las armas en las filas del ejército también se vio favorecida por la existencia de condiciones propicias para ello, tales como el carácter poco disuasorio de las medidas disciplinarias, el apreciable grado de solidaridad popular para con los desertores y el desarrollo de la guerrilla como una alternativa más atractiva de lucha.
La proliferación de disposiciones contra la deserción decididas por las diferentes instancias de poder y su alternancia con ofrecimientos de indulto ya es por sí misma un indicador de la escasa efectividad de estas medidas. Las eventuales condenas a muerte con que se amenaza a los desertores eran inaplicables de forma sistemática debido al elevado volumen de quienes abandonaban el ejército. El testimonio del general Copons al hacerse cargo de la dirección de las operaciones militares en Cataluña, a finales de la contienda, corrobora esta impresión: "la inclinación a la deserción", informa Copons, es uno de "los vicios imposibles de quitar (...) El ejemplo de la porción de sangre que se ha derramado en este ejército para castigar a los desertores ha sido inútil. Y su número es tal que cuando he llegado a este Principado me he encontrado columnas ambulantes sólo con el objeto de perseguir[los]"[73]. Columnas de estas características seguían actuando, en 1812 y 1813, en otras zonas del territorio español[74]. Algunas de las medidas tomadas contra los desertores incluían castigos contra los familiares o vecinos que les diesen cobijo o trabajo y contra las autoridades locales que no denunciasen su presencia. Disposiciones de este tipo, al tiempo que nos alertan de la existencia de un cierto grado de tolerancia o complicidad con los desertores por parte de sus comunidades de procedencia, fueron una fuente de conflictos con la población local y contribuyeron a enturbiar las relaciones con unos militares a quienes también se acusaba de comportamientos poco escrupulosos en la lucha contra la deserción. En Cataluña, el intento de reconstruir el ejército tras la pérdida de Tarragona, aunque cuenta con el apoyo de la Junta Superior, ocasiona roces y protestas a propósito de la conducta de unos militares que apalean y apresan a varias autoridades locales en Casserras y en La Bisbal y se llevan a jóvenes por la fuerza en Pontós[75]. En algún caso la actuación prepotente de estos militares es censurada por sus superiores, como ocurre con Milans, a quien se le ordena el cese de las actividades contra los desertores emprendidas por la división a su mando[76], pero no parece ser esta la tónica. Más frecuente debió de ser la existencia de corruptelas y trapicheos entre los hombres encargados de la persecución de la deserción, a juzgar por las denuncias que llegan a la Junta Superior sobre liberación de desertores a cambio de dinero, aprehensión de supuestos desertores para exigirles rescate o capturas indiscriminadas de jóvenes[77]. El hecho de producirse tales comportamientos sobre un territorio que siempre se había manifestado abiertamente contrario a la implantación de las quintas, avivó la animadversión contra el encuadramiento en el ejército regular e hizo posibles episodios de amotinamiento como el vivido en Montserrat, donde a comienzos de julio de 1811 se sublevó la tropa de quintos existente en la plaza, forzando su salida con el apoyo de destacamentos de somatenes de los alrededores, o el ocurrido un año antes en Camprodón al intentar procederse al sorteo de los quintos[78].
4. Las tensiones con la guerrilla
La deserción favorece el desarrollo de la guerrilla, como también lo hace la dispersión de la tropa, pero ni una ni otra crean por sí solas un fenómeno ya existente antes de que se produzcan las grandes dispersiones que siguen a los triunfos militares franceses del invierno de 1808-1809. La eclosión de la guerrilla obedece a un amplio abanico de factores, entre los cuales desde luego figuran la situación de inferioridad del ejército regular ante su adversario napoleónico y el desprestigio e impopularidad del indicado ejército, pero también la existencia de incentivos para la lucha armada de carácter irregular -que se puede simultanear con las ocupaciones habituales, no está sujeta a la disciplina y jerarquía del ejército y tiene posibilidades de mayores recompensas económicas- y la presencia de un entorno favorable en forma de unas particulares condiciones geográficas, económicas, sociales y políticas, factor este último que explica la diversidad del grado de implantación de la guerrilla en los territorios peninsulares[79]. Guerrilla y ejército regular buscan sus efectivos entre unos sectores de la población que aun no siendo del todo idénticos -la guerrilla también está compuesta por personas que por su edad, origen o estado nunca podrán ser llamadas a filas- coinciden ampliamente y la primera se alimenta, en parte, de los prófugos, dispersos y desertores del segundo. Esta competencia por unos recursos limitados origina tensiones entre guerrilleros y militares, reflejadas en el malestar de éstos contra la actividad reclutadora de unas partidas que se ofrecen como alternativa a la quinta y que con su acción también ponen en entredicho el monopolio del ejército en la defensa armada y su control sobre los mecanismos de entrada en el ejercicio del oficio militar[80]. Las actitudes de menosprecio hacia los guerrilleros y quienes les comandan, de las que hemos visto algún ejemplo, hay que interpretarlas en este sentido. Pero tampoco conviene contraponer excesivamente ejército regular y guerrilla, pues no existe una divisoria nítida entre ambos. Hay partidas que tienden a la militarización, buscan y obtienen el reconocimiento de grados a sus jefes e introducen una mayor disciplina y jerarquización. Otras están dirigidas por oficiales del ejército que, si bien actúan por iniciativa propia, no dejan de ser un puente con la institución de la que proceden. Además, desde las instancias oficiales se intenta controlar un fenómeno que inquieta por sus posibles dimensiones sociales mediante la imposición de reglamentos que aseguren la supeditación de la guerrilla a las autoridades, al tiempo que entre los militares crece el convencimiento de la oportunidad de la guerra de partidas como medio efectivo de lucha contra los franceses, siempre y cuando tenga lugar bajo su dirección, por lo que instan a los jefes guerrilleros a colaborar en operaciones conjuntas, intentan la subordinación al ejército regular de las partidas existentes, asumen la exclusión del servicio militar de los guerrilleros y crean nuevas partidas organizadas militarmente[81].
Las relaciones de la guerrilla con la población a la que pretendían defender tampoco estuvieron exentas de tensiones, aunque el énfasis que a continuación vamos a poner en ellas no ha de hacernos olvidar el hecho esencial de que la guerrilla no puede subsistir a medio plazo si no cuenta con la complicidad y colaboración de los habitantes del territorio en el que actúa. En realidad la guerrilla presenta un carácter heterogéneo, pues dentro de la misma figuran grandes partidas organizadas, grupos menores de permanencia más esporádica y tradicionales organizaciones de armamento popular, como las alarmas en Galicia y Asturias y los somatenes en Cataluña. Tanto en el último caso como entre los integrantes de muchas partidas, nos encontramos con combatientes a tiempo parcial, que compatibilizan su dedicación a la guerra con sus ocupaciones habituales. Pero también existen guerrilleros que han hecho de la lucha de partidas un modo de vida exclusivo, algunos de ellos tras aprovechar la guerra para reconducir actividades que, como el contrabando o el bandolerismo, les situaban en los márgenes de la sociedad. Entre estos heterogéneos combatientes irregulares y la población del área en la que operan suelen surgir conflictos, motivados por el comportamiento y demandas de los guerrilleros y por su escasa capacidad de protección frente a las represalias francesas sobre las localidades acusadas de complicidad con la guerrilla. Ambos factores se refuerzan mutuamente, pues la comprobación repetida de la ausencia o huida de los guerrilleros cuando las tropas enemigas se aproximan a una población hace a sus moradores, a la par que más críticos de la valía de la guerrilla, más comedidos a la hora de comprometerse con ella, lo cual a su vez obliga a los guerrilleros a imponer violentamente sus exigencias[82]. Con las posibles excepciones de aquellos lugares en los que, como Navarra[83], operaba una guerrilla disciplinada y militarmente eficaz, éste debió ser un panorama frecuente conforme se prolongaba la guerra, crecía con ella el cansancio y la sensación de desamparo y algunas partidas se acostumbraban a vivir a expensas de la población. Hay ejemplos de todo ello.
Las quejas por la ineficacia de la actuación de los diversos grupos armados irregulares, presentes a lo largo de la contienda, sirven de contrapunto a valoraciones de la guerrilla demasiado encomiásticas efectuadas en el pasado. Sin negar su contribución al desenlace de la guerra, por su capacidad de fijación de tropas francesas y por mantener vivo el espíritu de la resistencia, estos testimonios nos recuerdan sus límites. Así ocurre en Cataluña, donde su valía militar es puesta a menudo en tela de juicio por los informes de las autoridades locales y las protestas de los particulares, quienes acusan a migueletes, somatenes y partidas de guerrilla de desertar masivamente, de vagar dispersos y, en el caso de los somatenes, también de acudir al servicio sin armas[84].
El entusiasmo por la causa patriótica se resiente de las penurias que acarrea la longitud de la guerra. Sabemos de la aparición de posiciones más o menos acomodaticias, perceptibles en la abundancia de renuncias a ocupar cargos en los órganos de gobierno municipal o en las Juntas[85] y en la permanencia en la localidad cuando entran en ella los franceses[86]. Esta actitud también se trasladó a la colaboración con una guerrilla de cuya eficacia y métodos se dudaba. Resistencias como las halladas en Cataluña por Casademunt u Ochando, ambos eclesiásticos y jefes de partidas que operaban respectivamente en áreas montañosas de las comarcas de Osona y Priorato, probablemente no fueron excepcionales, aunque no deja de resultar chocante el recibimiento hostil que hicieron a los hombres del primero en Roda de Ter, donde "encontraron una multitud de gente armada, con toda especie de armas e instrumentos ofensivos", que los acompañó por las calles del pueblo "diciéndoles muchas palabras provocativas"[87].
En conductas como la de la población mencionada debía pesar, además de la poca protección ofrecida por la guerrilla, la dureza y arbitrariedad de sus demandas. La representación de la Junta de Santander a la Regencia, en julio de 1811, condensa en pocas líneas el catálogo de comportamientos indeseados de unas partidas que, "bajo el título de patriotas ... apalean las justicias por el más leve pretexto, saquean, se diseminan por los pueblos a borracheras y disoluciones, sacan raciones de todas clases ... asesinan si es preciso a la sombra de traidor al que tiene o suena tener dineros y, cuando el enemigo se acerca, aunque sea diez veces menor en fuerza huyen precipitadamente"[88]. Son frecuentes las denuncias por violencias y abusos cometidos por las guerrillas, que obligan a jóvenes a servir en las partidas en tierras de Avila o del Alto Aragón[89], exigen raciones amparándose en el poder de las armas[90], crean con su actitud pendenciera conflictos con la gente del lugar[91] y maltratan a las autoridades locales[92], por lo que éstas intentan evitar la presencia de unos combatientes tan problemáticos[93]. Con tales aliados, dirá el párroco de Artesa de Segre tras relatar la actuación de los hombres del guerrillero Montardit, que han esperado tranquilamente la marcha del enemigo para entrar en aquella localidad del prepirineo leridano e imponer a sus habitantes mayores exacciones, se corre el peligro de que sus convecinos prefieran trasladarse a vivir bajo el amparo de los franceses[94]. Incluso la poderosa y bien organizada partida de Espoz, a pesar de haberse esforzado en acabar con las tropelías que ocasionaban otros grupos menores que actuaban en Navarra y en buscar unos medios de ingreso regulares para que su gente "no experimentase igual odio de los pueblos", no pudo evitar enfrentamientos con la población local para aprovisionarse de suministros[95]. En Cataluña ante los repetidos recursos de los pueblos pidiendo el fin de las imposiciones arbitrarias decididas por los comandantes de migueletes y somatenes, la Junta Superior había acordado en mayo de 1809 obligar a unos y otros a seguir los itinerarios marcados en sus pasaportes y limitar la frecuencia y duración de la actividad de los somatenes a los casos de necesidad[96], pero esta medida no fue muy efectiva, pues meses más tarde llegaba desde Terrassa una nueva queja contra la negativa de los somatenes a dispersarse[97].
A veces el comportamiento de estas diversas fuerzas irregulares degenera en bandolerismo, lejos de las motivaciones iniciales que justificaron su aparición. Casi todos los testimonios apuntan a las dificultades materiales y al desarraigo de dispersos y desertores como los dos factores principales del aumento de robos y asaltos que se produce durante los años de la guerra, especialmente en los momentos de mayor penuria económica y debilidad de la posición resistente. Ya desde el comienzo de la contienda se constata la proliferación de delitos. Para hacerles frente la Junta Superior de Cataluña decide, en julio de 1808, la formación de un tribunal militar que juzgue sumariamente todos los actos criminales[98]. Pero es probable que algunos de estos hechos delictivos fuesen ajustes de cuentas contra quienes habían acumulado la animadversión popular por su riqueza y por su conducta en los años previos, que ahora eran perseguidos por la población en armas como partidarios de Godoy y simpatizantes de la causa francesa. Tal es el carácter que, según los varios relatos coetáneos que nos han llegado, parece tener la intervención de los somatenes en Vilafranca del Penedès (junio de 1808), en el curso de la cual se produjeron saqueos y hubo varias víctimas, para horror del vecindario acomodado[99]. Es algo más adelante cuando, coincidiendo con las derrotas, el hambre y el desempleo, proliferan las bandas armadas dedicadas al robo y la extorsión. En Galicia los restos de los ejércitos se transforman "en gavillas de ladrones, más terribles para los pueblos que los enemigos franceses"[100]; en las proximidades de Madrid, el hambre y los dispersos de las guerrillas aumentan el número de ladrones y rateros y facilitan la formación de bandas[101]; en sitios tan diferentes como Navarra, Vizcaya o la comarca gerundense del Empordà se produce a partir de 1809 una mayor incidencia de la actividad de grupos armados que, bajo el pretexto de luchar contra el francés saquean y roban a la gente de la comarca, en el caso vizcaíno quizá con ribetes de guerra social, algo que no parece estar presente en los restantes ejemplos[102]. La Junta Central intentó contrarrestar esta situación extendiendo a todo el reino en julio de 1809 la circular contra malhechores que un mes antes había emitido el capitán general de Andalucía[103]. Pese a esta medida y a disposiciones como la que en Cataluña se acordó en setiembre de 1810 contra los somatenes que reventasen sin permiso las puertas de las casas deshabitadas[104], los robos y violencias de las bandas armadas continuaron el resto de la guerra, conforme nos indican la documentación conservada en los archivos, las memorias de la época y los estudios sobre el período, intensificándose en los momentos de crisis de subsistencias y de dispersión del ejército patriota y, de nuevo, hacia el final de la guerra, cuando la retirada francesa desposeyó de cualquier cobertura ideológica a las partidas armadas y abocó a los guerrilleros a una difícil reconversión a la vida civil.
5. Conclusión
Al término de este largo recorrido, si algo ha quedado expuesto hasta la reiteración es la existencia de unas difíciles y conflictivas relaciones entre los civiles que sufrieron la guerra y quienes desde una u otra posición estaban obligados a defenderlos con las armas en la mano del invasor y ocupante francés. Junto a la pléyade de gestas y héroes individuales y colectivos que los historiadores de las décadas siguientes se encargaron de legar a la posteridad, existió una realidad más prosaica de la que formaron parte hechos como los descritos. Ponerla de relieve ha de ayudar a construir una interpretación más próxima a la percepción que de la guerra tuvieron quienes, protagonistas a su pesar, vieron vidas y haciendas afectadas por ella. Más allá de esta reflexión de carácter general, el análisis de las tensiones que recorren las relaciones entre los diversos participantes de la contienda permite formular algunas consideraciones sobre los costes políticos y sociales de la guerra. El desprestigio que hemos visto sufrir al ejército regular durante aquellos años allanó el camino a la reforma de sus estructuras y reducción de sus competencias emprendida por los gobiernos liberales, pero también contribuyó a la decepción de unos jefes y oficiales que se sentían injustamente tratados, con el resultado de prepararlos para la aceptación del retorno del absolutismo. El desarrollo de la guerrilla como método alternativo o complementario de lucha, con parte de sus integrantes desligados de los quehaceres habituales y acostumbrados a vivir a expensas de la población, comportó la existencia de un contingente de personas de difícil adaptación al nuevo marco de paz, con el resultado de la proliferación del bandolerismo en los años siguientes. La decantación proabsolutista de los mandos militares y el recrudecimiento de la actividad bandolera como secuelas de la guerra han sido observados y comentados por diversos historiadores[105]. Más desapercibidos han pasado los efectos que sobre el ánimo de la población produjo el cansancio de la guerra. Porque, además de favorecer posiciones de mayor cautela o acomodo que no excluyeron la persistencia de la animosidad contra los franceses, la continuidad de un conflicto que agotaba vidas y recursos probablemente aumentó las esperanzas puestas en el retorno del Deseado como remedio de tantos males e hizo más difícil la labor de quienes intentaban ponerle condiciones.
|
3. La primera guerra carlista en los orígenes del poder militar. El Ejército, brazo armado del liberalismo.
El carlismo es un movimiento político que tuvo su momento más espectacular durante el reinado de Isabel II, pero hay que buscar sus orígenes en el siglo XVIII y sobre todo a partir de 1820, con la Regencia de Urgel, y la revuelta de los Agraviados de 1827.
Su lema Dios, patria, Rey y Jueces, resumido en el binomio Trono y Altar, articula toda la teoría oficial política. A estos elementos se suma la defensa del foralismo particular de cada uno de los territorios, aspecto que va tomando fuerza a medida que avanza la guerra, así como la defensa de la religión. Las intenciones centralizadoras y los ataques de los liberales al clero, sobre todo a partir de 1835 con la exclaustración y la desamortización, activaron la lucha. Los carlistas pretendían, además, restaurar la legitimidad, puesto que no reconocían valor jurídico a la Pragmática Sanción de 1830, ateniéndose a la Ley Sálica tradicional en la dinastía borbónica, por la que don Carlos tendría que ser rey. El matrimonio con María Josefa de Sajonia no había tenido descendencia, Carlos, el hermano del Rey, pensaba heredar el trono en su momento. Sin embargo, la muerte de María Josefa y el nuevo enlace de Fernando con María Cristina de Borbón, así como el nacimiento de dos hijas -Isabel y Luisa Fernanda- complican la situación. La Ley Sálica no permitía reinar a las mujeres. Ahora bien, dicha ley ya había sido revocada en 1789, pero sin que el decreto se promulgara. En 1830, concretamente el 29 de marzo, Fernando VII, mediante una pragmática, eleva a ley el decreto de 1789. Los últimos años de este reinado se caracterizan por la indecisión de Fernando respecto a esta sanción, que derogó y puso de nuevo en vigor según las presiones de las distintas camarillas de la Corte sobre el ánimo regio.
A la muerte de Fernando VII la Pragmática Sanción estaba vigente. Su hija primogénita, todavía una niña, fue nombrada reina con el nombre de Isabel II y su madre, reina gobernadora en funciones de regente, nombró gobierno. D. Carlos, apoyado por gran número de legitimistas, no aceptó la situación, lo que dio origen a una guerra civil.
En cualquier caso, conviene insistir en la idea de que la sucesión de Fernando VII no era sólo un problema dinástico. Ya antes se había planteado la división ideológica por el tímido acercamiento del monarca a los planteamientos liberales a partir de 1826, una de las razones que provocó, en 1827, la rebelión de carácter absolutista (Agraviados o Malcontens).
La masa fundamental de seguidores del carlismo eran campesinos, especialmente de la región vasconavarra, de Cataluña y de la montaña levantina y del Bajo Aragón, aunque también se encuentran, en menor proporción, en el resto de la fachada cantábrica, hasta Galicia, y en Castilla. Carr opone campo-ciudad y, efectivamente, parece que es un movimiento campesino que tiende a dominar las ciudades, sin lograrlo. Algunos de los últimos estudios, como los de Alfonso Bullón de Mendoza, insisten en la idea de que en las zonas de dominio carlista también la población urbana era predominantemente carlista. Entre otras pruebas aducen la persistencia del carlismo en estas mismas ciudades de tal manera que, cuando por primera vez hay unas elecciones, con sufragio universal masculino según la legislación derivada de la Constitución de 1869, en Pamplona o Bilbao una mayoría muy clara de los votos fueron a parar a los candidatos carlistas. Según esta interpretación, si estas ciudades no pudieron ser tomadas por el ejército carlista durante la guerra se debió a que en ellas estaban las principales fuerzas cristinas que las defendieron.
En el proceso bélico se pueden distinguir cuatro fases:
a) Desde el 1 de octubre de 1833, en que el Infante D. Carlos toma el título de Rey de España, comienza el enfrentamiento. En principio, son partidas rebeldes, con escasa estructura militar que Zumalacárregui organizará en un verdadero ejército, frente al ejército regular cristino. Además, se produce una relativa delimitación de zonas de influencia que tienden a ser limpiadas de los enemigos. Esta fase finaliza con la muerte del General Zumalacárregui en el asedio de Bilbao el 23 de julio de 1835.
b) Desde el verano de 1835 hasta octubre de 1837, la guerra sale del ámbito regional al nacional. Luis Fernández de Córdoba toma el mando del ejército cristino -posteriormente lo hará Espartero. En estos años tienen lugar las principales acciones del carlismo fuera de su zona de influencia. El general Gómez atraviesa España desde el País Vasco hasta Cádiz y Don Carlos dirige la expedición real hasta las puertas de Madrid. Espartero rompe el sitio de Bilbao, que se inició en junio de 1835 y que se mantuvo mucho tiempo por el afán de ocupar una ciudad y la necesidad de prestigio internacional del carlismo por razones financieras. Las guerrillas carlistas no son fáciles de reducir y éstas obtienen una clara victoria en el Maestrazgo.
c) Desde octubre de 1837 al mes de agosto de 1839 la contienda se decanta a favor de los gubernamentales. El 15 de octubre de 1837, D. Carlos se repliega, pasa el Ebro, frontera del carlismo, y se produce una disensión interna en el carlismo entre los partidarios del pacto, dirigidos por el general Maroto, y los Apostólicos del general Cabrera. El cansancio y el incierto final de la guerra lleva a los primeros a firmar el Convenio de Vergara (29 de agosto de 1839). Sellado por Espartero y Maroto, en él se reconocen los empleos y grados del ejército carlista y se recomienda al gobierno que proponga a las Cortes la modificación de los fueros.
d) D. Carlos no reconoce el acuerdo y la guerra continúa desde agosto de 1839 a julio de 1840, en los focos de resistencia de Lérida y Navarra. Los últimos leales carlistas, acaudillados por el General Cabrera llevan a cabo una guerra brutal, con escenas y acontecimientos terribles. Al fin, éstos serán derrotados.
El carlismo es un movimiento político que tuvo su momento más espectacular durante el reinado de Isabel II, pero hay que buscar sus orígenes en el siglo XVIII y sobre todo a partir de 1820, con la Regencia de Urgel, y la revuelta de los Agraviados de 1827.
Su lema Dios, patria, Rey y Jueces, resumido en el binomio Trono y Altar, articula toda la teoría oficial política. A estos elementos se suma la defensa del foralismo particular de cada uno de los territorios, aspecto que va tomando fuerza a medida que avanza la guerra, así como la defensa de la religión. Las intenciones centralizadoras y los ataques de los liberales al clero, sobre todo a partir de 1835 con la exclaustración y la desamortización, activaron la lucha. Los carlistas pretendían, además, restaurar la legitimidad, puesto que no reconocían valor jurídico a la Pragmática Sanción de 1830, ateniéndose a la Ley Sálica tradicional en la dinastía borbónica, por la que don Carlos tendría que ser rey. El matrimonio con María Josefa de Sajonia no había tenido descendencia, Carlos, el hermano del Rey, pensaba heredar el trono en su momento. Sin embargo, la muerte de María Josefa y el nuevo enlace de Fernando con María Cristina de Borbón, así como el nacimiento de dos hijas -Isabel y Luisa Fernanda- complican la situación. La Ley Sálica no permitía reinar a las mujeres. Ahora bien, dicha ley ya había sido revocada en 1789, pero sin que el decreto se promulgara. En 1830, concretamente el 29 de marzo, Fernando VII, mediante una pragmática, eleva a ley el decreto de 1789. Los últimos años de este reinado se caracterizan por la indecisión de Fernando respecto a esta sanción, que derogó y puso de nuevo en vigor según las presiones de las distintas camarillas de la Corte sobre el ánimo regio.
A la muerte de Fernando VII la Pragmática Sanción estaba vigente. Su hija primogénita, todavía una niña, fue nombrada reina con el nombre de Isabel II y su madre, reina gobernadora en funciones de regente, nombró gobierno. D. Carlos, apoyado por gran número de legitimistas, no aceptó la situación, lo que dio origen a una guerra civil.
En cualquier caso, conviene insistir en la idea de que la sucesión de Fernando VII no era sólo un problema dinástico. Ya antes se había planteado la división ideológica por el tímido acercamiento del monarca a los planteamientos liberales a partir de 1826, una de las razones que provocó, en 1827, la rebelión de carácter absolutista (Agraviados o Malcontens).
La masa fundamental de seguidores del carlismo eran campesinos, especialmente de la región vasconavarra, de Cataluña y de la montaña levantina y del Bajo Aragón, aunque también se encuentran, en menor proporción, en el resto de la fachada cantábrica, hasta Galicia, y en Castilla. Carr opone campo-ciudad y, efectivamente, parece que es un movimiento campesino que tiende a dominar las ciudades, sin lograrlo. Algunos de los últimos estudios, como los de Alfonso Bullón de Mendoza, insisten en la idea de que en las zonas de dominio carlista también la población urbana era predominantemente carlista. Entre otras pruebas aducen la persistencia del carlismo en estas mismas ciudades de tal manera que, cuando por primera vez hay unas elecciones, con sufragio universal masculino según la legislación derivada de la Constitución de 1869, en Pamplona o Bilbao una mayoría muy clara de los votos fueron a parar a los candidatos carlistas. Según esta interpretación, si estas ciudades no pudieron ser tomadas por el ejército carlista durante la guerra se debió a que en ellas estaban las principales fuerzas cristinas que las defendieron.
En el proceso bélico se pueden distinguir cuatro fases:
a) Desde el 1 de octubre de 1833, en que el Infante D. Carlos toma el título de Rey de España, comienza el enfrentamiento. En principio, son partidas rebeldes, con escasa estructura militar que Zumalacárregui organizará en un verdadero ejército, frente al ejército regular cristino. Además, se produce una relativa delimitación de zonas de influencia que tienden a ser limpiadas de los enemigos. Esta fase finaliza con la muerte del General Zumalacárregui en el asedio de Bilbao el 23 de julio de 1835.
b) Desde el verano de 1835 hasta octubre de 1837, la guerra sale del ámbito regional al nacional. Luis Fernández de Córdoba toma el mando del ejército cristino -posteriormente lo hará Espartero. En estos años tienen lugar las principales acciones del carlismo fuera de su zona de influencia. El general Gómez atraviesa España desde el País Vasco hasta Cádiz y Don Carlos dirige la expedición real hasta las puertas de Madrid. Espartero rompe el sitio de Bilbao, que se inició en junio de 1835 y que se mantuvo mucho tiempo por el afán de ocupar una ciudad y la necesidad de prestigio internacional del carlismo por razones financieras. Las guerrillas carlistas no son fáciles de reducir y éstas obtienen una clara victoria en el Maestrazgo.
c) Desde octubre de 1837 al mes de agosto de 1839 la contienda se decanta a favor de los gubernamentales. El 15 de octubre de 1837, D. Carlos se repliega, pasa el Ebro, frontera del carlismo, y se produce una disensión interna en el carlismo entre los partidarios del pacto, dirigidos por el general Maroto, y los Apostólicos del general Cabrera. El cansancio y el incierto final de la guerra lleva a los primeros a firmar el Convenio de Vergara (29 de agosto de 1839). Sellado por Espartero y Maroto, en él se reconocen los empleos y grados del ejército carlista y se recomienda al gobierno que proponga a las Cortes la modificación de los fueros.
d) D. Carlos no reconoce el acuerdo y la guerra continúa desde agosto de 1839 a julio de 1840, en los focos de resistencia de Lérida y Navarra. Los últimos leales carlistas, acaudillados por el General Cabrera llevan a cabo una guerra brutal, con escenas y acontecimientos terribles. Al fin, éstos serán derrotados.
La Transición del Ejército Absolutista al Liberal
en la España del siglo XIX.
Por Jesús María López de Uríbe.
|  | |||||
Introducción.
El Ejército español, y como tal se entiende lo que hoy se consideran Fuerzas Armadas del Estado –en el caso que nos ocupa Ejército de Tierra y Armada-, es una de las instituciones menos valoradas por los ciudadanos españoles, tras su penosa marcha a lo largo de los últimos doscientos años entre asonadas y levantamientos, e incluso apoyando las dictaduras del siglo XX que marcaron a este país.
Sin embargo, lo que pocos estiman es que el Ejército sufrió una serie de cambios tan radicales en el espacio de más o menos un siglo –de principios de 1700 al primer tercio de 1800- que quedó lastrado para la posteridad como un paciente mal curado.
Esos cambios se inician con la llegada de los Borbones liquidando el sistema militar de los Austrias para cambiarlo por el francés del rey Sol, aumentando la carga social de la nobleza en unas fuerzas armadas cada vez más necesitadas de soldados y a las que el pueblo no acude como en los tiempos de los tercios.
Sin embargo, justo cuando se está consolidando la reforma y cuando los soldados han conseguido un alto grado de profesionalidad, cuando los Borbones añaden el arte de la ingeniería para crear máquinas de alta calidad… el Ejército español se ve a finales del siglo XVIII y principios del XIX envuelto en una serie de guerras que terminarán por echar al traste el esfuerzo de ochenta años de cambios.
El apoyo de España a la revolución americana para perjudicar a su notorio enemigo inglés le llevará a perder cuarenta años después su imperio de ultramar. A esto se añade la invasión napoleónica, que destrozará todas las tradiciones sociales y militares por acción de la política francesa y de la de los liberales españoles, en busca de una solución a la falta de rey legítimo en España.
La terrorífica guerra de Independencia dejará un ejército de tan gran proporción -ya que multiplica por tres sus efectivos con respecto al profesional absolutista-, que de inmediato provocará serios problemas sociales en la tropa. Para colmo, una multitud de hombres entrenados para la guerra ociosa no crea más que problemas sobre todo en lo político, no sólo en el ámbito liberal contra el absolutista y viceversa, sino que fomentará la aparición de la facción ultramontana que apoyó el Carlismo.
Además, mientras los militares se la juegan cada día frente a las tropas de la Grande Armée napoleónica, se van sintiendo cada vez más menospreciados por la nueva clase social política, recrudeciéndose de nuevo el conflicto entre golillas y militares, pero ésta vez sin rey por encima.
La situación española que se crea con la abdicación de Bayona de Fernando VII y el nombramiento de José Napoleón como José I, dejó en un limbo total las aspiraciones sociales tanto de los golillas como los militares; pero provocó un serio problema a la hora de someter la lealtad a un nuevo rey no querido, pero necesario, o a un sistema de Regencia española que convocó unas Cortes que no tenían la legitimidad real. ¿Cómo se configuró el Ejército en las Cortes de Cádiz? ¿Qué misión tenía encomendada? ¿Qué efectos produjo en su estructura este sometimiento a la soberanía popular en vez del tradicional a la soberanía del Rey?
¿Una serie de cambios tan brutales como los acontecidos entre 1808 y 1812 pueden cambiar la faz y el espíritu de un Ejército más o menos competente, leal al poder, para convertirlo en una máquina de poder en sí?
Este trabajo intentará responder a cada una de estas preguntas explicando en lo fundamental dos factores. El primero se refiere los cambios sociales que se producen en el Ejército español desde el advenimiento de los borbones hasta el inicio de la primera guerra civil carlista, aunque centrado en su gran mayoría en la crisis de la Guerra de la Independencia y el conflicto entre absolutistas y liberales del reinado de Fernando VII.
El segundo, a las soluciones políticas adoptadas para legitimar la acción militar durante la regencia de las Cortes de Cádiz, debido a que el Ejército debía obediencia a la persona de su Rey o la que éste designara como comandante en jefe, centrado, en su mayoría, en los debates de la nueva clase política en las Cortes de Cádiz.
Los cambios sociales en el Ejército.
Como explicamos en la introducción, el cambio en la estructura militar que se produce al asentarse los borbones en el trono de España es radical. Se pasa entre el año 1700 y 1715 de un ejército formado por tercios a otro formado por regimientos, al estilo francés, y durante los años posteriores, hasta el reinado de Carlos III los militares españoles se tienen que acostumbrar a los nuevos usos importados del país vecino.
Los cambios más notables destacarán, sobre todo, en lo social. Si bien durante el gobierno de los Austrias la posibilidad de ascenso social mediante el ejercicio de la milicia era posible, aunque en un ínfimo grado, en el Ejército borbónico, en la que los mandos son en exclusiva copados por la nobleza, es en la práctica imposible.
Según Fernando Puell de la Villa[1], la organización militar durante el siglo de la Ilustración provocó un cambio total en la forma de ejercer las acciones bélicas, rebajando incluso la virulencia de las acciones de armas al racionalizar las cuestiones militares.
La milicia se reglamentó en los más mínimos detalles, la oficialidad se profesionalizó, cambió el sistema de reclutamiento y los avances científicos y de ingeniería favorecieron el desarrollo de armamento y la construcción de nuevas fortificaciones.
Según Puell, probablemente, lo más destacable de la reforma borbónica fue la notable españolización del ejército permanente en su composición y despliegue.
Para entender esta afirmación conviene recordar que la presencia de soldados peninsulares en los mal llamados tercios españoles fue siempre minoritaria. También que esas unidades combatieron a miles de kilómetros de distancia del solar patrio.
En 1573, la proporción de súbditos de Castilla y Aragón en los tercios era del trece por ciento, y en 1582, del ocho. Después, la demanda de soldados derivada de la Guerra de los Treinta Años aumentó este porcentaje hasta representar un quinto del total de efectivos. Siguiendo la misma tendencia, al término del siglo XVIII, 22 de los 54 tercios de Carlos II –el cuarenta por ciento- eran de origen español.[2]
La nueva dinastía no pudo renunciar a la presencia de tropas no peninsulares y mantuvo aproximadamente la tercera parte del Ejército con ese tipo de soldado, pero sí que tuvo que situar las unidades en territorio peninsular tras la pérdida de los dominios italianos y flamencos. Por primera vez en la historia la población hubo de soportar la presencia habitual de los soldados.
La reorganización militar de los borbones se inició con las Ordenanzas de Flandes de 1701 y 1703 y terminó con la promulgación de las longevas Ordenanzas Generales de Carlos III en 1768.
La milicia
Una de las tareas más complicadas para los borbones se produjo en la reordenación de la milicia provincial, al estilo de las existentes en tiempos de los Austrias que se convirtieron en tercios provinciales, con la que los borbones querían completar su ejército formado por extranjeros, la Guardia de Corps y las tropas de continuo servicio .
Los regimientos de milicias constituyeron la tercera entidad de los Reales Ejércitos concebidos como un cuerpo auxiliar permanente para la defensa de costas y fronteras y que en realidad databa del reinado de Felipe II. Pero la falta de presupuesto, unida a la seguridad del territorio peninsular de la época de los Austrias, la habían convertido en algo ficticio y sin valor militar alguno.
Durante la Guerra de Sucesión se volvió a intentar reactivar la milicia recurriendo al modelo francés, pero los resultados fueron raquíticos. Nobles e hidalgos locales, que se pretendía que fueran la cantera de la oficialidad provincial, se inhibieron de la convocatoria y el pueblo llano se las ingenió para zafarse de la primera quinta por sorteo que se convocaba en España.
La Real Ordenanza de 1734 fue el verdadero punto de partida de esta organización que cien años más tarde sería el segundo pilar del futuro ejército nacional. Se componía de un regimiento por las 33 provincias que les darían nombre dejando exentos a Aragón, Navarra y el País Vasco. Su empleo quedaba restringido al ámbito peninsular –para alejar el fantasma de un destino en América que echaba para atrás a los ciudadanos-, y podía ser movilizado en caso de necesidad aunque por tiempo limitado.
En tiempo de paz el coste de las milicias era prácticamente nulo, porque los municipios pagaban los uniformes, los fusiles procedían de excedentes del ejército; sólo cobraban sueldo fijo el coronel y los cuatro miembros de la plana mayor, todos ellos militares profesionales. El sargento reunía cada dos semanas a los 50 hombres de su partido para hacer instrucción y cada tres meses el regimiento completo (500 hombres) acudía a la capital de la provincia para pasar revista y realizar ejercicios. En ambos casos, los hidalgos que ocupaban plaza de oficial percibían la parte correspondiente a su empleo, y la tropa el plus y la ración de pan de los veteranos.
Después de vencer muchos obstáculos, hacia 1740 la sociedad castellana había asumido la situación, el sistema funcionaba de forma regular y el ejército regular disponía del auxilio de una fuera eventual de 23.000 hombres.
Sin embargo, las cuantiosas bajas de la Guerra de Sucesión provocó una crisis cuando se enviaron siete regimientos provinciales a Italia. En ese momento se provocó una reacción popular inmediata, con muchas deserciones y más quintos eludiendo el sorteo. En 1745 Felipe V confirmó el propósito de utilizar habitualmente a los milicianos sólo en territorio peninsular, aunque se reservó el derecho de destacarlos al exterior en circunstancias extremas.
A la postre, la medida benefició a la milicia, que se equiparó a los regulares, y éstos comenzaron a respetarla en el campo de batalla. Incluso algunos milicianos pasaron a completar los regimientos de línea, con lo que el proceso de paulatina profesionalización de las milicias se convertiría en imparable desde ese momento.
Esto provocaría la entrada del ciudadano común en la estructura del ejército profesional, pero sin la voluntariedad que había caracterizado los tiempos de los Austrias; además, dejaba en manos de la nobleza la carga de la oficialidad. Esto provocó que la poca salida de ascenso social que el ejército ofrecía en los tiempos de Las Españas desapareciera en la práctica.
Oficialidad formada por nobles
Las primeas Ordenanzas Generales del siglo, de 1734, fijaron el nombre y funciones de la jerarquía castrense, adoptando las denominaciones francesas –con escasos cambios es la que se utiliza en la actualidad-.
Sin embargo, en 1704 una Real Cédula instauró el empleo del cadete en España, reproduciendo de forma mimética el modelo estamental de la sociedad de la época, basado en la sentencia escolástica Nunc orant, alii pugnant, aliqui laborant que apunta que el papel de la nobleza era el combate, el de los clérigos la oración y el del pueblo llano el trabajo.
Pese a todo, el absentismo de los nobles hacia sus obligaciones militares era similar al rechazo que en la plebe producía la carrera militar. Pese a que esa labor estaba regulada en el Fuero Juzgo y Las Partidas, cuando Felipe V convocó a los hidalgos castellanos aplicando las viejas normas para que acudieran a la campaña de Portugal la resistencia fue tan enérgica que tuvo que anular la orden.
Estas convocatorias no debieron dar grandes resultados; sabemos que en tiempos de guerra la llamada a los nobles no era suficiente y el estado general nutría gran parte de los efectivos, por lo que, como dice Corvisier: “…es una regla general que los ejércitos en tiempos de guerra son más plebeyos que los de tiempos de paz”. El deber estrictamente militar se concretaba para la nobleza en estas llamadas del rey: durante todo el siglo XVIII queda al margen de la obligación de acudir a los levantamientos obligatorios, y más aún, de participar en los sorteos. Todavía perduraba la ida de que el hidalgo iría voluntariamente a empuñar las armas. Así, pues, el noble y el hidalgo siempre permanecieron exentos aunque en el último cuarto de siglo la exención exigía presentar la documentación probatoria de su nobleza o hidalguía[3].
Por ello, intentó atraer a los puestos de mando a la nobleza y, sobre todo, -pensando en el futuro- a la juventud más preparada, creando esa clase de cadetes que tan bien funcionaba en la Francia natal del Rey Borbón.
Imitando el modelo francés una vez más, intentó introducir plazas de cadete en las plantillas del abortado intento de reconstruir la Milicia Provincial en 1704. Después, en 1712, se hizo el ensayo de agregar cadetes a los regimientos de infantería para que diez años más tarde se integraran en los de caballería y dragones.
El cadete se usaba, según las Ordenanzas Generales de 1728 en número de uno por compañía y se reglamentó la forma de ingreso y el plan de formación. Las plazas quedaron reservadas para títulos del reino, sus hijos y hermanos, caballeros notorios y de Órdenes Militares, hijosdalgos de sangre que probasen su calidad e hijos de oficial de empleo superior al capitán
Los más beneficiados por la medida fueron los hidalgos empobrecidos, que aprovecharon la oportunidad para medrar económica y socialmente. Pero claro, esto cortó la escasa posibilidad de ascenso social del pueblo llano, aunque fuera muy difícil siempre había oportunidad en tiempos de los Austrias.
El procedimiento normal para alcanzar tan apetecido grado [el de capitán de Tercio] era por ascenso y, en principio, se esperaba que las vacantes que se producían se cubrieran entre alféreces distinguidos, y no con painaguados inexpertos de altos dignatarios de la corte, como sucedía con más frecuencia de lo que era deseable. No cabe duda, sin embargo, que la calidad media era excelente. Los tratadistas podían lamentarse, sin citar casos concretos ni cifras, del número de jóvenes boquirrubios con influencias que alcanzaban ese grado, sin merecerlo. Pero se conocen los nombres y apellidos de cientos de capitanes que murieron en combate, encabezando un abordaje o un asalto, defendiendo una brecha o una bandera. En esa materia, como en otras relacionadas con los tercios, la realidad era más brillante de lo que a veces se ha dado a conocer.[4]
Teóricamente, las posibilidades de ascenso no eran desdeñables. Una trayectoria ideal era alistarse con veinte años (se pensaba ue con menos edad todavía no se había adquirido la robustez necesaria); ascender a cabo a los veinticinco; a sargento con veintiséis; ser alférez, con veintiocho y capitán con treinta y dos. La costumbre de los grandes, desde el duque de Alburquerque hasta el hijo del de Parma, de servir “con una pica al hobro” antes de alcanzar más altos destinos, reforzaba esa imagen, en parte ilusoria, de una carrera brillante abierta a todos. Pero en realidad, por un mochilero que llegaba a maestre de campo, que algún caso se dio, hubo millares de Migueles de Castro, que no pasaron de arcabuceros. […] Sin embargo, y comparado con sus colegas de otros ejércitos contemporáneos, su situación resultaba casi envidiable. En palabras de un observador inglés: “la disciplina española es muy agradecida con los soldados”, que recibían, si las merecían, “ventajas en las pagas, palabras de ánimo y promesas seguras de las primeras vacantes que se produjeran.[5]
Es decir, que la postura borbónica cercenaba toda clase de intento de ascenso social de la plebe, compartimentando el Ejército. Una medida que tuvo consecuencias contrapuestas, ya que dotó a las fuerzas armadas de una élite científica y técnica, pero hizo más impopular a las armas entre el pueblo llano.
Antes de la Guerra de Sucesión sólo la mitad de los oficiales eran nobles. Treinta años después, el 77,40% de los capitanes pertenecían a la nobleza y el aumento fue progresivo. En 1750 eran el 95,80% y el 95,50% en 1790. Los cadetes solían llegar al cargo de capitán tras nueve años de servicio, mientras las expectativas de carrera de la tropa quedaban anuladas. Pese a todo, aún hubo excepciones y algunos soldados ascendieron a capitán; pero eso sí, tras cuarenta años de servicio.
Eso sí, la entrada de oficiales técnicos y científicos en los cuerpos facultativos –artillería e ingenieros- ofreció un gran destino a la élite de la Ilustración Española. Desde inicios del siglo el Estado Borbónico se esmeró en darles la mejor formación que la época les podía ofertar.
Se crearon escuelas de grandísimo nivel en las que no se escatimaron medios materiales y humanos. Los ejemplos que pone Fernando Puell de la Villa son: la creación de la Real Sociedad Militar de Matemáticas de Madrid, para el estudio de la Física aplicada a la milicia; o la del Laboratorio de Química del Alcázar de Segovia, dirigido por Louis Proust, en donde enunció la Ley de las Proporciones Definidas y donde impartió clase a los alumnos del Real Colegio de Artillería durante veinte años.
Los borbones consiguieron así dotar de una serie de ingenieros y científicos que ayudaron no sólo al desarrollo del Ejército como arma profesional y dispuesta a la lucha, sino que dirigieron las minas del país –hasta la creación del Cuerpo de Ingenieros de Minas en 1777-, las reales fábricas, elevaron el primer globo aerostático que se elevó en España diseñado en Segovia como observatorio de tiro, abrieron los pasos de Guadarrama y Despeñaperros al tránsito rodado y diseñaron los canales de Aragón y de Castilla en uso aún hoy en día –al final patrocinaron la ceración del Cuerpo de Ingenieros de Caminos fundada por el teniente general Agustín de Betancourt en 1802- y la creación de una Armada con excelentes navíos envidiados por las potencias mundiales antagonistas de España en la época, Inglaterra y Francia.
Pese a estas magníficas consecuencias de la medida adoptada para el desarrollo de la sociedad española en general, también se produjeron otras que no produjeron el efecto deseado y que afectaron al desarrollo social del Ejército y a las tensiones políticas de la época.
La primera estriba en que el ennoblecimiento de la oficialidad introdujo un factor de contradicción en la propia estructura social del ejército. Como la administración pública era un virtual monopolio del cuerpo de oficiales, la meta de muchos de ellos fue pasar a formar parte del alto funcionariado provincial, regional o colonial. Es decir, que de dedicar su vida al ejército, como ocurría antes, pasaron a considerar la carrera como una vía de ascenso social y económico.
Por el contrario, el soldado pasó a estar muy profesionalizado, pero se quedó sin premios, porque se vio condenado a pasar toda su vida en el mismo empleo. Esto provocó inmensas diferencias sociales, con la secuela de que se redujo el número de mozos dispuestos a alistarse, en contraste con el exceso de aspirantes a las plazas de cadete.
El soldado del siglo XVIII concebía la milicia como un oficio, como una profesión de por vida que tomaba por falta de recursos económicos. Durante la época de los tercios, a la motivación de la soldada se unía el afán de gloria, la autoestima conseguida de la victoria, el deseo de aventuras y el espíritu de cruzada. Después, sólo sería el medio del que se valían los desvalidas para escapar de la miseria y de la opresión señorial, eclesiástica e incluso familiar.
Las desigualdades se dieron entre los propios oficiales, en función de su origen social. Es decir, a más elevada era la cuna, más acelerados eran los ascensos. En 1742 la mitad de los tenientes generales no pasaban de los 32 años de edad, carecían de formación y habían conseguido los puestos en función de su apellido.
Para Puell de la Villa:
Como consecuencia de lo anterior, hubo muchos militares que se preocuparon más por indagar en los archivos en busca de ilustres antepasados que por prepararse profesionalmente.
La sociedad acusó el fenómeno y tachó a los oficiales de “mozalbetes inexpertos procedentes de casas nobles –decía Cabarrús-, pero de aire agitado y calavera, con instrucción superficial o nula, sin contar con otros méritos que los de sus ascendentes”. El estereotipo llegó a estar tan generalizado que traspasó las fronteras del siglo, hasta provocar obsesión por al formación reglada en academias militares, propia del liberalismo.[6]
Esto también desembocó en otro problema, el político; que se concretó en el enfrentamiento entre militares y golillas por acaparar los altos puestos del Estado; pero eso se tratará en el siguiente capítulo sobre la concepción política del ejército liberal.
El nacimiento del ejército liberal
A partir de la muerte de Carlos III, en 1788, los acontecimientos se acelerarán de tal manera, que poco más de cincuenta años después el esfuerzo de los borbones por crear un ejército profesional y estratificado quedarán hechos añicos.
Las etapas fundamentales de este cambio son el mantenimiento de la tradición militar borbónica hasta la rebelión española contra napoleón en 1808 pese al impacto de la revolución francesa, la Guerra de la Independencia hasta la victoria absolutista de Fernando VII en 1823 marcado por el cambio estructural y social del Ejército provocado por la guerra, y la victoria absolutista de Fernando VII hasta la imposición del modelo liberal en contra de los carlistas que se encontró con un tremendo problema social con un ejército enorme y macrocefálico excesivo para los intereses de España y cuyos problemas heredados no consiguió liquidar el país hasta finales del siglo XX.
El impacto del devenir histórico en la transición al liberalismo fue tremendo, ya que el reino que Carlos III cedió a su hijo era la tercera potencia mundial, la primera colonial del mundo, con una Armada de primera línea y un ejército sólo superado por Francia y Prusia. Sin embargo, poco más de treinta años después se había derrumbado de forma estrepitosa, perdiendo las colonias, sin Hacienda, Armada, Ejército, en bancarrota y sin peso específico en los foros internacionales.
Esto provocó un evidente gran impacto en la estructura militar, que cambió de modelo en varias ocasiones derivadas de la lucha política entre absolutistas y liberales, acabando con la poca autoestima que quedaba entre los militares y liquidando su lealtad al soberano, dependiendo de quién ejerciera el poder legislativo.
La crisis que acabó con el Antiguo régimen también lo hizo con la guerra racionalizada, entrando en la época de la guerra total y despiadada. Eso lo provocó la entrada del pueblo a formar el ejército al considerarse tal cuestión un deber del ciudadano. La idea del ejército ciudadano es propia de la Revolución Francesa y se hizo realidad tras la batalla de Valmy en 1792, cuando un ejército de ciudadanos derrotó a los profesionales Prusianos y Austriacos que querían devolver al trono a Luis XVI, herederos de la tradición gloriosa de Francisco el Grande.
El 20 de septiembre de 1792, el día en que se produjo la batalla, marcó una inflexión histórica clara y marcó el espíritu del nacionalismo bélico del siglo XIX y determinó el modelo a seguir por el liberalismo: el de un ejército movilizado en defensa de un ideal, en el que cada soldado se sentía responsable del resultado. Napoleón consiguió conquistar Europa porque desarrolló con celeridad este principio, mientras sus oponentes se ceñían al sistema tradicional.
Sólo cuando España se rebeló contra Napoleón, adoptando en esencia el mismo modelo, las cosas comenzaron a estabilizarse; Rusia copió el sistema de rebelión español en 1812 con evidente éxito y el peso de estas dos experiencias lanzaron a Prusia en 1813 hacia un mundo bélico desconocido hasta entonces.[7]
La masificación de los ejércitos incidió sobre todo sobre la estructura sociológica de los pueblos y tuvo unas derivaciones claras hacia el campo de lo político. Pero el cambio se acusó mucho más en la vertiente militar. El reclutamiento de enormes contingentes de ciudadanos, aparte de sacar la guerra del contexto limitado en el que se había mantenido, modificó de forma profunda la organización y estructura de los ejércitos.
La revolución liberal acuñó el concepto de ‘Nación en Armas’, que se aplicó en cada país de forma diferente. Francia, que defendía el concepto de que el ciudadano debía servir en el ejército, terminó aborreciendo el sistema en 1815. En Prusia, la recluta masiva fue consecuencia de las guerras de liberación napoleónicas: para expulsar al agresor se creó un ejército nacional y popular de tal forma que sus éxitos arraigaron en la sociedad de tal forma que ésta terminó por militarizarse totalmente.
En el caso español es preciso distinguir que la influencia de la Guerra de Independencia es tremenda, pero también la pérdida de las colonias y la profunda bancarrota que dejó al país inerme durante casi dos siglos en la política internacional.
Pero antes de que se produjera el desastre, el propio Godoy insinúa en sus ‘Memorias’ que la Guerra de los Pirineos le hizo comprender que el modelo francés de ‘Nación en Armas’, era tan válido o más que el profesional, siempre que los ciudadanos-soldados consideraran atractiva la causa por la que eran convocados.
Por ello creó una ordenanza de reemplazos en 1800, aunque se basó demasiado en la dictada por el conde de Aranda en 1770. De forma irónica, la ordenanza de Godoy se usó por primera vez para reclutar tropas en la Guerra de Independencia. Las Cortes de Cádiz se dedicaron a diseñar el perfil del ejército liberal basado en el concepto francés de nuevo [Eso se estudiará en el siguiente capítulo del trabajo].
A partir de ahí, y otros factores, se creó la Milicia Nacional, constituida por ciudadanos voluntarios con cierto nivel de renta, que dependería de las Cortes y sería independiente del Ejército del Rey. Este ejército paralelo crearía durante unos años una sociedad imbuida de un fuerte componente paramilitar, concebido como bastión del liberalismo, que chocó con gran dureza con el concepto absolutista de Fernando VII.
El Deseado, ignorante del proceso de cambio producido en España durante la guerra contra los franceses, desarticuló el ejército[8] paralelo al imponer su criterio de volver, sin más, a la situación de 1808 y los liberales se valieron del ejército para imponerle sus ideas, como hizo Riego al levantarse a favor de las Constitución de Cádiz.
En 1821, las Cortes del Trienio Liberal precisaron las características del modelo militar elegido en 1812 mediante la primera Ley Constitutiva del Ejército promulgada en España. La ley llevó el concepto de ‘Nación en Armas’ a sus últimas consecuencias y estableció el principio de que la defensa del país debía estar exclusivamente en manos de los ciudadanos “verdaderamente interesados en la independencia y en la gloria nacional”. A este objeto, las Tropas de Continuo Servicio se redujeron al mínimo imprescindible y se constituyeron unidades de milicianos nacionales en las ciudades.[9]
Sin embargo, este ejército no fue efectivo, ya que fue barrido casi sin forzar la máquina por la coalición llamada ‘Los cien mil hijos de San Luis’ que volvió a entronizar al monarca absoluto Fernando VII.
El Ejército Nacional
El Borbón luego llamado ignominioso, se encargó de eliminar el concepto liberal del Ejército español. La liquidación del mismo, la segunda en pocos años, fue esta vez mucho más drástica que la anterior: se depuró a la oficialidad profesional –compuesta ya no sólo por nobles sino también por ciudadanos burgueses y plebeyos debido a la necesidad de reemplazos de la guerra de la Independencia[10]- y se licenció a la práctica totalidad de la tropa regular.
El gran número de cuadros reclutados para la Guerra de la Independencia originó el monstruoso crecimiento del cuerpo de oficiales, llegando a la proporción de uno por cada veinte soldados.
Sin embargo, pese a lo que parezca, Fernando VII se ocupó de forma especial y seria por solventar los problemas militares y logró crear un ejército formado por soldados bien pagados, obedientes y disciplinados; eso sí, bajo el mando de oficiales muy preparados y profesionalizados pero muy leales a su gobierno.
La razón de la inquina del rey Borbón por la Milicia Nacional se debió a un ponderado análisis sobre las causas del levantamiento de Riego. Asó que la reorganización del Ejército[11] se efectuó con rigor y seriedad, con lo que se convirtió en un instrumento eficaz y disciplinado. Los oficiales y la tropa recibieron del monarca un tratamiento muy privilegiado, con lo que consiguió una lealtad acrisolada. Consiguió así, de forma muy inteligente, que la oficialidad de nueva creación se distinguiera tanto por su oposición a las ideas liberales de 1820 como a las absolutistas de 1824. Esto provocó que desoyeran la convocatoria de do Carlos y respaldaran de forma unánime los derechos sucesorios de Isabel II durante los siete largos años de guerra civil carlista.
El Ejército Isabelino
Durante la minoría de edad de Isabel II, la regente María Cristina de Borbón emprendió la paulatina liberalización de la estructura estatal. En consecuencia se reorganizaron las fuerzas armadas, a las que se le añadió el Cuerpo de Sanidad Militar.
Al surgir la contienda carlista, se produjeron una serie de consecuencias en el Ejército español. La primera fue la desaparición de las tropas extranjeras pero se produjo la reducción de la Guardia Real, el incremento de las unidades de infantería ligera –los Cazadores-, la integración de milicianos y regulares y una espectacular evolución de las tropas de artillería que ganaron en fuerza y movilidad.
Al término de la guerra, Espartero tenía bajo sus órdenes 264.924 hombres, cuya operatividad y grado de instrucción podían compararse con los de los demás ejércitos europeos de la época. Un tercio de los mismo – 61.076 milicianos provinciales y 36.047 voluntarios de los cuerpos francos- no pertenecían al ejército regular, pero se reclutaban, regían internamente y combatían con idénticas normas.
Los siete años de guerra Carlista se caracterizaron por la completa movilización de la población rural masculina. Sólo en el lado liberal se decretaron nueve quintas que llamaron a filas a un total de 370.00 hombres, lo que comparado con la cifra de los 75.000 hombres quintados en todo el siglo XVIII o los 200.000 de la Guerra de Independencia habla del aumento de necesidades de grandes contingentes para triunfar en las artes bélicas.
Mendizábal declaró soldados a todos los mozos alistados y aprobó el 2 de noviembre de 1837 una nueva ley de reemplazos, cuyo articulado reprodujo casi de forma literal el de la malograda ordenanza de 1823, con un tratamiento estadístico de distribución de los cupos, regulación anual de las operaciones de alistamiento y sorteo y creación de órganos especializados en la administración y control de reclutamiento. Hasta que no llegaron los ordenadores la operativa de 1837 siguió usándose: el mismo tipo de bombos y bolas de madera que se usaban en el sorteo continuaron hasta entonces.
Firmada la paz, se emprendió la tercera liquidación del ejército decimonónico, pero se dejó pendiente el enrevesado problema de dar salida digna al excedente de los 11.000 oficiales que habían servido en los dos bandos. En agosto de 1842 se reorganizaron las unidades de infantería sobre una plantilla de 500 jefes, 4.000 oficiales, 5.000 sargentos, 8.000 cabos y 60.000 soldados, distribuidos en 31 regimientos de tres batallones.
En 1844 Narváez inició otra nueva fase de reformas militares de enorme importancia, que significó la creación de lo que hoy conocemos como Ejército Español. En este esquema el ejército sólo debía desempeñar tres de las seis funciones atribuidas a los cuerpos armados: la custodia del prestigio exterior de la monarquía, la defensa del territorio nacional y la salvaguardia de la constitución interna del Estado.
Al respecto del reclutamiento, Narváez introduce una variación, al autorizar que los quintos eludieran el servicio depositando 6.000 reales para subvencionar un voluntario que ocupara su lugar[12]. Los cambios del sistema de quintas desembocaron en otra nueva ley de prestación del servicio militar, de nuevo promulgada por un gobierno de Narváez. Las impresionantes victorias prusianas sobre Austria en 1866 hicieron ver al último gobierno de Isabel II la necesidad de establecer un servicio militar de cuatro años más otros cuatro en reserva.
La Guardia Real dio paso a la creación de la Guardia Civil con gran parte de sus efectivos. Se unificaron las armas de infantería –Tropas de Continuo Servicio y Milicias Provinciales-, formalizando la tendencia iniciada por Aranda y Godoy. También se crearon batallones de reserva, con oficiales que sólo cobraban la mitad del sueldo.
Esto provocó que la oficialidad de reserva se considerara injustamente relegada tras haber contribuido a la victoria del liberalismo, así que se consideró que debían cobrar el mismo sueldo que los movilizados. La misma norma decretó que los soldados pasaran a sus casas en situación de reserva durante los dos últimos años de servicio obligatorio, lo cual quería decir que para poder pagar el excedente de oficiales, se decidió equilibrar el presupuesto mediante un recorte en la duración del servicio militar.
Sin embargo, esta situación de macrocefalismo en la estructura militar provocó una serie de problemas que no pudieron resolverse hasta pasados 130 años, con la promulgación del régimen constitucional de 1978.
Además, la falta de presupuesto militar provocó que la tropa viviera en unas condiciones penosas, lo que, unido a la cada vez mayor importancia de la oficialidad en asuntos de Estado –una asonada podía cambiar un gobierno en aquellos tiempos-, que no soportaba las condiciones de vida de la tropa y querían mejorarla, configuró la evolución del primer ejército liberal hacia unas fuerzas armadas conflictivas, de gran cantidad pero de baja calidad.
Noción política del Ejército liberal.
La creación del Ejército liberal en España se configuró dentro de una lucha de poder ya configurada en el estado absolutista: la competición entre golillas y militares por el control de la administración pública.
La Constitución de 1812 dedicó todo su Título VIII a definir el nuevo modelo de institución castrense. El diseño respondió a las ideas y conceptos que se debatieron en las Cortes de Cádiz, la mayoría procedentes del extranjero, pero también por el obsesivo afán de cambiar las estructuras de los Reales Ejércitos de la Ilustración, identificados como elejército de Godoy.
Los diputados gaditanos mitificaron el concepto de ‘Nación en Armas’ y mostraron mucho recelo hacia el poder que el control del aparato militar proporcionaba al rey. Además, en los debates, según Puell de la Villa,[13] se puede detectar un componente antimilitarista que hundía sus raíces en la desconfianza de los constitucionalistas de los Estados Unidos de América a las estructuras militares regulares, así como en la corriente pacifista del siglo XVIII que está patente en la obra de los enciclopedistas.
Estos factores condicionaron la creación de un sistema mixto, con unas Tropas de Continuado Servicio y otra de carácter paramilitar, como la Milicia Nacional compuesta de hombres que se suponen leales a las Cortes de Cádiz y su mandato.
La discusión política fue intensa y las posiciones enconadas, con los militares afirmando que tenían menos representación de la debida y los golillas intentando controlar las aspiraciones de sus enemigos. Sin embargo, del resultado del debate se configuró el primer ejército liberal español, aún en combate con los franceses y expuesto a graves pérdidas, derrotas y extremas reorganizaciones causadas por la situación estratégica del conflicto con las tropas napoleónicas.
La Guerra de la Independencia
La revolución social que supondría el terrible conflicto contra las tropas napoleónicas provocó también un radical cambio del Ejército. Ya hemos indicado que las necesidades de la guerra abrieron de par en par las puertas a una oficialidad plebeya, ya que la nobleza no podía asumir la carga de la guerra.
Pero sin embargo, los altos mandos del Ejército Patriota, que discutían la nueva configuración de las fuerzas armadas en las Cortes de Cádiz, seguían la ideología absolutista, con lo que chocaron en multitud de ocasiones con las intenciones de los liberales al respecto de la organización de las tropas estatales.
El conflicto con los franceses venía larvado desde 1804, cuando el emperador Napoleón instó a España a que declarara la guerra de Inglaterra. El resultado fue la desastrosa batalla naval del cabo de Trafalgar, en la que se perdieron navíos muy importantes para mantener la calidad necesaria para combatir a la Royal Navy.[14]
Además, Napoleón fue reclamando tropas a Carlos IV para otros teatros de operaciones como Nápoles o Dinamarca, con lo cual alejó los mejores soldados de la península ibérica y esquilmó la capacidad militar del Ejército español.
Durante 1807 y 1808 Napoleón fue tomando posiciones en España, lo que acrecentó el malestar popular hacia estas tropas y derivó al final en un doble levantamiento masivo contra el ejército francés y las autoridades que permitían esa situación, como indica el catedrático francés Gerard Dufour:
La primera característica de este levantamiento es su talante específicamente local o regional. No se levanta España, sino las Españas y un estudio detallado de los acontecimientos en cada región revelaría una situación que confina (según no dejaran de insistir los partidarios de los franceses) con la anarquía. El principal es la voluntad popular de luchar contra los enemigos, incluyendo entre los enemigos a cuantos no se atreven a oponerse a los franceses y permanecen en sus puestos colaborando, incluso pasivamente, con ellos. Es la escisión de España en dos bandos: patriotas y traidores o’afrancesados’. Traidores que el pueblo, ya sin respeto por el rango social o los cargos administrativos, no duda en ejecutar. El conde de Albalat en Valencia, el conde de Águila en Sevilla, el gobernador conde de la Torre del Fresno en Badajoz, los corregidores de Vélez Málaga y la Carolina, los generales Solano, en Cádiz, y Trujillo, en Granada, encabezan una larga serie de víctimas que pagaron con su vida más bien que un auténtico ‘afrancesamiento’ (ideológico o político), su obediencia a las órdenes de Madrid y su obsesión por el mantenimiento del orden.[15]
La revuelta se convierte en una auténtica revolución al conocerse que el rey Fernando VII ha firmado la renuncia al trono en Bayona, pero el pueblo no pasa de ser un brazo armado que en la práctica delega de forma inmediata su representatividad en jefes naturales: un jefe religioso como el padre Rico en Valencia-, un procurador general como Gregorio de Jove en Gijón, un aristócrata como el conde de Tilly en Sevilla y un capitán general como Palafox en Zaragoza.
Ese acatamiento a la jerarquía social tradicional, por supuesto, corre pareja con el objetivo primordial de estas protestas: el establecimiento del soberano español en todos sus derechos, o sea la defensa de la tradición. Lo cual no impide que estos jefes naturales, en los que el pueblo ha depositado su confianza se vean legitimados en nombre de la tradición, pero por el pueblo. De hecho (con o en la mayoría de los casos, sin conciencia de ello) se ha aplicado la teoría según la cual, en caso de impedimento del monarca, se devuelve la soberanía al pueblo.[16]
Esto marca también el inicio de un nuevo concepto político de España, ya que esta devolución de soberanía al pueblo se manifiesta también de forma clara en la creación de Juntas que en lo local vienen a sustituir a una administración desacreditada, sino también al propio gobierno de Madrid.
Aunque todas las Juntas asuman el poder en nombre de Fernando VII, en realidad suponen una ruptura fundamental con el famoso centralismo borbónico. Sin embargo es de notar que las juntas tienen un ámbito territorial (local y regional) que recuerda bastante a la anterior estructura de los Austrias.
Todo esto desembocó, dos años después y tras largas deliberaciones, en la convocatoria de unas cortes en Cádiz con dos fines: el primero, contrarrestar la declaración de la Carta de Bayona de 1808; y el segundo, redactar una Constitución basada en los usos tradicionales políticos españoles para adecuar a España a la nueva situación mundial elaborando un acuerdo entre el pueblo y el Rey.
Esto, en esencia, era una ruptura con el absolutismo anterior, ya que en realidad la mayoría de los diputados el bando patriota o eran partidarios de forma clara del liberalismo o se encontraban en una posición intermedia.
Sin embargo, la resistencia de los absolutistas –agrupados en torno al partido Fernandino, heredero del de los Aragoneses, y en el que se integraban clérigos y militares defensores de la tradición-, provocó una serie de polémicas que configuraron una constitución a medio camino entre la tradición y la revolución, algo muy característico del sistema liberal y democrático español.
Las Juntas locales y la crisis del Ejército Real
Entre muchos de los debates, la configuración de las fuerzas armadas fue uno de los más importantes, por cuanto se debía normalizar su lealtad y determinar quién ejercería el mando sobre ellas. En realidad los soldados debían su lealtad al Rey, que era hasta entonces quien detentaba el mando sobre ellas, pero los diputados requerían que la cedieran a las Cortes, como órgano de representación soberana del pueblo.
Las viejas disputas entre los golillas y los militares salieron a la luz, empeñados unos en subordinar a las fuerzas armadas a la Administración estatal y otros en mantener su lealtad al Rey, aunque estuviera preso en Bayona, y el estatus adquirido con anterioridad. Roberto Blanco Valdés define la situación así:
La crisis del Antiguo Régimen se abre en España con el colapso político de sus instituciones más representativas; como ha escrito Artola, en su ya clásico ‘Orígenes de la España Contemporánea’, “fracasaron los reyes, abandonando innoblemente a su pueblo; la Junta de Gobierno, tolerando a Murat como su presidente; las audiencias, aceptándolas; y sus capitanes generales intentando mantener una legalidad periclitada”.[17]
El derrumbamiento de todas las autoridades tradicionales provoca una situación de orfandad al Ejército que acabará con su estructura en poco tiempo, ya que su dependencia de éste de la figura real era tan importante que provocó el brutal distanciamiento de los mandos de la sociedad, lo cual contribuyó a que se los cuestionara de tal manera que el pueblo rompió con el Ejército Absolutista, lo cual significó su desaparición como tal y abrió el proceso de reforma de forma abrupta.
El Ejército real y estamental sufrió las consecuencias de la acefalia real de forma trágica para los intereses del pueblo. La práctica totalidad del mando militar aceptará el hecho consumado de la ocupación francesa y siguiendo el principio de obediencia ciega a las órdenes superiores –incluso esperaban a las órdenes del Emperador para que decidiera quién sería el nuevo monarca “porque un pueblo no puede estar sin rey, sea el que sea”-, fue incapaz de distinguir el interés nacional más allá del supuesto interés dinástico al que se subordinaba la actividad militar en aquellos tiempos.
La aparición de las Juntas, para hacer frente al vacío de poder, contó con la resistencia de algunos capitanes generales -con los resultados explicados con anterioridad en algunos casos-, así que éstas se vieron en la necesidad de construir una fuerza armada con la que vertebrar y dar salida a la creciente resistencia popular. Esto quedará marcado en las discusiones de las Cortes de Cádiz referentes al protagonismo de las fuerzas armadas en el nuevo sistema político que estaban creando.
El principal objetivo de las Juntas locales y provinciales fue, desde el inicio de la rebelión, la organización y el impulso del esfuerzo bélico. Tras la resistencia inicial de los mandos militares absolutistas y el fracaso posterior de los mismos en el campo de batalla –ya que la fuerza ideológica y logística del ejército nacional francés era muy superior al anquilosado Ejército español-, pese al espejismo de Bailén, las Juntas se vieron en la necesidad de transformar y dar cuerpo a unas fuerzas armadas que pasaron de su carácter “privado y defensivo” a otro “ofensivo y nacional”.
Lo más importante fue la ejecución de un reclutamiento general sin exenciones, ordenado por la mayor parte de las Juntas creadas, lo que se tradujo en un vertiginoso crecimiento cuantitativo del Ejército. Esto creó, en lo político, una sustancial transformación de la definición desde el punto de vista de la composición y funcionamiento internos.
En efecto, el reclutamiento general fue el que hizo estallar la composición estamental del Ejército real. Este fue sin duda la primera y más fundamental de las modificaciones organizativo-estructurales que implementó la conflagración armada de 1808. Las Juntas realizaron un llamamiento sin excepciones personales, lo que suponía un verdadero punto de ruptura con la concepción del servicio militar del ‘Ancien Régime’, al dejar de ser éste una obligación del vasallaje, por tanto, estamentalmente soportada, y constituirse en una prestación a la nación, a la ‘patria’, que a todos atañía por igual.[18]
El espectacular incremento de los efectivos militares supuso una doble transformación de los principios organizativo-estructurales rectores del cuerpo de oficiales: quebraba la cadena de mando regular y destruía el monopolio estamental de la oficialidad.
La ruptura de la cadena de mando afectó al estrecho vínculo Rey-ejército, por virtud del cual, era el soberano el que elegía y nombraba a jefes y oficiales. La ausencia del monarca trasladó a las Juntas tan relevantes facultades militares, lo que causó la deposición de muchos mandos militares tradicionales sospechosos de no estar identificados con la causa nacional; y la concesión de una gran cantidad de ascensos meteóricos para crear un cuerpo de mando leal a la soberanía popular.
Desaparecido el soberano absoluto y en una situación de guerra total, se generó una unidad material entre la política y la guerra que en esencia mezcló lo civil y lo militar, algo que por propia definición era imposible en el Antiguo Régimen. Esto causó una abierta confrontación por la definición de la política nacional por un poder civil que aparecía como originario y no deudor de otra legitimidad que la del pueblo sobre las armas y unas autoridades militares que no encontraban otros límites que los que pudiera oponerles la nación.
Las Cortes definen el nuevo Ejército
En septiembre de 1810 se reúnen tras dos largos años de guerra, las Cortes en Cádiz. Allí, entre otras muchas cuestiones, se ha de establecer una ‘Constitución militar’ que defina las características del nuevo Ejército Nacional, e integrarla dentro de la Constitución general que se promulgaría en 1812.
Las Cortes se apropian del concepto de soberanía en un principio, pese a la resistencia de la Regencia y dividen los poderes del estado en Ejecutivo (Regencia), Legislativo (Cortes) y Judicial, al estilo de la época. La disputa surgió en torno al Proyecto del Reglamento Provisional para el Consejo de Regencia.
En él se limitaba el poder de la Regencia (en teoría el Real) a la hora de efectuar los nombramientos militares. La Regencia tenía potestad de proveer todos los empleos y cargos militares con arreglo a la ordenanza militar en vigor, mientras las Cortes no la variasen, pero tenía la obligación de comunicar en sesión secreta los nombramientos de Virreyes, capitanes generales, generales en jefe de los ejércitos y fuerzas navales en ambos hemisferios y provincias en la península y ultramar, así como los intendentes en América y Asia. Es decir, que las Cortes se arrogaban la aprobación final.
También las Cortes reclamaban competencia fiscalizadora sobre el estado militar del Reino, obligando a la Regencia a pasar cada mes una nota del estado del Ejército. Por último, las Cortes querían ser competentes para ratificar los tratados político-militares.
En la Constitución de 1812 se transmiten varias de estas cuestiones, al determinar en su artículo 170 que la autoridad del Rey “se extiende a todo cuando conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la constitución y las leyes”. En el artículo siguiente también se afirma que tiene facultades (16) para “declarar la guerra, y hacer ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las Cortes” (3.ª), “proveer todos los empleos civiles y militares” (5.ª), “mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales” (8.ª).
Pero también tiene limitaciones, como la quinta del artículo 172: “No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes”. O la sexta: “No puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes”.
¿Y cuáles son las atribuciones de las Cortes? Pues, en el artículo 131 se indican entre las 26 que dispone: “Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los especiales de comercio” (7.ª), “Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el reino” (8.ª), “Fijar todos los años a propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra” (9.ª), “Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen” (10.ª).
Es decir, que limita las funciones del Rey en el control de la política bélica, otra de las muchas causas por las que Fernando VII repudió la Constitución.
Con todo ello, las Cortes demostraban que pretendían tomar el poder sobre la soberanía nacional, ya que se sentían a la vez poder legislativo y Congreso nacional. La disputa por la soberanía afectaría al nuevo concepto del Ejército, su uso y su lealtad hacia las Cortes, aunque en realidad éstas no pudieron aprobar una ley militar y fueron las Cortes del Trienio liberal las que lo hicieron basándose en sus trabajos.
La concepción del Ejército nacional Español se produjo desde tres puntos de vista distintos, dos externos a las Cortes y el debate de las mismas. Los dos primeros son dos de los nuevos militares liberales que publican en periódicos dos proyectos de Constitución Militar, Vicente Sancho y Álvaro Flórez Estrada.
En resumen, según Roberto Luis Blanco Valdés, la regulación de la ley marcial prevista en el proyecto liberal español se traducía en un complejo sistema de mecanismo de equilibrios basado en cinco principios esenciales:
Con todos ello se pretendía evitar el abuso de una fuerza armada permanente, bien por parte del monarca, bien por parte del mando militar que hasta entonces había estado a su servicio. Por guardia constitucional se entiende la Milicia Nacional.
La reacción de Fernando VII
Las Cortes de Cádiz no fueron capaces de aprobar la ley reguladora del Ejército, aunque su desarrollo contribuyó a crear el modelo liberal de esta institución. Fernando VII, en 1814 abolió todo el trabajo constituyente y volvió al sistema absolutista, con el paréntesis del trienio liberal –que sí aprobó con celeridad una constitución militar que falló por la nula efectividad de su guardia constitucional, la Milicia Nacional, para defender la Constitución ante los ‘Cien mil hijos de San Luis’- hasta que su viuda, la regente María Cristina, se tuvo que apoyar en 1833 en los liberales para que su hija Isabel II pudiera reinar.
Conclusiones.
La reacción de Fernando VII aboliendo los logros liberales era lógica, dada la educación previa de un rey en un sistema absolutista. Lo que no pudo evitar Fernando VII, incluso reformando con gran acierto el ejército como indicamos en la primera parte del trabajo, fue la fuerza del devenir histórico.
Es lógico comprender a un rey criado en conceptos absolutistas como atacado en su honor por la ingerencia de sus súbditos. ¿Cómo podrían atreverse tan sólo a decirle qué es lo que podía hacer o no y siendo el comandante supremo de sus ejércitos? Incluso durante el trienio liberal estuvo más o menos sometido a las Cortes y en ocasiones en situaciones de verdadero secuestro, porque el Deseado veía el sistema liberal como un ataque a su honor como rey.
Los liberales se sintieron a su vez decepcionados porque el Rey al que habían defendido y vuelto a poner en el trono durante una guerra de grandísimos esfuerzos contra el mejor ejército del mundo, tiraba todo su trabajo -encaminado a modernizar a España y a colocarla entre los primeros países del mundo en determinar una Constitución moderna- a la basura; en el fondo, otra cuestión de honor mancillado. Sin embargo, los liberales consiguieron en poco más de veinte años que el sistema cambiara y que el propio rey fuera devolviéndoles su prestigio perdido al llamarlos a apoyar la sucesión de su hijo no nato, que resultó ser mujer y chocar contra la tradición sálica.
La guerra Carlista fue uno de los últimos intentos de devolver la estructura absolutista a un país que ya había tomado hace tiempo la senda liberal; el profundo cambio en la estructura del Ejército y la ruptura con el concepto del Antiguo Régimen hizo posible que las fuerzas Cristinas derrotaran a las del pretendiente Carlos tras los siete años de guerra civil.
Porque, como demuestra la historia, el Ejército es una institución que en general se dedica a proteger la tradición de un pueblo, pero cuando las ideas se introducen en él y el gobernante se niega a asumirlas por el bien común o la mejora del Estado, suele apoyar la revolución política o social sobre todo cuando ha tenido procesos abruptos de crecimiento y asunción de ciudadanos en sus filas –ejemplo claro de ello es la reforma militar de Mario en la Roma Republicana, que al incluir miles de aliados en las filas de las legiones para conseguir la nacionalidad romana provocó un cambio tan radical en el ejército que años después provocaría el recambio de la República por el Imperio-.
El problema que surgió a partir de la coronación de Isabel II es que los propios militares se fueron dando cuenta de su importancia para mantener el estatus político o cambiarlo, con lo que España entró en una dinámica de asonadas y levantamientos que terminó desembocando en una cruentísima guerra civil al finalizar el tercio del siglo XX.
| ||||||
4. El Ejército como instrumento de la política. Teoría y práctica del Pronunciamiento. Moderados versus progresistas.
Militarismo en España
El militarismo en España es un tema clásico de la historiografía de la Edad Contemporánea en España. El militarismo español se expresó a través del pretorianismo o predominio de los militares en la vida política. Frente la debilidad y sucesivos fracasos (denominados desastres) de la presencia colonial exterior, la aplicación principal del ejército fueron las sangrientas guerras civiles y la represión política y social interna. Además de su papel como poder fáctico (o Estado dentro del Estado), el prestigio del llamado estamento militar le mantuvo como una parte de las clases dominantes, que incluso llegó a generar comportamientos que superaron el tradicional corporativismo para ser descritos como endogámicos o de casta.
Siglo XVIII
El concepto de militarismo se restringe a los periodos posteriores al proceso por el que el estamento militar español comienza a formarse como tal, cosa que no sucede hasta el siglo XVIII.
El momento decisivo fue el ascenso al poder del llamado partido aragonés del conde de Aranda, que en 1766 había sustituido (basando precisamente su fuerza en el control del ejército) al equipo ministerial representado por el marqués de Esquilache, caído en desgracia como consecuencia del motín homónimo. Para esa época se ha señalado la presencia en la corte de grupos de presión definidos como togas -letrados-, mitras -obispos- y corbatas -militares-.
Las Reales Ordenanzas de Carlos III (1768) dieron consistencia al nuevo concepto de ejército español, basado en el reclutamiento de quintas y en una oficialidad cada vez más profesionalizada, especialmente en algunos cuerpos cuya formación técnica era muy sofisticada (marina -Academia de Guardias Marinas de Cádiz, desde 1717-, artillería -Academia de Artillería de Segovia, desde 1764-). No obstante, todavía seguía estando sujeto a criterios estamentales inevitablemente ligados a la sociedad propia del Antiguo Régimen, que entendía la función militar como un privilegio de la nobleza.
Manuel Godoy es un caso evidente de ascenso político de un personaje de origen militar, aunque la causa no era su carrera profesional, sino otros peculiares méritos que le acercaron a la reina y posteriormente al rey Carlos IV. Ennoblecido con toda clase de títulos, entre ellos usó el de Generalísimo.
De forma mucho más evidente, el predominio de los militares en la vida política y social española fue masivo a partir de la Guerra de Independencia Española (1808-1814) que significó el final de las relaciones sociales tradicionales que imponían a los hijos segundones de la nobleza entrar en el clero. Fue un hecho muy significativo que muchos clérigos tomaran las armas (colgando o no los hábitos). Las posteriores alternativas políticas del reinado de Fernando VII (1820-1833) tuvieron mucho que ver con su desconfianza al estamento militar, mayoritariamente liberal y que comenzó a protagonizar los primeros pronunciamientos militares (Porlier, Lacy, Milans del Bosch,Espoz y Mina, Riego -el más importante de todos, el de 1820 en Cabezas de San Juan-, Torrijos) que a partir de entonces caracterizarían la historia española durante más de un siglo, hasta 1936.
Segundo tercio del siglo XIX
El reinado de Isabel II se caracterizó, desde su mismo inicio junto a la guerra carlista, por el predominio de los llamados espadones, militares a los que las distintas facciones liberales confiaban su llegada al poder, no mediante las elecciones, sino mediante los pronunciamientos. En concreto el grupo cercano al espadón progresista, el general Espartero, eran llamados los ayacuchos, por haber participado en las campañas militares de las guerras de independencia hispanoamericana. El general Narváez actuó como principal espadón del moderantismo, mientras que el general O'Donnell intentó la formación de un partido de Unión Liberal. El despliegue de la Guardia Civil (Duque de Ahumada, 1844) significó el triunfo de la versión burguesa-conservadora de la milicia como garante del orden público frente a la versión burguesa-revolucionaria de la milicia nacional. En el bando carlista, el protagonismo de los militares también fue muy fuerte (Zumalacárregui, Maroto).
.JPG)
Sexenio revolucionario
La revolución de 1868 fue protagonizada por un triunvirato militar: el general Prim, el general Serrano y el almirante Topete; y aunque elsexenio revolucionario fue un intento de vida política con predominio civil (desde el asesinato de Prim), la gravitación de los militares sobre ella fue ineludible a partir del momento en que la Primera República Española tuvo que confiar en los hasta entonces postergados militares monárquicos (alfonsinos) para la represión de la revolución cantonal. A partir de este periodo, el predominio ideológico en el ejército, hasta entonces progresista, pasa a ser conservador. También por entonces comenzó a conformarse como una opción ideológica el antimilitarismo, que previamente se manifestaba en el rechazo al sistema de quintas, pero que a partir de la difusión del movimiento obrero en España comenzará a contar con organización y expresiones teóricas conscientes que se difunden por amplias capas de la población.
El golpe de Estado del general Pavía (3 de enero de 1874) abrió un periodo de gobierno personal de Serrano (denominado habitualmente dictadura de Serrano), durante el que los intentos de Cánovas por conseguir la vuelta de la monarquía por procedimientos civiles se vieron frustrados por los propios militares alfonsinos, con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto (29 de diciembre de 1874).
Restauración y Guerra de África
El periodo de la Restauración, a pesar de caracterizarse por el turnismo pacífico entre partidos dirigidos por civiles, no ocultaba el papel de los militares, especialmente por su especial cercanía a la figura del rey, que se presenta explícitamente como un rey soldado
El desastre de 1898 significó una ruptura trascendental para los militares españoles y en el aspecto político abrió la crisis de la Restauración.
Se hicieron evidentes la relación especial de Alfonso XIII con los militares y las cada vez más frecuentes intervenciones de éstos en política interior buscaba en el ejército, de forma cada vez más apremiante, la salvación mediante una solución excepcional que no tuviera por qué seguir los procedimientos legales: un cirujano de hierro (expresión regeneracionista acuñada por Joaquín Costa). Tal solución, expresada inicialmente en el apoyo a operaciones fallidas como la del general Polavieja, triunfó de forma definitiva en un golpe de Estado dado precisamente por el capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera. Su dictadura (1923-1930) fue un régimen similar en ciertos aspectos y en otros diferenciado del contemporáneo fascismo italiano.
Las injusticias del sistema de reclutamiento (soldado de cuota, que permitía librarse del servicio a los que pudieran pagar la redención a metálico y sustitución), demostraron ser insoportables a partir del escándalo subsiguiente al desastre del barranco del Lobo (27 de julio de 1909) y de las movilizaciones antimilitaristas de la Semana Trágica. Se intentó mitigarlas con la Ley de Bases del Servicio Militar de 1911 y el Reglamento de 19 de Enero de 1912, que limitaban el privilegio del pago de la cuota (entre 1500 y 5000 pesetas): ya no libraba completamente del servicio, pero reducía el tiempo y permitía elegir destino. Tal condición se mantuvo hasta la Guerra Civil y se suprimió definitivamente en 1940.
Durante el primer cuarto del siglo se había producido la africanización del ejército (militares africanistas, los que participaban en la guerra de África y ascendían por méritos), cuya máxima expresión fue la Legión española (fundada en 1920 por Millán Astray y Francisco Franco). La exaltación de los valores militaristas llevó a decisiones temerarias como la que condujo al general Silvestre al desastre de Annual (22 de julio de 1921). La investigación parlamentaria que pretendía depurar las responsabilidades del desastre (informe Picasso) apuntaba al propio rey, y fue una de las principales razones que llevaron al golpe de Primo de Rivera. El dictador tomó como una de sus principales fines la resolución militar de ese conflicto (desembarco de Alhucemas, 8 de septiembre de 1925).
La mayoritaria opción de los militares por el conservadurismo no significaba que no hubiera una significativa parte del ejército de ideología progresista, con una numerosa presencia de militares en la oposición republicana, especialmente de mandos intermedios. Se produjeron intentos insurreccionales como el de los tenientes Galán y García Hernández (sublevación de Jaca 12 de diciembre de 1930).
Segunda República y Guerra Civil
El denominado problema militar fue uno de los que afrontó la Segunda República desde su inicio. La Constitución de 1931 excluía a los militares de cargos políticos. La política de Manuel Azaña como Ministro de la Guerra, y su reforma militar de 1931 que incluyó el cierre de la Academia militar de Zaragoza (dirigida por Franco, que se despidió de los cadetes con la advertencia se deshace la máquina, pero la obra queda) fue considerada por muchos militares como una agresión. La inicial neutralidad del ejército pasó a ser hostilidad de una parte importante a partir del golpe de Estado del general Sanjurjo (1932), que no fue reprimido con dureza.
Durante el bienio conservador, la utilización del ejército de África en la represión de la revolución de Asturias (1934) significó un punto trascendental en la identificación de la mayor parte del ejército con una de las dos Españas cada vez más claramente abocadas al enfrentamiento. La intentona revolucionaria de 1934 en Madrid había tenido el apoyo de un pequeño grupo de militares vinculados alPSOE (los capitanes Fernando Condés y Carlos Faraudo y el teniente José del Castillo).
El aumento de la violencia política en 1936 culminó en los días 12 y 13 de julio con el asesinato del teniente Castillo, que fue vengado por sus subordinados (guardias de asalto) asesinando al diputado derechista José Calvo Sotelo. Suele indicarse que fue ese hecho el que precipitó la sublevación del ejército (17 de julio en África y 18 en la Península); aunque en realidad la conspiración militar organizada por el general Mola estaba cuidadosamente planificada con mucha anterioridad, coordinando a los mandos militares afines, que la política de contención del gobierno del Frente Popular había dispersado por unidades periféricas (una decisión que, más que evitar la rebelión, fue una de las causas de la división del ejército y de que la imposibilidad que el golpe triunfara simultáneamente en toda España condujera a una larga guerra).
Paradójicamente, el gobierno de la República no declaró el estado de guerra hasta 1938, ya en los últimos meses de ésta (para garantizar desde la legalidad el control civil sobre los militares republicanos y sobre un ejército popular que se había construido con criterios revolucionarios desde los partidos y sindicatos de izquierda); mientras que el estado de guerra declarado por los militares sublevados no se levantó hasta 1948, nueve años después de que se firmara el parte de la Victoria, por motivos exactamente opuestos.
Franquismo
El nombramiento de Franco como Jefe de Estado llevó a la formación de un régimen militar explícitamente totalitario7 e identificado con el fascismo italiano y el nazismo alemán, sus aliados internacionales. Se unificaron todas las fuerzas políticas y sociales que apoyaron el Alzamiento en un mecanismo de participación único denominado Movimiento Nacional. En la práctica se mantuvieron diferencias expresadas en las familias del franquismo (falangistas, católicos, monárquicos -carlistas y juanistas-...) una de las cuales era la familia militar, que, al ser la menos definida ideológicamente, a su vez tenía componentes cercanos a todas ellas. A pesar de la mayoritaria identificación del ejército con el Caudillo, el descontento militar no dejó de estar presente y manifestarse en ciertas circunstancias; e incluso algunos altos mandos consideraron la posibilidad, nunca sustanciada más allá de contactos muy minoritarios, de desplazar a Franco mediante un pronunciamiento militar (generales Orgaz, Aranda y Kindelán).
Franco basó su posición indiscutida en la cúspide del poder en la distribución de cuotas de poder entre las familias. Inicialmente el predominio de los militares fue muy fuerte (general Yagüe, general Varela). Durante el primer periodo de la posguerra española, coincidiendo con la fase de la Segunda Guerra Mundial en que las potencias del Eje llevaban la iniciativa (hasta aproximadamente 1942), el predominio correspondió a los azules o falangistas. Incluso se enviaron soldados a combatir bajo mando alemán contra Rusia (División Azul, general Muñoz Grandes, 1941-1943), pero evitando declarar la guerra a los aliados occidentales. El cambio de tornas en la guerra significó un claro proceso de alejamiento de aquellos y acercamiento a éstos, lo que incluyó una pérdida de cuotas de poder de los azules en beneficio del resto de las familias (especialmente de los católicos).
La prolongada presencia del Generalísimo en el poder, y la alternancia del uso de mecanismos represores y paternalistas en su ejercicio, fueron construyendo una mentalidad social acomodaticia con su régimen y con los valores tradicionales que se identificaban con el propio ejército, que fue definida como franquismo sociológico.
El almirante Luis Carrero Blanco, desde una posición muy discreta, actuó como segundo hombre fuerte del régimen, posición que se pretendió dejar más clara con su nombramiento (9 de junio de 1973) como Presidente del Gobierno, un cargo asumido hasta entonces por el propio Franco, lo que parecía pronosticar su continuidad tras la previsible próxima muerte de Franco y su sucesión por Juan Carlos de Borbón (nombrado sucesor en 1969). Tales expectativas se frustraron por la muerte de Carrero en un atentado terrorista de ETA (20 de diciembre de 1973), que forzó un sentido diferente de la evolución política posterior.
Transición y democracia
La transición española tuvo un protagonismo militar que incluyó una minoritaria presencia de militares antifranquistas (Unión Militar Democrática), fácilmente reprimida. La condición de jefe de las Fuerzas Armadas que se atribuyó al rey fue una de las claves del control de la mayoría del ejército, explícitamente identificado con el franquismo. Otro de los factores clave del proceso fue la inclusión el el gobierno de Adolfo Suárez de un vicepresidente militar, Manuel Gutiérrez Mellado, que se implicó de forma específica en el control del descontento militar (ruido de sables ante los cambios políticos democráticos, el reconocimiento de las autonomías regionales y el gran número de atentados terroristas). Momentos particularmente graves fueron la legalización del Partido Comunista de España (Semana Santa de 1977) y el golpe de Estado del 23-F de 1981.
A partir de la entrada de España en la OTAN (30 de mayo de 1982, durante el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo) y de la llegada al gobierno del PSOE (octubre de 1982), se produjo un proceso de profesionalización de las fuerzas armadas, culminado con la desaparición del servicio militar (9 de marzo de 2001, gobierno del Partido Popular, en un contexto en el que la objeción de conciencia, regulada en el periodo anterior, era cada vez más utilizada por los posibles reclutas, e incluso existía un movimiento más minoritario de insumisión -que implicaba la negativa incluso al servicio civil sustitutorio-).
5. Análisis de los pronunciamientos más significativos del siglo XIX: de Riego (1820) a Martínez Campos (1874)
Algo muy español: "El pronunciamiento" en el siglo XIX
Desde los primeros pronunciamientos habidos en los años que siguen al retorno a España del deseado Fernando VII hasta que el general Martínez Campos, en los últimos días de 1874, se pronuncie en Sagunto a favor de la proclamación de Alfonso XII, la intervención de los altos mandos militares en la política española fue manifiesta, constante y decisiva.
Tras la guerra de la Independencia, se han dado una serie de cambios en el ejército español. Entre ellos, el nacimiento de un nuevo ejército; si en 1808 escoltaban a Fernando VII soldados del rey, ahora lo hacían soldados de la nación. En efecto, el ejército real había dado paso al ejército nacional.
Por otro lado, la figura de Napoleón fue un claro ejemplo a imitar. Su ascenso al poder fue un modelo a seguir en muchos de los soldados de Europa. El Bonapartismo será una de las causas que expliquen el intervencionismo militar en la política española durante las primeras décadas del siglo XIX.
En el seno del ejército, con la llegada al trono de Fernando VII, dentro de las escalas de mando había cierto sentimiento de frustración, tanto en el aspecto económico como en el promocional. Hubo sobreabundancia de mandos que provocó el estancamiento de carreras de muchos militares: sus ascensos no llegaban, lo mismo que sus exiguos salarios. A esto habría que añadir la política sectaria y selectiva de ascensos llevada a cabo por Fernando VII: unos serán ascendidos caprichosamente y otros postergados. Aparte de aquellos oficiales a quienes persigue el rey por ser tachados de liberales, también estarán los desconsiderados por las autoridades absolutistas; la mayoría de los que habían llegado de las filas de la guerrilla, los que habían ingresado en las Academias de oficiales creadas durante la guerra y muchos de los que habían sido prisioneros de guerra de los franceses. A fin de cuentas, eran hombres del nuevo ejército que había surgido durante y como consecuencia de la guerra de independencia (salvo alguna excepción como Riego que procedía de la elitista guardia de Corps). En este sentido, los diputados de Cádiz abrieron las puertas de los Colegios Militares a todos lo que quisieron entrar a formar parte del ejército y habilitaron a los jefes de las partidas y guerrillas con empleos propios del ejército regular. Tras su regreso, el deseado despreció a la mayoría de estos soldados.
El segundo pronunciamiento militar del siglo XX fue el efectuado por José Sanjurjo en Sevilla en el año 1932, y destaca por ser el precursor del futuro levantamiento militar en marruecos que fue el origen de la guerra civil, ya que el golpe de estado de Sanjurjo fue rápidamente aplastado y solo triunfo en Sevilla. Ocurrió durante la segunda republica, posterior al directorio civil de Primo de Rivera, debido a la política militar del gobierno de Manuel Azaña, la cual suponía la reducción del número de oficiales, la ley de retiro, la supresión de la ley de jurisdicciones y la academia militar de Zaragoza, la reducción a la mitad del número de unidades o la política de ascensos favoritista. Las consecuencias de la sanjurjada, término utilizado para referirse al golpe de estado de Sanjurjo, fueron la suspensión de numerosos periódicos derechistas durante meses y la encarcelación de todos los participantes, en el caso de Sanjurjo a cadena perpetua en derogación de la sentencia de muerte. Después de ser amnistiado en 1934, durante el gobierno cedista, se exilio a Portugal, desde donde ejerció como líder golpista del pronunciamiento de 1936 hasta que falleció en un accidente de aviación.
El pronunciamiento militar de 1936 fue el principio de una guerra civil que duraría tres años y es el pronunciamiento militar más importante del siglo XX y posiblemente también del XIX. Comenzó el 17 de julio con la sublevación de la Legión y de los regulares de Melilla, siguió con el alzamiento de las tropas del protectorado de Marruecos al mando del general Francisco Franco el día 19 y se extendió rápidamente al resto de la península entre el 17 y el 19 de julio. El pronunciamiento fue organizado por un grupo de altos mandos del ejército desde 1935, los cuales fueron colocados en puntos alejados del centro peninsular, Goded a Baleares, Mola a Pamplona y Franco a canarias. También participo Sanjurjo desde Portugal, el cual actuó como la cabeza visible del levantamiento hasta que murió durante su traslado a España en un accidente de aviación. Las causas del levantamiento fueron esencialmente las mismas que las del levantamiento de Sanjurjo, acentuadas después de la llegada al gobierno del frente popular tras ganar a la CEDA en las elecciones y de la primavera trágica de 1936. Y la consecuencia fue el inicio de una guerra civil de tres años, que dejaría un gran coste económico, un gran número de muertes y una notable disminución de la calidad de vida de los españoles, y finalizaría con la victoria del bando sublevado, posteriormente llamado nacional, y el comienzo de una dictadura dirigida por el general Francisco Franco que duraría hasta 1975.
Algo muy español: "El pronunciamiento" en el siglo XIX
Tomás San Clemente De Mingo
El pronunciamiento viene definido, hoy en día, según el diccionario de la Real Academia Española como "un alzamiento militar contra el gobierno, promovido por un jefe del ejército u otro caudillo". En efecto, entre 1814 y 1874, son numerosos los momentos en que los que se produce en España un pronunciamiento, es decir, una crisis política que cuenta con la decisiva participación del Ejército, o un sector de él, que inicia la rebelión contra el gobierno, autoproclamándose portavoz de un voluntad nacional que cree peligrar la libertad. Los militares involucrados sacan sus tropas a la calle y hacen público el pronunciamiento por medio de arengas, bandos y proclamas. Explican las causas por las que actúan en favor de un grupo político o apoyan una opción de gobierno determinada y amenazan con utilizar la fuerza al tiempo que apelan al pueblo al que siempre dicen representar y servir. Provocan una respuesta de las masas populares. Es esta participación popular la que convierte una intervención militar de este tipo en un pronunciamiento y no en un simple golpe de estado palaciego.
Dichos pronunciamientos han sido tildados por una parte de la historiografía como revolucionarios o contrarrevolucionarios. Sea como fuere, en todos ellos hubo una conspiración previa en la que participaban grupos civiles y en la que una vez pronunciados los militares, salían las masas populares que exteriorizaban en la calle y en las barricadas su entusiasmo por la libertad.
Dichos pronunciamientos han sido tildados por una parte de la historiografía como revolucionarios o contrarrevolucionarios. Sea como fuere, en todos ellos hubo una conspiración previa en la que participaban grupos civiles y en la que una vez pronunciados los militares, salían las masas populares que exteriorizaban en la calle y en las barricadas su entusiasmo por la libertad.
Desde los primeros pronunciamientos habidos en los años que siguen al retorno a España del deseado Fernando VII hasta que el general Martínez Campos, en los últimos días de 1874, se pronuncie en Sagunto a favor de la proclamación de Alfonso XII, la intervención de los altos mandos militares en la política española fue manifiesta, constante y decisiva.
Tras la guerra de la Independencia, se han dado una serie de cambios en el ejército español. Entre ellos, el nacimiento de un nuevo ejército; si en 1808 escoltaban a Fernando VII soldados del rey, ahora lo hacían soldados de la nación. En efecto, el ejército real había dado paso al ejército nacional.
Por otro lado, la figura de Napoleón fue un claro ejemplo a imitar. Su ascenso al poder fue un modelo a seguir en muchos de los soldados de Europa. El Bonapartismo será una de las causas que expliquen el intervencionismo militar en la política española durante las primeras décadas del siglo XIX.
En el seno del ejército, con la llegada al trono de Fernando VII, dentro de las escalas de mando había cierto sentimiento de frustración, tanto en el aspecto económico como en el promocional. Hubo sobreabundancia de mandos que provocó el estancamiento de carreras de muchos militares: sus ascensos no llegaban, lo mismo que sus exiguos salarios. A esto habría que añadir la política sectaria y selectiva de ascensos llevada a cabo por Fernando VII: unos serán ascendidos caprichosamente y otros postergados. Aparte de aquellos oficiales a quienes persigue el rey por ser tachados de liberales, también estarán los desconsiderados por las autoridades absolutistas; la mayoría de los que habían llegado de las filas de la guerrilla, los que habían ingresado en las Academias de oficiales creadas durante la guerra y muchos de los que habían sido prisioneros de guerra de los franceses. A fin de cuentas, eran hombres del nuevo ejército que había surgido durante y como consecuencia de la guerra de independencia (salvo alguna excepción como Riego que procedía de la elitista guardia de Corps). En este sentido, los diputados de Cádiz abrieron las puertas de los Colegios Militares a todos lo que quisieron entrar a formar parte del ejército y habilitaron a los jefes de las partidas y guerrillas con empleos propios del ejército regular. Tras su regreso, el deseado despreció a la mayoría de estos soldados.
Pronunciamientos militares de la historia de España
Un pronunciamiento militar es una acción militar, normalmente dirigida por un dirigente de alto rango del ejército, para derrocar al gobierno existente y establecer un nuevo gobierno o para obligar al gobierno a cambiar algún tipo de ley.
A lo largo del siglo XIX y XX en España hubo varios pronunciamientos militares que fueron decisivos para la evolución política de la época y del país. A continuación me dispongo a exponer dichos pronunciamientos militares.
El primer pronunciamiento militar del siglo XIX fue el efectuado en 1820 al mando del teniente coronel Rafael de Riego en la población sevillana de Cabezas de San Juan al mando de las tropas españolas que iban a embarcarse rumbo a América para derrotar a los insurgentes causantes de las emancipaciones en América. Este pronunciamiento tuvo lugar debido al descontento social y la inestabilidad económica del régimen absolutista, marcado por la crisis del antiguo régimen iniciada en el reinado de Carlos IV y agraviada por la guerra de independencia y durante el reinado de Fernando VII. La finalidad de este pronunciamiento fue que Fernando VII firmara la constitución de 1812 realizada por las cortes de Cádiz para que se estableciera un régimen liberal en el gobierno de España.
El segundo pronunciamiento militar fue el llevado a cabo en 1836 por un grupo de sargentos en el palacio real de la Granja de San Ildefonso, los cuales entraron en el palacio a la fuerza y obligaron a la reina regente María Cristina, mujer del difunto Fernando VII, a suspender el estatuto real de 1834, restablecer la constitución gaditana de 1812 y establecer un nuevo gobierno progresista al mando de Cánovas. Este pronunciamiento fue realizado debido al descontento del sector más progresista del liberalismo, provocado por la elaboración del estatuto real, que era de corte muy moderado, y por obligar la reina regente a Juan Álvarez Mendizábal, recién llegado al mando del gobierno, a dimitir.
El tercer pronunciamiento militar del siglo sucedió en el año 1854 y fue el llevado a cabo por el general O'Donnell en Vicálvaro para protestar por la corrupción y la inestabilidad de los moderados en el poder y para reclamar una serie de derechos individuales que no se incluían en la constitución de 1845, que era de carácter moderado. Todos estos derechos que se reclamaban estaban reflejados en el manifiesto de Manzanares, escrito por Cánovas y proclamado por O'Donnell. El pronunciamiento supuso el inicio de la revolución de 1854 y obtuvo apoyos de las capas populares, progresistas y demócratas y provoco insurrecciones populares en todo el país. Todo esto tuvo como resultado que la reina Isabel II mandara al general Espartero que formara un gobierno de corte progresista para que dirigiera a España.
El cuarto pronunciamiento militar del siglo tuvo lugar en el año 1868 en Cádiz al mando del almirante Topete y de los generales Serrano y Prim, los cuales se unieron el pacto de Ostende para derrocar a la reina Isabel II. Este pronunciamiento militar fue el precedente de la revolución de 1868, también conocida como la septembrina o la gloriosa, en la cual, mediante el manifiesto España con honra, critican la crisis política, económica y social y la impopularidad de la reina Isabel II, razones por las cuales se realizo el pronunciamiento y la consecuente revolución. También se reclamaba la elaboración de una constitución muy progresista y el reconocimiento de numerosos derechos individuales. El resultado del pronunciamiento y la posterior revolución fue el exilio de la reina Isabel II a Francia, la derrota de los realistas y la creación de un gobierno provisional con Serrano como regente y Prim como jefe del gobierno, que acto seguido elaboraron una constitución que satisfacía lo reclamado en la revolución y que era la más liberal hasta el momento.
Los últimos dos pronunciamientos militares del siglo XIX sucedieron durante el periodo de la primera república, en el año 1874. El primero fue el llevado a cabo por el general Pavía para disolver las cortes ante la amenaza de que los más progresistas se revelaran en contra del gobierno moderado que estaba ejerciendo Castelar, lo cual provoco la asumición de la presidencia por el general Serrano, el cual continuo realizando cambios conservadores en la república con ayuda de los liberales que no apoyaban la república federal. Debido a esta inestabilidad en el gobierno de la república, a los problemas de la guerra de Cuba, a la tercera guerra carlista y a la grave crisis financiera, el general Martínez Campos realizo un pronunciamiento militar en Sagunto que acabo con la república e impulso la restauración borbónica con el nombramiento de Alfonso XII como rey de España y el establecimiento del sistema de gobierno creado por Cánovas y expuesto en el manifiesto de Sandhurst.
El primer pronunciamiento militar del siglo XX fue el efectuado en 1923 por Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, mediante un manifiesto en el que decía que habría una dictadura militar hasta que mejorara la situación del país. Fue aceptado por la mayor parte de la población, ya que se presentaba como la solución a la tremenda crisis que afectaba a España en los ámbitos económico (depresión posterior a la primera guerra mundial), político (fragmentación de los partidos y corrupción), social(movimiento obrero y terrorismo anarquista), regional(triple alianza de vascos, gallegos y catalanes), colonial(marruecos, desastre de anual e informe Picasso) y militar(política de ascensos), e incluso por parte del rey Alfonso XIII. El pronunciamiento supuso el inicio de la dictadura de Primo de Rivera, que duró hasta 1930 y tuvo un directorio civil y uno militar. El directorio militar, formado justo después del pronunciamiento, adopto medidas como la supresión de congreso y senado, persecución de la corrupción, supresión de ayuntamientos y designación de gobernadores militares, supresión de la mancomunidad catalana o el cierre del expediente Picasso, como solución a la crisis que afectaba a España. Durante este periodo se consiguió la pacificación de marruecos y el establecimiento de la paz social y del orden público, razones por las que Primo de Rivera decide formar un directorio civil.
El segundo pronunciamiento militar del siglo XX fue el efectuado por José Sanjurjo en Sevilla en el año 1932, y destaca por ser el precursor del futuro levantamiento militar en marruecos que fue el origen de la guerra civil, ya que el golpe de estado de Sanjurjo fue rápidamente aplastado y solo triunfo en Sevilla. Ocurrió durante la segunda republica, posterior al directorio civil de Primo de Rivera, debido a la política militar del gobierno de Manuel Azaña, la cual suponía la reducción del número de oficiales, la ley de retiro, la supresión de la ley de jurisdicciones y la academia militar de Zaragoza, la reducción a la mitad del número de unidades o la política de ascensos favoritista. Las consecuencias de la sanjurjada, término utilizado para referirse al golpe de estado de Sanjurjo, fueron la suspensión de numerosos periódicos derechistas durante meses y la encarcelación de todos los participantes, en el caso de Sanjurjo a cadena perpetua en derogación de la sentencia de muerte. Después de ser amnistiado en 1934, durante el gobierno cedista, se exilio a Portugal, desde donde ejerció como líder golpista del pronunciamiento de 1936 hasta que falleció en un accidente de aviación.
El pronunciamiento militar de 1936 fue el principio de una guerra civil que duraría tres años y es el pronunciamiento militar más importante del siglo XX y posiblemente también del XIX. Comenzó el 17 de julio con la sublevación de la Legión y de los regulares de Melilla, siguió con el alzamiento de las tropas del protectorado de Marruecos al mando del general Francisco Franco el día 19 y se extendió rápidamente al resto de la península entre el 17 y el 19 de julio. El pronunciamiento fue organizado por un grupo de altos mandos del ejército desde 1935, los cuales fueron colocados en puntos alejados del centro peninsular, Goded a Baleares, Mola a Pamplona y Franco a canarias. También participo Sanjurjo desde Portugal, el cual actuó como la cabeza visible del levantamiento hasta que murió durante su traslado a España en un accidente de aviación. Las causas del levantamiento fueron esencialmente las mismas que las del levantamiento de Sanjurjo, acentuadas después de la llegada al gobierno del frente popular tras ganar a la CEDA en las elecciones y de la primavera trágica de 1936. Y la consecuencia fue el inicio de una guerra civil de tres años, que dejaría un gran coste económico, un gran número de muertes y una notable disminución de la calidad de vida de los españoles, y finalizaría con la victoria del bando sublevado, posteriormente llamado nacional, y el comienzo de una dictadura dirigida por el general Francisco Franco que duraría hasta 1975.
6. Codificación y evolución de las enseñanzas militares. Las Academias.
En los comienzos del siglo XIX el mayor problema con el que nos encontramos es la ineficiencia, "la instrucción era desdeñada en bien de la economía". El 17 de agosto de 1811 se abolían las pruebas de nobleza para entrar en las Academias Militares. De 1825 a 1944 la enseñanza militar sufre una serie de reformas. Se intentaba unificar en una única Academia "los estudios básicos de todos los oficiales profesionales de las Armas" y se quería "que los futuros oficiales de Estado Mayor procedan precisamente de estas Armas y se vinculen a ellas en el mayor grado posible". Durante el siglo XIX producirá una gran intervención del ejército en los asuntos internos del país, con la consecuencia inmediata de un gran crecimiento de los efectivos militares. Para muchos autores la Guerra de la Independencia significa el comienzo de la profesionalización y modernización del ejército español, pero la Guerra de la Independencia es también el momento de la pérdida de la capacidad científica mientras en el resto de Europa resurgían los estudios militares. El siglo XIX será el siglo de los pronunciamientos, la forma más directa de influencia militar en política. En materia de enseñanza los cambios que se van a producir "obedecen a la posibilidad de seguir diferentes sistemas en su organización". Se pueden dividir en tres fundamentales:
"- La existencia de escuelas independientes para cada especialidad.
- La enseñanza común de la parte general a todas las armas y cuerpos y separada de aquella que constituye propiamente la especialidad.
- Un centro único general de instrucción que comprendiera tanto la parte general como la particular de cada arma".
Con la Guerra de la Independencia surgió la necesidad de organizar unidades y así se descubrió la falta de mandos competentes, por lo que se tuvieron que improvisar. Para ello nació una serie de Escuelas en distintos puntos de España. Era un problema que no se había dado en España. La autonomía que tenían los elementos gubernativos hizo que no se dieran cursos coordinados. Cada lugar tenía su propia organización, programas y sistemas. Durante la Guerra de la Independencia aumentará el peso de los titulados de Estado Mayor dentro del profesorado de las diversas academias. En 1805 se refunden las Academias de Zamora, Barcelona y Cádiz en Zamora.
El Colegio General que se funda en 1809 es "el Primer Centro Docente Militar de carácter auténticamente <general>" que se crea en la Península. Primero se establece en Sevilla, aunque por la guerra se llevó a varios lugares. Para ser alumno debía haber estado tres años por lo menos en estudios de facultad mayor. Se daba Táctica- Teórica y Práctica, General y Particular-, Fortificación y Dibujo, Aritmética, Geometría Especulativa y Práctica, Trigonometría, Álgebra, Ordenanza, Geografía, Educación Primaria para los alumnos de menor edad, Historia Sagrada y Profana, Inglés, Equitación y Esgrima.
Durante la guerra se crea el Real Colegio de Preferentes de Granada en 1808 por la necesidad de mandos y se refunde con el Colegio General de Gil de Bernabé. El Real Colegio Militar de Tarragona nace en 1810 y se refunde con el Real Colegio de Valencia en 1818. El Real Colegio Militar de Murcia es creado en 1810. La Real Academia de Caballería de San Felipe de Játiva es la heredera de Ocaña y se refunde con el Real Colegio Militar de Murcia- creado en 1810- en 1812. Tras la derrota de Tamames en 1810, los supervivientes de dos unidades forman una escuela trashumante que en 1812 dará lugar al Real Colegio Militar de Olivenza y que en 1818 se refunde con el de San Fernando. La Real Escuela Militar de Santiago de Compostela, pasa en 1815 a Lugo y en 1818 se disuelve. El Real Colegio Militar de Palma de Mallorca se crea en 1812 y en 1814 pasa a Gandía.
El Colegio de Gil de Bernabé se puede considerar como el mejor de todos los Colegios fundados durante la Guerra de la Independencia. Casi todos los historiadores consideran este Colegio como la Primera Academia General Militar. Se formaban en él oficiales que acabarían en Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros. Se establece en Sevilla y en un primer momento sus alumnos vienen de las Universidades de Granada, Toledo y Sevilla. En el programa había "aritmética, geometría, trigonometría, álgebra, artillería, fortificación, ordenanzas, dibujo militar y contabilidad". El profesorado lo formaban jefes y oficiales, soldados, sacerdotes y paisanos. Se cierra en 1823. En 1824 se decide crear otro Colegio y se inaugurará el 1 de junio de 1825; es el Colegio General Militar, pero no nace de la nada sino que seguirá al Colegio de Gil de Bernabé y será el Colegio del general Benegas. La mayoría de los profesores serán jefes y oficiales pero habrá también civiles, como el padre Jacinto Feliu, que era un importante matemático. La sede fue el Real Alcázar de Segovia. No se admitieron alumnos mayores de 25 años. Este Colegio es llevado luego a Madrid. Durante la I Guerra Carlista, ante la necesidad de sacar oficiales, se van a abreviar los cursos. Este colegio fue el primer intento para unificar en una Academia todos los estudios básicos de los oficiales de cualquier arma. Por la I Guerra Carlista es necesario crear para formar oficiales tres Academias en Zaragoza, Zamora y Valencia, y al acabar la guerra se cierran las tres, quedando el Colegio General.
En las disposiciones para el funcionamiento de estos colegios se decía que debía estar al cargo un coronel o teniente coronel, un segundo sargento mayor como ayudante, el jefe de Estado Mayor nombraría los profesores adecuados. En 1842 se crea el Establecimiento Central Militar de Alcalá de Henares.
La enseñanza unificada se mantiene a pesar de la crisis que sufre el Colegio General. Con el Decreto de 22 de febrero de 1842 se suprimen las Compañías de Distinguidos y se impide la entrada de cadetes en los Cuerpos del Ejército. Para ser oficiales se ordenaba que se educasen en el "Colegio General de todas las Armas". Se constituyó el 1 de enero de 1843 y era un Colegio que se recreaba. Las materias eran Ordenanzas, Táctica de Infantería y ligera, Táctica de Caballería y Ligera, Contabilidad y Procedimientos Militares, Descriptiva y Dibujo Militar. Los estudios eran de tres años divididos en semestres. Por el Decreto de 5 de noviembre de 1850 se cierra este Colegio y se vuelve al sistema por el que cada arma tenía una academia distinta. Este segundo colegio, que dirigió el Conde de Clonard, es el segundo intento de unificación de la enseñanza para los oficiales de todas las armas.
Se formó un colegio para la infantería en 1850. El 16 de enero de 1855 se aprobó su reglamento definitivo. Los profesores ingresaban por petición propia tras un examen en el que se pedían tanto conocimientos militares como científicos, o bien podían ingresar por mandato del Rey si demostraban que tenían los conocimientos precisos. Los alumnos estudiaban tres años. "La creación de las Academias del Cuerpo..., los ascensos indiscriminados, la falta de previsiones en cuanto a la necesidad de oficiales en el tiempo de paz y de guerra, los bandazos constantes y la inestabilidad política llevaron al Colegio al borde de su desaparación". Prim cerró el Colegio de Toledo en 1868, pero se facilita el acceso al grado de alférez de los sargentos.
En 1852 se crea el Colegio Militar de Caballería de Valladolid (en 1861 se llamará Colegio y Escuela General de Caballería) para que en 1870 se llamase Escuela Militar de Caballería y en 1875 Academia Militar de Caballería. La enseñanza militar en infantería estaba en una situación caótica en tiempos de Narváez. Con la Gloriosa la situación no mejoró.
En 1873 se crea la "Escuela Nacional Militar" para todos los oficiales, sea cual fuese el Cuerpo o Arma. Es la precursora de la Academia General Militar. En el artículo segundo se decía que para ser oficial había que probar su capacidad. Había unos mínimos para poder entrar; se debía saber leer, escribir, saber de gramática, psicología, lógica, ética, retórica, aritmética, geografía, nociones de historia universal, historia de España y moral. El programa de estudios era muy complejo: Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Arte Militar, Historia Militar, tres idiomas, ....
La Escuela Nacional Militar estuvo dirigida por un mariscal de campo o teniente general. Los profesores eran capitanes y comandantes ayudados por tenientes. Podía haber tenientes coroneles si algún comandante ascendía. Para ser profesor se exigía: oposiciones con tres ejercicios, leer un programa y una memoria que habían hecho, explicar la asignatura y disertar sobre un tema importante.
La sociedad en ese momento pensaba, en general, que la situación del ejército debía cambiar y que había que preparar a los militares para ser menos políticos y más profesionales. Este cambio debía comenzar en la enseñanza militar. Había una conciencia generalizada sobre la necesidad de una formación técnica adecuada ante los avances que se iban produciendo en el terreno militar. Había cosas que el oficial debía saber y que antes no era imprescindible que conociese. La enseñanza militar no respondía a estas necesidades. Se intentaba homogeneizar la enseñanza militar de las Academias.
Por la Orden de 26 de marzo de 1874 la Primera República crea en Madrid la Academia de Infantería donde reunirán a todos los cadetes de infantería que había en las Academias de Distrito. En la década de los setenta en España existían los siguientes centros de enseñanza general
Escuela de Estado Mayor del Ejército (Madrid)
Colegio de Artillería de Segovia
Academia de Ingenieros de Guadalajara
Colegio de Infantería de Toledo
Colegio y Escuela General de Caballería de Valladolid
Escuela de Administración Militar en Madrid
Los carlistas crearon una Escuela Militar con el Ejército del Centro en 1836. Tras la expedición real, algún profesor del Colegio General Militar pasó a las Escuelas carlistas. Daban el mismo temario que la Academia General Militar y el Colegio de Segovia. En el Norte existió una Academia Militar en Oñate. Parece ser que en la III Guerra Carlista también hubo Escuelas Militares. De todas formas, la guerra carlista provocó una disgregación de la enseñanza militar.
La Restauración significó en la historia institucional militar un momento de creación y de política serena. Durante la Restauración "el Ejército comenzó a preocuparse seriamente de sí mismo, de su constitución interna, de los planes de formación de su oficialidad profesional, de la articulación de las armas generales y de los cuerpos facultativos, de la división de responsabilidades entre mando y administración, y, de lo que iba a resultar excepcionalmente decisivo, del estudio racional de la guerra moderna al nivel que reclamaban los éxitos del Estado Mayor alemán".
Con Sagasta mejora la enseñanza militar. Por Real Decreto del 20 de febrero de 1882 se crea la Dirección General de Instrucción Militar, que serviría para coordinar y unificar la Enseñanza Militar. Dependía del Ministerio de la Guerra y lo mandaba un teniente general asistido por un brigadier como secretario general. El Decreto que funda la Academia General Militar lo presenta el general Martínez Campos y es aceptado por el Rey, publicándose el 20 de febrero de 1882. Es el tercer intento de unificar en una sola Academia la enseñanza de todo oficial de las Armas. El Reglamento de la Academia General Militar se aprueba el 5 de febrero de 1883 y aparece el plan de estudios. Para entrar había que pasar unas oposiciones a las que debían ir personas de más de 15 años y menos de 18, que debían aprobar un examen en el que se les preguntaba sobre geografía, historia, gramática, matemáticas, francés y dibujo. Los bachilleres no hacían el de matemáticas y otros se libraban de hacer el de letras.
Alonso Baquer dice: "<La Pedagogía Militar Española experimenta en el reinado de Alfonso XII el cambio más profundo de su historia>". Puede que sea el primero de importancia. El reglamento de la Academia General Militar se publica en parte del reglamento de la Escuela Nacional Militar, pero también está inspirado en los "sistemas pedagógicos militares germánicos" que influyeron en la victoria de Prusia sobre Francia en 1870. En ellos se veía la influencia de la doctrina filosófica del krausismo. Se produjo una "irrupción de los académicos prusianos". La Academia General Militar nace a la par que dos de las instituciones esenciales para la vida intelectual de España como son la Institución Libre de Enseñanza y la Comisión de Reformas sociales, presidida por Cánovas.
"El fin de una Academia es educar, instruir y preparar moralmente a los futuros Oficiales en todas las virtudes que exige la profesión de las Armas en todas sus especialidades; y al mismo tiempo darles los conocimientos generales precisos para la profesión militar.
Para alcanzar estos objetivos el sistema pedagógico de la Academia General se basaba en unos postulados- inspirados en los principios fundamentales de la I.L.E.- que podrían resumirse en el cuadro siguiente:
- En lo ÉTICO Imperativo de autenticidad.
- En lo MORAL Disciplina y orden, sin coartar la iniciativa individual.
- En lo METAFÍSICO Impulso religioso sin confesionalidad.
- En lo PEDAGÓGICO Perfecta proporción y compenetración entre la
Teoría y la Práctica- Gran importancia dada a los ejercicios en el campo y la práctica de los deportes, tanto autóctonos como foráneos".
Las Escuelas Militares de Ultramar fueron olvidadas por parte de la Península. Sus programas y enseñanzas se unificaron con los de la Península. "Los alumnos de las Armas Facultativas, de E.M., Caballería, y Administración Militar tendría que finalizar sus estudios en las correspondientes Academias de Aplicación, en España, y los de Infantería tendrían que hacerlo en la General".
En 1887 en España existían los siguientes centros de Enseñanza Militar:
"Academia General Militar (Toledo)
Academia de Caballería (Valladolid)
Academia de Aplicación de Estado Mayor (Madrid)
Academia de Aplicación de Artillería
Academia de Aplicación de Ingenieros
Academia de Aplicación de Administración Militar
Escuela de Equitación (Valladolid)
Colegio de Trujillo
Colegio de Lugo
Colegio de Zaragoza
Colegio de Guardias Civiles Jóvenes (Valdemoro)
Colegio de Carabineros Jóvenes (Villaviciosa de Odón)
Colegio de Huérfanos de María Cristina".
En 1891 se aprueban los textos y el programa del examen para el ingreso de la tropa en la Academia General Militar. El 7 de diciembre de 1892 aparece un plan de reforma de la Enseñanza Militar, dando un nuevo plan de estudios para la Academia General Militar. "Como actividad principal figura la de dar cumplimiento a los programas de estudio e instrucción elaborados por la Superioridad con el criterio antes citado y para ello la Dirección de la Academia señala unas directrices a desarrollar; unificar criterios, librar a las clases teóricas de todo lo que se deba y pueda ser aprendido en el campo, realizar los ejercicios de tiro, topográficos, tácticos; de tal forma, que no exista alumno que quede sin actuar en los mismos, que no ocurriese que únicamente fuesen practicados por un número restringido de ellos y, por último, como reválida de lo aprendido durante el curso, unos prácticas generales o maniobras". Por el continuo "progreso científico aparecían nuevas armas, nuevas formas de empleo de las existentes y medios de transporte que hacían variar las normas del combate y de ello se seguían reformas en los planes de estudios dando lugar a nuevos programas incluyendo estas nuevas modalidades; pero su aplicación se basaba siempre en los mismos puntos: disciplina en la vida escolar, fortalecimiento de la salud con las clases de Educación Física y Deportes, conocimientos técnicos y prácticas en el campo donde el alumno aplica las enseñanzas recibidas durante el curso".
Para el ingreso en la Academia se pasaban tres exámenes, 1- Dibujo- 2- Traducción de francés y aritmética- 3- Historia General, Historia de España, Geografía Universal y Gramática Castellana. En la Academia se daba Álgebra, Geometría, Ordenanzas, Táctica, Leyes, Gimnasia, Instrucción, Física y Química, Honores, Dibujo, Trigonometría, Topografía, Teoría del Tiro, Geografía, Organización Militar, Higiene Militar, Fortificación, Castramentación, Servicio Interior, Dibujo de Croquis, Esgrima, Constitución del Estado, Derecho, Procedimientos Militares, Detall y Contabilidad, Literatura Militar- Barado, Ferrocarriles y Telégrafos, Táctica, Francés, Historia Militar, Equitación....
Cuando pasaban el primer curso podían ir, si querían, a la Academia de aplicación de Administración Militar. Si se aprobaba el segundo curso se pasaba a la especialidad de Infantería o Caballería o al preparatorio de Estado Mayor, Artillería e Ingenieros.
En la primera época de la Academia General Militar salen 2.250 cadetes, de los que en 1920 habían muerto 1.000, 15 laureados y 11 serán generales. Primo de Rivera, "Berenguer, Fernández Silvestre, Martínez Anido, Álvarez Espejo, Allanegui, Ricardo Burguete, Rodríguez Casademunt, Gil Clemente, Cavalcanti, Jiménez Morales, López Pozas, Sanjurjo, Aguilera, Fernández Herce, Ruiz Belando, Fernández Cuevas, Guiloche", son algunos de sus alumnos.
Los profesores fueron el coronel Modesto Navarro, el teniente coronel de estado mayor Francisco Larrea, era tratadista, el teniente coronel José Villalba Riquelme, con una obra la Táctica de las tres Armas, Pablo Parellada, Nemesio Lagarde, Casto Barbasan, Domingo Arraiz, Enrique Ruiz Fornell que era capitán y fue profesor de táctica del Rey, Antonio Azuela general en la reserva, y el coronel Federico Vázquez Landa que no es general por el sistema de ascenso. El 8 de febrero de 1893 López Domínguez cierra la Academia General Militar.
Por el primer artículo de la Ley de 1893 los centros de enseñanza serían "Academias de Infantería, de Caballería, de Artillería, de Ingenieros, Administración Militar, Escuela Superior de Guerra, Colegio de Guardia Civil y Colegio de Carabineros". Había un Colegio Preparatorio Militar para que la tropa se preparase la entrada en las Academias Militares. La gente de la Academia General Militar iría a las cinco academias.
A partir del 1 de julio de 1893 los centros para dar oficiales a los diversos Cuerpos y Armas eran:
- "Academia de Infantería en Toledo.
- Academia de Caballería en Valladolid
- Academia de Artillería en Segovia
- Academia de Ingenieros en Guadalajara
- Academia de Administración Militar en Ávila
- Escuela Superior de Guerra en Madrid
- Colegio de la Guardia Civil en Valdemoro
- Colegio de Carabineros en Villaviciosa de Odón
- Colegio Preparatorio Militar de Trujillo
- Academias Preparatorias de Ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas)
- Escuela Central de Tiro (Sección de Madrid y Sección de Cádiz)
- Instituto Anatómico Patológico".
La Escuela Superior de Guerra estaba orientada a los altos mandos. Para ingresar en las Academias era necesario tener conocimientos de segunda enseñanza. En algún caso se podía dejar entrar a algún soldado sin estudios haciendo un examen de las materias exigidas en el que demostrara suficiente conocimiento y tener las condiciones que indicaban los reglamentos. En Infantería, Caballería y Administración Militar duraban tres años los estudios y en Artillería e Ingenieros cinco años. A fines del siglo XIX, Ricardo Burguete consideraba que la enseñanza militar estaba descuidada en España. No se daba una práctica en el mando. "No hay en España soldados, oficiales, jefes ó generales, capaces de constituir un ejército á la europea con los actuales medios, por causas ajenas á su capacidad". Creía que el oficial tenía una "insuficiente educación militar, intelectual y física". Pero él daba alguna solución a este problema.
Dentro de la enseñanza se producirá en el siglo XIX uno de los más importantes hechos: el nacimiento de la Escuela de Estado Mayor. Louvois, secretario de Richelieu, será el primero que dé forma al Estado Mayor, legislando sobre marchas, acantonamiento y subsistencias, y dándole forma y cometidos. Pero es en el siglo siguiente cuando el general Bourcet "lo impulsa mediante un sistema de concurso de aspirantes prolongado a través de tres años de estudios y dotándolo de una formación específica que ocupa un cuarto año"; esto era la formación de la Primera Escuela de Guerra moderna. A partir de 1783 se verán los frutos con generales como Gouviron, Menon y Berthier, del Estado Mayor Napoleónico. Su labor continúa a pesar de que Napoleón la oscurece. Los generales Blake y Castaños ven lo oportuno y necesario de una Escuela de Estado Mayor y deciden proyectar su creación tras la batalla de Ocaña (1809). Pero no sólo en España ocurre esto, Scharnhorst y Jomini están pensando en lo mismo. En poco tiempo, Prusia, Rusia y el ministro Bardaxi, en nombre del Rey español, aprueban crear el nuevo cuerpo. El Estado Mayor era el Arma Facultativa más moderna, que tenía pocos miembros puesto que eran oficiales que hacían de enlace entre los generales y el ejército en línea y tenían muy pocos contactos con la tropa. Se dedicaban a estudiar estrategia, táctica, estadísticas y analizar los ejércitos extranjeros.
El 9 de junio de 1810 se crea el Cuerpo de Estado Mayor español al mando del cual está Blake. La señal del estado mayor será un fajín azul en vez del rojo, que lo era para los jefes de Cuerpo de Ejército. La estructura era una copia del Ejército francés. Fernando VII lo suprime a los tres años y a su muerte es resucitado en 1833. No era necesario tener una Escuela, puesto que el reclutamiento de los miembros de Estado Mayor se hacía por méritos. Crear una Escuela tardó más tiempo a causa de la Primera Guerra Carlista, que retrasó el proyecto, porque no había dinero ni personal suficiente. El 22 de febrero de 1842 se crea la Escuela Especial de Estado Mayor por Real Decreto. Era el cuarto lugar de Europa donde aparecía. Aunque Blake fue el segundo en pensar en ella, rusos y prusianos se habían adelantado. Este va a ser el primer "intento de vincular la formación del oficial de Estado Mayor a las Armas". Con la Escuela comienza este Cuerpo la separación del resto del Ejército puesto que se entraba en esta Escuela como civil. No se podía calificar la efectividad de este Cuerpo. El Ministro de Espartero, Evaristo San Miguel, dijo al defender la Escuela: "indispensable Escuela que nos falta todavía".
El edificio se colocó en la calle Baja de San Vicente, en el palacete de los Marqueses de Valverde. El primer plan de estudios era técnico y tenía como materias: Geometría Analítica y Descriptiva, Trigonometría Esférica, Cosmografía y Geodesia, Geografía, Dibujo Geométrico y Reconocimientos Descriptivos. Los alumnos debían estar tres años en el Colegio General, más un año en la Escuela Especial aquellos que fuesen de Estado Mayor. El ocho de septiembre de 1843, un año después de su fundación, se toma de emblema la estrella sobre hojas de roble. El dos de marzo de 1842 aparece el reglamento de responsabilidades del Cuerpo. Se crea el "Colegio General para todas las Armas", complemento de estos cambios, que a lo largo del tiempo sería la Academia General Militar. Los cambios en los planes de estudio son constantes. En 1850 aparecen las siguientes materias nuevas: Ciencias Físicas y Matemáticas, y Geometría e Historia Militar. En 1856 se introducen materias humanísticas como son los idiomas- inglés, francés o alemán- y se exige estar en forma. En 1867 se produce un ajuste incluso cambiando el nombre. Tras seis años se pasa la Escuela al Acuartelamiento de los Guardias del Corps en el Palacio de Conde Duque.
Narváez modificó el sistema de selección del alumnado abandonando los estudios científicos y primando los estudios psicológicos, lógica, retórica, ética, gramática e historia universal. Se dió un acceso directo sin pasar por el seno de las Armas, justificando esta medida por la "necesidad de acentuar la especialización requerida". "El Estado Mayor de Narváez es la vía libre hacia el ascenso de la juventud valerosa". Con Narváez la Escuela Especial de Estado Mayor aumenta en tres años los estudios, pone un año de prácticas y limita la entrada en el Cuerpo a los que ya eran oficiales del ejército, armada y milicias. En 1850 aumenta a cuatro los años de estudios. Al suprimirse el Colegio General, el 27 de marzo de 1951, se permite a los civiles acceder directamente a la Escuela Especial de Estado Mayor. En 1867 se cambia de nombre, siendo ahora Academia de Estado Mayor. Su nuevo edificio es el Convento del Carmen Descalzo. Al comienzo de 1870 comienza la Escuela a ir de un lado a otro, acabando al final en el nº 40 de la calle Serrano. Había pocos edificios del Ministerio de la Guerra y por eso tuvo que ir de edificio en edificio. A partir del fracaso del Cuerpo de Estado Mayor francés en Sedán y Méjico, los países que habían seguido a Francia en cuanto a la orgánica militar comienzan a hacer una serie de reformas para copiar a los vencedores, la Alemania de Bismark. En España los militares que han viajado a Europa con destino a embajadas o a comisiones son los que ven la necesidad de innovar tomando como modelo a Prusia, pero varios ideólogos españoles están en contra de este cambio puesto que consideran que el poder civil debe estar por encima del poder militar. Estos intentos de reforma se tuvieron que enfrentar a la coyuntura política española, a las diversas guerras que se produjeron y a los enemigos de las reformas. Durante la Restauración los reformadores serán Cassola, Martínez Campos y López Domínguez. En 1882, gracias a un reglamento nuevo que se publica el 1 de enero, se permite la entrada a alumnos con edades entre los catorce y veinticinco años, y de esta forma antes de los 17 años un alumno puede ser teniente. Las materias no cambian con respecto a otro tipo de Academias. La preparación técnica era muy alta pero le faltaba una preparación militar. La Academia de Estado Mayor redujo la duración de los estudios. En 1873 son dos años- por los problemas en Cuba y la guerra carlista- y en mayo de 1876 se vuelve a los cuatro años. La Academia de Estado Mayor era criticada por buena parte del ejército que, viendo lo sucedido en Europa, apoyaba la formación de una Academia Superior de Guerra.
Martínez Campos quitará, en parte, las reformas de Narváez. Dará prioridad a la existencia de una procedencia única de oficiales graduados en la Academia General Militar. Hará crecer los dos centros bajo "un mismo espíritu de reforma". En 1882 se crea la Academia de Aplicación de Estado Mayor. Solamente pueden ingresar los alumnos que hayan pasado por la Academia General de Toledo. El plan de Estudios tenía tres cursos junto con una campaña logística que duraba cuarenta días y prácticas, que en 1889 llegaron a tener cuatro años de duración.
Se unifican las Academias de las Armas con sus Escuelas de Aplicación. Se potencian las Escuelas de Aplicación. La Escuela de Estado Mayor se llamará Academia de Aplicación de Estado Mayor. En la calle Condes de Miranda se establece la sede. Se cierra la Academia a los civiles, reorientando los estudios hacia el campo militar e insertando asignaturas como ferrocarriles, telégrafos, higiene, administración militar, derecho o economía política. Los alumnos debían estar un año en unidades de infantería o caballería. Tras los ajustes de 1886 se introducen estudios de estrategia, servicio de Estado Mayor, derecho internacional, literatura española y árabe, que es junto al inglés idiomas esenciales.
La situación en Europa va variando. La escuela prusiana se distancia de la francesa gracias a su experiencia. Moltke consigue llegar a compaginar la doctrina del pensamiento con la experiencia en el combate y en el mando. La escuela francesa se queda atrás al no proporcionar experiencia. Europa acepta una u otra Escuela. España tiene problemas internos y "la observación se matiza a tenor de una situación política convulsa".
El general López Domínguez se acerca poco a poco a Moltke y crea en 1893 la "Escuela Superior de Guerra", "Cuyos alumnos, ya graduados, podrían optar por su encuadramiento definitivo en el Cuerpo (solución a la francesa), o su posibilidad de volver al mando de unidades (solución a la prusiana), desde donde podrían ser requeridos si así se consideraba". Estas ideas no eran de López Domínguez sino del tal vez el más innovador Ministro de Guerra del XIX, el general Cassola, que había dimitido como ministro.
La Escuela Superior de Guerra daba clases en dos cursos anuales y tenía tanto asignaturas obligatorias como electivas. Su finalidad era la definida por el mariscal Liautey: lograr "técnicos en ideas generales". Se estudiaba historia crítica de batallas modernas haciéndolo casi solamente en su aspecto práctico y sin texto; era la introducción de la "Táctica Sublime" o "de las Cuatro Armas".
Entre 1895 y 1897 se hacen reformas en las instalaciones. La Escuela Superior de Guerra buscaba entre las influencias europeas su propia definición. Se clausura la Academia General Militar de Toledo y ganan mayor independencia las Especiales formadoras de oficiales. El corporativismo llevó a no ingresar en la Escuela Superior. Esta oposición a la Escuela Superior era más acusada en "los oficiales de los Cuerpos Facultativos, Artillería e Ingenieros". El sistema se mantuvo pero estaba decayendo la Escuela. En el comienzo del siglo XX el general Linares hace una serie de reformas dentro de los órganos superiores del Ejército. En 1904 ordena el Estado Mayor Central y en 1907 la Junta de Defensa Nacional. Linares, que había participado en la guerra de Cuba, vio las dificultades que el ejército tuvo tanto en material como en la dirección de las operaciones. Quería un órgano técnico de planificación y estudio como el que tenían Francia y Alemania. Se tenía que coordinar la formación de los oficiales de las diversas armas. No había oficiales aptos para funciones auxiliares tipo Estado Mayor. Tuvo que centralizar la estructura interna de los órganos superiores de la defensa. Comienza con la reorganización de la Escuela Superior de Guerra.
En 1904 se reorganiza la Escuela Superior de Guerra por un Real Decreto de 31 de mayo. Las plazas se repartirán por Armas proporcionalmente, pero siempre con un número para los mejor clasificados sea cual sea el arma a la que pertenecen; esto se mantendrá hasta los años setenta. "El problema fundamental para Linares era la concesión de derecho preferente para el ascenso a general a los diplomados de Estado Mayor que no querían ingresar en el cuerpo y continuaban prestando servicio en el arma de origen". El 17 de julio de 1904 crea el Estado Mayor Central sustituto de la Junta Consultiva de Guerra se intenta abrir, sin conseguirlo a causa de la oposición de los cuerpos facultativos, el Colegio General de Toledo. En 1907 se crea la Junta de Defensa Nacional. Poco a poco el Estado Mayor Central fue ganando en autonomía. "Entonces privaba el modelo germánico, según el cual el Ministerio venía a ser como un simple intendente del Estado Mayor, un gestor de créditos y autorizaciones, y nunca el obstáculo para las acciones dirigidas a la preparación del país para la guerra y para la conducción de las operaciones dispuestas por el Estado Mayor". El Cuerpo de Estado Mayor iba a estar a las órdenes del jefe del Estado Mayor Central. Luque quiere que la estructura administrativa esté en manos del Ministerio de Guerra y por ello dará realce al subsecretario suprimiendo el Estado Mayor Central. En 1916 reaparece el Estado Mayor Central con Romanones- Luque.
En 1919 los estados mayores de los aliados reconocieron que los generales alemanes habían demostrado una mayor capacidad que los aliados en el uso de las Grandes Unidades. Creían que había sido por los diferentes cursos que tenían lugar en la Escuela de Guerra asiduamente. Los mandos españoles entendieron esto. Los generales alemanes habían sido superiores. Durante la I Guerra Mundial se había desarrollado la dirección y el empleo de Grandes Unidades y el militar español durante su vida militar no tenía la posibilidad de poder aprender el uso de estas Grandes Unidades. Por ello comenzaron a darse unos cursos de capacitación cortos, voluntarios e informativos, para ir poco a poco aumentando el tiempo y convirtiéndolos en obligatorios, para concienciar así a los oficiales de la necesidad de estos cursos y evitar el posible rechazo.
Primo de Rivera realiza otra reforma militar buscando la vieja aspiración del " tronco común", y abre la Academia General Militar en Zaragoza, comenzando lo que se llama la "Segunda Época". Este es el cuarto intento para buscar la ansiada unificación de los estudios básicos para los oficiales de las Armas. El general Franco organiza la Academia General. Primo de Rivera quiso tener de jefe de la Academia General a Millán Astray pero era un hombre polémico. Franco lleva a personas de su entorno para ser profesores de la Academia. Campins "era un africanista, liberal y católico, con una carrera brillante en la guerra de Marruecos, compañero de Franco en el desembarco de Alhucemas de 1925. Elegido por el director como su jefe de estudios, llegó a Zaragoza con un gran conocimiento de las ideas pedagógicas de Giner y la Institución Libre de Enseñanza, pero su dilema fue compaginar su talante liberal con la mentalidad del equipo de profesores que le rodeaba". Liberales dentro del ejército son Seco, Núñez de Prado, Romerales y Campins, que mueren en la guerra por apoyar a la República. Campins era una persona culta. Franco conocía muy bien el sistema de guerra irregular en Marruecos. Una guerra de Marruecos que estaba cerca de llevar al soldado a ser un mercenario con el oficial como militar aristócrata.
Primo de Rivera y Franco quieren que los cadetes se dediquen poco a los estudios, "con un concepto caballeresco de la profesión y sin relación con los medios sociales de su tiempo". Para los dos "las instituciones militares eran como islas en el tiempo". Era grande la diferencia entre las armas técnicas y las que no lo eran. Los artilleros defienden el ascenso por antigüedad, mientras que infantería y caballería sobre todo, son partidarios del ascenso por méritos de guerra. "Puede afirmarse, incluso, que a cada régimen político corresponde, más o menos, un modelo de enseñanza militar, igual que cada régimen político es función de una determinada economía, de una estructura social, de una demografía, de una demografía, de una cultura, de una religión, etcétera", "la segunda época de la AGM es mucho menos la sucesora de la AGM de la primera época, que la predecesora de la actual AGM". Franco en la tercera época quiere hacer una Academia General Militar igual que la Academia General Militar de 1928. La Academia General Militar tenía un plan de asignaturas muy completo y un profesorado compacto. En 1925 existen los siguientes tipos de centros:
1- Escuelas superiores, "para post graduados en las Academias". Una era la Escuela Central de Tiro del Ejército. Se divide en:
- Artillería de Campaña (Madrid)
- Artillería de Costa (Cádiz)
- Infantería (Madrid)
- Caballería (Madrid)
2- Academias para formar oficiales profesionales
3- Centros de enseñanza en Regimientos con dos tipos:
- Regimentales (enseñan a tropas)
- Para oficiales de la Reserva Gratuita
Todo ello aparecía en la Ley de Reclutamiento de 1912. Vuelve la idea del general Cassola y así el Cuerpo de Estado Mayor se sustituye por un servicio que era compaginado con el trabajo en Unidades. Vieron la necesidad de actualizar los conocimientos para los mandos que estaban próximos al generalato y preparar técnicamente al personal que va a la industria militar. "Estos tres conceptos impulsaron a Primo de Rivera a la creación de la Escuela Superior de Estudios Militares, embrión común de lo que hoy son la Escuela Superior, la de Estado Mayor y la Politécnica, que oficialmente se concibieron como " un todo único". La Escuela de Estudios Militares coexistió con la Escuela Superior de Guerra; era un centro que se iba a preocupar de la dirección de las industrias militares movilizables. En la sección Militar se encargaban de los estudios de Estado Mayor. La sección industrial se "especializaba en técnicas químico- metalúrgicas, de arquitectura militar y otras especialidades mecánicas y eléctricas". Se clausuró la sección industrial en 1929 y se llamó Escuela Superior de Guerra a la sección Militar en 1931. Primo de Rivera funda en 1929 la Escuela de Estudios Superiores Militares.
Primo de Rivera se lanza a la reforma de los altos estudios militares. Decide declarar en extinción el cuerpo de Estado Mayor. Reformó los Estados Mayores. Primo de Rivera considera exótico el Estado Mayor Central. "Durante el reinado de Alfonso XIII casi se ha superado el enfrentamiento teórico entre la Infantería, práctica y táctica, y el Estado Mayor, estudioso y técnico. Los ascensos de Fanjul y Goded, paralelos en cierto sentido a los de Franco, certifican que ha quedado atrás el Estado Mayor, mucho más dado a la geodesia y a la geografía que a la orgánica y a la estrategia". En el gobierno de Primo de Rivera la Escuela Superior de Guerra se divide en dos ramas: científica y militar.
En 1930 la Escuela de Guerra pasa de una orientación topográfica a preocuparse más por los asuntos tácticos. Por la ley de 12 de septiembre de 1932 se forma la Escuela Superior de Guerra, que recibe a sus alumnos de oficiales provenientes de las Armas, serán diplomados del Servicio de Estado Mayor puesto que el Cuerpo de Estado Mayor fue declarado en extinción.
Azaña tiene, en ese momento, un afán de modernización técnica del ejército. Personajes como el tradicionalista Cebreiros, el europeísta Gascueña, Mola, Casado y Rojo, estos dos últimos profesores de la Escuela de Guerra, tienen el mismo afán.
La República clausura el centro como lo hace con la Academia General Militar. En Junio de 1931 las Escuelas Técnicas Civiles reciben el mandato de enseñar a los especialistas en Armamento y Construcción. La Escuela Superior de Estudios Militares pasa a ser Escuela Superior de Guerra para formar a Diplomados, siendo las Especiales para enseñar a los oficiales. Es una vuelta a las ideas de López Domínguez, pero los miembros del Cuerpo se habían quedado sin su estructura y tuvieron que unirse a los Diplomados. Así la Escuela Superior une a los antiguos militares, a los jóvenes y a los futuros generales haciendo aparecer la unidad en el Ejército.
La Academia General Militar que se funda en 1940 será el cuarto y último intento de unificar los estudios básicos de los oficiales de las Armas, y ahora sí que se conseguirá mantener.
En la Guerra Civil tenemos una Academia en Valladolid, donde se forman tenientes provisionales auxiliares de Estado Mayor para ingenieros civiles, arquitectos y abogados. En Valencia hubo una Escuela Popular de Estado Mayor, que en 1938 se llamaba Escuela de Estado Mayor y Mandos.
Tras la Guerra civil aparece la Escuela de Estado Mayor con el general Varela en 1939. "Es reorganizada como prolongación de la anterior Escuela Superior de Guerra". El Cuerpo seguía en extinción. Los oficiales procedían de las Armas que venían de la Academia General de Zaragoza. Se creaba la Escuela Superior del Ejército, "el primer centro militar especial específicamente dedicado a la formación del generalato". Se crearon la Escuela Politécnica y la Escuela de Geodesia del Ejército, a la que podían acudir oficiales de cualquiera de las Armas. Durante el XIX y XX se ve la necesidad de pasar unos años en las Academias Generales para poder ser oficial y luego pasar a las Academias o Escuelas.
A comienzos del siglo XIX la formación militar estaba inspirada en las armas de artillería e ingenieros, y a fines del XIX el ejemplo será el arma de infantería con las reformas de Cassola.
Durante primera la mitad del siglo XX para entrar en la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Estudios Superiores Militares y la Escuela de Estado Mayor se tuvo que pasar un examen oposición para el que los futuros alumnos se preparaban con un profesor. Este profesor les facilitaba material, les hacía programas, les daba mapas.... En la bibliografía que se mandaba a los alumnos se encontraban en un lugar muy importante los reglamentos más actuales y en libros y revistas se buscaba siempre lo más actualizado. Lo primero que el profesor hacía era mandar unas "Advertencias Generales"; más tarde se enviaba un plan de trabajo que debía ser seguido obligatoriamente. En algunos casos se dieron grupos de trabajo conjunto aunque no todos los profesores estaban de acuerdo, puesto que era importante que los alumnos diesen su toque personal. Los estudios de historia eran de los más difíciles de superar. Los estudios de táctica eran más sencillos. En los trabajos que debían preparar los alumnos se hacían autocrítica. En muchos casos el profesor hacía análisis de las obras que debía leer. Los gastos para preparar estos temas eran muy grandes, y para poder entrar había que tener "firmeza de ideas y gran voluntad".
7. La evolución social del Ejército. El mundo militar y las clases medias: milicia y ascenso social.
8 y 9. El Ejército en las últimas décadas del siglo XIX. El pacto de la Restauración y el fin de los pronunciamientos.
. Las repercusiones en la psicología castrense de las derrotas de 1898.
0. INTRODUCCIÓN
Se cumple el primer centenario del desastre colonial de 1898. En virtud del tratado de paz firmado en París el 10 de diciembre de aquel año se produjo la pérdida irrevocable de los restos del otrora vasto imperio ultramarino español. Las islas de Cuba, Puerto Rico y Guam son cedidas a los Estados Unidos que también obtienen el control, previo pago de una indemnización de 20 millones de dólares, del archipiélago de las Filipinas. A los pocos meses España vende por 25 millones de marcos a Alemania sus últimas posesiones en el Pacífico (las islas Marianas, las Carolinas y las Palaos). Cien años después, queda en manos del historiador analizar con rigor el impacto y la transcendencia de aquellos acontecimientos, y por tanto, en cierta medida iniciar la tarea de su desmitificación.
La envergadura de la debacle militar y la consiguiente pérdida colonial han servido tanto para ocultar la complejidad del 98 como la realidad de su impacto en el sistema de la Restauración. Con frecuencia se ha querido ver en esta fecha el fin de una era.1 Así, el período anterior se describe como un momento de relativa estabilidad social y armonía política en contraste con el siguiente, definido por la crisis, el pesimismo y la decadencia. Sin embargo, cuando analizamos la Restauración en su conjunto, resulta difícil estar de acuerdo con esa imagen simbólica y mítica del 98 como línea divisoria entre dos etapas radicalmente diferentes. Ni España disfrutaba de una época dorada en los años anteriores al desastre, ni posteriormente el país se vio asolado por una crisis desbordante. Como la reciente compilación de artículos por Juan Pablo Fusi y Antonio Niño sobre los orígenes y antecedentes del desastre revelan, ni la crisis finisecular se puede reducir a una hecatombe militar, ni la derrota colonial fue un cataclismo repentino que se abatiera sobre el país, de forma inesperada y sorprendente. El 98 se produce en el momento en que se acumulaban los movimientos de protesta y primeros síntomas de descomposición del orden vigente.2
El período histórico que conocemos como la Restauración se inicia en diciembre de 1874 con el pronunciamiento del General Martínez Campos y el regreso de los Borbones en la persona de Alfonso XII al trono español. Su artífice y arquitecto, Antonio Cánovas del Castillo, construye un orden político liberal que no sólo garantiza la libertad de prensa y asociación y la tolerancia religiosa, sino que también concede en 1890, antes que la mayoría de países europeos, el sufragio universal masculino. Cánovas pone final al exclusivismo político y así su partido, el Conservador, se turna pacíficamente en el poder con el Liberal cuya jefatura ocupa Práxedes Mateo Sagasta. Sin embargo, destrás de toda las apariencias democráticas, el sistema canovista es ante todo una estructura política elitista que garantiza de una manera armónica y estable la hegemonía de las oligarquías económicas de España. Los dos partidos dinásticos, Liberales y Conservadores, son poco más que formaciones de notables y profesionales de la política, que monopolizan y se alternan en el gobierno por medio de la manipulación y falsificación electoral. Esta es la España de los amigos políticos; donde las elecciones no producen cambios políticos sino que los gobiernos fabrican los resultados con anterioridad previo pacto con los caciques locales o tiranos chicos. Durante este largo período de historia española prolifera el sistemático abuso y adulteración de la legalidad constitucional merced al retraso cultural y social, la llamada ruralización de la vida política que permite la continuidad de lazos locales clientelistas y caciquiles y la desmovilización general del electorado.'
La arbitrariedad, el favoritismo y la corrupción imperantes no eran características idóneas para garantizar a largo plazo la estabilidad monárquica ante el natural incremento de las demandas específicas de las clases medias y los trabajadores vinculadas a los procesos de urbanización, secularización y crecimiento de la conciencia de clase. La ilusión de cambio político con el turno pacífico de los partidos dinásticos solo sirve para ocultar una realidad social explosiva que empeora con la llegada de la crisis económica a partir de 1880. Cerrados por el fraude electoral los canales normales de expresión, no queda más alternativa que buscar otras formas de canalizar el descontento popular. En la última decada del siglo XIX el divorcio entre la España oficial y la España real se hace cada vez más evidente. Es el momento del despertar del nacionalismo catalán y vasco, y del crecimiento del movimiento obrero tanto socialista como anarquista, este último adquiriendo con frecuencia un carácter violento en forma de insurrecciones campesinas en Andalucía y de terrorismo en Cataluña.
1. CRÓNICA DE UNA DERROTA ANUNCIADA
La insurreción independentista en las posesiones ultramarinas es parte de ese movimiento de protesta contra el régimen canovista. El primer aviso de descontento contra el régimen colonial español se había ya materializado en la rebelión cubana de 1868 que a duras peras se pudo suprimir mediante la Paz de Zanjón de febrero 1878, prometiendo una amplia autonomía a la isla. Durante los siguientes años los políticos dinásticos fueron incapaces de cumplir aquella promesa y todo intento de introducir un proyecto descentrali-zador, como el de Antonio Maura, Ministro de Ultramar en el gobierno Liberal de 1893, se encontró con el rechazo unánime de las Cortes. Como en la misma España, la política colonial española, obsoleta, intolerante y centralista, estaba dirigida a defender los privilegios de una oligarquía penisular en detrimento de las aspiraciones de los nativos. En este sentido se puede hablar de un autentico lobby colonial opuesto a cualquier cambio en el status quo. Este está formado por los hacendados y comerciantes cuyas fortunas se debían a su papel predominante en la vida económica y política de las posesiones ultramarinas; los militares y civiles que nutrían la administración colonial; la Iglesia, principal terrateniente sobre todo en las Filipinas, la burguesía industrial textil catalana, los cerealistas castellanos y aquellos sectores cuya producción encontraba fácil acceso en los mercados protegidos de ultramar, que además con su producción de lucrativas materias primas (azúcar, tabaco, café, algodón) ayudaban a compensar el crónico déficit comercial de España."
Era prácticamente inconcebible que un orden elitista en España pudiera introducir un sistema reformista y democrático en sus colonias. Por ello, incapaces de modernizar el obsoleto modelo colonial, cuando la rebelión estalló en Cuba en febrero de 1895, los gobernantes españoles analizaron el problema colonial ante todo corno una cuestión doméstica, de orden público. Tanto Sagasta como Cánovas subscribieron la famosa cita de que «España está dispuesta a gastar su última peseta y a dar la última gota de sangre de sus hijos en defensa de sus derechos y de su territorio».5
Pero los discursos altisonantes no vienen acompañados por las victorias en el campo de batalla. Así, aunque durante los siguientes tres años el gobierno no escatima recursos humanos ni materiales, su control sobre el imperio se desmorona gradualmente. España, en vano, intenta aferrarse a los restos de una época dorada con una campaña basada en buques viejos y soldados baratos.6 200.000 reclutas son enviados a la guerra. Son los hijos de la clase obrera que no pueden disponer de la cuota de 2.000 pesetas que redime del servicio militar. A pesar de estas elevadas cifras, el ejército español, pobremente armado, vestido y alimentado, sólo puede controlar las ciudades fortificadas. Las zonas rurales pronto se pierden ante un enemigo invisible que hostiga constantemente en una campaña moderna de guerrillas. Las bajas en el campo de batalla apenas rebasan el 4 por ciento del total mientras aquellas producidas por la combinación de enfermedades tropicales (paludismo, fiebre amarilla, etc) con el deplorable estado de la sanidad son escalofriantes.7 En estas condiciones la rebelión no solo se extiende por Cuba, sino que una insurrección similar estalla en las Filipinas en 1896. El desgaste militar y económico es tal que a fines de 1897, el gobierno Liberal de Sagasta cambia radicalmente de estrategia e intenta lo impensable dos años antes: conseguir la paz con la introducción de un régimen de amplia autonomía. Pero lo que tal vez hubiera sido solución en 1895 llega no sólo demasiado tarde para convencer a los rebeldes cubanos que, cada día más fuertes, lo consideran un burdo ardid, sino también para impedir la temida intervención de los Estados Unidos.
Para desgracia de los gobiernos de la Restauración, el ocaso del imperialismo español coincide con el pujante expansionismo de los Estados Unidos. Tras el final de la guerra civil y la conquista del oeste, la creciente producción norteamericana comienza a buscar la penetración y conquista de nuevos mercados en el exterior. Es el llamado «destino manifiesto» o la expansión del capitalismo americano cuyos primeros objetivos serán el Caribe, Latinoamérica y el Pacífico. La isla de Cuba, y en menor medida el archipiélago de las Filipinas, son por tanto claras metas del imperialismo estadounidense. A través del siglo XIX se habían hecho numerosas ofertas de comprar Cuba, siempre rechazadas por España. Hacia la década de 1890 era ya un hecho que la isla se deslizaba inexorablemente hacia la órbita económica de su poderoso vecino y que España poco podía hacer para impedirlo. En 1894, el 43,1% de la importaciones de Cuba provenían de España, y a pesar de las altas tarifas, 37,4% de los Estados Unidos. Más determinante era el hecho de que Cuba exportaba el 88,1% de su producción a Norteamérica mientras sólo el 8,9% podía ser absorbida por España."
La insurreción cubana facilita las apiraciones de los grupos expansionistas en América que a partir de marzo de 1897, tras el triunfo electoral del Republicano William McKinley, cuentan con aliados tan importantes en la nueva administración como el subsecretario de Estado para la Marina, Theodore Roosevelt. Al mismo tiempo, la prensa sensacionalista de los magnates William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, contribuyen a inflamar la opinión pública describiendo con detalle tanto los fracasos de España por pacificar la rebelión como las atrocidades cometidas contra los rebeldes. Como quedaría bien demostrado después de 1898, el altruismo e idealismo americano no era más que pura retórica. Lejos de ansiar la independencia de cubanos o filipinos, se buscaba simplemente reemplazar el tambaleante y endeble dominio español por la dallar diplomacy. Sólo faltaba un pretexto para justificar la intervención y no tardaría en llegar. Ante el creciente acoso periodístico y político, McKinley envía en enero el acorazado Maine a Cuba como garantía de protección de la vida y propiedades de este país. El 15 de febrero una misteriosa explosión hunde el Maine en el puerto de La Habana matando a 264 marinos y 20 oficiales norteamericanos. Una comisión de investigación designada por el senado atribuye el naufragio a una explosión externa, lo que claramente implicaba a las autoridades españolas en el naufragio. En una atmósfera belicista, McKinley obtiene de las dos cámaras del Congreso el 19 de abril una declaración conjunta, equivalente a un ultimátum, exigiendo el cese de la autoridad española en Cuba en el plazo de tres días y facultando al presidente para disponer de las fuerzas annadas para entrar en combate.''
El gobierno Sagasta se encuentra impotente para frenar el desenlace fatal contra los Estados Unidos. Se intentan diferentes vías diplomáticas.'" Todo aquello que pueda evitar el estallido del conflicto salvo negociar la soberanía española en Cuba. A pesar del peligro inminente, más que una cuestión colonial, la pérdida de las posesiones ultramarinas sigue siendo un problema de política interior. Así, tanto una oferta americana en marzo para la venta de la isla por 300 millones de dólares como el ultimátum de abril son rechazados. Los políticos dinásticos se encuentran ante un dilema. Son conscientes de que sin aliados en Europa y con un ejército agotado y anémico es una temeridad, si no una locura, el enfrentarse a la primera potencia industrial en el mundo. No obstante, sus iniciativas se encuentran al mismo tiempo mediatizadas por la realidad nacional: el interés de la oligarquía por mantenerse a toda costa en las colonias; el ejército, que ya había exteriorizado su descontento con los planes de conceder la autonomía a Cuba, insiste en la resistencia a ultranza; y, por último, el clamor patriótico que emana de la mayor parte de la prensa."
Así en abril de 1898 el gobierno español opta por ir a la guerra contra los Estados Unidos. La opción bélica, lejos de ser una decisión suicida, numantina o irracional, resulta ser la salida fácil, el mal menor. El temor a una debacle en el campo de batalla es superado por el miedo a un movimiento popular o a un golpe de estado desencadenados por una capitulación sin lucha. Por ello, con resignación pesimista se embarca a la nación en lo que se juzga un sacrificio inevitable, una guerra que se sabe perdida de antemano,. pero que dejaría el honor a salvo y garantizaría la supervivencia del régimen.12
Durante los 113 días que dura el conflicto hispano-americano los políticos de la Restauración son protagonistas de una de las mayores tragicomedias de nuestra historia contemporánea.13 Acallando la razón, no se explica al país la verdadera fuerza de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Al contrario, se permite la existencia de un clima marcado por un fervor patriótico tan absurdo como demencial. La prensa se deleita en fantasías cotidianas en las que el heroísmo nacional y las supuestas gestas y hazañas del pasado dan por descontado una victoria fácil ante un enemigo al que se insulta y se menosprecia. En las calles de la grandes ciudades y pueblos se manifiesta una delirante psicosis bélica. Casi se veía a las tropas españolas camino de Nueva York. Por fin, el viejo león, España, iba a ajustar las cuentas a los «tocineros» yankees. Las manifestaciones públicas son diarias y con ellas el alborozo, las zarzuelas, corridas de toros y procesiones que pasean cabezas de cerdo representando a los americanos. La iglesia no ahorra esfuerzos acompañando las salidas de tropas con bendiciones de banderas, rogativas y sermones, legitimando la causa española como una cruzada contra las dobleces y mezquindades de una nación mercantil y protestante.14
Tan brillante ejercicio de hipocresía esconde una realidad muy diferente. El gobierno no sólo sabe que la guerra no se puede ganar sino que la conduce con voluntad deliberada de perderla lo antes posible. Todos los esfuerzos se reducen a oponer una resistencia que hiciera pasar la derrota por honrosa y dejara intacta la dignidad del país.15 La hidalguía y el quijotismo serían entonces los términos justificadores a través de los cuales el fracaso se inscribiría en la ideología ibérica, ocultando las responsabilidades concretas del régimen. La guerra pues se detendría cuando ya no pudiera continuarse ante la superioridad bélica del enemigo. Así, tras el hundimiento de la flota dirigida por el Almirante Montojo en el Pacífico el 1 de mayo, se sacrifica la escuadra del Atlántico, entonces en Santiago de Cuba. El 3 de julio se ordena al Almirante Cervera que abandone la plaza y entable combate con la infinitamente superior armada americana. En lo que fue poco más que un ejercicio de tiro al blanco, los americanos, que sólo contaron como bajas, un muerto y dos heridos, barrieron literalmente del mar a los navios españoles en cuestión de minutos. Ya se sabe, España prefiere honra sin barcos a barcos sin honra. Y sin barcos, la suerte de un ejército que luchaba a miles de millas de distancia estaba echada. Con los americanos avanzando en todos los frentes y sin posibilidad de recibir socorros o refuerzos, ni los sectores más intransigentes de las fuerzas armadas se atreven a discutir un armisticio que por fin se firma el 12 de agosto.16
En 1898 España no perdió su última peseta ni su última gota de sangre. Pero el saldo de la derrota fue muy elevado. En el aspecto territorial la liquidación del poder español en ultramar es completo. A la ya cierta pérdida de Cuba y Puerto Rico, se une tras la intransigencia americana, auspiciada por una Gran Bretaña temerosa de los designios alemanes en el área, la anexión de todo el archipiélago de las Filipinas." La guerra también representa una profunda sangría para la hacienda y la población de la metrópoli: los gastos ascienden a unos 2.000 millones de pesetas y cerca de 60.000 españoles han perdido sus vidas en ultramar.18 Nada capta mejor la imagen de la derrota que el espectáculo dantesco que se repite en los meses posteriores al armisticio durante la repatriación de las tropas. Hacinados en las bodegas de los barcos de la compañía Trasatlántica, propiedad del Marqués de Comillas, miles de soldados famélicos, enfermos y harapientos, desembarcan en los puertos españoles. Muchos tendrán que mendigar transporte y comida en el largo viaje hacia sus hogares.19
2. DESPUÉS DEL 98
Una vez vistos los orígenes y desenlace de los acontecimientos que llevaron a la hecatombe colonial, la cuestión fundamental es observar su transcendencia en el estado y la sociedad española. Y es aquí donde aparece el contraste evidente entre por un lado el trastorno moral y psicológico, sustento de la mitificación posterior, y por otro, su escaso impacto social y político.
El «detonante» del 98 no representa más que el momento culminante de una crisis del sistema colonial español que venía arrastrándose desde muchos años atrás. Es la oligarquía y sus representantes políticos en el turno, los mismos que no pudieron enfrentarse al problema cubano con una dosis mínima de objetividad y ecuanimidad, los que realizan una interpretación nacionalista de la crisis del 98. La identificación de sus intereses de clase con los de la nación en su conjunto les lleva a concluir que la derrota en ultramar representa el derrumbe de toda la nación. De hecho, lo único que entra en crisis es la legitimidad de la oligarquía dominante para dirigir los destinos del estado. El sueño imposible de una España anclada en un pasado glorioso e imperial se hunde para siempre al mismo tiempo que los barcos de Montojo y Cervera en aguas de Cavite y Santiago.211 En una era de auge imperialista y darwinismo social, cuando la virilidad de las naciones parecía medirse por el número de sus colonias, España aparece como una nación enferma y atrasada en relación con sus rivales europeas. Pero esta enfermedad, producto del atraso social y económico, no surge como por arte de magia en 1898, sino que es una realidad cimentada en generaciones de mal gobierno y corrupción administrativa que hasta entonces habían podido ocultarse tras la posesión de un imperio en ultramar. La derrota de 1898 pone así fin a lo que Tuñón de Lara describe como la ideología de «consolación» que daba una falsa conciencia de dominadores y civilizadores cuando en realidad se estaba en una situación marginal con respecto a Europa.21
Al mismo tiempo, son las élites culturales del país (poetas, escritores y novelistas como Azorín, Baroja, Valle Inclán, Machado o Unamuno, entre otros), la llamada «Generación del 98», las que, haciendo suya esa interpretación nacionalista de la derrota, desempeñaron un papel decisivo y mitificador, presentando la crisis colonial como el «gran desastre nacional». Crean un pasado mítico, nostálgico e irreal de la pasada grandeza de España, identificando España con Castilla, y creando así la imagen de un imperialismo centralista castellano basado en pura demagogia. Por otro lado, los intelectuales acometen una acción nada desdeñable, la de regeneración nacional. Su pesimismo y crítica mordaz inician la acción demoledora de aquellos culpables de la decadencia de España, los notables del tumo, los caciques y las oligarquías. De aquí surgirán las bases fundamentales del pensamiento moderno español: uno progresista y reformista que busca la genuina democratización de la política y sus instituciones; el otro, centralista y autoritario, que pasa de la mera crítica al sistema viciado de los partidos turnantes de la Restauración a la oposición a toda forma de expresión política.22
Mientras el mito del gran desastre nacional ha dejado para la posteridad esa imagen de decadencia y crisis, es llamativo su escaso impacto a nivel social y político y la indiferencia o el escepticismo con el que se recibieron las noticias del final de la guerra por la población en general. Esto es todavía más chocante cuando se compara con otras naciones que atraviesan semejantes circunstancias en este período. España no es el único Estado que en esta época de imperialismo y redistribución colonial padece un 98.23 Tomemos los casos de Rusia e Italia. El imperio zarista choca en sus empeños expansionistas en Manchuria con una nueva potencia, el Japón. Contra todas las expectativas, la guerra de 1904-1905 se cierra con la derrota rusa tras una serie de reveses militares y el hundimiento de su flota en los estrechos de Tsushima. El joven estado italiano comienza un rápido proceso de penetración en el África Oriental ocupando Eritrea y Somalia pero el intento de anexionarse Abisinia concluye con el descalabro de Adua en Marzo de 1896. En ambos países sus derrotas militares desencadenan graves crisis domésticas. En el domingo sangriento (9 de enero de 1905) la policía abre fuego causando 200 muertos y centenares de heridos entre los manifestantes. Durante más de un año, la otrora poderosa autocracia rusa, se tambalea. La indignación popular se plasma en levantamientos campesinos, huelgas y formación de soviets en las principales ciudades, motines de marineros en Odessa y Krondstadt, insurrecciones nacionalistas en Polonia y Finlandia. El ciclo revolucionario sólo comienza a decrecer tras la concesión del zar Nicolás II en octubre de una constitución y la promesa de elecciones libres a una asamblea legislativa, Duma. De modo similar en Italia, la debacle de Adua inicia un período de revuelta y descontento social que sacude al país del Piamonte a Sicilia, alcanzando su punto álgido con la brutal represión de la insurrección de Milán de Mayo de 1898. Se suspende la Constitución hasta 1900 y el poder pasa a manos de un gobierno militar dirigido por el General Pelloux.
En España, por el contrario, ni se produce un movimiento popular de carácter reformista o revolucionario ni hay un proceso involucionista que persiga derrocar el sistema constitucional. La crisis de legitimidad de la oligarquía gobernante no se traduce en una crisis de Estado. En 1898 no cambió el gobierno, ni la composición de las Cortes, ni mucho menos la Constitución o el sistema de partidos.24
El retraso socio-económico y el fuerte enraizamiento del caciquismo local, que aseguraba la ruralización política y la desmovilización popular, contribuyen a favorecer la continuidad del orden canovista. También el sistema demuestra ser lo suficientemente flexible y los políticos dinásticos, lo bastante hábiles, como para retener la iniciativa.25 Primero Francisco Silvela, formando un nuevo ministerio en marzo de 1899, y luego su sucesor en la jefatura del partido Conservador, Antonio Maura, hacen suyas las ideas regeneracionistas de dignificación de la política y revolución «desde arriba». Al mismo tiempo, la bonanza económica, generada por el aumento de las exportaciones tras la devaluación de la peseta y la repatriación del capital invertido en las colonias (unos 1.000 millones de pesetas), favorecen la impresión de normalidad. El Ministro de Hacienda, Fernández Villaverde, diseñó un programa deflacionista que fue un éxito al lograr restablecer la confianza del público. Una modesta reforma fiscal y el recorte del gasto público conduce a una serie de años con superávit presupuestario. Igualmente, su empréstito de reconversión de la deuda pública se cubrió 25 veces.26
La estabilidad política del sistema se asegura también por la debilidad e incapacidad de sus adversarios para aprovechar la coyuntura de 1898." El desencanto popular se expresa en las tradicionales revueltas de consumos, con asaltos a almacenes bajo el grito de pan barato, o en tumultos y motines producidos por el triste espectáculo del desembarco de soldados enfermos. Son por tanto desórdenes de carácter local fácilmente neutralizados por las autoridades.28 Igualmente, los intentos de regeneracionistas como Joaquín Costa, Basilio Paraíso o Santiago Alba para movilizar a la pequeña burguesía (Cámaras agrícolas y de comercio, Círculos industriales y mercantiles), nunca pasan de ser una reacción agria y condenada al fracaso. Huérfanos de objetivos políticos, no van más allá de un vano intento de convertirse en un grupo de presión de las llamadas clases productoras, que intenta imponer un vasto programa de reformas administrativas y económicas para la regeneración nacional. Su pulso con el gobierno Silvela, en junio de 1900, al abogar por el cierre de tiendas y la huelga de contribuyentes concluye con un estrepitoso fracaso cuando las autoridades declaran el Estado de guerra y comienzan a embargar a los morosos. El movimiento regeneracionista de la pequeña burguesía se disuelve como un castillo de naipes en los siguientes meses. Algunos de sus líderes incluso entran en pactos políticos con los partidos dinásticos para ganar actas de diputado. Santiago Alba, por ejemplo, llegará a convertirse en el gran cacique de Valladolid y uno de los notables del partido Liberal.29
El «Desastre» del 98 es, pues, un caso de exageración o percepción sobredimensionada de unos acontecimientos, de limitada importancia en sí mismos, pero vividos como una desgracia colectiva de proporciones cataclísmicas. Lo único que se «perdió en Cuba» fue una ilusión, un ensueño imperial, la ficción de ser todavía uno de los grandes poderes coloniales.3" Sería, sin embargo, erróneo concluir que 1898 no tiene repercusiones importantes en el país. Nada cambia en el orden político pero tampoco se puede afirmar que todo continúa como antes." El 98 produce consecuencias importantes en la evolución de las fuerzas armadas, el triunfo del catalanismo político y el desarrollo del movimiento obrero.
Existe la idea generalizada que el año 1898 supuso el regreso de los militares en la política. En realidad, la apariencia civil del sistema de la Restauración es engañosa. El ejército es, desde el primer momento, una parte central y vital del bloque de poder. El sistema canovista sustituye a los militares con el turno de partidos como instrumento de cambio político pero aquellos se convierten en el brazo armado del nuevo orden. La Ley Constitutiva del Ejército de 29 noviembre de 1878 dice en su artículo segundo que la primera y más importante misión de las fuerzas armadas es la de defender a la patria de los enemigos interiores. A cambio, los generales son absorbidos por el sistema político con puestos importantes en los dos partidos dinásticos, títulos aristocráticos, asientos vitalicios en el senado y también con la promesa implícita de no interferencia civil en asuntos militares, que equivalía a la tácita aceptación de una oficialidad sobrecargada y, por consiguiente, de un desproporcionado presupuesto de Guerra.32
En 1898, con los militares tan comprometidos como los civiles en la derrota, nunca hubo un peligro serio de sublevación. El General Camilo Polavieja, héroe de la guerra en Filipinas, al publicar un manifestó que atacaba el mal gobierno y abogaba por una descentralización en el plano económico, es la única excepción. El suyo es un gesto individual que acaba elocuentemente con su inclusión en el ministerio de Silvela. No obstante, tras la debacle colonial aumenta la sensibilidad castrense ante toda crítica externa. Al mismo tiempo, traumatizados por la derrota en ultramar, las fuerzas armadas perciben su papel de defensores de la patria contra sus enemigos internos como su nueva y más decisiva batalla. Identificando su causa con la defensa de los valores sagrados de la nación, los oficiales comienzan a desplazar a los políticos dinásticos en la lucha contra las dos grandes amenazas al orden social: el separatismo catalán y la revolución obrera.33
La hecatombe colonial opera como importante catalizador de fuerzas sociales y políticas adversas al sistema oligárquico imperante. En el caso de Cataluña, el débil proceso integrador y el centralismo del orden canovista había favorecido el crecimiento de un movimiento nacionalista. Hasta 1898, la burguesía catalana, con grandes intereses en el comercio antillano, había aceptado la dirección política de Madrid y apoyado la guerra. Esta situación concluye con el desmembramiento del imperio. Industriales y comerciantes catalanes dejan de acatar la hegemonía política del turno y traspasan su lealtad a un partido nacionalista y conservador, la Lliga Regionalista. En las elecciones de Mayo de 1901, la movilización popular en Barcelona se plasma en una victoria impresionante del nuevo partido catalanista seguida por los Republicanos. Es el principio del fin de la política de notables en Cataluña.34
El movimiento obrero, representado por el partido Socialista y diversos y fragmentados grupos anarquistas, es el sector social que en todo momento se opone radicalmente a la guerra colonial. Esa oposición adopta primero un carácter abstracto. Así siguiendo principios internacionalistas se tata de demostrar que el proletariado español no tiene nada que ganar en el campo de batalla. Los obreros no tienen patria; ésta no es más que la máscara tras la cual se disimulan los intereses de la burguesía. Con el agravamiento del conflicto, la prensa obrera, en particular, El Socialista, comienza a concretar sus críticas. Se culpa de la guerra a los partidos dinásticos, que con su ceguera por continuar una política imperialista y explotadora han provocado la insurrección de los nativos. Igualmente, en el verano de 1896 se inicia una campaña demandando equidad y justicia en el servició militar. Se trata de todos o ninguno. Ha llegado el momento de poner fin a un episodio sangriento que tantas lágrimas y vidas cuesta al proletariado mientras las clases pudientes alardean de patriotismo, pero ni empuñan el fusil, ni mandan a sus hijos a la guerra. Por ello, la llegada de la paz, lejos de ser un humillante trastorno, es recibida con entusiasmo por la prensa obrera. No se llora por la pérdida de las colonias sino que se celebra el fin de la tragedia.35
El espectáculo denigrante de la repatriación de los soldados hambrientos y enfermos de ultramar, a los que el gobierno adeuda más de 40 millones de pesetas, confirma al movimiento obrero en su determinación de evitar situaciones semejantes en el futuro.36 Como consiguiente, tras 1898, los gobiernos españoles, en contraste con otros en Europa, no pueden utilizar el llamado imperialismo social para aunar el sentimiento popular y desviar presiones domésticas hacia el expansionismo colonial.37 Esta resolución se hace patente cuando con las memorias aún recientes del penoso desenlace en Cuba y Filipinas, España, comprometida por sus acuerdos con Francia y Gran Bretaña, se lanza hacia una nueva aventura en el norte de África. La campaña en Marruecos, carente de los vínculos emocionales e históricos de Cuba, más aún que las guerras coloniales de 1895-1898, se convierte en una pesadilla para los gobiernos de la Restauración y es motivo de hostilidad popular. Cuando en el verano de 1909, tras sufrir más de 1.000 bajas en una operación militar, el ministerio Maura ordena la movilización de reservistas, el movimiento obrero responde alertando al proletariado para que no sirva de nueva carne de cañón en otra aventura imperialista.38 La retórica da pie esta vez a la convocatoria de una huelga general contra la guerra en Marruecos. Esta adquiere un carácter violento en Barcelona donde la ciudad vive días de anarquía con barricadas, tiroteos en las calles e incendios de conventos e iglesias.39 La llamada Semana Trágica no es todavía un ataque frontal al régimen sino un gigantesco motín antimilitarista y anticlerical que carece de clara dirección u objetivos políticos. Pero sus consecuencias son importantes: la campaña nacional e internacional montada a raíz de la brutal represión lleva primero a la caída de Antonio Maura, el único político monárquico con genuino arraigo popular, y luego a su salida del partido Conservador en octubre de 1913 provocando la primera escisión irreparable de uno de los grupos dinásticos; el partido socialista abandona su tradicional sectarismo y entra en alianza con el republicanismo; y por último, los grupos sindicalistas y anarquistas deciden fundar un movimiento sindical nacional, la Confederación Nacional del Trabajo.40
3. QUIEBRA Y AGONÍA DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN
Irónicamente, es la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que España no interviene, el que produce la quiebra política final del orden canovista. La crisis orgánica del estado español se puede analizar como la versión regional de la crisis general europea: el momento en que el antiguo orden de élites y clientelas se derrumba ante la presión de la politización y movilización de las masas.
Aunque la neutralidad española evita el sacrificio humano de otros países, no se escapa de los efectos del conflicto europeo. España no entra en la guerra pero la guerra entra en España y su impacto político y socio-económico destruye las bases del sistema de la Restauración.41 El país se divide entre dos campos ideológicamente opuestos: Francófilos y Germanófilos. Los primeros (Socialistas, Republicanos, Catalanistas y la mayoría de los intelectuales) confían en que una victoria de los Aliados en Europa genere un movimiento de democratización política. Por el contrario, Germanófilos son aquellos grupos (iglesia, ejército y aristocracia) que esperan que una victoria de Alemania produzca la consolidación de los valores tradicionales de monarquismo, jerarquía social y elitismo político. La agria polémica entre los dos bandos se puede interpretar como una «guerra civil retórica» que presagia el futuro conflicto fratricida entre las dos Españas.42
Al mismo tiempo, España atraviesa una era de boom económico y expansión industrial. Su neutralidad le permite no sólo abastecer a ambos campos sino también penetrar en mercados que han de ser abandonados por las naciones beligerantes. La balanza comercial pasa de un estado de déficit crónico a fabulosos superávits acarreando la entrada y acumulación de capital y oro en el país.43 Sin embargo, el desarrollo económico sólo beneficia a una minoría e incrementa las disparidades regionales y sociales. Así, zonas industriales como Cataluña experimentan un aumento extraordinario en su producción pero las regiones agrarias del centro y el sur se ven asoladas por la pobreza y el paro. En consecuencia, se produce un gran movimiento migratorio del campo hacia las ciudades. Este reajuste demográfico ahonda las tensiones y desequilibrios sociales ya existentes. El despilfarro de las clases acaudaladas con sus exorbitantes ganancias contrasta con las condiciones infrahumanas de higiene, acomodación y jornales ínfimos en que la nueva mano de obra se encuentra. Al mismo tiempo, la boyante demanda externa unida al descenso en picado de importaciones tiene como resultado la carestía de productos básicos y el ascenso ininterrumpido del coste de la vida. Así, mientras ésta es una época dorada para industriales, financieros y especuladores, para la mayoría de la población, éstos son años marcados por privaciones, empobrecimiento del nivel de vida y crisis de subsistencias.44 La realidad socio-económica y política nacional impulsa un proceso de malestar, protesta y movilización que pone fin a la hegemonía de los partidos del turno. En julio de 1916 las dos grandes centrales sindicales, la UGT y la CNT, abandonan su tradicional animosidad y forman una alianza destinada a forzar a los gobiernos a tomar medidas para resolver la inflación y la crisis de subsistencias.45 Durante la segunda mitad de 1916, la Lliga Regionalista se erige en uno de los partidos de mayor fuerza nacional cuando organiza dentro y fuera del parlamento una campaña nacional que arruina los planes del Ministro de Hacienda, Santiago Alba, de introducir un vasto programa de Reconstrucción Nacional financiado por las ganancias durante la guerra acumuladas por la industria y el comercio pero no por los terratenientes.46 Simultáneamente, oficiales del ejército, con su nivel de vida mermado por la constante inflación y furiosos por la intención del gobierno de introducir una reforma militar que redujera los gastos del presupuesto de Guerra, comienzan a organizarse en una especie de sindicatos castrenses, las Juntas Militares de Defensa.47
Los acontecimientos se precipitan en 1917. En marzo la caída del zarismo en Rusia da vigor a los grupos francófilos y antimonárquicos. Ese mes, el movimiento obrero unido, por primera vez en la Restauración, publica un manifiesto en el que ya aparece una conciencia política clara, amenazando con una huelga revolucionaria para acabar con el régimen.48 Asustado por la creciente campaña intervencionista de los francófilos y por las noticias de Rusia, el rey Alfonso XIII toma dos medidas que contribuyen a acelerar el descalabro del artilugio cano-vista: en abril el Conde de Romanones, que con sus iniciativas pro-Aliadas ponía en peligro la neutralidad, es reemplazado como jefe de gobierno por el líder de una facción rival, el Marqués de Alhucemas; poco después el monarca ordena la disolución de las Juntas de Defensa.49 El resultado es, primero, la división del partido Liberal y, luego, la caída fulminante del ministerio Alhucemas en junio ante la rebelión y el desafío de los junteros.50
Aunque pocos advirtieron el peligro pretoriano en aquellas fechas, la victoria de las Juntas en junio de 1917 significa el paso del Rubicón en el proceso de claudicación del poder civil y protagonismo militar en política. Los políticos dinásticos se limitaron al turno de gobierno, subiendo al poder el ministerio Conservador presidido por Eduardo Dato que pronto se entregó a una política de apaciguamiento de las Juntas.51 Por su parte, alentadas por los vitriólicos ataques contra el sistema llevados a cabo por La Correspondencia Militar, órgano de prensa de los oficiales, todas las fuerzas reformistas en España creyeron llegado el momento de una profunda renovación política.52 Los intentos de revolución democrática son dirigidos por la Lliga Regionalista, que con el apoyo de Republicanos y Socialistas convoca en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios para el 19 de julio. El objetivo es llevar a cabo un proceso de renovación política pacífica por medio de la creación de un gobierno provisional que organizaría elecciones libres a unas Cortes Constituyentes que concederían la autonomía a Cataluña y abordarían la reforma del estado. Esta iniciativa fracasa cuando el movimiento obrero lanza en apoyo de la Asamblea una huelga revolucionaria el 13 de agosto que es ahogada en sangre por la represión del ejército.53
Los sucesos de 1917 ponen fin a la esperanza de conseguir la democratización del sistema político. En realidad, a partir de este momento, el régimen liberal tiene sus días contados. Los oficiales del ejército son los auténticos triunfadores de la crisis. Olvidando su retórica reformista, la intervención militar en agosto ha salvado al orden canovista, pero éste ha hipotecado su existencia a la voluntad militar. Cuando en octubre derriban al gobierno Dato, las Juntas demuestran que tienen una agenda propia y ésta no es la de ser la guardia pretoriana de la oligarquía política.54
A partir de 1917 asistimos no ya a la quiebra sino a la lenta agonía del sistema de la Restauración. A diferencia de lo sucedido en 1898, los partidos dinásticos son incapaces de ganar la iniciativa ante la creciente movilización social e injerencia castrense en los asuntos de estado. Los oficiales, con el apoyo de la Corona, detentan funciones de veto, haciendo y deshaciendo ministerios.55 El turno pacífico, el mecanismo de transición política por más de 40 años, yace pulverizado. El caciquismo rural aún funciona eficazmente, pero los partidos Liberal y Conservador, en pleno proceso de desintegración, son poco más que camarillas de facciones rivales que ya fracasan en las grandes concentraciones urbanas.
Durante los años de la postguerra, España se ve inmersa en el ciclo revolucionario que se extiende por Europa. La recesión económica, las noticias del triunfo bolchevique en Rusia, el empeoramiento de la crisis de subsistencias y la continua alza de precios desembocan en un período de inusitada violencia social. Es el momento de crecimiento vertiginoso del sindicalismo cenetista. Las huelgas paralizan las ciudades y se producen insurrecciones populares en el campo andaluz. La crisis de autoridad del estado liberal es patente. Los efímeros gobiernos en Madrid son incapaces de detener la guerra social que enfrenta a sindicalistas contra patronos en colusión con militares y que ensangrienta a diario las ciudades españolas.56 Como golpe final, en el verano de 1921 llegan trágicas noticias de la olvidada guerra de Marruecos: Unos 12.000 soldados han perecido en Annual y el frente de la comandancia de Melilla se desmorona ante los ataques de las cabilas rifeñas. A diferencia con 1898, los gobiernos esta vez no pueden acallar la reacción popular exigiendo responsabilidades por la debacle.
El pronunciamiento de Primo de Rivera en Septiembre de 1923 no sorprende a nadie. En medio del descalabro colonial, los atentados sociales y el vacío de poder político, si algo extraña es la tardanza con el que se produce.57 La importancia del golpe de fuerza militar radica tanto en su contemporaneidad como en su originalidad. Como otros movimientos similares en Europa, se trata de una iniciativa antiliberal y antiparlamentaria que aparece en el momento en que el antiguo régimen oligárquico ha entrado en crisis y es incapaz de garantizar el orden social y hacer frente a la súbita irrupción de las masas en la política. El ejército no se presenta, como en los frecuentes pronunciamientos decimonónicos, como punta de lanza de ninguna facción política. Esta es la primera, pero no última vez, en la historia de España en que una reacción nacionalista y centralista irrumpe en la política basando su legitimidad golpista en su identificación con los valores sagrados de la nación (defensa de la patria, familia, propiedad y orden) y organizada en torno a la nostalgia de las glorias del pasado. Así, Primo de Rivera, ya en su primer manifiesto al país, justifica su actuación remontándose a 1898. El mito del desastre nacional, de la España imperial traicionada por los profesionales de la política y rescatada por un ejército regenerador y ejecutor de la voluntad nacional, se convertía en realidad.58
10. El rearme militar en las primeras décadas del siglo XX. La reafirmación del protagonismo militar. De la Ley de Jurisdicciones a las Juntas de Defensa. La prensa militar. Divisiones y confrontaciones en el seno del Ejército.
Panorama histórico del primer tercio del siglo XX
En los primeros treinta años de centuria, el mundo se va a ver sacudido por lo que se vendrá a llamar la I Guerra Mundial, conflicto armado de magnitudes increíbles hasta el momento y con unas consecuencias inimaginables en todos los ámbitos del quehacer humano. Desde el pensamiento, pasando por el Arte o la Literatura, las ideologías políticas o la Ciencia, sin dejar de lado la economía mundial junto a una red de contactos que se tiende por todo el planeta abarcándolo poco a poco hasta límites insospechados; el mundo va a comenzar a ser otro a partir de esa fecha. Hay una universalización de los acontecimientos desconocida hasta entonces que dará a parar un estilo de hacer política muy diferente al que se conocía.
Nacimiento y muerte de las Juntas Militares de Defensa
La expresión más clara de asociacionismo y por lo tanto de defensa de intereses por parte de la colectividad militar está en el nacimiento de las Juntas Militares de Defensa. No se debe de olvidar que el elemento castrense verá como nacen alrededor suyo diversas organizaciones (sobretodo de carácter obrero) en defensa de sus intereses profesionales y de clase, para lo cual nacerán una serie de representantes plasmados en sindicatos y partidos políticos entre otras formas de representatividad. Ante esto, el militar imitará a otros grupos sociales para luchar por sus intereses.
1. Situación anterior (1898-1906-1909-1916)
Tras el Desastre del 98, el Ejército se encontró sin una finalidad concreta por la que trabajar, además se sintió humillado por todo el país (especialmente por la clase política, la cual le conminó a ir a luchar; sin olvidar que incluso contra los deseos de Canovas estaban ahí gracias al apoyo decidido del Ejército por la causa alfonsina) y manejado de este modo por la oligarquía dominante. Cuando finalizó esta campaña, se repartieron demasiadas recompensas y ascensos por méritos de guerra, algo que contrasta hasta el más profano en la materia con las consecuencias tan desastrosas para las armas españolas que tuvieron aquellos hechos. Ante todo esto reaccionó uniéndose y defendiéndose de lo civil, naciendo de esta manera una mentalidad sindicalista que afloró en 1917.
Por otro lado las unidades y junto a éstas los oficiales que las mandaban, se diferenciaron pronto por su marcha o no a Marruecos. Aquella tierra ignota en todos sus aspectos fue dada a la mala suerte de España, por motivos ajenos a sus verdaderos intereses y necesidades para volver a caer en los mismos fallos que había cometido en Cuba: Corrupción en todos los escalafones del ejército expedicionario, ausencia de un planteamiento de operaciones para la zona en conflicto, empleo descoordinado en la actuación política para seguir por parte de los gobernantes de entonces y, el famoso problema de los ascensos que tras la campaña de Ultramar desparecieron en concepto de mérito de guerra para volver sobre ellos reabriéndose con motivo del desastre del Barranco del Lobo en el año 1909, muy cerca de la plaza de Melilla. Lógicamente los oficiales que se quedaron en África fueron favorecidos por estas medidas y los que no, siguieron en sus cuarteles esperando su ascenso por rigurosa antigüedad. De tal modo que se creó una división entre los militares: Africanistas y Peninsulares. Los primeros eran partidarios de los ascensos dentro del escalafón por méritos de guerra y los segundos no. A pesar de que aquellos se jugaban en gran medida el pellejo en los combates habidos contra los rifeños, tenían la posibilidad de ascender rápidamente de graduación además de ver aumentada su escasa paga de oficial. Por otro lado la oficialidad destacada en la Península, llevaría lógicamente una vida más placentera en reglas generales a pesar de los conflictos sociales plasmados en las calles, pero se verán desplazados de los ascensos (vertiginosos en algunos casos) que disfrutarán los africanistas contando solamente con la antigüedad como punto de arranque, languideciéndose en los cuarteles de provincias, sin más aspiraciones que reivindicar una serie de puntos que tendrán su expresión en las Juntas de Defensa.
Pero antes de la formación de las Juntas, acaecieron una serie de hechos que provocaron la rapidez en la formación de éstas. La concepción que existía entre los miembros del Ejército como cuerpo maltratado, tuvo su puesta en escena en 1895, al asaltar un grupo de oficiales las sedes de los periódicos madrileños El Resumen y El Globo. En los años 1901 y 1902, fue empleado el Ejército para reprimir huelgas que hubo en Madrid y Barcelona, y años más tarde surgió un nuevo incidente entre un grupo de oficiales destacado en la ciudad condal y la sede del periódico catalán Cu-Cutque con cierta sorna había criticado la acción militar en las Antillas, siendo atacada violentamente por aquellos; la oficialidad española en su conjunto apoyó la actitud de estos jóvenes militares. Las presiones al aparato político se dejaron ver perfectamente en la creación de la Ley de Jurisdicciones del año 1906, la cual en su articulado daba carta blanca a la intromisión del poder dentro del ámbito civil en caso de delitos contra la Patria, relacionándolos con los ultrajes a la Bandera o a sus representantes los militares. Por supuesto que eran un fuero especial a favor de una comunidad que tenia las armas en la mano y que tendrá la posibilidad de ponerlo en práctica en los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona del año 1909.
3. Desarrollo y muerte (1917-1922)
Las primeras peticiones hechas por los miembros de la comisión de la Junta Superior del Arma de Infantería, presidida por el comandante Benito Márquez, al Gobierno fueron: Mejores pagas, sustituir al Alto Comisario en Marruecos (general Gómez Jordana) considerado promotor de favoritismos, el retiro de varios tenientes generales por sus actuaciones políticas y la reorganización de los colaboradores personales del Rey. A éstas peticiones se consideraron a tener en cuenta la cuestión del sueldo, el acabar con el favoritismo y el problema de los ascensos.
Un grupo de presión con intereses profesionales y políticos
En el punto anterior hemos hecho una visión panorámica del acontecer de las Juntas durante su corta vida, con pequeñas referencias a sus antecedentes y sus secuelas en la historia reciente de España.
Introducción
Vamos a tratar de dilucidar un caso habido en nuestra España durante el primer tercio del siglo XX en relación a un grupo o comunidad de hombres que se consideraron mal tratados por sus compatriotas del momento y dieron salida a sus resentimientos basándose en la fuerza que sus conciudadanos habían depositado en ellos a favor de todos y no en usufructo propio.
En relación con el tema que nos ocupa, cabe decir que el Ejército es la representación de la fuerza de una nación que por entonces deseaba fueran representados una serie de intereses profesionales en un principio, políticos después, a través de un representante que son las Juntas Militares de Defensa para dar cabida a sus fines. Todo ello durante la época conocida como de la Restauración. Esta intervención veremos que tiene unos orígenes bien concretos y unas consecuencias no menos influyentes en el devenir de nuestra historia más reciente.
Vamos a tratar de dilucidar un caso habido en nuestra España durante el primer tercio del siglo XX en relación a un grupo o comunidad de hombres que se consideraron mal tratados por sus compatriotas del momento y dieron salida a sus resentimientos basándose en la fuerza que sus conciudadanos habían depositado en ellos a favor de todos y no en usufructo propio.
En relación con el tema que nos ocupa, cabe decir que el Ejército es la representación de la fuerza de una nación que por entonces deseaba fueran representados una serie de intereses profesionales en un principio, políticos después, a través de un representante que son las Juntas Militares de Defensa para dar cabida a sus fines. Todo ello durante la época conocida como de la Restauración. Esta intervención veremos que tiene unos orígenes bien concretos y unas consecuencias no menos influyentes en el devenir de nuestra historia más reciente.
Panorama histórico del primer tercio del siglo XX
En los primeros treinta años de centuria, el mundo se va a ver sacudido por lo que se vendrá a llamar la I Guerra Mundial, conflicto armado de magnitudes increíbles hasta el momento y con unas consecuencias inimaginables en todos los ámbitos del quehacer humano. Desde el pensamiento, pasando por el Arte o la Literatura, las ideologías políticas o la Ciencia, sin dejar de lado la economía mundial junto a una red de contactos que se tiende por todo el planeta abarcándolo poco a poco hasta límites insospechados; el mundo va a comenzar a ser otro a partir de esa fecha. Hay una universalización de los acontecimientos desconocida hasta entonces que dará a parar un estilo de hacer política muy diferente al que se conocía.
Dentro del panorama político internacional, asistimos a la crisis del colonialismo que tendrá su desmoronamiento durante la segunda mitad de siglo pero que su origen lo encontramos durante estos años. Tema éste de especial relevancia para el período histórico del que vamos a hablar, que va a ser la segunda parte de la Restauración española, que nace y acaba con el reinado de Alfonso XIII (1902-1931). También nos vamos a referir al conflicto marroquí que abarca de 1909 a 1927, el cual a pesar de tener unas repercusiones de vital importancia para el desarrollo de los acontecimientos de la época a nivel nacional, no cabe olvidar la posición de otras potencias interesadas en el reparto del pastel africano y la influencia que tuvieron en este conflicto de tan desigualdades consecuencias para todos los actores del momento.
En todo este ir y venir de avatares históricos, surge en España un sector de la sociedad que tuvo un gran protagonismo en la revolución liberal decimonónica y que va a tener otro de manera muy especial en el siglo XX. Me estoy refiriendo al Ejército. A raíz de la Guerra de la Independencia (1808-1814) y con el apoyo de la fuerza armada a las ideas liberales en contra de las absolutistas del viejo Régimen, le llevó primeramente a defenderse de las ideas de su rey que desconocía por completo la realidad de su reino en donde se había producido una revolución ideológica sin posibilidad de marcha atrás. Posteriormente contra los carlistas, contando el Ejército con la ayuda de la realeza legalmente constituida en contra de la que intentó durante tres guerras hacerse con el trono. Sirviendo siempre como “guardia pretoriana” como le gustaba definirlo a S. Payne, a favor de un bando político y otro a lo largo y ancho todo el siglo XIX , se sintió protagonista de la evolución política de su país, mas siempre como “espadón” a favor de una facción u otra litigante que como alternativa independiente de poder.
Pasados los años y acercándonos a finales de la centuria de 1800, surge en España la primera República cuya vigencia en el tiempo a pesar de breve, dejará una huella indeleble en el Ejército al tocar puntos considerados clave para él. Tenemos una fuerza armada que no tiene nada que ver con la que vio nacer el siglo, con una visión distinta de su papel dentro y fuera del país, a qué o a quién representa, cuáles son sus verdaderos interesas y un largo etcétera. La Nación sustituye el concepto de Reino, siendo la Bandera su máxima expresión simbólica, el orden interno frente a posibles conatos revolucionarios, la defensa de la unidad nacional y la salvaguarda del poder legalmente constituido, junto con unas guerras coloniales defensoras mas de un pasado que de un pilar para un futuro, serán las bases de su quehacer durante la Restauración entre 1875 y 1931.
Pasarán muchas cosas pero antes de acabar el siglo, España pierde sus últimas posesiones de Ultramar lo que sumirá a las fuerzas armadas en una crisis de identidad bastante notable, con la genuina apreciación de ser un estado invertebrado como apuntó en su día Ortega y Gasset, es decir sin una actividad económica capaz de crear una clase media para fomentar un reparto equitativo de la riqueza y así aplacar las fuertes tensiones sociales del momento, sin una clase política preparada para aceptar las bases de un juego plural y verdaderamente democrático, además de presentar un Ejército que se siente dolido y humillado tanto por la clase política como por su pueblo, creándose un resentimiento capaz de albergar recelo hacia casi todas las instituciones ajenas a lo estrictamente castrense. Sus consecuencias se plasmaran en la Ley de Jurisdicciones de 1906, lasJuntas Militares de Defensa de 1917, la Dictadura de 1923 y el Alzamiento de 1936.
Por supuesto no hay que caer en la creencia de que el caso español es algo único y diferente al de sus vecinos europeos. Tenemos el prejuicio de no desear compararnos con nuestros colegas mediterráneos, pero debemos de hacerlo puesto que por geografía y cultura nos encontramos mucho más ligados a ellos que al resto de los continentales. Así vistas las cosas Portugal, Italia, Grecia y Turquía presentarán casos similares al nuestro.
Nacimiento y muerte de las Juntas Militares de Defensa
La expresión más clara de asociacionismo y por lo tanto de defensa de intereses por parte de la colectividad militar está en el nacimiento de las Juntas Militares de Defensa. No se debe de olvidar que el elemento castrense verá como nacen alrededor suyo diversas organizaciones (sobretodo de carácter obrero) en defensa de sus intereses profesionales y de clase, para lo cual nacerán una serie de representantes plasmados en sindicatos y partidos políticos entre otras formas de representatividad. Ante esto, el militar imitará a otros grupos sociales para luchar por sus intereses.
A esta decisión va pareja la necesidad de atajar los problemas ya endémicos del ejército español de entonces y que venían de un siglo atrás, como son la macrocefalia en su organigrama, las pagas exiguas, la división interna a nivel de sus diferentes Armas y las derrotas sufridas en las guerras coloniales habidas en los últimos tiempos. Todo ello desvelaba un sistema militar ineficaz en su ejecución, desorientado en su misión y desprestigiado ante sus compatriotas.
1. Situación anterior (1898-1906-1909-1916)
Tras el Desastre del 98, el Ejército se encontró sin una finalidad concreta por la que trabajar, además se sintió humillado por todo el país (especialmente por la clase política, la cual le conminó a ir a luchar; sin olvidar que incluso contra los deseos de Canovas estaban ahí gracias al apoyo decidido del Ejército por la causa alfonsina) y manejado de este modo por la oligarquía dominante. Cuando finalizó esta campaña, se repartieron demasiadas recompensas y ascensos por méritos de guerra, algo que contrasta hasta el más profano en la materia con las consecuencias tan desastrosas para las armas españolas que tuvieron aquellos hechos. Ante todo esto reaccionó uniéndose y defendiéndose de lo civil, naciendo de esta manera una mentalidad sindicalista que afloró en 1917.
No cabe olvidar la repetición del suceso que tendrá lugar años después en la guerra de Marruecos de casi veinte años de duración y cuya tramoya traerá ríos de sangre y de dinero verdaderamente impresionantes para tan escaso volumen bélico que en todos sus niveles debieron de tener aquellas operaciones.
En relación con lo anterior, decir que las luchas africanas serán un factor de distanciamiento entre las diferentes armas y unidades, aumentando más la disidencia interna en el Ejército. Ya de antaño el Arma de Artillería y el Cuerpo de Estado Mayor estaban formados por un tipo de individuo que se perfilaba de origen aristocrático en su origen en un número importante de ellos, junto a una preparación técnica e intelectual evidentemente muy por encima de las armas de Caballería o de Infantería, cuya procedencia era más democrática y con una preparación más superficial y obsoleta.
Por otro lado las unidades y junto a éstas los oficiales que las mandaban, se diferenciaron pronto por su marcha o no a Marruecos. Aquella tierra ignota en todos sus aspectos fue dada a la mala suerte de España, por motivos ajenos a sus verdaderos intereses y necesidades para volver a caer en los mismos fallos que había cometido en Cuba: Corrupción en todos los escalafones del ejército expedicionario, ausencia de un planteamiento de operaciones para la zona en conflicto, empleo descoordinado en la actuación política para seguir por parte de los gobernantes de entonces y, el famoso problema de los ascensos que tras la campaña de Ultramar desparecieron en concepto de mérito de guerra para volver sobre ellos reabriéndose con motivo del desastre del Barranco del Lobo en el año 1909, muy cerca de la plaza de Melilla. Lógicamente los oficiales que se quedaron en África fueron favorecidos por estas medidas y los que no, siguieron en sus cuarteles esperando su ascenso por rigurosa antigüedad. De tal modo que se creó una división entre los militares: Africanistas y Peninsulares. Los primeros eran partidarios de los ascensos dentro del escalafón por méritos de guerra y los segundos no. A pesar de que aquellos se jugaban en gran medida el pellejo en los combates habidos contra los rifeños, tenían la posibilidad de ascender rápidamente de graduación además de ver aumentada su escasa paga de oficial. Por otro lado la oficialidad destacada en la Península, llevaría lógicamente una vida más placentera en reglas generales a pesar de los conflictos sociales plasmados en las calles, pero se verán desplazados de los ascensos (vertiginosos en algunos casos) que disfrutarán los africanistas contando solamente con la antigüedad como punto de arranque, languideciéndose en los cuarteles de provincias, sin más aspiraciones que reivindicar una serie de puntos que tendrán su expresión en las Juntas de Defensa.
Pero antes de la formación de las Juntas, acaecieron una serie de hechos que provocaron la rapidez en la formación de éstas. La concepción que existía entre los miembros del Ejército como cuerpo maltratado, tuvo su puesta en escena en 1895, al asaltar un grupo de oficiales las sedes de los periódicos madrileños El Resumen y El Globo. En los años 1901 y 1902, fue empleado el Ejército para reprimir huelgas que hubo en Madrid y Barcelona, y años más tarde surgió un nuevo incidente entre un grupo de oficiales destacado en la ciudad condal y la sede del periódico catalán Cu-Cutque con cierta sorna había criticado la acción militar en las Antillas, siendo atacada violentamente por aquellos; la oficialidad española en su conjunto apoyó la actitud de estos jóvenes militares. Las presiones al aparato político se dejaron ver perfectamente en la creación de la Ley de Jurisdicciones del año 1906, la cual en su articulado daba carta blanca a la intromisión del poder dentro del ámbito civil en caso de delitos contra la Patria, relacionándolos con los ultrajes a la Bandera o a sus representantes los militares. Por supuesto que eran un fuero especial a favor de una comunidad que tenia las armas en la mano y que tendrá la posibilidad de ponerlo en práctica en los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona del año 1909.
En relación con los hechos de la campaña de Melilla en verano del año nueve el gobierno de Maura tuvo el desacierto de enviar a luchar a soldados reservistas, en su mayor parte casados y con hijos, que no habían vuelto a ver un fusil desde los tiempos del Servicio. El “casus belli” saltó como consecuencia de un incidente entre una partida de moros de la zona y un grupo de trabajadores del ferrocarril. La consecuencia del malestar por parte de los hombres nuevamente llamados a filas que en su día no pudieron impedir su marcha al teatro de operaciones rifeño por no poder redimir su plaza con el pago de una cuota que sólo los soldados de clase burguesa podía permitírselo, fue aprovechada por la izquierda política de la época con los anarquistas a la cabeza retando de esta forma al poder gubernamental de corte liberal. El Ejército fue una vez más empleado como remedio de los desbarajustes del gobierno, lo que evidentemente no gustaba a los militares que se veían entre la espada y la pared, entre frenar el desorden revolucionario y caótico por un lado y sentirse manipulado por una clase política incapaz de digerir las nuevas corrientes ideológicas surgidas del capitalismo industrial como respuesta a una realidad social distinta que precisaba ser encauzada globalmente en cauces legales y no remendada parcialmente.
Poco a poco el órgano armado de la nación va tomando conciencia de sus problemas y en enero de 1910, un grupo de tres oficiales publican una hoja, firmada en nombre de una “Comisión Militar” en la que se tocarán temas que veremos reflejados en las Juntas, como son la crítica al Cuarto Militar del Rey que creaba una aureola de favoritismos para el tema de los ascensos por méritos de guerra en detrimento de los de escala cerrada. El periódico La Correspondencia Militar por otra parte no deja de lado esta cuestión, aprobando su postura a favor de la antigüedad en el escalafón que le costará una manifestación de pública simpatía por parte de la oficialidad joven que el gobierno sancionará con arrestos; creemos que es patente la ceguera del gobierno ante lo que se le iba a venir encima en detrimento de la postura civil del régimen de la Restauración.
No olvidemos que en el año de 1916 era el tercero de la conocida entonces Gran Guerra, teniendo a España como país oficialmente neutral (a pesar de ello la población nacional se dividió en aliadófila o germanófila). La revolución bolchevique estaba a punto de estallar en territorio ruso y la izquierda española no se encontraba ajena a ella. En Marruecos las cosas estaban en relativa calma aún sin saber que por entonces el mayor cabecilla de todos los tiempos del Protectorado estaba poniendo las bases de su futura rebelión. Aprovechándose de la coyuntura para enriquecerse rápidamente los empresarios y, verse aumentado el salario de los obreros gracias a al presión de sus sindicatos hacia la patronal entablando negociaciones de diverso cariz, el militar no se vio mejorado en este aspecto. El oficial aún siendo de un nivel económico típico de la clase media, conservó los rasgos aristocráticos en su vida cuartelera y en su vida castrense en general como la compensación en títulos nobiliarios de ciertos hechos de armas.
España estaba en camino de convertirse en una “monarquía militar” pasando el Ejército de ser el brazo armado del Estado al brazo armado de la oligarquía dominante.
2. Nacimiento de las Juntas (1917)
Ante cualquier comunidad de personas ajenas a uno mismo por cultura, hábitos sociales, lengua, profesión, creencias, etcétera nos parece a primera vista como un todo sin fisuras, compacto incluso. Sin embargo y a medida que nos vamos acercando a su realidad caemos en la cuenta de que esto no es así. Lo mismo ocurre con el Ejército español de 1917.
2. Nacimiento de las Juntas (1917)
Ante cualquier comunidad de personas ajenas a uno mismo por cultura, hábitos sociales, lengua, profesión, creencias, etcétera nos parece a primera vista como un todo sin fisuras, compacto incluso. Sin embargo y a medida que nos vamos acercando a su realidad caemos en la cuenta de que esto no es así. Lo mismo ocurre con el Ejército español de 1917.
La diferenciación de especialidad entre un artillero y un ingeniero era similar entre la de un infante y un caballero, pero no así entre el segundo y el tercero o el primero y el cuarto. ¿Por qué? La razón radicaba en la preparación intelectual y también en su origen social. Pero estas razones que ya las habíamos dicho anteriormente, se entienden al saber que todo militar perteneciente al Arma de Artillería firmaba desde 1888 una promesa por la cual se negaba aceptar cualquier ascenso que no fuera estrictamente cerrado. Por otro lado el Arma de Ingeniería defendía sus intereses profesionales en el mundo civil; muchos de los oficiales de esta rama del Ejército, una vez pasada una temporada como militares se incorporaban mucho mejor remunerados al mundo laboral. Ambas armas, junto a los de Estado Mayor estaban ya en las Juntas antes de 1917.
La causa última que precipitó la formación de las Juntas Militares de Defensa se halla en la O. R. 16/01/16 en la que se obligaba a los jefes y oficiales a la realización de pruebas de aptitud física y profesional para así el Ministerio de la Guerra proceder a su evaluación. Esta acción se encontraba en el espíritu de reforma existente en la época para acabar con uno de los males que aquejaba al Ejército como era la macrocefalia. Jefes y oficiales muy numerosos, surgidos tras varios años de guerras coloniales, que mandan sobre un número de suboficiales y tropa más exiguo. Las pruebas fueron una de esas maniobras políticas llevadas a término con buena intención pero con escaso tacto. La reacción no se hizo esperar y tras protestar a todos los niveles, la O. R. fue archivada.
La actividad castrense española del momento se encontraba en Marruecos por concentrarse las mejores tropas y mandos, en Madrid junto a la camarilla especial del Rey y, en Barcelona por ser lugar de mayores conflictos sociales de esta época. Tras los hechos arriba remitidos, empezaron a reunirse en la plaza de Cataluña de la ciudad condal la oficialidad de la plaza para acabar en un café de las Ramblas, cuando el clima ya no lo permitió, para hablar de sus problemas profesionales.
Finalmente las reuniones se formalizaron en la Sala de Banderas del regimiento Vergara n. º 57, lugar desde el cual se enviaron a todas las provincias españolas un oficial de conseguir prosélitos para la formación de las Juntas. En enero de 1917 ya se habían extendido a toda España menos en Madrid y en África, las Juntas de Defensa de Infantería, de Caballería y de Artillería; esta última reformada.
El poder político todavía no se daba cuenta de la gravedad del asunto hasta que en el mes de mayo se encuentra con un fuerte sindicato militar ante el cual era ya difícil luchar. El 1 de junio se da a conocer de manera pública el llamado Manifiesto de las Juntas, de carácter reivindicativo para hacer frente a cuestiones morales, económicas y profesionales que el Ejército pensaba eran necesarias llevara a cabo.
Este acto de indisciplina por el procedimiento y netamente político al mostrar un total desprecio por el sistema liberal, actitud típicamente regeneracionista por otra parte. El pronunciamiento del 1 de junio de 1917, supone una ruptura constitucional y legal en la vida del país. Es la revolución de la clase militar (contando la ausencia de la tropa y del generalato) la cual fue muy bien recibida por la opinión pública española, mas no por los partidos políticos legalizados por el sistema de la Restauración.
Defraudó a los que vieron como aquellos que deseaban manejar los resortes del país –el Ejército- fueron manipulados por la clase política. Se ve el año de 1917 como un momento mal aprovechado para regenerar el sistema político de 1875 y democratizarlo con la entrada efectiva en el poder de los socialistas, regionalistas catalanes y la nueva derecha.
Cuestiones de índole histórica, política y económica llevaron a la formación de las Juntas, pero tanto su origen, su fin y su método fueron viciados, lo que abrió el camino a la Dictadura de 1923.
3. Desarrollo y muerte (1917-1922)
Las primeras peticiones hechas por los miembros de la comisión de la Junta Superior del Arma de Infantería, presidida por el comandante Benito Márquez, al Gobierno fueron: Mejores pagas, sustituir al Alto Comisario en Marruecos (general Gómez Jordana) considerado promotor de favoritismos, el retiro de varios tenientes generales por sus actuaciones políticas y la reorganización de los colaboradores personales del Rey. A éstas peticiones se consideraron a tener en cuenta la cuestión del sueldo, el acabar con el favoritismo y el problema de los ascensos.
La Junta se ofreció a un posible nuevo gobierno dirigido por Maura (que se negó por parecerle contrario al espíritu de la Restauración) en el mes de junio. Para hacerse oír bien se pensó en tomar el poder de forma violenta dando un golpe de mano, pero se desechó la idea prefiriéndose jugar con el ya existente.
Ante el peligro de huelgas que se avecinaban aquel verano de 1917, el Gobierno cedió ante los militares por sentirse necesitados de su fuerza. De esta manera se destinaron 2.000.000 de pesetas para sueldos (no hay que olvidar que la medida de los presupuestos de guerra de la época tan sólo un 10% iba destinado a material bélico y el resto para pagas de los miembros del Ejército, con un 60% para la oficialidad y un 30% para la tropa) y, en cuanto a la camarilla personal del Rey y su tiempo de servicio se recortó a cuatro años.
En el mes de julio la situación política hacia aguas por todos los lados y un grupo de parlamentarios presididos por Cambó se reunió el día 19 en Barcelona para discutir problemas de índole nacional, no sólo de carácter regional. Era patente el desacuerdo con la política llevada hasta ahora por la Restauración. La asamblea fue disuelta sin más, pero era ya un hecho bastante significativo la disconformidad existente dentro de un sector de la clase política respecto del sistema establecido. De hecho el mes de siguiente el ala más revolucionaria se lanzó a la calle para darse a conocer. E incluso la Junta Superior pidió al Rey la revisión de la Constitución, cuestión a la que el Monarca no le dio importancia; sin embargo no aceptaron por ejemplo los militares codearse con los parlamentarios por tener entre ellos un peso específico los regionalistas; algo que no casaba muy bien con el espíritu nacional castrense.
Pero el día 10 del mes de agosto se convocó una importante huelga revolucionaria en todo el país, con especial incidencia en Barcelona, alentada por el izquierdismo más acuciante como pudieran ser los anarcosindicalistas y, azuzados por la revolución bolchevique que estaba tomando visos positivos para los socialistas y comunistas europeos. Para variar se empleó la Ejército, que actuó con dureza, sintiéndose éste manipulado una vez más por la clase política. En el acuse mutuo de descalificaciones acabó ganando el primero al provocar la caída del Gobierno de Eduardo Dato Iradier en el mes de octubre.
Entre tanto los cabos, sargentos y suboficiales se organizaron al igual que sus superiores en laUnión de Clases y Tropa. Lo mismo hizo los diferentes ramos de la administración pública que se organizaron en juntas para defender sus propios intereses de cuerpo, esperando tener el mismo éxito que habían tenido los militares hasta entonces. Ante este panorama parece que el peligro corría a cargo no tanto del proletariado que era mantenido a raya, sino a la pequeña burguesía que avanzaba sin parar.
El nuevo gobierno surgido en noviembre de este año nombró a La Cierva como ministro de la Guerra. De condición civil y aparentemente favorecedor de las Juntas, este ministro intentó controlarlas al servicio de la monarquía, para lo cual tomó una serie de medidas. Estas fueron: Aumentar sustancial del sueldo, congraciarse con los junteros más significativos, alentar la creación de juntas entre los hombres en estado de Reserva para contrarrestar de este modo a las juntas con sus hombres en activo, eliminar la Unión de Clases de Tropa para granjearse la simpatía de la oficialidad que veía en aquella un germen peligroso de infiltración revolucionaria comunista (como había pasado en la Rusia soviética) y finalmente crear la Junta de Defensa Central para eliminar al molesto comandante Márquez, jefe hasta entonces de la Junta Suprema de Infantería.
En la evolución de los acontecimientos llegamos al día 16 de marzo de 1918, fecha en la que se decide cambiar la nomenclatura de Juntas por la de Comisiones Informativas, además de desaparecer las representaciones territoriales para quedarse exclusivamente las centrales.
Al acabar la Gran Guerra las consecuencias de la desaparición de la bonanza económica hicieron mella en el proletariado que, en marzo de 1919 convocó la huelga de La Canadiense, empresa energética ubicada en la ciudad condal. La represión de la manifestación callejera por parte de la autoridad militar (no hay que olvidar el apoyo jurídico de 1906 de sacar soldados a las calles para reprimir este tipo de actos) y civil con sus dotaciones policiales provocó no pocos no pocos altercados entre los representantes del poder constituido que mandó acallar los conatos revolucionarios, al no ponerse de acuerdo de quién era el responsable y qué medidas habían de ponerse en juego, si las militares o las civiles. No cabe olvidar que el Gobierno declaró el estado de excepción con lo que la situación quedaba en manos militares…
Nuevamente nació otra disconformidad de pareceres, otra luchar por demostrar quién tenía más fuerza. Ocurrió en el mes de octubre de 1919, cuando un grupo de oficiales de Estado Mayor mostró su disconformidad con las Comisiones, lo que les llevó a los miembros de éstas a expulsarlos del Ejército amparándose en sus propios tribunales de honor sin contar con los legalmente vigentes. En su forcejeo con el Gobierno se llevaron la palma.
En 1920 la paz social está más extendida por toda España –ante todo en Barcelona- produciéndose la reunificación del partido Conservador y pudiendo de este modo hacer frente a las Comisiones Informativas desde cierta ventaja.
En el mes de marzo de 1921 es asesinado el Presidente del Consejo de Ministros, don Eduardo Dato Iradier, a manos de terroristas anarquistas, y en el verano de este mismo año se produce la hecatombe de Annual y Monte Arruit, donde cerca de 12.000 militares y civiles dejaron sus vidas a manos de los rifeños en el infierno marroquí. Duelo nacional, petición de responsabilidades (nace para investigar el caso una comisión de investigación cuyos resultados no concluyentes se llamó Informe Picasso; su nombre pertenece a un General que en su época de joven oficial participó en la campaña de Melilla de 1893 junto a Primo de Rivera, entre otros) y escándalo ante el cúmulo de errores sacados a la luz pública ante los horrores del desastre. Entre los africanistas y los junteros nace una agria disputa que les llevará a culpabilizarse mutuamente del varapalo nacional, los unos por corruptos e ineficaces, los otros por conspiradores y politiqueros.
Finalmente las tesis africanistas a cerca de la disfunción de los junteros se hace cada vez más popular al marchar bien los asuntos de la guerra marroquí, lo que le llevará al Rey a tantear ante la guarnición de Barcelona, lugar de nacimiento y baluarte de las Juntas- la disolución de lasComisiones de Información, aprovechando una comida de hermandad cinco años después de su creación.
Viendo el acuerdo tácito de los militares en general de toda España, decide acabar con ellas el 14 de noviembre de 1921. Se eliminaron las Comisiones Informativas, pero su espíritu permaneció vivo, plasmándose primero en la Dictadura de Primo de Rivera en 1923 y en el Alzamiento de 1936.
Un grupo de presión con intereses profesionales y políticos
En el punto anterior hemos hecho una visión panorámica del acontecer de las Juntas durante su corta vida, con pequeñas referencias a sus antecedentes y sus secuelas en la historia reciente de España.
Parece que la causa primordial del nacimiento de las Juntas no es otro que el dar salida rápida y equitativa a los problemas profesionales del Ejército. Sin embargo éstos no se encuentran más que en las últimas líneas de sus peticiones, cuando aparecen.
Los puntos principales de sus quejas se cifran en la oposición a los oficiales africanistas y al sistema de ascenso por méritos de guerra, a la existencia de una camarilla palaciega donde se gestaban todos los favoritismos y, al generalato por entender estaba relacionado con aquella y por ende por el propio Monarca. Además exigen la uniformidad en la concesión de recompensas, pagas más altas y acceso al monarca sin tanta dificultad. Y también es bueno saber que sienten cierto despego por el civilismo en general, empleando la terminología de Seco Serrano por entender ellos que es incapaz de comprender ni su labor interna de orden público (provocado por la incapacidad gubernamental de salir airoso con sus propias fuerzas de los conflictos sociales que en gran medida provoca), ni su labor externa por haber sido los intereses políticos y sus luchas internas los que no les han permitido desarrollar su tarea con pleno éxito en las distintas campañas americanas y africanas de los últimos años.
Sin embargo con todo este quejido militar, conviene saber que no es tan distinto al auténtico fin de las Juntas que no era social ni de justicia política, sino de reconocimiento del Cuerpo de Oficiales como entidad corporativa y como elite oligárquica dentro de la ya existente.
Para alcanzar buenas pagas, recompensas entendidas por los militares como justas y sobre todo un reconocimiento público de ser una de las instituciones principales de la Nación.
Conclusiones
El esquema político de la Restauración, que Canovas había puesto en marcha en 1875 y que como alternancia en el poder, venía funcionando con una alternancia ordenada entre los partidos dinásticos: El conservador de Cánovas y el liberal de Sagasti, tendrá que revisarse a partir de 1902, porque las cosas están cambiando.
El esquema político de la Restauración, que Canovas había puesto en marcha en 1875 y que como alternancia en el poder, venía funcionando con una alternancia ordenada entre los partidos dinásticos: El conservador de Cánovas y el liberal de Sagasti, tendrá que revisarse a partir de 1902, porque las cosas están cambiando.
Los nuevos problemas que van a surgir son la crisis en las distintas jefaturas de los principales partidos políticos, el surgimiento del catalanismo a la palestra política, las convulsiones en el movimiento obrero con el salto al Congreso de los diputados socialistas y la revolución de la clase media (como exponente tenemos a las Juntas Militares de Defensa o Comisiones Informativas) llevarán a la Restauración a una situación de la que no supo salir. De aquí vendrá el origen de la Dictadura por no existir una clase política fuerte capaz de organizarse, ni una clase económica media importante como para crear un clima de convivencia adecuado.
El Ejército nacido de una derrota y atacado duramente por la izquierda contraria a la guerra marroquí y por los regionalistas catalanes y vascos, provocando que el militar español de tradición liberal durante el siglo XIX se vuelva cada vez más conservador. De este modo se obtendrá del Gobierno –paulatina e inexorablemente- mayor cuota de poder, empezando por la aprobación de la Ley de Jurisdicciones de 1906, continuando con la constitución de las Juntas Militares de Defensa de 1917 y para acabar con el Directorio Militar de 1923.
En definitiva, se creará un vacío de poder que los militares ocuparán de modo cada vez más destacable hasta hacerse con el poder en España durante cuarenta años bajo la jefatura de un militar de renombre –Francisco Franco- tras el ensayo de Primo de Rivera y la nefasta experiencia republicana que provocará directamente el estallido de una guerra civil
11. La guerra de Marruecos y el surgimiento del militar africanista.
LA GUERRA DE MARRUECOS
MARRUECOS Y EL DESASTRE DE ANNUAL.
Política colonialista española.
Después de 1898 la acción colonial española se reducía a África con escasa presencia y poco beneficio. Marruecos estaba controlado por la autoridad política del sultán y la posición estratégica de este país le hacían interesante para potencias europeas como Francia y Gran Bretaña.
En 1906 se celebró la Conferencia de Algeciras en la que se adjudicó Protectorados aFrancia y España, pero la implantación del dominio español se hizo tan lentamente que Francia siempre llevó la delantera, por lo que los siguientes acuerdos firmados por estos dos países redujeron la zona de influencia española a 45.000 km2.
Antes de los incidentes de 1909 en Barcelona “La Semana Trágica”, se amplio el dominio español en la zona oriental de Marruecos y desde la primera guerra mundial se incremento el territorio controlado por España en la zona occidental, quedaba por controlar el Rif, zona montañosa habitada por indígenas muy belicosos, los “beréberes”, que se enfrentaban a un ejercito español que desconocía el terreno y nada interesado por la expansión colonial.
La guerra de Marruecos fue muyimpopular, el pueblo español se oponía a ella porque los reclutas procedían solo de las clases humildes y los políticos de uno y otro signo no se mostraban muy a favor de la expansión colonial y a pesar de no atreverse a abandonar Marruecos no tenían prisa en una ocupación total.
En el verano de 1919 el general Dámaso Berenguer fue nombrado Alto Comisario español en Marruecos. Éste intento una penetración lenta pero resuelta con el mínimo uso de la fuerza, la cual surtió efecto en la zona occidental. Pero esta zona estaba separada de la zona oriental, donde el general Silvestre era el encargado de la comandancia de Melilla, por una amplia comarca en la que la situación política y militar era controlada por el líder nacionalista indígena Abd-el Krim.
En 1919 y 1921 el general Silvestre duplicó el territorio español en torno a Melilla, pero su afán por conseguir una gran victoria le llevó a unexceso de agresividad que provocó la reacción de los rifeños, que en julio de 1921 atacaron por sorpresa el puesto español de Annual. Este episodio termino por una desbandada española hacia Melilla con consecuencias desastrosas, en 20 días se perdió lo que con tantas dificultades se había conseguido en años. Él ejercito perdió su general y 10.000 hombres.
Después del desastre se restableció la situación militar con los refuerzos llegados de la Península y en octubre de 1921 se volvió a la línea de 1909 en la zona de Melilla.
Annual provoco un cambio de actitud en los colonizadores, los políticos optaron por un “protectorado civil” para evitar las confrontaciones militares.
A principio de 1923 en la parte occidental la situación seguía siendo la de antes del desastre a costa de una numerosa presencia de tropas.Por primera vez el Alto Comisario español era un civil.
Las consecuencias del desastre de Annual fueron sobre todo políticas. El ejército se dividió aun más y se enfrento a los políticos, el Rey fue responsabilizado de los hechos por ser partidario de la expansión Marroquí. La impopularidad de la guerra enfrento a las clases populares contra el sistema político. “La cuestión de Marruecos” se convirtió en un factor de la descomposición política y los partidos de la Restauración se enfrentaron duramente en torno a las responsabilidades.
GOBIERNOS DE LOS CONSERVADORES
En 1919 cae el gobierno de Romanones por los graves disturbios de Barcelona. El partido conservador gobernó en España desde 1919 a 1921 fecha en la que se produce el desastre de Marruecos.
Desde abril hasta junio de 1919 gobernó Antonio Maura con sus partidarios derechistas, su posición de extrema derecha provocó elfracaso de su gestión gubernamental y el endurecimiento de la oposición en las elecciones a Cortés. Estas se celebraron sin garantías constitucionales, lo que daño el prestigio de Maura, además de ser inútiles, ya que al abrirse las Cortes el gobierno no tenía mayoría y fue derrotado al primer incidente.
Eduardo Dato, jefe de la minoría mas numerosa de las Cortés, tenia que formar gabinete, cosa que delegó en Joaquín Sánchez de Toca, quien gobernó hasta finales de 1919. Su gobierno en cuanto a situación social de Barcelona era de corte liberal, por lo que situó en el Ministerio de la Gobernación a Burgos y Mazo, político de los más abiertos desde el punto de vista social, y nombró un nuevo gobernador civil en Barcelona para erradicar el terrorismo. Al mismo tiempo intentó impulsar la legislación social e la integración legal de las organizaciones obreras, hecho al que el sector patronal español se opuso y provocó la dimisión de Sánchez de Toca.
Se formó entonces un gobierno de coalición donde junto a los conservadores estaban presentes algunos liberales. La política en lo referente a la situación de Barcelona dio un vuelco y el nuevo Ministro de la Gobernación envió un nuevo gobernador civil que adopto una política represiva que provoco el crecimiento del maximalismo y un violento enfrentamiento.
Eduardo Dato no tuvo más remedio que hacerse cargo del poder en mayo de 1920. Su nuevo ministro era partidario de una política condescendiente, pero la situación social y la creciente protesta autonomista no hacían posible una solución moderada.
A finales de 1920 el general Martínez Anido fue nombrado Gobernador civil de Barcelona, este se enfrento con violencia a los sindicalistas provocando atentados y muertes. Eduardo Dato sufrió las consecuencias de esta política, fue asesinado en marzo de 1921. En ese mismo año apareció de nuevo el tema de Marruecos con unas consecuencias políticas muy graves.
LA PENDIENTE HACÍA LA DICTADURA
El desastre de Marruecos tuvo como consecuencia directa la formación de un gobierno de concentración presidido por Antonio Maura y formado por miembros de todos los grupos políticos de la Restauración. Este gobierno duró de agosto de 1921 a marzo de 1922 y aunque los mayores desacuerdos de este gobierno fueron entre partidarios de intensificar la intervención en Marruecos y los que deseaban el abandono, el motivo que le llevó a dejar el poder fue el del restablecimiento de las garantías constitucionales en Barcelona.
Se formó entonces un nuevo gobierno presidido por Sánchez Guerra (sucesor de Eduardo Dato en la jefatura del partido conservador), este planteó en las Cortés la cuestión de las responsabilidades por el desastre de Annual, lo que le hizo perder el poder ya que afectaba directamente a su partido.
A finales de 1922, se formó un gobierno de concentración liberal presidido por Garcia Prieto. Su programa se basaba en conseguir una amplia democratización de la Monarquía hasta el punto de que esta se asemejara a una república.
El fracaso fue total, no lograron eliminar los métodos tradicionales del sistema político de la Restauración y las rivalidades entre miembros del gobierno provocaron inestabilidad. Los liberales no fueron capaces de cumplir sus promesas y sobre todo parecían no ver lo que para la opinión publica y la prensa era evidente, se estaban creando las condiciones idóneas para un golpe de estado.
En 1923 el sistema político de la Restauración estaba en crisis, los pocos cambios sólo habían contribuido a una mayor inestabilidad. Desde el poder cada vez resultaba más difícil controlar el resultado de las elecciones y muchos pequeños grupos políticos reclamaban más participación en el poder lo que contribuyo aun más a la inestabilidad gubernamental.
Entre 1917 y 1923 se produjeron veintitrés crisis de gobierno totales y treinta parciales, la opinión publica consideraba con razón que el Estado iba a la deriva en manos de incapaces. Además no existía una verdadera oposición al sistema, el Republicanismo había perdido fuerza, los católicos seguían desmovilizados, los regionalistas estaban divididos y los socialistas no tenían la capacidad necesaria para producir un cambio en el sistema político.
EL DIRECTORIO MILITAR Y LA CUESTIÓN DE MARRUECOS
En el Manifiesto de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera había anunciado que gobernarían militares u hombres civiles colocados bajo su patrocinio. En los dos primeros años del régimen, hasta diciembre de 1925, se opto por la primera solución, es decir, un gobierno de carácter militar que se llamó Directorio. Fue solo a finales de 1925, cuando el problema de Marruecos parecía ya encaminado asolucionarse, que Miguel Primo de Rivera pensó en volver a dar paso a los civiles en la formación de su gabinete.
El conflicto de Marruecos era la mayor preocupación del dictador Primo de Rivera, que antes se había declarado partidario del abandono por lo impopular de la causa Marroquí, pero su postura resultaba arriesgada y contrastaba con lo que se defendía en el seno del ejército que no era partidario del abandono. Sus primeras gestiones se orientaron a conseguir un acuerdo negociado, que no convencieron a Abd-el-Krim (líder nacionalista indígena). En marzo de 1924, la imposibilidad de lograr un acuerdo con los rifeñosimpusieron el cambio de política de Primo de Rivera, que penso en un semiabandono de Marruecos volviendo a las fronteras del año 1918, con un numero limitado de fuerzas y un coste menor. Pero la presión de Abd-el-Krim hizo que Primo de Rivera asumiera él mismo en octubre de 1924 el Alto Comisariado en Marruecos, allí ordeno la retirada desde Xauen, ésta supuso unas 2000 bajas pero evitó un posible desastre. La victoria de Abd-el-krim parecía absoluta, pero fue la causante del giro radical de Primo de Rivera con relación al problema de Marruecos. El éxito del líder rifeños le hizo cometer errores y renuncio a negociar con España. En abril de 1925 decidió atacar el Marruecos francés, lo que incito las conversaciones entre Francia y España para una política coordinada, ambos países prometieron autonomía a las tribus del Rif y la Yebala, pero al mismo tiempo aumentaron sus tropas para imponerse por la fuerza si era preciso, lo que pronto sucedería.
El 8 de septiembre de 1925, tuvo lugar el desembarco de Alhucemas, operación exitosa, casi exclusivamente española, se sorprendió al adversario por la espalda y se logró dividir en dos la zona que dominaba. La guerra fue muy cruel por ambos bandos pero la superioridad técnica se impuso. Abd-el-Krim quiso negociar pero fue rechazado. A finales de mayo de 1926 tuvieron lugar los últimos combates importantes y el líder rifeño se entregó a los franceses.
La victoria en Marruecos fue el logro más espectacular de Primo de Rivera, logro hacer olvidar que en un principio sus propósitos eran distintos. El desembarco de Alhucemas resolvió un problema perpetuo de la política interior española y pareció justificar una política exterior con pretensión de convertirse en primera potencia.
DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA CANOVISTA
EL GOBIERNO DE MAURA
En enero de 1907 subió al poder el partido conservador presidido por Antonio Maura, en lo que se denominaría “su gobierno largo”(1907-1909). Maura contaba con el apoyo incondicional de su partido, lo que influyo en que fuera un periodo de estabilidad gubernamental. Este gobierno tenia buenas relaciones con el Rey que cada vez intervenía menos en política. Dentro del conservadurismo su equipo de gobierno tuvo un claro signo derechista.
Antonio Maura realizó una intensa acción política, las medidas económicas que tomo fueron el inicio de una político nacionalista y de intervención estatal; la ley de protección de la industria nacional o la de fomento de industrias y comunicaciones marítimas fueron muy positivas para la siderurgia vasca. Otras disposiciones como la creación del Instituto Nacional de Prevención, entre otras, tuvieron una gran importancia con respecto a lo social.
Maura intentó sobre todo realizar desde el gobierno un programa político muy amplio, con varias reformas.
La reforma de la Ley Electoral de 1907, que aunque recogía varias medidas para purificar las elecciones, no lo consiguió. Intento que fuera aprobada una ley de represión del terrorismo que fue rechazada por la oposición de las izquierdas y de los liberales.
Pero en lo que puso el mayor empeño fue en la Ley de Administración Local que consideraba fundamental para cambiar el comportamiento político español. Maura pretendía dar una mayor autenticidad y autonomía a la vida local, ya que él pensaba que la administración Centraltenía demasiados medios para intervenir en la vida local y corromperla, pero se equivocaba, precisamente algunos de los peores males de la vida pública española residían en la vida local. En esta ley se incluyó, las mancomunidades, que daban posibilidad a las diputaciones de colaborar entre sí, lo que podía satisfacer a los catalanistas. Esta región se había convertido en un problema despues de las elecciones de 1907 en las que venció Solidaridad Catalana, movimiento político nacido de la protesta colectiva catalana en contra de la Ley de Jurisdicciones de 1905, que daba a los tribunales militares la responsabilidad de juzgar los delitos de prensa en contra de la Unidad del Estado.
Francesc Cambó principal dirigente catalanista en el Parlamento de Madrid se mostró muy receptivo hacia Maura, lo que contribuyo a dividir a Solidaridad y a su vez Maura se mostraba más abierto a las revindicaciones catalanas.
El proyecto de reforma de la Administración Local se eternizó en las Cortés, los liberales e izquierdistas no se atrevían a aprobarla por miedo a que hubiera un predominio de los conservadores a nivel local y nacional.
LA SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA
Maura, que no se había encontrado con demasiados problemas en su gestión de gobierno, tuvo que enfrentarse a partir de julio de 1909 a una difícil situación a causa de los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona.
Los sucesos de esa semana tuvieron su origen en un incidente con los marroquíes, cerca de Melilla, que hicieron enviar a Maura una unidad de reservistas catalanes casados, decisión que fue muy mal recibida y la guerra de Marruecos que ya era impopular entre las clases bajas pasó a serlo también entre las clases altas. Entre el 25 de julio y el 1 de agosto, durante el embarque de las tropas en Barcelona se produjeron varios enfrentamientos y protestas dirigidos por los izquierdistas.
El 26 de julio estalló la huelga general, al principio esta fue pacífica y aceptada por las clases medias, pero degeneró en una intensa revuelta que se extendió por toda la cuidad. Al cabo de una semana la revuelta fue reprimida con gran dureza por los militares y el ministro de gobernación, lo que provocó la dimisión del Gobernador civil. Esta revuelta, sin que se explicaran en ningún momento las pretensiones de los revoltosos tuvo un balance de un centenar de muertos, y la dura represión por parte del gobierno supuso el arresto de más de mil personas y condenas a muerte de las que cinco se ejecutaron, entre las cuales levantó mayor indignación la de Francisco Ferrer Guardia, inspirador de escuelas anarquistas en Barcelona.
El gobierno de Maura cometió graves errores ante estos sucesos, no sólo había obrado mal al recurrir a los reservistas catalanes, sino que había dejado la ciudad con una guarnición escasa. Además, la ejecución de Ferrer Guardia, fue un error no solo jurídico, sino también político, que convirtió a este personaje en un mito que en realidad no correspondía.
Tras la dura represión los liberales exigieron la dimisión de Antonio Maura, y aunque al principio el Rey le apoyaba tuvo que aceptar su forzada dimisión, por las presiones de los liberales, en octubre de 1909.
Segismundo Moret, dirigente del partido liberal, subió entonces al poder. Pero sólo por unos meses, ya que no fue capaz de hacer frente a los acontecimientos y a la dura oposición de la mayoría de los políticos.
CANALEJAS O EL REGENERACIONISMO LIBERAL
En febrero de 1910, José Canalejas sustituye a Moret. Este gobierno fue el segundo intento de regeneración interna del sistema de la Restauración, pero ahora desde el lado liberal.
Canalejas como Maura tenía un programa de gobierno avanzado que se proponía llevar a la práctica, supo imponerse rápidamente dentro de su partido y tenia dotes de mando, por primera vez desde la Restauración, los liberales parecían tener un verdadero jefe.
Canalejas hubo de enfrentarse a problemas frecuentes, sobre todo de orden público, pero supo imponer su autoridad y con ello tranquilizo la clase conservadora.
La labor legislativa de Canalejas fue más discreta que la de Maura. Presentó un proyecto para sustituir el impuesto de consumo por unimpuesto progresivo sobre las rentas urbanas, este proyecto produjo protesta de las clases acomodadas y le costo mucho que fuera aprobado. Otra medida fue la reforma de la ley de Reclutamiento, que establecía un servicio militar obligatorio remunerado de cinco meses, y que no podría ser eludido mediante pago por los jóvenes de las clases burguesas. Las disposiciones de tipo social fueron características de este gabinete, aunque muchas de ellas recibieron fuertes oposiciones.
Los dos grandes problemas del gobierno de Canalejas fueron las Mancomunidades provinciales y la religiosa;
En diciembre de 1911, los catalanes presentaron un proyecto de Mancomunidades provinciales al margen de una ley general de Administración Local. En mayo de 1912, el gobierno presento un proyecto menos amplio que este, y consiguió que fuera aprobado por el Congreso a pesar de haber provocado la unánime irritación de los anticanalejistas y de los centralistas. Pero cuando el proyecto estaba pendiente de su paso por el Senado, el Canalejas fue asesinado.
En el tema religioso, Canalejas consideraba que el atraso cultural del Clero español se debía al acuerdo del gobierno con la Santa Sede, por el cual se financiaba la Iglesia, por lo tanto pensó que lo mejor era llegar a la separación entre la Iglesia y el Estado por medio de negociaciones entre los dos poderes. A Roma, esto no le agrado demasiado, y dilato la respuesta a la espera de un cambio político en España. En diciembre de 1910, se aprobó la ley del Candado por la que se podían establecer nuevas ordenes religiosas en España sin previa autorización, esta ley no tuvo eficacia, pues se aceptó una enmienda por la cual si en un plazo de dos años no se aprobaba la ley de Asociaciones que incluía las religiosas, esta perdía su vigencia.
Canalejas fue asesinado el 12 de noviembre de 1912, por el error de un anarquista que pretendía matar al Rey. Su pronta desaparición hace difícil hacer un balance de su obra política, sin duda fue el gran gobernante liberal durante el reinado de Alfonso XIII, de Canalejas se podía esperar mucho más.
LA CRISIS DEL REGENERACIONISMO GUBERNAMENTAL
La crisis del Regeneracionismo desde el poder tuvo lugar tras la muerte de Canalejas, esta vino acompañada de una fuerte fragmentación de los partidos políticos, en consecuencia los gobiernos fueron inestables y desbordados por los acontecimientos.
Las figuras del partido liberal como Romanones, Garcia Prieto o Santiago Alba no consiguieron unirlo, ni dotarlo de un programa.
En cuanto al partido conservador, mantenía una unidad más aparente que real. Maura era un problema grave para el conservadurismo, a pesar de tener un enorme prestigio por sus capacidades políticas, su desplazamiento del poder en 1909 le inhabilitaba para gobernar. Además, Maura que denunciaba los males del sistema político de la Restauración, no supo tampoco organizar un partido capaz de solucionar estos males. El maurismo fue un movimiento de protesta popular y derechista con elementos muy diversos que iban desde elautoritarismo reaccionario hasta el catolicismo demócrata.
TENSIONES DE 1917
LOS GOBIERNOS DE DATO Y ROMANONES
El gobierno de Dato
El sucesor de Antonio Maura en la jefatura del partido conservador fue Eduardo Dato. Desde octubre de 1913 a diciembre de 1915, Dato ocupo la presidencia del Consejo de Ministros con un gobierno conservador que agrupaba a todas las tendencias excepto el maurismo. Eludió el enfrentamiento con las Cortés manteniéndolas cerradas durante dieciocho meses de los veintitrés que duró su mandato.
La medida más importante de Dato fue la aprobación por decreto en diciembre de 1913 de las Mancomunidades (forma de autonomía regional). En Cataluña las Diputaciones Provinciales asociaron sus servicios bajo la presidencia de Prat de la Riba, pero esta solución no satisfizo del todo a los catalanistas. Al estallar la primera guerra mundial, exigieron una legislación económica que Dato no estaba dispuesto a concederles, pues esto provocaría protestas de otras regiones españolas.
Eduardo Dato fue duramente criticado por Maura y sus seguidores, le acusaban de no representar a todas las derechas, esto le supuso elfracaso en su intento de reconstruir el partido conservador.
El gobierno de Dato cayó cuando en las Cortes la oposición solicitó una legislación relativa a los problemas económicos.
El gobierno de Romanones
El sucesor de Dato fue el Conde de Romanones, jefe de los liberales, quien estaba al frente de un gobierno que agrupaba lo mejor de ese partido. Santiago Alba destacaba como político liberal por su preparación, su talento y su reputación izquierdista. Desde el ministerio de hacienda Alba propuso un programa muy ambicioso de reformas económicas, con medidas que desde el punto de vista social hubieran resultado muy positivas, pero este proyecto no salió adelante por la oposición de los sectores conservadores y la falta de apoyo por parte de Romanones, quien estaba centrado sobre todo en los problemas de política exterior que le costaría su caída del poder.
Romanones fue sustituido por Garcia prieto, simple cambio de personas sin consideración ideológica. Este nuevo jefe de gobierno tuvo que enfrentarse con dos problemas fundamentales; la protesta social y la protesta de los militares que más tarde conducirían al movimiento revolucionario de 1917.
EL TURBULENTO VERANO DE 1917
Los sindicatos
A partir de la Primera Guerra Mundial la cuestión social experimento un cambio importante, por primera vez los sindicatos se convirtieron en organizaciones de masas. Entre 1910 y 1912, el sindicato socialista UGT, triplico sus afiliados y en 1913 alcanzó su máxima cota de afiliación por mucho tiempo. Una nueva generación de dirigentes empezó a ocupar los puestos claves de la organización socialista controlando también el sindicato. Entre estos el intelectual Julián Besteiro.
El otro gran movimiento sindical, el anarquismo agrupado en la CNT, vio como en 1914 aumentaba su afiliación de forma sustancial. Este sindicato básicamente catalán tenia como principal método de actuación la huelga general.
Los movimientos huelguísticos empezaron a generalizarse y el aumento de los precios provoco la protesta social que en un principio fue espontanea, pero que a partir de 1916 los sindicatos UGT y CNT decidieron canalizar y actuaron de manera conjunta. En marzo de 1917 en un manifiesto los sindicatos emplazaron al gobierno para que solucionara el problema de las subsistencias bajo la amenaza de una convocatoria de huelga general.
El descontento en el ejército
Para el sistema político de la Restauración el mayor problema, no era la protesta sindical, a pesar de su gravedad, sino la protesta del ejercito. Este ejercito tenia mucha relevancia en la monarquía alfonsina, y tras el desastre del 98 era un ejercito formado por una cantidad excesiva de oficiales. Además realmente había dos ejércitos; el de la Península muy burocratizado y el de África a cuyos oficiales se ascendían por méritos de guerra.
No solo las clases obreras sufrieron el impacto del alza de los precios, también lo padecieron los empleados de la Administración y entre ellos los militares.
En el primer trimestre de 1916, él ejercito peninsular protagonizó la protesta militar, esta tuvo su origen en una prueba de aptitud que quisieron imponer a los oficiales. Los militares se organizaron en Juntas Militares de Defensa dirigidas por Coroneles que protestaban contra los ascensos por méritos de guerra y la situación económica de los militares. El coronel Márquez fue el principal dirigente, este consiguió extender las Juntas a la mayoría de las guarniciones de la península.
Este movimiento fue bien recibido e incluso imitado por otros sectores de la Administración, es más las personas o grupos que venían pidiendo una regeneración política vieron las Juntas Militares como un posible instrumento para ello, aunque realmente las Juntas no eran un medio para la renovación.
La actitud del gobierno fue dudosa y confusa, en principio las Juntas fueron aceptadas pero luego Romanones ordenó que fueran disueltas, cosa que no se cumplió. Despues con el gobierno de Garcia Prieto, se ordeno de nuevo su disolución y la detención de los junteros, pero los militares consiguieron imponerse al gobierno e incluso Alfonso XIII tuvo que ponerse en contacto con las Juntas. En junio de 1917, las Juntas quisieron imponer a Garcia Prieto su reconocimiento, éste se negó y tuvo que dimitir. De nuevo el partido liberal era incapaz de hacer frente al ejército.
LOS INTENTOS POR AFRONTAR LA CRISIS
Ante la grave situación Alfonso XIII recurrió al cambio de partido en el poder y llamo al conservador Eduardo Dato. Este suspendió las garantías constitucionales, impuso la censura de prensa y aceptó las Juntas provocando la indignación de los sectores renovadores, pero esta solución no termino con los problemas.
A las protestas sociales y militares se sumo una protesta política por la negativa de Dato a abrir las Cortes. El catalanista Francesc Cambó organizo en Barcelona a principio del mes de julio una Asamblea de Parlamentarios para presionar al poder a llevar a cabo una regeneración política con el apoyo de todos los grupos. Esta Asamblea pidió la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de Cortes constituyentes. Sin embargo la Asamblea tuvo una participación reducida y el gobierno la permitió mientras tuvo una escasa trascendencia pública, pero cuando se reunió el 19 de julio fue inmediatamente disuelta.
Poco después de la reunión de la Asamblea, los movimientos obreros protagonizaron la actuación antigubernamental. El 9 de agosto el sindicato ferroviario de la UGT decidió ir a la huelga por la pasividad que había demostrado el gobierno ante sus problemas, y en los días siguientes todo el sindicalismo socialista se lanzo a la huelga general. Los incidentes fueron muy graves y ocasionaron más de sesenta muertos en toda España, pero a pesar de eso, esta huelga fue un fracaso pues solo la siguieron los socialistas y no todos ellos.
Lo que quedo bien claro es que el ejercito era totalmente contrario a la revolución social, el coronel Márquez dirigente de las Juntas fue con su propio regimiento en contra de los huelguistas.
Los acontecimientos del verano de 1917 vinieron a demostrar que el sistema político de la Restauración tenia poco animo ante los deseos de reforma de la sociedad. También es evidente que él ejercito, los parlamentarios y los obreros no tenían objetivos comunes. Pero lo que hizo fracasar la coyuntura reformista no fue el programa de los parlamentarios que se aproximaba a la realidad de las circunstancias, sino la confusión e indecisión de los militares y el rumbo revolucionario adoptado por los obreros.
Los sucesos de 1917 tuvieron importantes consecuencias en la vida española. A corto plazo se podía pensar que Eduardo Dato era el triunfador de la crisis por lograr dividir sus adversarios pero a medio plazo no fue así. Las Juntas Militares de Defensa, al actuar de forma represiva perdieron su popularidad, por lo que decidieron actuar en política acusando a Dato de no haber previsto los acontecimientos. Dos meses despues de la intentona revolucionaria el ejercito acabo con el gobierno y se produjo una grave crisis política.
LOS PRIMEROS GOBIERNOS DE CONCENTRACIÓN
En noviembre de 1917 se encargo de formar gobierno a Garcia Prieto del partido liberal, este quiso integrar a representantes regionalistas y de las Juntas Militares de Defensa. Este gobierno era el menos indicado para resolver una situación tan difícil y fracaso en todos los aspectos. Se convocaron unas elecciones que dieron como resultado una fragmentación de los partidos del turno, convirtiendo las Cortes en “una torre de Babel”.
En marzo de 1918 sobrevino la crisis del gobierno de Garcia Prieto, produciéndose una situación más grave que la anterior, la sensación era de que nadie quería gobernar, y el que estuviera dispuesto no seria aceptado por el resto de fuerzas políticas. Finalmente ante la amenaza de abdicación del Rey, se logro formar un Gobierno Nacional formado por los políticos más importantes. Lo presidía Maura y formaban parte de él Dato, Romanones, Cambó, Garcia Prieto etc. Uno de los escasos méritos de este efímero gabinete (9 meses) fue lograr superar los últimos meses de neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial. Pero las pocas coincidencias de sus miembros hacia que poco a poco los ministros querían dimitir pues gobernar en esas circunstancias les suponía mas perjuicios que beneficios.
Como consecuencia de la repentina interrupción del Gobierno Nacional en noviembre de 1918 se produjo una nueva crisis política. Garcia Prieto, fue llamado de nuevo a formar gobierno, este aporto un programa que incluía la abolición de la ley de Jurisdicciones y la concesión de la autonomía universitaria, pero fue incapaz de dar solución al problema de la autonomía catalana. En la misma fecha la Lliga redactó unas bases autonómicas que entrego al jefe de gobierno el planteamiento de la cuestión catalanista llevo a ladescomposición del gobierno, por la división de opiniones de sus ministros sobre este tema.
Romanones sustituyo a Garcia Prieto al frente del Consejo de ministro, la formación del gabinete fue complicada pero el nuevo gobierno tuvo una duración mayor de la que se le auguraba y desarrollo una excelente gestión.
El tema de la autonomía catalana fue el asunto primordial del gobierno, éste presento ante las Cortes un proyecto de ley sobre la autonomía Catalana y municipal. Los catalanes por su parte elaboraron un Estatuto de autonomía y pretendían que fuera aprobado bajo amenaza de un movimiento civil de protesta.
Romanones tuvo que dimitir cuando las autoridades militares barcelonesas desautorizaron a las civiles al producirse grave disturbios en Barcelona y los catalanistas se vieron muy perjudicados por el fracaso de su postura ante la monarquía.
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
EL PRONUNCIAMIENTO; PROGRAMA Y REPERCUCIONES
En septiembre de 1923, Primo de Rivera enunció superficialmente su programa en un Manifiesto que no aportaba soluciones concretas, pero que seguía la línea del regenacionismo. En él se expresaba la necesidad de acabar con todos los “males” que comenzaron en el 98, y explicaba que los militares iban a hacerse con el poder, para imponer un nuevo orden. Para ello se suspendía la Constitución de 1876 y se imponía la censura previa.
El proclamamiento de Primo de Rivera fue bien recibido por la opinión pública, que veía en el general un líder que por fin seria capaz de llevar a cabo la regeneración tan esperada. Además el dictador no se encontró con demasiada oposición, el gobierno de la Concentración Liberal se mostró pasivo ante el Golpe de Estado, los republicanos asintieron ante el proclamamiento, los socialistas permanecieron expectantes, la derecha católica recibió a Primo de Rivera con muchas esperanzas porque esta podía ser la forma de que un partido religioso llegara al poder, en cuanto a la prensa su actitud fue también de expectativa tolerante.
LA REGENERACIÓN DICTATORIAL
Lo primero que hizo Primo de Rivera tras hacerse con el poder fue declararse en contra del caciquismo rural, y afirmo que sus propósitos no eran políticos pero que venia a hacer una política verdadera para así hacer posible una situación nueva, eliminando la manipulación ejercida por una minoría dominante social y económicamente. Para los españoles de entonces resultaba bastante creíble que un hombre bueno y apolítico ejerciendo un poder autoritario pudiera mejorar la vida política local mediante una actuación corta pero enérgica.
La lucha contra el caciquismo
Entre septiembre de 1923 y abril de 1924, se disolvieron todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales y fueron sustituidos por los mayores contribuyentes y personas mas votadas en anteriores elecciones. Los gobernadores civiles (que ahora eran militares), investigaron en los pequeños municipios a fin de detectar irregularidades e inmoralidades. Despues esta labor fue encargada a unosdelegados gubernamentales militares en cada partido judicial (unidad territorial que comprende varios pueblos). En realidad, se trataba de que estos gobernadores militares realizaran a nivel local la política que Primo de Rivera hacia para toda España. La actuación de estos gobernadores aunque con buena intención fue superficial, además entre estos militares también se dieron casos de corrupción.
A menudo los delegados gubernativos se encontraron con impedimentos entre las autoridades judiciales y junto a los métodos contrarios a la justicia que empleaba el dictador supuso un enfrentamiento con la totalidad del poder judicial. A partir de 1928, estos enfrentamientos con los jueces fueron agravándose hasta el momento en que Primo de Rivera decidió suspender las disposiciones vigentes en materia de traslado de personal judicial y crear un juzgado especial para perseguir los delitos de conspiración. Esto venia a contradecir los propósitos de Primo de Rivera de separar la política de la administración de justicia.
LA CREACIÓN DE UNIÓN PATRIOTICA
Desde el punto de vista regeneracionista, el dictador no solo debía acabar con el caciquismo corrupto, sino que debía potenciar una política nueva. A ello quiso responder la creación el 14 de abril de 1924, del partido Unión Patriótica. Según Primo de Rivera este partido debía agrupar a la gente de ideas sanas sin vínculos políticos de derechas o izquierdas hasta entonces. En principio el dictador afirmo que coincidirían en Unión Patriótica todos aquellos acordes con la Constitución de 1876, que el mismo había violado, pero luego enuncio un programa en el que se decantaba por una nueva constitución con una sola cámara y aprobación mediante plebiscito (por mayoría de votos de todo el pueblo). La vinculación entre el gobierno y Unión patriótica también era confusa, en principio en el partido aparecían sectores católicos pero poco a poco fue adquiriendo un carácter gubernamental. En 1927 Primo de rivera decidió que la mayoría de ayuntamientos y diputaciones fueran dirigidos por Unión Patriótica, a pesar de esto este partido que no tuvo nunca voluntad de monopolio, tampoco fue único pues aunque limitados existieron otros.
Las colaboraciones más valiosas de la Dictadura procedían de la extrema derecha, como los mauristas que evolucionaron en sentido cada vez más autoritario. Este autoritarismo se mezclaba con un cierto aire tecnocratico que se reflejaba en los libros de propaganda de la dictadura donde abundaban cifras y estadísticas relativas a la eficacia de su gestión.
En líneas generales la labor dictatorial en cuanto a la oligarquía (gobierno en que el poder esta en manos de unos pocos) y el caciquismofue un fracaso. Los caciques no habían desaparecido sino que habían sido cambiados por otros y con la de la perdida de las pocas libertades existentes, los males del país no disminuyeron sino que aumentaron.
EL PROBLEMA REGIONAL
En los primeros momentos el régimen de Primo de Rivera despertó las esperanzas de un sector del catalanismo que veía lógico en un gobierno que tendía al regeneracionismo una transformación en sentido autonomista como la que deseaba la Lliga Catalana. Pero el dictador en el que muchos catalanistas tenían puestas sus esperanzas no tardo en olvidar sus propósitos regionalistas y los años de su gobierno constituyeron una marcha progresiva hacia el centralismo.
CONJUNTURA ECONÓMICA DE LA POSGUERRA
IMPACTO SOCIAL DEL CONFLICTO
Desarrollo económico
La primera guerra mundial tuvo una especial trascendencia en el desarrollo del capitalismo español, muchos industriales y comerciantes españoles se enriquecieron durante esta guerra. El comercio exterior creció a muy buen ritmo, una serie de productos de exportación habían experimentado en el mercado extranjero una gran demanda y otros que no se vendían fuera de España empezaron a resultar rentable para otras naciones. Tal fue el caso del hierro vasco, el carbón asturiano y de las compañías navieras. Pero, los beneficios de algunas empresas fueron tan espectaculares como efímeros, pues durante la postguerra muchas de las empresas se vieron obligadas a solicitar laprotección estatal para sobrevivir, sin embargo las que habían crecido de una manera más discreta se mantuvieron. Se puede decir que engeneral la actividad económica española se vio muy estimulada por la Primera Guerra Mundial.
Además como consecuencia de la guerra surgieron dos tendencias que con el tiempo se convirtieron en los factores vertebradores de la economía española, incluso hasta hoy en día.
En primer lugar, la guerra Mundial favoreció la nacionalización de la economía española, en efecto el capitalismo español aprovecho para rescatar una parte importante de empresas mineras y ferroviarias en manos del capital extranjero, y algo parecido paso con laDeuda Pública exterior.
En segundo lugar, esta guerra supuso el salto decisivo para la banca española, los recursos propios de la banca se triplicaron y los ajenos se multiplicaron por cuatro, la cartera de valores por cinco, mientras en ocasiones los beneficios eran superiores al 20%. Además a partir de ese momento, la banca desempeñara un creciente papel en la industria y desde luego esta vinculación entre ambas es un hecho quetodavía sigue vigente.
IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
Y AGUDIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES
EL MOVIMIENTO OBRERO
El desarrollo económico español de la primera década del siglo XX no fue lo bastante fuerte como para evitar una intensa emigración de españoles hacia Africa y sobre todo hacia América. Los emigrantes procedían de regiones como Galicia que tenían una gran población y falta de recursos económicos y otros de regiones mas desarrolladas salían deseosos de hacer fortuna. Los que regresaban los llamaban“indianos”, estos desempeñaron a menudo un papel económico importante y contribuyeron a dotar a la sociedad española de mayor movilidad social.
La prueba de que España estaba aun muy lejos de los países occidentales europeos, a pesar del desarrollo económico de comienzos del siglo XX, es la relativa debilidad del movimiento obrero cuyo auge siempre va unido al desarrollo de la industrialización. Hasta 1910 no fue elegido el primer diputado obrero en el Parlamento Español, Pablo Iglesias, fundador del partido Socialista. La razón de ello fue la existencia en España de un anarquismo opuesto a cualquier intervención en política y muy poco reformista en el terreno sindical. Elsindicalismo obrero tenia un papel muy pequeño en la vida política española, la media nacional no llegaba al 5% de obreros afiliados, lo que explica la poca difusión de las huelgas. Además tampoco existían sindicatos de alcance nacional, y a la hora de revindicaciones concretas no se podía llegar a una solidaridad global.
EL ANARQUISMO
La debilidad del movimiento obrero español era también producto de su división. El socialismo tenia malas relaciones con el anarquismo y además existía tendencias enfrentadas en su seno.
La tradición de los atentados terroristas por parte de los anarquistas perduraba en el siglo XX, los autores no eran obreros sino jóvenes inestables que despreciaban las masas obreras y la sociedad en general. El principal núcleo anarquista radicaba en Barcelona y quizás fuera Francisco Ferrer guardia uno de sus mentores. Poco a poco el terrorismo fue cambiando su forma de actuar; el atentado personal fue sustituido por la colocación de bombas en lugares concurridos, con lo que creaban un clima de tensión. La mala organización de la policía de Barcelona contribuyo a que se repitieran los atentados, apenas habían detenciones y a menudo estas eran equivocadas, lo que radicalizaba el movimiento.
A partir de 1910 predomino la corriente anarcosindicalista centrada en la difusión de sus ideas entre amplias masas y en ese mismo año se constituyo la Confederación Nacional de Trabajo localizada casi exclusivamente en Barcelona, donde unos años antes había aparecido un sindicato llamado “Solidaridad Obrera”. Así se fue formando un amplio movimiento anarcosindicalista aunque con escasa relevancia, ya que la CNT estuvo prohibida por orden gubernamental de 1911 a 1914. A partir de esa fecha iría creciendo hasta convertirse en el principal sindicato del país junto a la UGT.
EL SOCIALISMO
Aunque a finales del siglo XIX el socialismo era minoritario y estaba localizado en Cataluña, en la primera década del siglo XX consiguió su mayor implantación en Madrid, y alcanzo una fuerza creciente en Asturias y el País Vasco.
Lo que durante mucho tiempo dividía a los socialistas españoles desde el punto de vista ideológico era la colaboración con los republicanos, a partir de 1908 se acepto esta colaboración en determinadas circunstancias y tras el gobierno de Maura se pacto una alianza entre socialistas y republicanos. Esta alianza proporciono a los socialistas un nuevo crecimiento, entre 1900 y 1904 UGT aumento en 30.000 sus afiliados. Sin embargo los seis años siguientes fueron de recesión que se supero en el momento de la unión republicano-socialista. En efecto, desde el verano de 1910 hasta mediados de 1913 UGT creció excepcionalmente, además con Pablo Iglesia como diputado por Madrid en 1910 el partido disponía de un portavoz parlamentario. A partir de ese momento se inicio un traspaso de votos proletarios del republicanismo al socialismo, aunque este fenómeno todavía tardaría en hacerse definitivo.
Por otro lado, la clase trabajadora apoyaba el socialismo que siempre condeno la expansión colonial en Marruecos a su costa.
LA ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO
El anarcosindicalismo
Hasta 1914 los sindicatos habían tenido una escasa importancia, lo más relevante del movimiento obrero español en esas fechas fue la constitución y crecimiento de una importante fuerza anarcosindicalista.
La mayor fuerza del anarquismo en España se logro a través del sindicalismo, ya que hasta entonces solo había agrupado a unos pequeños grupos de escasa importancia numérica. De 1915 a 1919 la CNT creció de 15.000 afiliados a 700.000, con una clara mayoría catalana. El Congreso Sans celebrado por la CNT en 1918 marco un momento importante en su historia, se reorganizo y surgieron nuevos dirigentes como Angel Pestaña y Salvador Segui. Los años entre el congreso y la proclamación de Primo de Rivera en 1923 fueron los de mayor actividad de la CNT y también en ellos se produjo su división interna en varias tendencias. Esto provoco en los primeros meses de 1919 los conflictos sociales más graves del movimiento obrero español, con una huelga que duro 44 días en una empresa eléctrica cuya patronal intentaba disminuir los salarios. Todo ello provoco una reacción de la clase conservadora cuya primera manifestación fue la creación del “somaten” un cuerpo armado voluntario de la clase media.
La agitación social prendía no solo en Cataluña sino también en Andalucía durante los años 1918, 1919 y 1920 que fueron denominados el “Trienio Bolchevique”, nombre con poco fundamento pues los protagonistas fueron los anarquistas que llevaron a cabo una rebelión campesina. En principio los huelguistas triunfaron pero poco a poco se iniciaron huelgas sin motivos que llevaron a la desaparición de los frágiles sindicatos agrícolas.
En estas condiciones la lucha sindical desemboco en simple terrorismo, dando lugar a una situación explosiva mal controlada por la policía. Un sector de los patrones catalanes reacciono con la misma violencia (no la Lliga que lo condeno), promovió su propio pistolerismo y a finales de 1919 se formaron en Barcelona sindicatos libres que aceptaban en ocasiones el empleo de armas. Todo esto provoco la intervención del ejercito en Barcelona.
Como consecuencia la CNT acabo por destruirse, su descrédito era total y su numero de afiliados cayo de manera vertiginosa.
El sindicalismo socialista
También crecieron de manera notable el Partido Socialista y la UGT. Este crecimiento se debió fundamentalmente a su presencia en el medio rural, sobre todo en Andalucía donde hasta entonces había estado ausente. Quizás a causa de la poca información sobre el socialismo que tenían los nuevos afiliados, el rápido crecimiento se convirtió en un rápido descenso despues de la agitación social.
El Partido Socialista tenia un carácter reformista, sin llegar a ser socialdemócrata. Su programa político incluía la abolición de la Monarquía y del Senado tal como estaba estructurado, se afirmaba además que los socialistas no participarían en un gobierno burgués aunque podrían influir desde fuera de forma decisiva en los acontecimientos. Julián Besteiro, sustituyo a Pablo Iglesias tras su muerte, este era partidario del parlamentarismo y pensaba que la dictadura del proletariado solo era valida en Rusia. Sin embargo, los socialistas cambiaron de opinión cuando el nuevo régimen comunista triunfo en Rusia, empezaron a proliferar en el partido grupos filocomunistas de jóvenes e intelectuales que pedían al PSOE apoyo decisivo al régimen soviético. Parecía que estos grupos iban a triunfar, pero los sectores moderadosutilizaron el prestigio de la figura de Pablo Iglesias como argumento, el partido Socialista se negó a ingresar en la III internacional aunque se declaraba partidario de la revolución rusa.
Finalmente en 1921 un sector del socialismo se separo y formo el Partido Comunista, este partido de tendencia extremista tuvo poca importancia en estos años.
LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
EL DIRECTORIO CIVIL Y LAS CUESTIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
Solucionado el tema de Marruecos, Primo de Rivera pudo pensar en volver a la normalidad con la constitución del Directorio civil, que según prometió actuaría durante un corto plazo, seria rápido y eficaz en el procedimiento, no convocaría elecciones y se mantendría la censura.
El nuevo gabinete estaba formado por el General Martínez Anido como ministro de la Gobernación, pero la mayoría de los puestos fueron ocupados por civiles, figuras de la vieja política como José Calvo Sotelo, procedente del maurismo, ahora nombrado ministro de Hacienda. También ocuparon puestos en el Directorio civil Eduardo Aunós, catalanista, como ministro de Trabajo, o el conde de Guadalhorce, ingeniero de elevado prestigio.
El hecho de constituir un gobierno civil no tenia otro fin para Primo de Rivera que el de permanecer en el poder. Pasado medio año de la constitución del nuevo gobierno, el dictador anunció su propósito de convocar una Asamblea Consultiva para encaminar el país hacia la legalidad, pero una nueva legalidad con otra Constitución. En el tercer aniversario de su golpe de Estado convocó una especie de consulta popular que obtuvo una gran cantidad de adhesión a su régimen, pero que no ofrecía ninguna garantía, pues se realizo mediante la firma de unos pliegos. Lo que demuestra este hecho es la necesidad del Dictador de compaginar su autoritarismo con manifestaciones seudodemocráticas. El proyecto de Asamblea Consultiva quedo paralizado ante la actitud reticente de algunos miembros de la vieja política y del Rey que sabia que si aceptaba la convocatoria quedaría como claro violador de la Constitución.
Mientras tanto el gobierno civil de la Dictadura se enfrentaba a otro aspecto del programa regeneracionista. Si antes había afrontado las cuestiones políticas con la persecución del caciquismo, ahora le haría con los aspectos económicos y sociales obteniendo mucho mayor éxito.
Las obras públicas
Otro éxito de la gestión dictatorial tan alabado como la solución de Marruecos, fue el impulso de las obras públicas. En este terreno lo más ambicioso fue la política hidráulica, que aunque los proyectos se planearon durante la etapa anterior, el parlamentarismo no había sido capaz de llevar adelante. Se crearon por todo el territorio nacional confederaciones hidrográficas para aprovechar las cuencas fluviales, tanto par regadíos como para la obtención de energía. Las confederaciones tenían una organización democrática interna y se financiaban como cajas autónomas. También se preocupo de las comunicaciones, carreteras y ferrocarriles, en 1926 se creó el Circuito Nacional de Firmes Especiales, que gestiono la construcción de 7.000 Km de carreteras mediante, una caja autónoma, aunque en ocasiones el Estado colaboró. En cuanto a los ferrocarriles, la dictadura inicio un camino de intervencionismo (intromisión del Estado) que había de concluir en su nacionalización. Solo se llego a cumplir una pequeña parte de sus programas de construcción de vía férrea y fue criticada por inmoralidad en las concesiones.
La producción industrial
La política intervencionista fue positiva en cuanto a promoción de la inversión pública, pero uno de sus aspectos negativos fue el intento de regular la producción a través del Consejo de Economía nacional. A pesar de ello, el efecto de la política de expansión del gasto público en los años de la Dictadura fue tan importante que el índice de producción industrial por individuo activo se incremento notablemente.
La emisión de Deuda pública (obligaciones contraídas por el Estado), fue el gran motor de la expansión industrial. Sin embargo no se recurrió a una política fiscal avanzada y, de esta manera, al aumentar el gasto sin que los ingresos lo hicieran al mismo tiempo, el resultado inevitable fue la inflación. José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, elaboro proyectos de reforma del impuesto sobre la renta, pero estos quedaron muy limitados por la oposición de los sectores conservadores de la sociedad que sostenían el régimen dictatorial y no deseaban el aumento y la racionalización de los impuestos. Para aumentar la recaudación se extendió el monopolio estatal a los productos petrolíferos mediante la creación de CAMPSA, en un momento en que ya se empezaba a vislumbrar el auge del automóvil.
Balance de la política económica de la Dictadura
En general la política económica de la Dictadura puede ser considerada como positiva, aunque es preciso tener en cuenta algunas circunstancias para explicarla. Primo de Rivera se beneficio del auge económico común en todo el mundo en esa época (felices años veinte) y muchas de sus disposiciones procedían de una gestación anterior que el sistema parlamentario no había sabido sacar adelante. En su acción la Dictadura beneficio a las clases pudientes y, en concreto, a la banca privada que vivió su edad de oro y adquirió algunas de las características actuales, como su peso sobre la industria española. También se produjo una importante potenciación de la banca oficial.
Frente a este balance positivo es necesario decir que los últimos años de la Dictadura se sufrió una crisis económica producida por lareducción del valor de la peseta a causa de las malas cosechas, la reducción de la llegada de divisas enviadas por los emigrantes españoles y la propia carencia de medios para costear los programas de inversión pública. El gobierno no fue capaz de dar una solución a estos problemas.
Corporativismo y movimientos obreros
La obra social de la Dictadura correspondió al ministro de trabajo, Eduardo Aunós, y consistió en primer lugar en la publicación del Código de Trabajo en agosto de 1926, que resumía las disposiciones anteriores concernientes a contratos de trabajo, accidentes y tribunales industriales. En abril de 1924 se había creado el Consejo Nacional de Trabajo, Comercio e Industria, y poco despues el Instituto de Reformas Sociales, este por su papel en la promoción de la legislación social fue integrado en el ministerio del Trabajo. La Dictadura también completo la legislación social en otros aspectos, creación de escuelas sociales, vivienda popular, protección del emigrante etc.
Pero lo más brillante y más discutido fue la creación de un sistema corporativo a partir de los llamados comités paritarios (asamblea o reunión de trabajadores y patronos, formada por representantes, en igualdad numérica y de derechos, de las dos partes.). La organización tenia como elemento fundamental el comité paritario, el segundo grado lo constituían las comisiones mixtas provinciales y finalmente losconsejos de la corporación, que eran el órgano superior de cada oficio. En cada uno de estos escalones existía igual representación depatronos y de obreros, siendo el presidente nombrado por el gobierno. Su misión era regular las condiciones de trabajo y por lo tantoevitar la conflictividad social. Sin embargo, este sistema fue muy criticado por varios sectores aunque sin fundamento.
Es indudable que con la política social de la Dictadura la clase obrera se vio beneficiada desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo y a través de las mejoras indirectas por la extensión de la seguridad social, pero el nivel de los salarios se mantuvo estable y con tendencia a la baja, por lo que la labor de los comités paritarios no resultó tan decisiva como cabía esperar.
Durante los primeros años del régimen Primo de Rivera encontró escasas dificultades con los movimientos obreros, a partir de 1923 descendió de forma notable el número de huelgas y solo en la etapa final se produjo un cierto aumento. También logro un buen resultado en lo concerniente a la seguridad ciudadana con la practica desaparición de los atentados.
Lo más espectacular de las relaciones entre la Dictadura y los movimientos obreros fue la colaboración del Partido Socialista, muy difícil de entender desde una óptica actual y que le fue muy reprochada por el sindicalismo anarquista. La propaganda de Primo de Rivera insistía periódicamente en la colaboración con el PSOE, al que consideraba el único partido honesto, incluso sé penso que se iba a crear un nuevo sistema de turno como el de liberales y conservadores de otro tiempo entre socialistas y Unión Patriótica, pero sectores del PSOE eran anticolaboracionista y la Dictadura se presentaba como un régimen temporal y que proporcionaba más beneficios al mundo obrero.
En definitiva los primeros años del régimen dictatorial el Partido Socialista no se beneficio mucho de su pasividad, las cifras de afiliación a la UGT crecieron muy poco entre 1923 y 1927. El líder sindicalista del PSOE, Francisco Largo Caballero, pasó a formar parte del Consejo de Estado como vocal de representación obrera, pero el partido Socialista se negó a participar en otros organismos oficiales. La situación empezó a cambiar en 1927 cuando los socialistas se negaron a enviar representantes a la Asamblea Consultiva de Primo de Rivera. A partir de 1928, en el congreso del partido venció la línea no colaboracionista y el cambio de posición del socialismo fue absoluto.
En cuanto al sindicato anarquista CNT, el nuevo régimen le obligó a la semiclandestinidad desde septiembre de 1923. Su actuación se limitó a realizar atentados y actos subversivos. Los locales de la CNT fueron clausurados, pero perduraron algunos sindicatos cuya actitud era mas bien reformista. El periódico anarquista “solidaridad Obrera” desapareció pero se mantuvieron algunos otros. Estapersecución selectiva contra la CNT fomentó el radicalismo, en 1927 se fundo la Federación Anarquista ibérica (FAI), que actuó a favor de una estrategia de rebeldía en el seno del sindicalismo.
Desarrollo DE LA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN
LOS OPOSITORES AL RÉGIMEN
La larga duración de la Dictadura se explica sin duda por la impotencia de las oposiciones que no solo se debía a los medios represivos del régimen.
Los políticos de la vieja guardia
Era previsible que entre los mas decididos opositores del régimen estuvieran los miembros de la vieja política. La postura de estos al principio era de expectación ante lo inevitable del golpe de Estado y la idea de que el régimen seria poco duradero. Sin embargo poco a poco entre los políticos del antiguo régimen fue creciendo el descontento por dos causas principales; la actuación de la Dictadura en contra de la oligarquía y el caciquismo, que desorganizo los sistemas de clientelas que tenían organizada la vieja política en los pueblos y a esto hay que añadir las acusaciones de inmoralidad colectiva que lanzaba Primo de Rivera en contra de todos los políticos anteriores a él.
Pero la oposición que los viejos políticos le hacían a Primo de Ribera resultaba inofensiva, consistía en gestos intrascendentes como lanzar acusaciones mas o menos disimuladas en algún banquete. Otro recurso frecuente fue apelar al rey, cuya postura era bastante delicada y Alfonso XIII solo pudo intentar pedir al dictador moderación en sus manifestaciones respecto a los políticos, cosa difícil dada su incontinencia verbal.
Sánchez Guerra, jefe del partido conservador se convirtió en él mas caracterizado representante de la oposición, su prestigio nacía de su carácter entero y su austeridad. Cuando Primo de Ribera convocó la Asamblea Consultiva, decidió exiliarse en un gesto romántico y valeroso que venia a demostrar que la monarquía comenzaba a apartarse de una porción importante del país, por culpa del dictador.
Los Republicanos
Si el régimen dictatorial demostró que los métodos utilizados por la vieja política ya estaban fuera de lugar, algo parecido sucedió también respecto a los republicanos. Estos tenían el grave inconveniente de estar desunidos, aunque en febrero de 1926 firmaron un especie de pacto “Alianza Republicana”, la realidad es que cada grupo actuaba por su cuenta. El mismo Azaña que representaba un nuevo republicanismo, mas tolerante, pero también más activo y con un programa concreto, criticaba la actuación de otros republicanos como Alejandro Lerroux o el escritor Vicente Blasco Ibañez.
La oposición militar
Para los viejos políticos como para los republicanos, la única esperanza de acabar con el régimen residía en la colaboración con el ejército. Así que las apelaciones a la insurrección militar se hicieron cada vez más frecuentes, sobre todo a partir del momento en que Primo de Ribera intentó realizar una reforma militar.
Las primeras muestras de oposición al régimen por parte del ejército resultaron inconexas, quizás porque obedecían a muy distintos motivos. Pero a partir de 1925/26 la oposición militar comenzó a coordinarse con la oposición política, y en junio de 1926 se puso de manifiesto esta colaboración en los sucesos de la noche de San Juan, la llamada “Sanjuanada”, que aunque no paso de ser una protesta con pocas repercusiones, fue la primera reunión importante de militares y políticos.
Para entender la actitud reticente del ejército hacia Primo de Ribera es necesario tener en cuenta que multiplico sus adversarios con ciertasreformas militares, como la de apoyo a los ascensos por méritos de guerra que favorecieron los militares de África frente a los de la Península. El conflicto más grave se le planteo por parte de la artillería que siempre habían negado los ascensos que no fueran por estricta antigüedad, al querer imponer el nuevo criterio el dictador se encontró con una fuerte oposición que desencadenó sangrientos incidentes y Primo de Ribera tuvo que disolver el cuerpo de artillería. El Dictador forzó al rey a firmar un decreto por el que se obligaba a los artilleros a prometer fidelidad al gobierno para lograr su reingreso. A partir de entonces una parte importante del ejército rompió las relaciones con el rey y adopto una actitud prorepublicana.
Sin embargo en otros aspectos relacionados con el ejército, Primo de Rivera actuó con mucha menor decisión. En 1927, creo la Academia General Militar de la que al año siguiente se hizo cargo el general Francisco Franco. En cuanto al número de oficiales, Primo de Rivera no consiguió una reducción notable, sin duda todavía seguía siendo excesivo el presupuesto para el ministerio de Guerra con relación al presupuesto general.
Los intelectuales y la Dictadura
Otro de los sectores de la sociedad española que iba a enfrentarse al régimen fue el mundo intelectual que, sin duda, tenía una gran influencia sobre la opinión publica. El primer choque se produjo a comienzos de 1924 cuando Miguel de Unamuno fue suspendido de empleo y sueldo y desterrado a la isla de Fuerteventura.
La postura de Unamuno no solo representaba la de la oposición lógica de un liberal, sino también un enfrentamiento personal con el rey y el dictador. Más tarde, desde su voluntario exilio a Francia, Unamuno junto a Ortega y Gasset redactaron unas “Hojas libres” atacando al régimen.
Con el tiempo las tensiones se fueron agudizando, sobre todo por la incapacidad de Primo de Rivera de rectificar sus actuaciones. Éste destituyo la Junto del Ateneo de Madrid, cerro la revista “España” que dirigía Azaña, persiguió el uso del catalán, destierro a varios catedráticos que protestaron por e destierro de Unamuno y se enfrento a Valle-Inclan censurando uno de sus libros lo llevó al escritor a adoptar una postura antimonárquica radical.
Un reducido sector intelectual evolucionó hacia el autoritarismo, como Eugenio D´Ors y Ramiro de Maeztu que incluso sirvieron al régimen dictatorial en puestos diplomáticos en el extranjero.
Fue en la etapa final de la Dictadura cuando la protesta de los intelectuales adquirió mayor relevancia al unirse a la de los estudiantes.En 1928, se recrudecieron los conflictos a causa de una disposición dictatorial del estatuto universitario que favorecía algunos centros universitarios privados, y en marzo de ese año se produjeron grave incidentes estudiantiles, que provocaron el cierre de las universidades de Madrid y Barcelona. Primo de Rivera con su actitud y sus declaraciones agravo mas aun el asunto que se fuepolitizando y puesto que la mayoría de los estudiantes procedían de la clase burguesa, que solía apoyar la monarquía, este desvío era muy significativo. Las criticas del dictador contras la universidad le pusieron en contra el estamento docente, y catedráticos como Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos y Luis Jiménez de Asúa abandonaron la docencia. La agresión dictatorial hizo que la claseintelectual en su totalidad coincidiera en el objetivo de librar al país del régimen.
LA CRISIS DEL RÉGIMEN DICTATORIAL
Más que las conspiraciones, la murmuración contra lo injusto e ilegal de su actuación acabaron por hacer estallar la firmeza del régimen. El país que en un principio acogió de buen grado a Primo de Rivera se cansó a la larga de su actitud. Se produjeron varias conspiraciones en contra del régimen. A finales de enero de 1929, Sánchez Guerra, que se apoyaba en el ejército, dio un golpe de Estado en Valencia, aunque este fracaso porque los conspiradores esperaban mas apoyo del que recibieron, demostró la falta de seguridad del régimen y la división del ejército. Cuando se juzgó a Sánchez Guerra, éste se convirtió de acusado en acusador lo que provoco un deterioro aun mayor del régimen. Lacreciente oposición, no hizo sino aumentar la indecisión de Primo de Rivera acerca de cómo recuperar el rumbo y esto le obligo a mostrar una faz represora. Cuando en julio de 1929 intento ampliar la representación corporativa en la Asamblea Consultiva obtuvo un resultado decepcionante, la Universidad de Valladolid eligió como representante a Unamuno, el colegio de abogados de Madrid a Sánchez Guerra, Santiago Alba y Ortega y Gasset. La Academia de Jurisprudencia, los miembros de la vieja política y el Partido Socialista se negaron a asistir.
Ante esta situación, el dictador era consciente de que tenía que prepararse a dejar el poder, incluso sus ministros le insistían en la necesidad de realizar una elecciones que dieran fin al régimen, prueba que nunca se consideró una solución permanente.
Entretanto se iba deteriorando la situación económica, la peseta caía en picado, en parte por motivos políticos, por otro lado los conflictos sociales comenzaron a ser graves, aumentaron las huelgas y continuaban las conspiraciones.
Finalmente tras una consulta a los altos mandos militares, Primo de Rivera presentó la dimisión el 28 de enero de 1930. Despues se marcho a París donde moriría al poco tiempo de manera repentina. La opinión pública culpó al rey de los males de la Dictadura y tras hacer un juicio de esta etapa, el general se convirtió en un mito para sus seguidores. El mas perjudicado por el régimen fue en definitiva Alfonso XIII.
HUNDIMIENTO DE LA MONARQUÍA
LOS ÚLTIMOS GOBIERNOS MONÁRQUICOS
El rey encargó a Dámaso Berenguer que se hiciera cargo del gobierno y condujera el país a la normalidad constitucional de 1876. Pésima elección, pues Berenguer carecía de la capacidad política suficiente para captar la situación real del país. La lentitud de su régimen para volver a la normalidad recibió el apelativo de “dictablanda” en contraposición a la dictadura de Primo de Rivera. Además Berenguerpretendía no solo la vuelta a la constitución de 1876, sino también con ella las practicas caciquiles que no podían ser aceptadas en 1930.
Su anuncio de retornar a la constitucionalidad junto a algunas medidas liberales, como la devolución de cátedras a los profesores, le valió en un principio la simpatía de la opinión pública y en los primeros meses de su gestión desaparecieron las conspiraciones militares. Sin embargo con el tiempo se dejaron notar las graves deficiencias de sus planteamientos de gobierno.
El anacronismo que representaba una solución política como la que los españoles presenciaron en 1930 fue duramente criticada. Y tal como dijo Ortega y Gasset no es que Berenguer cometiera errores, sino que también lo habían cometido otros al nombrarlo presidente del Consejo de ministro, a eso le llamo el “error Berenguer”. El pueblo español había cambiado y la monarquía se identificaba con el pasado, se acusaba al rey de haber sido infiel a la constitución, y la opinión publica empezó a desempeñar un papel creciente en la vida política. Por primera vez en mucho tiempo los republicanos vieron aumentar sus partidarios. Había un republicanismo histórico presidido por Alejandro Lerroux, pero surgió también un republicanismo nuevo procedente de la monarquía representado por Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, o el de los sectores intelectuales que lideraba Manuel Azaña. Por primera vez los españoles se interesaban por la política y a la vez se expresaban en contra de un régimen monárquico que parecía incapaz de sobrevivir.
En agosto de 1930 se firmo el “Pacto de San Sebastián” que supuso la alianza entre los diversos sectores del republicanismo y lasfuerzas políticas al margen del sistema. A partir de ese momento se formo un gobierno provisional republicano presidido por Alcalá Zamora. Los intelectuales acudieron a la llamada de una “Agrupación al Servicio de la República” inspirada por Ortega y Gasset.
Berenguer continuo ignorando el cambio producido en la sociedad española y cada vez estaba mas marginado de las fuerzas políticas reales. Cuando a finales de 1930 Berenguer quiso convocar elecciones generales se encontró con la protesta de los partidos monárquicos que pretendían primero unas elecciones municipales como único medio de garantizar la imparcialidad electoral. Berenguer se vio obligado a presentar su dimisión al rey.
En febrero de 1931 le sustituyó el gobierno del almirante Aznar, en el que estaban representados todos los partidos del turno (liberales, conservadores) que seguían fieles a la monarquía. Este gobierno no logro calmar los ánimos de la opinión publica, continuaron los desordenes universitarios y no se adopto una política coherente debido a las tensiones entre miembros del gabinete. Aznar convoco elecciones municipales el 12 de abril de 1931, estas en cuanto a resultado eran inciertas, pues desde 1922 no se habían celebrado elecciones y el censo había aumentado considerablemente y resultaba imprevisible su comportamiento. Otra novedad era la no-intervención del poder publico, además la apatía de los monárquicos que apenas hicieron campaña y acudieron desunidos a las elecciones. Tanto para losrepublicanos como para los monárquicos la jornada electoral se simplificaba a una consulta popular a favor o en contra de la monarquía.
La victoria de las izquierdas en las capitales de provincia tuvo como resultado el cambio de régim
12. La dictadura de Primo de Rivera. De una primera etapa de unión corporativa en torno al
dictador militar al incremento de las disensiones militares frente a Primo, a partir de 1926
El nacimiento del ejército liberal
A partir de la muerte de Carlos III, en 1788, los acontecimientos se acelerarán de tal manera, que poco más de cincuenta años después el esfuerzo de los borbones por crear un ejército profesional y estratificado quedarán hechos añicos.
Las etapas fundamentales de este cambio son el mantenimiento de la tradición militar borbónica hasta la rebelión española contra napoleón en 1808 pese al impacto de la revolución francesa, la Guerra de la Independencia hasta la victoria absolutista de Fernando VII en 1823 marcado por el cambio estructural y social del Ejército provocado por la guerra, y la victoria absolutista de Fernando VII hasta la imposición del modelo liberal en contra de los carlistas que se encontró con un tremendo problema social con un ejército enorme y macrocefálico excesivo para los intereses de España y cuyos problemas heredados no consiguió liquidar el país hasta finales del siglo XX.
El impacto del devenir histórico en la transición al liberalismo fue tremendo, ya que el reino que Carlos III cedió a su hijo era la tercera potencia mundial, la primera colonial del mundo, con una Armada de primera línea y un ejército sólo superado por Francia y Prusia. Sin embargo, poco más de treinta años después se había derrumbado de forma estrepitosa, perdiendo las colonias, sin Hacienda, Armada, Ejército, en bancarrota y sin peso específico en los foros internacionales.
Esto provocó un evidente gran impacto en la estructura militar, que cambió de modelo en varias ocasiones derivadas de la lucha política entre absolutistas y liberales, acabando con la poca autoestima que quedaba entre los militares y liquidando su lealtad al soberano, dependiendo de quién ejerciera el poder legislativo.
La crisis que acabó con el Antiguo régimen también lo hizo con la guerra racionalizada, entrando en la época de la guerra total y despiadada. Eso lo provocó la entrada del pueblo a formar el ejército al considerarse tal cuestión un deber del ciudadano. La idea del ejército ciudadano es propia de la Revolución Francesa y se hizo realidad tras la batalla de Valmy en 1792, cuando un ejército de ciudadanos derrotó a los profesionales Prusianos y Austriacos que querían devolver al trono a Luis XVI, herederos de la tradición gloriosa de Francisco el Grande.
El 20 de septiembre de 1792, el día en que se produjo la batalla, marcó una inflexión histórica clara y marcó el espíritu del nacionalismo bélico del siglo XIX y determinó el modelo a seguir por el liberalismo: el de un ejército movilizado en defensa de un ideal, en el que cada soldado se sentía responsable del resultado. Napoleón consiguió conquistar Europa porque desarrolló con celeridad este principio, mientras sus oponentes se ceñían al sistema tradicional.
Sólo cuando España se rebeló contra Napoleón, adoptando en esencia el mismo modelo, las cosas comenzaron a estabilizarse; Rusia copió el sistema de rebelión español en 1812 con evidente éxito y el peso de estas dos experiencias lanzaron a Prusia en 1813 hacia un mundo bélico desconocido hasta entonces.[7]
La masificación de los ejércitos incidió sobre todo sobre la estructura sociológica de los pueblos y tuvo unas derivaciones claras hacia el campo de lo político. Pero el cambio se acusó mucho más en la vertiente militar. El reclutamiento de enormes contingentes de ciudadanos, aparte de sacar la guerra del contexto limitado en el que se había mantenido, modificó de forma profunda la organización y estructura de los ejércitos.
La revolución liberal acuñó el concepto de ‘Nación en Armas’, que se aplicó en cada país de forma diferente. Francia, que defendía el concepto de que el ciudadano debía servir en el ejército, terminó aborreciendo el sistema en 1815. En Prusia, la recluta masiva fue consecuencia de las guerras de liberación napoleónicas: para expulsar al agresor se creó un ejército nacional y popular de tal forma que sus éxitos arraigaron en la sociedad de tal forma que ésta terminó por militarizarse totalmente.
En el caso español es preciso distinguir que la influencia de la Guerra de Independencia es tremenda, pero también la pérdida de las colonias y la profunda bancarrota que dejó al país inerme durante casi dos siglos en la política internacional.
Pero antes de que se produjera el desastre, el propio Godoy insinúa en sus ‘Memorias’ que la Guerra de los Pirineos le hizo comprender que el modelo francés de ‘Nación en Armas’, era tan válido o más que el profesional, siempre que los ciudadanos-soldados consideraran atractiva la causa por la que eran convocados.
Por ello creó una ordenanza de reemplazos en 1800, aunque se basó demasiado en la dictada por el conde de Aranda en 1770. De forma irónica, la ordenanza de Godoy se usó por primera vez para reclutar tropas en la Guerra de Independencia. Las Cortes de Cádiz se dedicaron a diseñar el perfil del ejército liberal basado en el concepto francés de nuevo [Eso se estudiará en el siguiente capítulo del trabajo].
A partir de ahí, y otros factores, se creó la Milicia Nacional, constituida por ciudadanos voluntarios con cierto nivel de renta, que dependería de las Cortes y sería independiente del Ejército del Rey. Este ejército paralelo crearía durante unos años una sociedad imbuida de un fuerte componente paramilitar, concebido como bastión del liberalismo, que chocó con gran dureza con el concepto absolutista de Fernando VII.
El Deseado, ignorante del proceso de cambio producido en España durante la guerra contra los franceses, desarticuló el ejército[8] paralelo al imponer su criterio de volver, sin más, a la situación de 1808 y los liberales se valieron del ejército para imponerle sus ideas, como hizo Riego al levantarse a favor de las Constitución de Cádiz.
En 1821, las Cortes del Trienio Liberal precisaron las características del modelo militar elegido en 1812 mediante la primera Ley Constitutiva del Ejército promulgada en España. La ley llevó el concepto de ‘Nación en Armas’ a sus últimas consecuencias y estableció el principio de que la defensa del país debía estar exclusivamente en manos de los ciudadanos “verdaderamente interesados en la independencia y en la gloria nacional”. A este objeto, las Tropas de Continuo Servicio se redujeron al mínimo imprescindible y se constituyeron unidades de milicianos nacionales en las ciudades.[9]
Sin embargo, este ejército no fue efectivo, ya que fue barrido casi sin forzar la máquina por la coalición llamada ‘Los cien mil hijos de San Luis’ que volvió a entronizar al monarca absoluto Fernando VII.
El Ejército Nacional
El Borbón luego llamado ignominioso, se encargó de eliminar el concepto liberal del Ejército español. La liquidación del mismo, la segunda en pocos años, fue esta vez mucho más drástica que la anterior: se depuró a la oficialidad profesional –compuesta ya no sólo por nobles sino también por ciudadanos burgueses y plebeyos debido a la necesidad de reemplazos de la guerra de la Independencia[10]- y se licenció a la práctica totalidad de la tropa regular.
El gran número de cuadros reclutados para la Guerra de la Independencia originó el monstruoso crecimiento del cuerpo de oficiales, llegando a la proporción de uno por cada veinte soldados.
Sin embargo, pese a lo que parezca, Fernando VII se ocupó de forma especial y seria por solventar los problemas militares y logró crear un ejército formado por soldados bien pagados, obedientes y disciplinados; eso sí, bajo el mando de oficiales muy preparados y profesionalizados pero muy leales a su gobierno.
La razón de la inquina del rey Borbón por la Milicia Nacional se debió a un ponderado análisis sobre las causas del levantamiento de Riego. Asó que la reorganización del Ejército[11] se efectuó con rigor y seriedad, con lo que se convirtió en un instrumento eficaz y disciplinado. Los oficiales y la tropa recibieron del monarca un tratamiento muy privilegiado, con lo que consiguió una lealtad acrisolada. Consiguió así, de forma muy inteligente, que la oficialidad de nueva creación se distinguiera tanto por su oposición a las ideas liberales de 1820 como a las absolutistas de 1824. Esto provocó que desoyeran la convocatoria de do Carlos y respaldaran de forma unánime los derechos sucesorios de Isabel II durante los siete largos años de guerra civil carlista.
El Ejército Isabelino
Durante la minoría de edad de Isabel II, la regente María Cristina de Borbón emprendió la paulatina liberalización de la estructura estatal. En consecuencia se reorganizaron las fuerzas armadas, a las que se le añadió el Cuerpo de Sanidad Militar.
Al surgir la contienda carlista, se produjeron una serie de consecuencias en el Ejército español. La primera fue la desaparición de las tropas extranjeras pero se produjo la reducción de la Guardia Real, el incremento de las unidades de infantería ligera –los Cazadores-, la integración de milicianos y regulares y una espectacular evolución de las tropas de artillería que ganaron en fuerza y movilidad.
Al término de la guerra, Espartero tenía bajo sus órdenes 264.924 hombres, cuya operatividad y grado de instrucción podían compararse con los de los demás ejércitos europeos de la época. Un tercio de los mismo – 61.076 milicianos provinciales y 36.047 voluntarios de los cuerpos francos- no pertenecían al ejército regular, pero se reclutaban, regían internamente y combatían con idénticas normas.
Los siete años de guerra Carlista se caracterizaron por la completa movilización de la población rural masculina. Sólo en el lado liberal se decretaron nueve quintas que llamaron a filas a un total de 370.00 hombres, lo que comparado con la cifra de los 75.000 hombres quintados en todo el siglo XVIII o los 200.000 de la Guerra de Independencia habla del aumento de necesidades de grandes contingentes para triunfar en las artes bélicas.
Mendizábal declaró soldados a todos los mozos alistados y aprobó el 2 de noviembre de 1837 una nueva ley de reemplazos, cuyo articulado reprodujo casi de forma literal el de la malograda ordenanza de 1823, con un tratamiento estadístico de distribución de los cupos, regulación anual de las operaciones de alistamiento y sorteo y creación de órganos especializados en la administración y control de reclutamiento. Hasta que no llegaron los ordenadores la operativa de 1837 siguió usándose: el mismo tipo de bombos y bolas de madera que se usaban en el sorteo continuaron hasta entonces.
Firmada la paz, se emprendió la tercera liquidación del ejército decimonónico, pero se dejó pendiente el enrevesado problema de dar salida digna al excedente de los 11.000 oficiales que habían servido en los dos bandos. En agosto de 1842 se reorganizaron las unidades de infantería sobre una plantilla de 500 jefes, 4.000 oficiales, 5.000 sargentos, 8.000 cabos y 60.000 soldados, distribuidos en 31 regimientos de tres batallones.
En 1844 Narváez inició otra nueva fase de reformas militares de enorme importancia, que significó la creación de lo que hoy conocemos como Ejército Español. En este esquema el ejército sólo debía desempeñar tres de las seis funciones atribuidas a los cuerpos armados: la custodia del prestigio exterior de la monarquía, la defensa del territorio nacional y la salvaguardia de la constitución interna del Estado.
Al respecto del reclutamiento, Narváez introduce una variación, al autorizar que los quintos eludieran el servicio depositando 6.000 reales para subvencionar un voluntario que ocupara su lugar[12]. Los cambios del sistema de quintas desembocaron en otra nueva ley de prestación del servicio militar, de nuevo promulgada por un gobierno de Narváez. Las impresionantes victorias prusianas sobre Austria en 1866 hicieron ver al último gobierno de Isabel II la necesidad de establecer un servicio militar de cuatro años más otros cuatro en reserva.
La Guardia Real dio paso a la creación de la Guardia Civil con gran parte de sus efectivos. Se unificaron las armas de infantería –Tropas de Continuo Servicio y Milicias Provinciales-, formalizando la tendencia iniciada por Aranda y Godoy. También se crearon batallones de reserva, con oficiales que sólo cobraban la mitad del sueldo.
Esto provocó que la oficialidad de reserva se considerara injustamente relegada tras haber contribuido a la victoria del liberalismo, así que se consideró que debían cobrar el mismo sueldo que los movilizados. La misma norma decretó que los soldados pasaran a sus casas en situación de reserva durante los dos últimos años de servicio obligatorio, lo cual quería decir que para poder pagar el excedente de oficiales, se decidió equilibrar el presupuesto mediante un recorte en la duración del servicio militar.
Sin embargo, esta situación de macrocefalismo en la estructura militar provocó una serie de problemas que no pudieron resolverse hasta pasados 130 años, con la promulgación del régimen constitucional de 1978.
Además, la falta de presupuesto militar provocó que la tropa viviera en unas condiciones penosas, lo que, unido a la cada vez mayor importancia de la oficialidad en asuntos de Estado –una asonada podía cambiar un gobierno en aquellos tiempos-, que no soportaba las condiciones de vida de la tropa y querían mejorarla, configuró la evolución del primer ejército liberal hacia unas fuerzas armadas conflictivas, de gran cantidad pero de baja calidad.
Noción política del Ejército liberal.
La creación del Ejército liberal en España se configuró dentro de una lucha de poder ya configurada en el estado absolutista: la competición entre golillas y militares por el control de la administración pública.
La Constitución de 1812 dedicó todo su Título VIII a definir el nuevo modelo de institución castrense. El diseño respondió a las ideas y conceptos que se debatieron en las Cortes de Cádiz, la mayoría procedentes del extranjero, pero también por el obsesivo afán de cambiar las estructuras de los Reales Ejércitos de la Ilustración, identificados como elejército de Godoy.
Los diputados gaditanos mitificaron el concepto de ‘Nación en Armas’ y mostraron mucho recelo hacia el poder que el control del aparato militar proporcionaba al rey. Además, en los debates, según Puell de la Villa,[13] se puede detectar un componente antimilitarista que hundía sus raíces en la desconfianza de los constitucionalistas de los Estados Unidos de América a las estructuras militares regulares, así como en la corriente pacifista del siglo XVIII que está patente en la obra de los enciclopedistas.
Estos factores condicionaron la creación de un sistema mixto, con unas Tropas de Continuado Servicio y otra de carácter paramilitar, como la Milicia Nacional compuesta de hombres que se suponen leales a las Cortes de Cádiz y su mandato.
La discusión política fue intensa y las posiciones enconadas, con los militares afirmando que tenían menos representación de la debida y los golillas intentando controlar las aspiraciones de sus enemigos. Sin embargo, del resultado del debate se configuró el primer ejército liberal español, aún en combate con los franceses y expuesto a graves pérdidas, derrotas y extremas reorganizaciones causadas por la situación estratégica del conflicto con las tropas napoleónicas.
La Guerra de la Independencia
La revolución social que supondría el terrible conflicto contra las tropas napoleónicas provocó también un radical cambio del Ejército. Ya hemos indicado que las necesidades de la guerra abrieron de par en par las puertas a una oficialidad plebeya, ya que la nobleza no podía asumir la carga de la guerra.
Pero sin embargo, los altos mandos del Ejército Patriota, que discutían la nueva configuración de las fuerzas armadas en las Cortes de Cádiz, seguían la ideología absolutista, con lo que chocaron en multitud de ocasiones con las intenciones de los liberales al respecto de la organización de las tropas estatales.
El conflicto con los franceses venía larvado desde 1804, cuando el emperador Napoleón instó a España a que declarara la guerra de Inglaterra. El resultado fue la desastrosa batalla naval del cabo de Trafalgar, en la que se perdieron navíos muy importantes para mantener la calidad necesaria para combatir a la Royal Navy.[14]
Además, Napoleón fue reclamando tropas a Carlos IV para otros teatros de operaciones como Nápoles o Dinamarca, con lo cual alejó los mejores soldados de la península ibérica y esquilmó la capacidad militar del Ejército español.
Durante 1807 y 1808 Napoleón fue tomando posiciones en España, lo que acrecentó el malestar popular hacia estas tropas y derivó al final en un doble levantamiento masivo contra el ejército francés y las autoridades que permitían esa situación, como indica el catedrático francés Gerard Dufour:
La primera característica de este levantamiento es su talante específicamente local o regional. No se levanta España, sino las Españas y un estudio detallado de los acontecimientos en cada región revelaría una situación que confina (según no dejaran de insistir los partidarios de los franceses) con la anarquía. El principal es la voluntad popular de luchar contra los enemigos, incluyendo entre los enemigos a cuantos no se atreven a oponerse a los franceses y permanecen en sus puestos colaborando, incluso pasivamente, con ellos. Es la escisión de España en dos bandos: patriotas y traidores o’afrancesados’. Traidores que el pueblo, ya sin respeto por el rango social o los cargos administrativos, no duda en ejecutar. El conde de Albalat en Valencia, el conde de Águila en Sevilla, el gobernador conde de la Torre del Fresno en Badajoz, los corregidores de Vélez Málaga y la Carolina, los generales Solano, en Cádiz, y Trujillo, en Granada, encabezan una larga serie de víctimas que pagaron con su vida más bien que un auténtico ‘afrancesamiento’ (ideológico o político), su obediencia a las órdenes de Madrid y su obsesión por el mantenimiento del orden.[15]
La revuelta se convierte en una auténtica revolución al conocerse que el rey Fernando VII ha firmado la renuncia al trono en Bayona, pero el pueblo no pasa de ser un brazo armado que en la práctica delega de forma inmediata su representatividad en jefes naturales: un jefe religioso como el padre Rico en Valencia-, un procurador general como Gregorio de Jove en Gijón, un aristócrata como el conde de Tilly en Sevilla y un capitán general como Palafox en Zaragoza.
Ese acatamiento a la jerarquía social tradicional, por supuesto, corre pareja con el objetivo primordial de estas protestas: el establecimiento del soberano español en todos sus derechos, o sea la defensa de la tradición. Lo cual no impide que estos jefes naturales, en los que el pueblo ha depositado su confianza se vean legitimados en nombre de la tradición, pero por el pueblo. De hecho (con o en la mayoría de los casos, sin conciencia de ello) se ha aplicado la teoría según la cual, en caso de impedimento del monarca, se devuelve la soberanía al pueblo.[16]
Esto marca también el inicio de un nuevo concepto político de España, ya que esta devolución de soberanía al pueblo se manifiesta también de forma clara en la creación de Juntas que en lo local vienen a sustituir a una administración desacreditada, sino también al propio gobierno de Madrid.
Aunque todas las Juntas asuman el poder en nombre de Fernando VII, en realidad suponen una ruptura fundamental con el famoso centralismo borbónico. Sin embargo es de notar que las juntas tienen un ámbito territorial (local y regional) que recuerda bastante a la anterior estructura de los Austrias.
Todo esto desembocó, dos años después y tras largas deliberaciones, en la convocatoria de unas cortes en Cádiz con dos fines: el primero, contrarrestar la declaración de la Carta de Bayona de 1808; y el segundo, redactar una Constitución basada en los usos tradicionales políticos españoles para adecuar a España a la nueva situación mundial elaborando un acuerdo entre el pueblo y el Rey.
Esto, en esencia, era una ruptura con el absolutismo anterior, ya que en realidad la mayoría de los diputados el bando patriota o eran partidarios de forma clara del liberalismo o se encontraban en una posición intermedia.
Sin embargo, la resistencia de los absolutistas –agrupados en torno al partido Fernandino, heredero del de los Aragoneses, y en el que se integraban clérigos y militares defensores de la tradición-, provocó una serie de polémicas que configuraron una constitución a medio camino entre la tradición y la revolución, algo muy característico del sistema liberal y democrático español.
Las Juntas locales y la crisis del Ejército Real
Entre muchos de los debates, la configuración de las fuerzas armadas fue uno de los más importantes, por cuanto se debía normalizar su lealtad y determinar quién ejercería el mando sobre ellas. En realidad los soldados debían su lealtad al Rey, que era hasta entonces quien detentaba el mando sobre ellas, pero los diputados requerían que la cedieran a las Cortes, como órgano de representación soberana del pueblo.
Las viejas disputas entre los golillas y los militares salieron a la luz, empeñados unos en subordinar a las fuerzas armadas a la Administración estatal y otros en mantener su lealtad al Rey, aunque estuviera preso en Bayona, y el estatus adquirido con anterioridad. Roberto Blanco Valdés define la situación así:
La crisis del Antiguo Régimen se abre en España con el colapso político de sus instituciones más representativas; como ha escrito Artola, en su ya clásico ‘Orígenes de la España Contemporánea’, “fracasaron los reyes, abandonando innoblemente a su pueblo; la Junta de Gobierno, tolerando a Murat como su presidente; las audiencias, aceptándolas; y sus capitanes generales intentando mantener una legalidad periclitada”.[17]
El derrumbamiento de todas las autoridades tradicionales provoca una situación de orfandad al Ejército que acabará con su estructura en poco tiempo, ya que su dependencia de éste de la figura real era tan importante que provocó el brutal distanciamiento de los mandos de la sociedad, lo cual contribuyó a que se los cuestionara de tal manera que el pueblo rompió con el Ejército Absolutista, lo cual significó su desaparición como tal y abrió el proceso de reforma de forma abrupta.
El Ejército real y estamental sufrió las consecuencias de la acefalia real de forma trágica para los intereses del pueblo. La práctica totalidad del mando militar aceptará el hecho consumado de la ocupación francesa y siguiendo el principio de obediencia ciega a las órdenes superiores –incluso esperaban a las órdenes del Emperador para que decidiera quién sería el nuevo monarca “porque un pueblo no puede estar sin rey, sea el que sea”-, fue incapaz de distinguir el interés nacional más allá del supuesto interés dinástico al que se subordinaba la actividad militar en aquellos tiempos.
La aparición de las Juntas, para hacer frente al vacío de poder, contó con la resistencia de algunos capitanes generales -con los resultados explicados con anterioridad en algunos casos-, así que éstas se vieron en la necesidad de construir una fuerza armada con la que vertebrar y dar salida a la creciente resistencia popular. Esto quedará marcado en las discusiones de las Cortes de Cádiz referentes al protagonismo de las fuerzas armadas en el nuevo sistema político que estaban creando.
El principal objetivo de las Juntas locales y provinciales fue, desde el inicio de la rebelión, la organización y el impulso del esfuerzo bélico. Tras la resistencia inicial de los mandos militares absolutistas y el fracaso posterior de los mismos en el campo de batalla –ya que la fuerza ideológica y logística del ejército nacional francés era muy superior al anquilosado Ejército español-, pese al espejismo de Bailén, las Juntas se vieron en la necesidad de transformar y dar cuerpo a unas fuerzas armadas que pasaron de su carácter “privado y defensivo” a otro “ofensivo y nacional”.
Lo más importante fue la ejecución de un reclutamiento general sin exenciones, ordenado por la mayor parte de las Juntas creadas, lo que se tradujo en un vertiginoso crecimiento cuantitativo del Ejército. Esto creó, en lo político, una sustancial transformación de la definición desde el punto de vista de la composición y funcionamiento internos.
En efecto, el reclutamiento general fue el que hizo estallar la composición estamental del Ejército real. Este fue sin duda la primera y más fundamental de las modificaciones organizativo-estructurales que implementó la conflagración armada de 1808. Las Juntas realizaron un llamamiento sin excepciones personales, lo que suponía un verdadero punto de ruptura con la concepción del servicio militar del ‘Ancien Régime’, al dejar de ser éste una obligación del vasallaje, por tanto, estamentalmente soportada, y constituirse en una prestación a la nación, a la ‘patria’, que a todos atañía por igual.[18]
El espectacular incremento de los efectivos militares supuso una doble transformación de los principios organizativo-estructurales rectores del cuerpo de oficiales: quebraba la cadena de mando regular y destruía el monopolio estamental de la oficialidad.
La ruptura de la cadena de mando afectó al estrecho vínculo Rey-ejército, por virtud del cual, era el soberano el que elegía y nombraba a jefes y oficiales. La ausencia del monarca trasladó a las Juntas tan relevantes facultades militares, lo que causó la deposición de muchos mandos militares tradicionales sospechosos de no estar identificados con la causa nacional; y la concesión de una gran cantidad de ascensos meteóricos para crear un cuerpo de mando leal a la soberanía popular.
Desaparecido el soberano absoluto y en una situación de guerra total, se generó una unidad material entre la política y la guerra que en esencia mezcló lo civil y lo militar, algo que por propia definición era imposible en el Antiguo Régimen. Esto causó una abierta confrontación por la definición de la política nacional por un poder civil que aparecía como originario y no deudor de otra legitimidad que la del pueblo sobre las armas y unas autoridades militares que no encontraban otros límites que los que pudiera oponerles la nación.
Las Cortes definen el nuevo Ejército
En septiembre de 1810 se reúnen tras dos largos años de guerra, las Cortes en Cádiz. Allí, entre otras muchas cuestiones, se ha de establecer una ‘Constitución militar’ que defina las características del nuevo Ejército Nacional, e integrarla dentro de la Constitución general que se promulgaría en 1812.
Las Cortes se apropian del concepto de soberanía en un principio, pese a la resistencia de la Regencia y dividen los poderes del estado en Ejecutivo (Regencia), Legislativo (Cortes) y Judicial, al estilo de la época. La disputa surgió en torno al Proyecto del Reglamento Provisional para el Consejo de Regencia.
En él se limitaba el poder de la Regencia (en teoría el Real) a la hora de efectuar los nombramientos militares. La Regencia tenía potestad de proveer todos los empleos y cargos militares con arreglo a la ordenanza militar en vigor, mientras las Cortes no la variasen, pero tenía la obligación de comunicar en sesión secreta los nombramientos de Virreyes, capitanes generales, generales en jefe de los ejércitos y fuerzas navales en ambos hemisferios y provincias en la península y ultramar, así como los intendentes en América y Asia. Es decir, que las Cortes se arrogaban la aprobación final.
También las Cortes reclamaban competencia fiscalizadora sobre el estado militar del Reino, obligando a la Regencia a pasar cada mes una nota del estado del Ejército. Por último, las Cortes querían ser competentes para ratificar los tratados político-militares.
En la Constitución de 1812 se transmiten varias de estas cuestiones, al determinar en su artículo 170 que la autoridad del Rey “se extiende a todo cuando conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la constitución y las leyes”. En el artículo siguiente también se afirma que tiene facultades (16) para “declarar la guerra, y hacer ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las Cortes” (3.ª), “proveer todos los empleos civiles y militares” (5.ª), “mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales” (8.ª).
Pero también tiene limitaciones, como la quinta del artículo 172: “No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes”. O la sexta: “No puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes”.
¿Y cuáles son las atribuciones de las Cortes? Pues, en el artículo 131 se indican entre las 26 que dispone: “Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los especiales de comercio” (7.ª), “Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el reino” (8.ª), “Fijar todos los años a propuesta del Rey las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra” (9.ª), “Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen” (10.ª).
Es decir, que limita las funciones del Rey en el control de la política bélica, otra de las muchas causas por las que Fernando VII repudió la Constitución.
Con todo ello, las Cortes demostraban que pretendían tomar el poder sobre la soberanía nacional, ya que se sentían a la vez poder legislativo y Congreso nacional. La disputa por la soberanía afectaría al nuevo concepto del Ejército, su uso y su lealtad hacia las Cortes, aunque en realidad éstas no pudieron aprobar una ley militar y fueron las Cortes del Trienio liberal las que lo hicieron basándose en sus trabajos.
La concepción del Ejército nacional Español se produjo desde tres puntos de vista distintos, dos externos a las Cortes y el debate de las mismas. Los dos primeros son dos de los nuevos militares liberales que publican en periódicos dos proyectos de Constitución Militar, Vicente Sancho y Álvaro Flórez Estrada.
En resumen, según Roberto Luis Blanco Valdés, la regulación de la ley marcial prevista en el proyecto liberal español se traducía en un complejo sistema de mecanismo de equilibrios basado en cinco principios esenciales:
1.º La intervención de cualquier fuerza armada en el interior del país sólo podría producirse a requerimiento de las autoridades civiles electivas.2.º La intervención del ejército regular en las tareas de restablecimiento del orden público interno era siempre excepcional y subsidiaria de la guardia constitucional, fuerza armada genuinamente destinada a esa misión.3.º La intervención interior del ejército regular sólo tendría lugar con arreglo y previo cumplimeitno de los requisitos formales contenidos en ley marcial.4.º La intervención de la guardia constitucional dentro de su respectivo territorio sería siempre consecuencia de una orden previa de la correspondiente Diputación Provincial.5.º La salida de los cuerpos de guardias constitucionales, y la consiguiente intervención, fuera de su provincia de residencia, exigía en todo caso una orden expresa de las Cortes, salvo, únicamente, que la protección de aquellas, de su existencia material y facultades, fuesen el objeto que justificase esa salida.[19]
Con todos ello se pretendía evitar el abuso de una fuerza armada permanente, bien por parte del monarca, bien por parte del mando militar que hasta entonces había estado a su servicio. Por guardia constitucional se entiende la Milicia Nacional.
La reacción de Fernando VII
Las Cortes de Cádiz no fueron capaces de aprobar la ley reguladora del Ejército, aunque su desarrollo contribuyó a crear el modelo liberal de esta institución. Fernando VII, en 1814 abolió todo el trabajo constituyente y volvió al sistema absolutista, con el paréntesis del trienio liberal –que sí aprobó con celeridad una constitución militar que falló por la nula efectividad de su guardia constitucional, la Milicia Nacional, para defender la Constitución ante los ‘Cien mil hijos de San Luis’- hasta que su viuda, la regente María Cristina, se tuvo que apoyar en 1833 en los liberales para que su hija Isabel II pudiera reinar.
Conclusiones.
La reacción de Fernando VII aboliendo los logros liberales era lógica, dada la educación previa de un rey en un sistema absolutista. Lo que no pudo evitar Fernando VII, incluso reformando con gran acierto el ejército como indicamos en la primera parte del trabajo, fue la fuerza del devenir histórico.
Es lógico comprender a un rey criado en conceptos absolutistas como atacado en su honor por la ingerencia de sus súbditos. ¿Cómo podrían atreverse tan sólo a decirle qué es lo que podía hacer o no y siendo el comandante supremo de sus ejércitos? Incluso durante el trienio liberal estuvo más o menos sometido a las Cortes y en ocasiones en situaciones de verdadero secuestro, porque el Deseado veía el sistema liberal como un ataque a su honor como rey.
Los liberales se sintieron a su vez decepcionados porque el Rey al que habían defendido y vuelto a poner en el trono durante una guerra de grandísimos esfuerzos contra el mejor ejército del mundo, tiraba todo su trabajo -encaminado a modernizar a España y a colocarla entre los primeros países del mundo en determinar una Constitución moderna- a la basura; en el fondo, otra cuestión de honor mancillado. Sin embargo, los liberales consiguieron en poco más de veinte años que el sistema cambiara y que el propio rey fuera devolviéndoles su prestigio perdido al llamarlos a apoyar la sucesión de su hijo no nato, que resultó ser mujer y chocar contra la tradición sálica.
La guerra Carlista fue uno de los últimos intentos de devolver la estructura absolutista a un país que ya había tomado hace tiempo la senda liberal; el profundo cambio en la estructura del Ejército y la ruptura con el concepto del Antiguo Régimen hizo posible que las fuerzas Cristinas derrotaran a las del pretendiente Carlos tras los siete años de guerra civil.
Porque, como demuestra la historia, el Ejército es una institución que en general se dedica a proteger la tradición de un pueblo, pero cuando las ideas se introducen en él y el gobernante se niega a asumirlas por el bien común o la mejora del Estado, suele apoyar la revolución política o social sobre todo cuando ha tenido procesos abruptos de crecimiento y asunción de ciudadanos en sus filas –ejemplo claro de ello es la reforma militar de Mario en la Roma Republicana, que al incluir miles de aliados en las filas de las legiones para conseguir la nacionalidad romana provocó un cambio tan radical en el ejército que años después provocaría el recambio de la República por el Imperio-.
El problema que surgió a partir de la coronación de Isabel II es que los propios militares se fueron dando cuenta de su importancia para mantener el estatus político o cambiarlo, con lo que España entró en una dinámica de asonadas y levantamientos que terminó desembocando en una cruentísima guerra civil al finalizar el tercio del siglo XX.
.JPG){kind=link}
1 comentario:
resumeeeee
Publicar un comentario